Es muy difícil comprender el pasado en una dimensión completa, si no imposible. Por lo general, hay variables que no se pueden controlar o conocer, y es algo que tienen que tener en cuenta los historiadores y los periodistas en su trabajo de narración del pasado y del presente. Esta es la razón por la que, cuando se va a redactar un reportaje o una noticia, los periodistas deben considerar varias fuentes. «Un periodista vale tanto como sus fuentes», dice una expresión antigua de la profesión.
Y lo mismo pasa con los historiadores, que tienen que elaborar una metodología que les permita responder a las preguntas que se hacen al iniciar una investigación. Buena parte, depende de las fuentes. Por tanto, resulta indispensable que en un Estado moderno y democrático como la España en la que vivimos haya una ley que regule de una manera clara la desclasificación de archivos.
Reino Unido y Estados Unidos son algunos de los países que mejor sistematizan la desclasificación de documentos. En el caso británico, cada treinta años se «destapan» los documentos que habían tenido un carácter secreto. «Después de ese tiempo dejan de tener efectos dañinos en la política presente y, actualmente, se está trabajando para que se reduzcan a veinte años», declaró una fuente de los National Archives al diario El País. Estados Unidos lo hace cada cincuenta años. Uno de los países que más rápido establece en su legislación que la información secreta permanezca con ese carácter reservado es México: cinco años, aunque se pueden prorrogar otros cinco.
En Europa, hay situaciones bastante diversas. Por ejemplo, Suecia está a la vanguardia en esta materia, ya que desclasifica cualquier documento a los cuarenta años, mientras que establece un máximo de setenta para información sobre condiciones médicas, sexuales o la seguridad individual de una persona. En Alemania el plazo varía entre treinta y sesenta años, en función de la información que se trate.
España es un caso aparte. La Ley de Secretos Oficiales que permanece vigente data de 1968, todavía en el franquismo, no dispone de plazos mínimos o máximos, ni tampoco diferencia categorías según el tipo de información. Por lo que cualquier documento puede permanecer oculto en los archivos de manera indefinida.
En 2021, el Gobierno planteó una comisión interministerial dirigida a reformar la Ley de Secretos Oficiales. Desde esta revista queremos reivindicar el carácter urgente de crear una nueva ley que reemplace a la de 1968 para que no haya secretos perpetuos que nos impidan conocer nuestra historia de una manera mucho más detallada.
