Octubre de 1934: revolución en Asturias y proclamación de ‘l’Estat Català’

El día 5 de octubre de 1934 daba comienzo en España la huelga general revolucionaria convocada por las organizaciones socialistas (PSOE, UGT y Juventudes Socialistas) con el respaldo de las organizaciones de orientación comunista (PCE, Izquierda Comunista de Andreu Nin y Bloque Obrero y Campesino de Joaquín Maurín) y el apoyo en algunas regionales de la central anarcosindicalista CNT. La huelga revolucionaria era la respuesta de las organizaciones obreras a la entrada de la CEDA (Confederación Española de las Derechas Autónomas) de Gil Robles en el gobierno de Lerroux.

Al día siguiente, 6 de octubre, el presidente de la Generalitat catalana, Lluís Companys, de la Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) proclamaba l’Estat Català en el marco de una hipotética República Federal Española —recordemos que la Segunda República no tenía un carácter federal, aunque reconocía las autonomías territoriales—.

Mineros presos tras la revolución de 1934. Brañosera. Palencia (Wikimedia)

La huelga general revolucionaria cuajó fundamentalmente en la cuenca minera asturiana del carbón, incluyendo algunas zonas mineras de las provincias limítrofes de León y Palencia debido al acuerdo entre socialistas y anarquistas. También tuvo un cierto alcance en localidades como El Ferrol y en las zonas de extracción de mineral de hierro en Vizcaya. En el resto del país, donde no existió dicha confluencia, fracasó. En Cataluña, al quedar la CNT fuera de la convocatoria, la iniciativa revolucionaria y la proclamación de l’Estat Català por Companys tuvo una duración efímera. Sin embargo, en el caso de Asturias, el gobierno tuvo que recurrir a tropas moras y legionarias venidas de África, comandadas por el entonces general Franco, para doblegar la insurrección minera que se prolongó hasta el día 19 de octubre y que se saldó con varios miles de muertos y decenas de miles de detenidos.

Para poder entender los motivos que dieron lugar a estos acontecimientos revolucionarios es necesario remontarse a la situación que conocía nuestro país un año atrás, en 1933.

1933, reorganización de las fuerzas de la derecha antirrepublicanas

Gil Robles líder de la CEDA 1935 (Wikimedia)

A lo largo de 1933, la derecha antirrepublicana (o republicana por «accidente», como llegaban a formular algunos de sus dirigentes) se había agrupado en torno al partido Acción Popular de Gil Robles que junto a otros grupos regionales había formado la CEDA (marzo de 1933), de carácter confesional católico. Poco antes, un sector más extremista, vinculado a Alfonso XIII en el exilio, se había escindido de Acción Popular dando lugar al partido de Renovación Española (enero de 1933), que desde mayo de 1934 pasó a ser dirigido por Calvo Sotelo, una vez que pudo regresar del exilio al beneficiarse, como colaborador de la dictadura de Primo de Rivera, de la amnistía política promulgada por el gobierno de Lerroux a favor de los participantes en la intentona golpista de Sanjurjo del 10 de agosto de 1932.

En octubre de 1933 tuvo lugar el congreso de fundación de la Falange Española, partido de carácter fascista dirigido por José Antonio, hijo del dictador Primo de Rivera, que en febrero de 1934 se fusionó con las JONS, también de inspiración fascista, lideradas por Onésimo Redondo y Ramiro Ledesma, dando lugar al partido FE y de las JONS. Este nuevo partido, financiado parcialmente por el partido monárquico Renovación Española, estaba concebido como una milicia de choque violenta contra las organizaciones obreras. La Falange nunca logró alcanzar un escaño en las Cortes como tal, pues su líder, José Antonio, lo consiguió integrado en una agrupación conservadora por la provincia de Cádiz (Unión Agraria y Ciudadana).

Alejandro Lerroux 1933-35 líder del Partido Radical (Wikimedia)

Ante la convocatoria de elecciones a Cortes en noviembre de 1933, en las que ya pudieron votar las mujeres y en las que los anarquistas llamaron a la abstención, las izquierdas —republicanos de izquierda y socialistas que habían estado gobernando durante el primer Bienio reformista— acudieron divididas, y de 473 escaños totales en juego lograron en torno a 100 (59 de ellos socialistas). Los radicales de Lerroux, que se habían separado de la coalición de gobierno cuando se produjo la discusión constitucional, pasando a la oposición, lograron unos 102 escaños, aunque a su alrededor se situaban diferentes fuerzas minoritarias (republicanos conservadores de Melquíades Álvarez y de Alcalá Zamora) con los que mantenían acuerdos de cara a formar gobierno. Por su parte, la CEDA de Gil Robles resultó la fuerza política más votada alcanzando los 115 escaños, que junto a la presencia de unos 85 diputados conservadores no adscritos a la CEDA le daba a la derecha en su conjunto unos 200 diputados, aunque insuficientes para alcanzar una mayoría parlamentaria para formar gobierno, lo que les obligaba a tener que pactar con Lerroux.

Finalmente Alcalá Zamora propuso al radical Lerroux encabezar el gobierno, que contó con el apoyo de la CEDA para la investidura pero que no incorporó ningún ministro de la coalición de derechas. El nuevo gobierno comenzó rápidamente a derogar o dejar en suspensión una buena parte de las medidas más emblemáticas del anterior Bienio reformista:

  • En el ámbito agrario derogó el Decreto de Largo Caballero de Términos Municipales (que daba preferencia en la contratación a los vecinos del municipio para evitar los esquiroles traídos de fuera) y modificó los Jurados Mixtos agrarios de tal manera que las decisiones se fueron inclinando cada vez más a favor de los propietarios. El resultado fue la caída de los salarios de los jornaleros. También se restituyeron tierras que habían sido expropiadas a la alta nobleza por su implicación en la intentona golpista de Sanjurjo. Todo ello provocó el aumento de la conflictividad en el campo, ahora ya no sólo impulsada por el anarquismo, sino también por la FNTT (Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra, adscrita a la UGT) y con el apoyo de la Izquierda Socialista de Largo Caballero.
  • En materia religiosa se anularon las medidas que impedían ejercer la enseñanza a las órdenes religiosas. Además se estableció un sueldo estatal para los sacerdotes (Ley de Haberes del Clero). Este giro de Lerroux, bajo la presión de la CEDA, llevó a la ruptura del propio Partido Radical. Martínez Barrio, ministro de la Gobernación, dimitió y fundó otro partido, el Partido Radical Demócrata que meses después se integraría en la Unión Republicana que finalmente acabaría confluyendo con el partido liderado por Azaña, la Izquierda Republicana. Sin embargo, no se suspendió la orden de expulsión de los jesuitas —aunque se les devolvió parte de las propiedades incautadas—, ni la del cardenal Segura (arzobispo primado de Toledo).
  • En relación con la política territorial, el nacionalismo catalán se sintió agraviado por la anulación de la Ley de Contratos de Cultivo aprobada por el Parlament —y promulgada en la emblemática fecha del 14 de abril de 1934—, ley que mejoraba las condiciones de los rabassaires (campesinos arrendatarios) facilitándoles el acceso a la propiedad y que fue suspendida por el Tribunal de Garantías Constitucionales, lo que provocó la retirada de los diputados nacionalistas catalanes de las Cortes. También en el verano de 1934 se había producido un conflicto entre los municipios vascos y el gobierno a propósito de una nueva figura fiscal que pretendía implantar el gobierno central sobre el comercio de vino («guerra del vino») que cuestionaba el Concierto económico vigente en las provincias vascas —instituido por Cánovas en 1878 tras abolir los fueros de las provincias vascongadas en 1876—. La «guerra del vino» de los municipios vascos contra el gobierno radical de Madrid supuso el inicio de la colaboración entre socialistas y nacionalistas vascos. A este conflicto se le unía además el bloqueo del Estatuto Vasco que había sido plebiscitado en noviembre de 1933.
  • En el ámbito militar, el gobierno Lerroux llevó a las Cortes, y estas aprobaron, una Ley de amnistía (abril de 1934) para los participantes en la intentona golpista de Sanjurjo. Alcalá Zamora apeló al veto presidencial, pero el gobierno ratificó la ley, lo que supuso la dimisión de Lerroux (mayo de 1934) al perder la confianza del presidente de la República, siendo sustituido por otro radical, Ricardo Sempere. En este contexto de crisis y enfrentamiento entre los radicales y el Presidente, la CEDA retiró el apoyo a Sempere y exigió su participación en el gobierno. Finalmente en octubre de 1934, Lerroux regresaría a la jefatura del gobierno incorporando a tres ministros de la CEDA —aunque no a Gil Robles—. La entrada de la CEDA en el gobierno desencadenaría los acontecimientos revolucionarios.

La Revolución de Asturias y la proclamación de l’Estat Català

Entre la izquierda socialista, en la que se ha había ido produciendo un proceso de radicalización, se tendía a asimilar la entrada de la CEDA de Gil Robles en el gobierno al proceso que había tenido lugar en Austria unos meses antes, cuando otro dirigente socialcristiano, Dollfuss, había promovido desde la cancillería la disolución del parlamento y la instauración de una dictadura («austrofascismo») que prohibió las organizaciones obreras, y que, aunque encontró la resistencia por parte de los socialistas que organizaron una insurrección, fue aplastada a sangre y fuego (más de 300 muertos y 800 heridos) en febrero de 1934, despejando el camino al nazismo y al Anschluss (anexión de Austria al llamado III Reich). La admiración que Gil Robles había manifestado por Dollfuss —asesinado en julio de ese año— les llevaba a pensar en unas consecuencias similares en España, como publicaba El Socialista el 3 de octubre en su editorial.

Lluís Companys presidente de la Generalitat 1934 (Wikimedia)

El mayor problema con el que se iba a encontrar la Izquierda Socialista en su plan «revolucionario» contra la entrada de la CEDA en el gobierno era que la CNT venía de declarar una huelga insurreccional un año antes, al poco de conocerse los resultados de las elecciones, que se había saldado con la detención de los dirigentes más carismáticos, como Durruti, dejando a la sindical anarquista muy debilitada con lo que su participación en la revolución de octubre de 1934 estuvo limitada a algunas regionales, como la de Asturias.

Además de las organizaciones obreras, también el nacionalismo catalán se sentía abiertamente enfrentado con el gobierno por la suspensión de la Ley de Contratos de Cultivo, suspensión que la Generalitat había decidido desobedecer. Y en el País Vasco se acababa de dar un duro enfrentamiento de los municipios vascos con el gobierno —por la ya comentada «guerra del vino»— que había acabado con cientos de ayuntamientos intervenidos por el gobierno y casi mil alcaldes y concejales procesados.

Así, cuando la acción insurreccional obrera arrancó en Asturias y en las zonas mineras de las provincias limítrofes, gracias al acuerdo de Alianza Obrera (UHP, «Uníos Hermanos Proletarios») entre la UGT y la CNT junto a otras organizaciones políticas de izquierda, se produjo en Cataluña la proclamación de l’Estat Català dentro de la República Federal Española por Companys (presidente de la Generalitat y de ERC) y un movimiento insurreccional de cierto alcance en las comarcas mineras de Vizcaya. Fracasando estrepitosamente en Madrid y en otras localidades.

La represión, con la intervención de fuerzas legionarias y marroquíes comandadas por el general Franco, fue especialmente dura en Asturias donde la resistencia había llegado más lejos (más de 1.500 muertos y decenas de miles de presos). En Cataluña, al inhibirse la CNT, el movimiento tuvo un escaso alcance, aunque la autonomía fue disuelta y el presidente Companys encarcelado. Los más importantes líderes socialistas del PSOE y la UGT fueron a prisión o se tuvieron que exiliar, aunque, a diferencia de Austria, las organizaciones obreras no llegaron a ser disueltas.

Largo Caballero en prisión tras octubre de 1934 (Fundación Largo Caballero)

Tras el aplastamiento de la insurrección de 1934, el gobierno dirigido por Lerroux iba a radicalizar aún más su política hacia la derecha, sobre todo a partir de mayo de 1935 en que se incorporaría el propio Gil Robles (ministerio de Guerra) y se iniciaría la contrarreforma agraria, anulando los pocos pasos que habían sido dados. Sin embargo, varios escándalos de corrupción —como el del estraperlo de las ruletas trucadas instaladas en casinos—, que en algún caso implicaban al mismo Lerroux, precipitaron la crisis del gobierno radical-cedista. Gil Robles aprovechó la coyuntura para postularse como jefe de gobierno, pero Alcalá Zamora encargó la formación del gobierno a Manuel Portela Valladares (diciembre 1935) con el objetivo de convocar elecciones anticipadas.

Estas elecciones se celebraron en el mes de febrero de 1936 y dieron el triunfo a las candidaturas del Frente Popular. La exigencia de amnistía para los miles de militantes políticos y sindicales encarcelados tras la huelga general revolucionaria, provocó la movilización electoral de las izquierdas y, en esta ocasión, la CNT no llamó a la abstención, favoreciendo que los sectores anarcosindicalistas acudieran también a votar para conseguir la liberación de sus compañeros presos.

Estos y otros hechos han sido abordados por nuestra revista en varios artículos:

Para saber más

Manuel Grossi Mier (1984). La insurrección de Asturias. [1935]. Madrid-Gijón: Ediciones Júcar.

Georges Garnier (2014). Introducción a La insurrección de Asturias de Manuel Grossi Mier revisada. [1971]. IME.

Manuel Grossi Mier (2014). La insurrección de Asturias [1935]. Prólogos de Pelai Pages y Ernesto Burgos. Incluye una presentación de Germinal Grossi, hijo del autor. Fundación Andreu Nin de Asturias.

Ficción

Alejandro Martínez Gallo (2008). La última fosa: revolución del 34. Caso Abierto. Oviedo: Editorial Laria.

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Jesús de Blas Ortega

Doctor en Ciencias Económicas y profesor de Secundaria de Geografía e Historia.

2 comentarios en «Octubre de 1934: revolución en Asturias y proclamación de ‘l’Estat Català’»

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