La Primera República de 1873

El 11 de febrero de 1873, tras la abdicación de Amadeo I de Saboya, en una reunión conjunta del Congreso de los Diputados y del Senado, constituidos en Asamblea Nacional, se acordaba la proclamación de la Primera República española, de efímera duración, pues como república parlamentaria duró menos de un año, hasta enero de 1874, aunque se mantuvo otro año más como república autoritaria, con el parlamento disuelto y las garantías constitucionales suspendidas, y el general Serrano al frente del poder ejecutivo, hasta el golpe de Estado militar del general Martínez Campos en diciembre de 1874 que reestableció la dinastía borbónica.

La Primera República constituyó la etapa final del agitado período que se abrió en septiembre de 1868 con el estallido revolucionario de «la Gloriosa» que puso fin al reinado de Isabel II y dio paso al conocido como Sexenio Democrático o Sexenio Revolucionario (1868-1874). La confrontación entre los partidarios de la república y los defensores de una monarquía constitucional parlamentaria se decantó inicialmente hacia estos últimos, que proclamaron rey constitucional, después de descartar otras opciones, a Amadeo I de Saboya, pero tras su abdicación, el camino quedó expedito para la instauración de la Primera República. Para poder comprender la dimensión de tales acontecimientos, es necesario partir del estallido de la revolución de septiembre de 1868 que derrocó a Isabel II.

Los últimos años del reinado de Isabel II

El final del reinado de Isabel II se vio sacudido por numerosos casos de corrupción, como el de la venta de los bienes de la corona para hacer frente a la crisis de la Hacienda, reservándose la reina el 25% de los ingresos de la venta. La crítica que de estos hechos hiciera el catedrático de Historia Emilio Castelar, denunciándolo como apropiación indebida de los bienes de la nación, llevaron a la destitución del entonces Rector de la Universidad Central de Madrid, Juan Manuel Montalbán por negarse a cesar a Castelar, tal y como había exigido el gobierno de Narváez, produciéndose la irrupción del movimiento estudiantil que dio lugar a la Noche de San Daniel (10 de abril de 1865) en la que resultaron muertos y heridos numerosos estudiantes a manos de la Guardia Civil y el Ejército en la madrileña Puerta del Sol.

Cuartel de San Gil (número 321 en el plano) en 1902

A raíz de la crisis abierta con las revueltas estudiantiles, la reina sustituyó a Narváez (Partido Moderado) por el general O’Donnell (Unión Liberal) al frente del gobierno, tratando así de que éste pudiera atraer a los progresistas moderados del general Prim a la participación electoral y parlamentaria y abandonaran su «retraimiento» (no participación en las elecciones), pero Prim no logró convencer a los suyos y los progresistas se encaminaron por la vía del pronunciamiento que finalmente, en unión de los demócratas (antiguos progresistas más radicalizados) emprendieron la vía insurreccional para derrocar a la propia monarquía. Así ocurrió con la intentona, finalmente fracasada, del cuartel de artillería de San Gil —situado en Madrid en las proximidades de la actual Plaza de España— entre el 22 y 23 de junio, encabezada por los sargentos del acuartelamiento y con el apoyo exterior de miles de voluntarios civiles, cuyo objetivo no era otro que el del asalto y toma del propio Palacio Real. La derrota de la sublevación se saldó con el fusilamiento de 66 sargentos y soldados del acuartelamiento y más de mil detenidos, contra los que la Casa Real quería que se aplicase también una pena de muerte ejemplarizante, a lo que se negó O’Donnell, en un gesto que le acarreó ser sustituido por Narváez (10 de julio de 1866), quien acentuaría aún más su línea autoritaria anterior.

Como consecuencia de todos estos hechos, los progresistas y los demócratas pactaron en Ostende (Bélgica, 16 de agosto de 1866) acabar con el régimen conservador y la propia monarquía que lo sustentaba, mediante la formación de un gobierno provisional que debería convocar elecciones a Cortes Constituyentes mediante sufragio universal (masculino, se sobrentendía en la época) en las que se decidiría la forma concreta de gobierno (monarquía o república). El fallecimiento de O’Donnell el 5 de noviembre de 1867 y su sustitución por el general Serrano al frente de la Unión Liberal, facilitó que esta formación se uniera también al Pacto de Ostende en marzo de 1868. La muerte de Narváez el 23 de abril de 1868, abrió un período de crisis en el propio Partido Moderado, que finalmente dio paso al estallido revolucionario de septiembre de 1868, conocido como «la Gloriosa».

La Gloriosa y las diferentes alternativas para la forma de gobierno

La Gloriosa de 1868 supuso una verdadera revolución. Aunque se inició el 18 de septiembre con el pronunciamiento en Cádiz de la Armada, al mando del almirante Topete (próximo al general Serrano), con la famosa proclama «¡Viva España con honra!», no se trató de un simple pronunciamiento para cambiar de gobierno, sino que se planteó acabar con la monarquía de Isabel II. Ciertamente las sociedades secretas de carácter masónico, que recogían el descontento de amplios sectores sociales y que contaban con muchos miembros en el ejército, tuvieron un gran papel en aquellos momentos, pero además se produjo una importante participación de las clases populares, sobre todo en las grandes ciudades como Madrid y Barcelona, así como en la periferia costera mediterránea y andaluza, ya que a la crisis económica y financiera de finales de los años 60 se unió una serie de malas cosechas que encarecieron el precios de los artículos de primera necesidad y acabaron golpeando duramente a las clases populares. La reina, que veraneaba en San Sebastián, al ver el alcance de la revuelta y tras la derrota del ejército real en Alcolea (Córdoba), decidió marchar al exilio.

Una vez resuelta la primera fase revolucionaria con la marcha de la reina al exilio, iba a resultar más complejo conciliar las diferentes posturas de las fuerzas conjuradas sobre la forma de dar continuidad al proceso revolucionario. Surgiendo tendencias contrapuestas. La Unión Liberal de Serrano y el Partido Progresista de Prim se planteaban la búsqueda de un rey, aunque de una dinastía distinta a la borbónica, que encabezara una monarquía constitucional parlamentaria, aunque tenían preferencias diferentes por el candidato a elegir, como veremos más adelante.

Los demócratas se dividieron entre una minoría de partidarios de un régimen monárquico como el propuesto por la Unión Liberal y el Partido Progresista, a los que se llamó «cimbrios» en alusión a un pueblo germánico que luchó contra la República romana, liderados por Cristino Martos, Manuel Becerra y Nicolás María Rivero —que fue elegido alcalde de Madrid en diciembre de 1868—, y la mayoría republicana que se constituyó como Partido Republicano Democrático Federal, aunque en su seno había los que eran más claramente partidarios del federalismo, como Figueras y Pi i Margall, junto con los que se inclinaban hacia una república unitaria, como Salmerón y Castelar.

La etapa revolucionaria y el Gobierno provisional de Serrano (1868-1869)

La primera etapa de la revolución estuvo marcada por una situación de doble poder: el que ejercían las juntas revolucionarias, a cuya cabeza estaba la de Madrid, y el del Gobierno provisional encabezado por el general Serrano, que se constituyó gracias al apoyo de la junta madrileña. Las juntas revolucionarias, donde los sectores demócratas (liberales radicales) eran mayoría, propugnaban la abolición del sistema de quintas (que se podían eludir con dinero o pagando a un sustituto, en una situación en la que se acababa de iniciar la guerra de Cuba) y del odiado impuesto sobre consumos establecido por Mon durante la Década Moderada, a la vez que se inclinaban mayoritariamente hacia la proclamación de la República. Sin embargo, el Gobierno provisional, en el que junto con Serrano de la Unión Liberal se incluía también a representantes de los progresistas, como Sagasta (Gobernación) y Prim, que controlando el ministerio de Guerra se iba a convertir en el hombre fuerte de la situación, se inclinaba hacia una solución monárquica buscando un candidato a la corona que no perteneciera a la dinastía borbónica. La celebración de elecciones municipales el 18 de diciembre de 1868 se saldó con una victoria de los republicanos en 20 capitales de provincia como Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga, Zaragoza, Alicante, Gerona, Lérida, Huesca o Santander, entre otras. En Madrid se impuso el demócrata «cimbrio» Nicolás María Rivero, que fue elegido alcalde de Madrid.

Pocos días después de la Gloriosa, en Cuba estallaba la insurrección, iniciada por el terrateniente Manuel de Céspedes y su «grito de Yara» (10 de octubre de 1868). En la guerra que siguió, dirigida por el general Blas Villate y conde de Valmaseda, se formaron los cuadros militares que serían decisivos en preparar la restauración borbónica en la persona de Alfonso XII. También se formaron tropas de voluntarios que combatieron a los cubanos insurrectos, de carácter abiertamente contrarrevolucionario, que contrastaba con el proceso democrático iniciado en la metrópoli.

Gobierno Provisional 1869. Con el nombre, los ministros más relevantes

Elecciones a Cortes Constituyentes en enero de 1869

Para intentar reconducir la situación, el Gobierno provisional convocó elecciones a Cortes Constituyentes por sufragio universal (varones mayores de 25 años) para mediados de enero, pero utilizando los medios del Ministerio de Gobernación que dirigía Sagasta para asegurarse una mayoría proclive a sus tesis monárquicas. Los progresistas de Prim se hicieron con la mayoría (41%, entre 156 y159 diputados), seguidos de la Unión Liberal de Serrano (21%, entre 69 y 80 diputados) y los republicanos federales (22%, entre otros 69 y 85 diputados), además de otras minorías, como los demócratas cimbrios (5%, 20 diputados), isabelinos (3,5%, 14 diputados) y carlistas (5%, entre 18 y 20 diputados).

Los candidatos gubernamentales obtuvieron sus mejores resultados en las zonas tradicionalmente conservadoras, como Galicia, Asturias, las dos Castillas y el interior de Cataluña y de Andalucía, mientras que los republicanos federales triunfaron de un modo claro en el litoral mediterráneo. Y volvieron a obtener la mayoría en ciudades tan significativas como Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga, Cádiz, Zaragoza, Alicante, Gerona, Lérida y Huesca, aunque no en Madrid, donde ganaron los gubernamentales. Por su parte, los carlistas consiguieron la mayoría en sus tradicionales feudos del País Vasco y Navarra, así como en puntos aislados de Castilla y Cataluña. El Partido Moderado se quedó sin representación.

La Constitución de 1869

En la Constitución de 1869 se consagraba la soberanía nacional a través de la representación en unas Cortes bicamerales (Congreso y Senado), que serían elegidas por sufragio universal masculino. Se establecía una clara división de poderes entre: legislativo (Cortes), ejecutivo (potestad de la corona pero con un jefe de gobierno y ministros responsables ante las Cortes) y judicial (tribunales independientes, pero igualmente responsables ante las Cortes). También establecía una amplia declaración de derechos y libertades, posiblemente una de las más avanzadas que se conocían internacionalmente en ese momento. Pero tuvo dos puntos especialmente conflictivos: el relativo a la forma de gobierno (república o monarquía); y el que afectaba a las relaciones entre la Iglesia y el Estado, donde se enfrentaron los partidarios de la confesionalidad frente a los del laicismo. La aprobación de la opción monárquica, sin una clara separación entre Iglesia y Estado —tan solo reconociendo la libertad de culto, pero obligándose el Estado a sostener financieramente a la Iglesia Católica (artículo 21) —, junto a la continuación de los llamamientos a quintas (además con la guerra de Cuba recién iniciada) y el impopular impuesto de consumos, favorecieron el estallido de insurrecciones republicanas en diferentes localidades del país.

La regencia de Serrano y el gobierno de Prim (1869-1870)

Aprobada la Constitución en junio de 1869 que instituía un régimen monárquico, y mientras se buscaba un rey que ocupara el trono de la nueva monarquía, se estableció un período transitorio de regencia encabezado por Serrano y un gobierno presidido por Prim, quien además se reservó la cartera de Guerra, confirmando con ello que era el verdadero hombre fuerte del momento.

En el plano económico, el gobierno de Prim, a través del ministro de Hacienda Figuerola, adoptó algunas medidas tendentes a la reducción progresiva del arancel, pero de manera suavizada y muy lejos del librecambismo adoptado por Espartero durante su regencia que condujo en su día al estallido de Barcelona en defensa de la industria textil amenazada. Promulgó además una Ley de Bases sobre las Minas (1868), que permitía la desamortización del subsuelo y su venta a empresas mayoritariamente extranjeras. La peseta pasó a ser la única moneda oficial en todo el territorio nacional.

El gobierno tuvo que enfrentarse enseguida con dos grandes frentes conflictivos. Por un lado, a finales de 1868 había estallado la guerra de Cuba contra la dominación colonial española. Por otro, la situación depresiva que atravesaba la economía internacional y que afectaba a nuestro país, junto a una sucesión de malas cosechas, dispararon la agitación campesina y la ocupación de tierras, así como la conflictividad obrera en las ciudades industriales. A este movimiento, apoyado por los republicanos federales llamados «intransigentes» que buscaban implantar la República federal desde abajo, se iba a sumar el rechazo popular a los llamamientos para servir en el ejército (quintas), más intenso tras el estallido de la guerra de Cuba, y contra el impuesto de consumos. Por esas mismas fechas el movimiento obrero español iba a dar un gran salto organizativo al celebrarse en Barcelona en el Teatro Circo de la ciudad el primer congreso de sociedades obreras (junio de 1870) que daría lugar a la fundación de la Federación Regional Española (FRE) como sección de la Primera Internacional obrera (AIT), aunque con un claro predominio de la tendencia anarquista bakuninista liderada por Anselmo Lorenzo, llamado el abuelo del anarquismo español.

Prim, Serrano y Topete subastan la Corona. Revista La Flaca (1869)

Ante la situación de inestabilidad social y política, se aceleró la búsqueda de un monarca, en un momento en el que los desencuentros entre la Unión Liberal y los progresistas eran cada vez mayores. Serrano y la Unión Liberal ofrecieron la corona al duque de Montpensier, Antonio de Orleans, casado con la hermana de Isabel II, Luisa Fernanda, que había contribuido a financiar la conspiración previa al estallido de 1868 pero quedó frustrada tras la implicación del duque en un duelo con el resultado de la muerte de su rival, el cuñado de Isabel II, Enrique de Borbón, de ideas progresistas. Prim, por su parte propuso al regente portugués Fernando de Coburgo, que no aceptó por las implicaciones de unificación ibérica entre ambos países que conllevaba la propuesta, que aunque era bien vista por ciertos sectores liberales progresistas en España, era sin embargo rechazada en Portugal. El prusiano Leopoldo de Hohenzollern-Sigmaringen, también propuesto por Prim y al que el pueblo castizo bautizó como Leopoldo Olé-olé si me eligen, fue vetado por la Francia de Napoleón III — lo que provocó un incidente diplomático que fue el detonante de la guerra franco-prusiana—. Se le llegó a ofrecer la corona incluso a Espartero, que declinó, hasta que finalmente salió adelante la propuesta planteada por Prim de Amadeo de Saboya, hijo del rey de Italia Víctor Manuel II, en cuyo reinado se había realizado la unificación de la nación italiana bajo una monarquía parlamentaria de talante liberal y enfrentada al papa Pío IX que se negaba a reconocer la unidad de Italia y había llegado a excomulgar al mismísimo rey Víctor Manuel. La elección de Amadeo I mostraba, por tanto, el triunfo coyuntural de las preferencias de amplios sectores progresistas y de la influyente francmasonería.

Reinado de Amadeo de Saboya (1871-1873)

El 16 de noviembre de 1870 Amadeo de Saboya se convertía en el primer rey de la historia —y único hasta la fecha— en ser elegido por las Cortes. Su candidatura obtuvo 191 votos a favor de los 311 diputados presentes, frente a los 60 de la opción republicana federal, 27 de la del duque de Montpensier apoyado por Serrano, 8 que votaron por el general Espartero, 2 por Alfonso de Borbón, el hijo de Isabel II, 4 por otras opciones y 19 papeletas en blanco. Es decir, aunque fue mayoritariamente elegido, cerca del 40% de la cámara no le dio el apoyo. El día 30 de diciembre Amadeo desembarcaba en Cartagena y el 2 de enero tomaba posesión del trono jurando la Constitución ante las Cortes.

Amadeo I frente al féretro de Prim 1871. Antonio Gisbert. Museo de Historia de Madrid

Fue un reinado corto, tan sólo duró dos años: desde enero de 1871 a febrero de 1873; pues su principal valedor, el general Prim, fue asesinado tan sólo unos días antes de su llegada, por una trama conspirativa en la que con toda seguridad estuvo implicado el duque de Montpensier, y de la que Serrano y su entorno más cercano eran, como mínimo, conocedores. Y en la que poderosos intereses esclavistas cubanos pudieron también estar detrás, conocedores de que Prim era favorable a explorar con EEUU una salida negociada a la cuestión cubana.

Al desaparecer el general, el Partido Progresista que lideraba se dividió en dos corrientes: una moderada encabezada por Sagasta y partidaria de fusionarse con la Unión Liberal (llegando a formar el Partido Constitucional); y otra radical liderada por Ruiz Zorrilla, que junto con los demócratas cimbrios constituyó el Partido Radical, que postulaba la supresión de las quintas, la abolición de la esclavitud en Cuba y Puerto Rico y la separación de Iglesia y Estado, aunque seguía defendiendo la opción monárquica constitucional y parlamentaria.

Se sucedieron seis gobiernos encabezados respectivamente por Serrano (de 4 de enero a 24 de julio de 1871), Ruiz Zorrilla (de 24 de julio a 5 de octubre de 1871), al que siguió durante un breve interludio uno de José Malcampo del partido de Sagasta (de 5 de octubre a 12 de diciembre de 1871), Sagasta (de 12 de diciembre a 26 de mayo de 1872), otro breve de Serrano (de 26 de mayo a 13 de junio de 1872), y finalmente de nuevo Ruiz Zorrilla (de 13 de junio de 1872 a 11 de febrero de 1873), que finalizaría con la abdicación de Amadeo y la proclamación de la Primera República.

En este contexto de crisis y división del partido que había sido el principal apoyo al nuevo rey, Amadeo, que no tenía gran apoyo entre la opinión pública por su procedencia extranjera y las maneras de desenvolverse un tanto atípicas, tanto suyas como de su esposa, era además combatido desde diferentes sectores:

  • la Iglesia Católica, que se oponía a las medidas secularizadoras —habían llegado a impulsar la recogida de medio millón de firmas contra la libertad religiosa— y estaba enfrentada en Italia con la dinastía de los Saboya, donde se había llegado a la ruptura de relaciones entre el papado (Pío IX) y el reino italiano;
  • los carlistas, que en 1872 se volvieron a levantar en armas, lo que significó el comienzo de la tercera guerra carlista, pero que en esta fase, más que legitimistas, iban a ser sobre todo enemigos de la monarquía liberal a la que además atacaban por ser extranjera, por lo que iban a recibir el apoyo de sectores conservadores no estrictamente legitimistas;
  • los isabelinos, ahora defensores de la legitimidad su hijo Alfonso, con fuertes apoyos entre la aristocracia que seguía ejerciendo una gran influencia a través de los periódicos que controlaba, liderados ahora por Cánovas del Castillo quien acabaría convenciendo a Isabel II para que abdicara en su hijo Alfonso;
  • los republicanos, contrarios a la monarquía y cuyos sectores más radicales o intransigentes defendían la vía insurreccional para conformar una república federal desde abajo. Además, la persistencia de las quintas y de los consumos, serían una importante fuente de agitación social;
  • el movimiento obrero, organizado en la Federación Regional Española (FRE), sección de la Asociación Internacional de Trabajadores (AIT o Primera Internacional), con predominio de las corrientes anarquistas bakuninistas en toda la zona de Cataluña y del litoral levantino partidarias en general de la vía insurreccional;
  • y la guerra de independencia de Cuba que se había iniciado en 1868 y se iba a convertir posiblemente en el mayor de los problemas de este período. La situación de guerra no sólo impidió suprimir las quintas, sino que hubo que hacer nuevas levas de soldados. Tampoco se pudo eliminar el impuesto indirecto de los consumos por los enormes gastos de la guerra, que además privó de destinar esos recursos a otros menesteres socialmente más urgentes. Además, poderosos sectores con intereses en las islas, favorables al mantenimiento de la esclavitud en un momento en que se hablaba de su supresión, iban a contribuir a financiar la insurgencia carlista y a impulsar un importante lobby de presión política conformado por la Liga Nacional donde confluyeron personalidades de diferentes organizaciones políticas como Serrano, Sagasta o Cánovas del Castillo, vinculados con poderosos intereses económicos esclavistas en la isla, como el hermano de Cánovas que era el presidente del Banco de la Habana o Antonio López, futuro marqués de Comillas, que con grandes negocios bancarios y navieros, hacía también las veces de testaferro de los jesuitas cuyo Seminario Pontificio en Comillas, devenido luego Universidad, contribuyó a financiar.

Con esta situación de fondo, en 1872, tras unas elecciones celebradas en abril en las que los constitucionalistas obtuvieron la mayoría parlamentaria, estalló un escándalo de corrupción que afectó al primer ministro Sagasta, que se vio obligado a dimitir, y fue sustituido por Serrano. Este pidió la supresión de las garantías constitucionales al rey, que se negó, regresando Ruiz Zorrilla al gobierno. Su Partido Radical alcanzó una amplia mayoría en las elecciones celebradas en agosto ante el retraimiento (no participación) de los constitucionalistas. Las Cortes se disponían a abolir la esclavitud en Puerto Rico como paso previo a su abolición en Cuba cuando finalizase la guerra. Sectores vinculados al general Serrano, como el mismo Almirante Topete, le llegaron a ofrecer al rey una intervención del ejército para derribar al gobierno, pero Amadeo no se decidió, pues no garantizaban ni que el golpe fuera incruento, ni siquiera que Amadeo pudiera mantener la corona.

Finalmente, una discrepancia con el jefe de gobierno Ruiz Zorrilla a propósito de una reorganización del cuerpo de artillería, donde se habían detectado movimientos militares sediciosos, y que el rey no quería promulgar, dio lugar a la amenaza de dimisión en bloque del gobierno. Encontrándose Amadeo entre la espada —la presión militar golpista auspiciada desde el entorno de Serrano— y la pared —enfrentado al gobierno de Ruiz Zorrilla que tenía la mayoría parlamentaria—, decidió abdicar el 11 de febrero de 1873.

La Primera República (1873-1874)

La abdicación de Amadeo abrió paso a la proclamación de la Primera República por acuerdo entre los radicales, que tenían la mayoría en las Cortes, y los republicanos. Destacó en este momento el papel del radical Cristino Martos —que procedía de los cimbrios— ante las reticencias manifestadas por Ruiz Zorrilla a renunciar a una solución monárquica. El histórico republicano Emilio Castelar subiría a la tribuna para proclamarla solemnemente con un discurso histórico: «Señores, con Fernando VII murió la monarquía tradicional; con la fuga de Isabel II, la monarquía parlamentaria; con la renuncia de don Amadeo de Saboya, la monarquía democrática; nadie ha acabado con ella, ha muerto por sí misma; nadie trae la República, la traen todas las circunstancias, la trae una conjuración de la sociedad, de la naturaleza y de la Historia. Señores, saludémosla como el sol que se levanta por su propia fuerza en el cielo de nuestra Patria».

Proclamación de la República por la Asamblea Nacional (1873). Pellicer

El resultado de la votación fue abrumador: 258 votos a favor contra 32. Realmente no había otra alternativa posible. El primer ejecutivo de coalición, integrado por cinco radicales y tres republicanos —Pi i Margall, Salmerón y Castelar—, sería presidido por el republicano federal Estanislao Figueras, mientras que el radical Cristino Martos sería nombrado al frente de la Asamblea Nacional, denominación que fue adoptada por la reunión extraordinaria de Cortes.

Sin embargo el nuevo ejecutivo se constituía sobre un verdadero polvorín político y social en que se había convertido el país: La guerra de Cuba y la guerra carlista, la crisis económica internacional que también golpeaba en nuestro país, la situación explosiva en el campo andaluz con ocupación de tierras de latifundio, las huelgas obreras en los centros industriales de la periferia mediterránea (Cataluña, Valencia, Alicante…), y el descontento entre los sectores republicanos federales más radicalizados («intransigentes») que no se fiaban de un gobierno con mayoría de antiguos monárquicos del Partido Radical y que se hicieron fuertes en las juntas locales revolucionarias que propugnaban constituir la República Federal desde abajo (en realidad casi con una concepción de tipo confederal). Los sectores más conservadores seguían conspirando en el marco de la Liga Nacional, los círculos carlistas de Madrid se reunían de forma ostentosa y sus periódicos se seguían publicando sin censura lanzando soflamas incendiarias contra el nuevo régimen, mientras que en el norte peninsular continuaba la insurgencia carlista con el apoyo económico de sectores conservadores con intereses en Cuba que se confabulaban desde Biarritz (Francia).

Al frente de Gobernación estaba el republicano federal Pi i Margall que buscaba, con éxito relativo, convencer a los sectores intransigentes de su propio partido para que moderaran sus impulsos sin recurrir a la represión. Pero la presión era tal que Figueras presentó la dimisión por la imposibilidad de dirigir un ejecutivo en el que la confrontación era total. Ante esta situación, los radicales, dirigidos ahora por Cristino Martos, pretendieron expulsar a los republicanos federales del gobierno y disolver las Cortes, mediante un verdadero intento de golpe de Estado, que fracasó al movilizar Pi i Margall a los Voluntarios de la República (que venía a ser una especie de continuidad de la Milicia Nacional pero adaptada a los tiempos republicanos). El resultado fue el contrario del perseguido por la intentona golpista, pues los radicales fueron expulsados del gobierno, lo que obligó a disolver las Cortes y convocar elecciones a Cortes Constituyentes, aunque la trama conspiratoria de los radicales, con el apoyo de personajes conservadores como el general Serrano o el mismo Sagasta, continuó actuando, aunque sin éxito.

Las Cortes Constituyentes y el gobierno de Pi i Margall

Finalmente, las elecciones a Cortes Constituyentes se celebraron en mayo, obteniendo los republicanos federales 343 escaños frente a 31, en medio del retraimiento de la mayoría de fuerzas que habían participado en la conspiración golpista y cuyos líderes, en algunos casos, habían abandonado el país. La abstención alcanzó a un 60% de los votantes (varones, mayores de 21 años, pues la mayoría de edad se había anticipado desde los 25 a los 21). En estas condiciones, las Cortes que tenían que elaborar la Constitución de la República reunidas el 1 de junio distaban de tener una gran representatividad.

Pero no por haber llegado a copar la mayoría de la cámara los republicanos federales iban a ponerse de acuerdo en el camino a seguir. Por un lado estaban los sectores intransigentes, que contaban con unos 60 escaños, y propugnaban la constitución de la república federal desde abajo, desde los territorios. En el lado opuesto, con una nutrida representación, se encontraban los republicanos más moderados, entre los cuales muchos no compartían la idea de federación y eran más favorables a una república unitaria, acercándose en eso a los radicales ahora marginados, a los que pensaban que había que incluir en la construcción del nuevo régimen. Su modelo de referencia era la III República Francesa, de carácter centralista y conservador. Ahí estaban, aunque con algunas diferencias entre ellos, Salmerón y Castelar. Y finalmente, ocupando una especie de lugar central se encontraba Pi i Margall, partidario de la república federal, pero construida desde arriba a partir de una constitución que diera cabida a los diferentes estados o cantones federados. Su nivel de apoyos era incierto, incluso sus propios partidarios a veces se dividían en ciertas votaciones, decantándose a uno u otro lado.

Sátira de Pi i Margall desbordado por el cantonalismo en la revista La Flaca

Diferentes intentonas de fuerza a cargo de los intransigentes, en algún caso arrastrando a la milicia de los Voluntarios de la República, llevaron a Figueras a dimitir el 10 de junio y a abandonar el país dirigiéndose a Francia. Como consecuencia, y ante la grave crisis existente, Pi i Margall tuvo que asumir el cargo de presidente del poder ejecutivo con el apoyo de Salmerón y Castelar que lo consideraban el único capacitado para poder atemperar el movimiento intransigente. Pi i Margall, además de intentar sacar adelante una Constitución de carácter federal, quiso impulsar toda una serie de medidas de carácter social por las que ciertos sectores conservadores le acusaban de «socialista». Se aprobó una ley que regulaba y limitaba el trabajo de mujeres y niños en la industria y otra que establecía los jurados mixtos para intermediar entre trabajadores y patronos —retomada décadas después por Largo Caballero desde el ministerio de Trabajo de la Segunda República—. También propuso a las Cortes, aunque no llegó a ser aprobada, una ley de reforma agraria que trataba de devolver a los campesinos, a cambio del pago de un censo vitalicio, las tierras comunales expropiadas por la desamortización civil de Madoz y que tanto rechazo había generado en el campo andaluz y extremeño. A todo ello se unía la voluntad de abolir la esclavitud en el Caribe, separar radicalmente la Iglesia y el Estado y establecer como prioridad la enseñanza laica, obligatoria y gratuita. Como se puede ver, constituía un programa social muy avanzado para su tiempo, que recordaba en muchos aspectos a ciertas medidas sociales que fueron adoptadas por la Comuna de París un par de años antes, en 1871.

La insurrección cantonalista y la caída de Pi i Margall

Sin embargo, pese a toda esta política de reformas sociales que Pi i Margall pretendía sacar adelante, no sin dificultades, y pese al rápido avance en la redacción de la Constitución de carácter federal, los intransigentes se retiraron insatisfechos de las Cortes el 1 de julio, alegando todo tipo de desacuerdos con la manera de conducir el proceso, llamando a impulsar desde sus territorios un proceso republicano federal desde abajo. Lo que puso inmediatamente en marcha las insurrecciones cantonalistas que se extendieron por innumerables localidades del país. Sevilla acordó transformarse en República Social, en Alcoy una insurrección obrera dirigida por miembros de la Internacional seguidores de Bakunin tomó al asalto el Ayuntamiento dando muerte al alcalde republicano, Málaga, Valencia, Castellón, Torrevieja, Salamanca, Tarifa, Algeciras, Almansa, Andújar, Bailén, Cádiz, Granada, Motril… unas veces a nivel local, otras a nivel provincial se constituyeron en cantones independientes. Aunque como señalan muchos autores, y pese a las acusaciones realizadas por los sectores conservadores contra ellos, no eran separatistas, buscaban una construcción de la República federal desde abajo, de forma popular, llenándola de contenido social.

De todos los cantones constituidos el que tuvo una duración más prolongada fue el de Cartagena. Se proclamó el 12 de julio y sobrevivió hasta el 12 de enero de 1874, es decir, más allá del final de la República parlamentaria tras el golpe de Pavía el 3 de enero de 1874. Se constituyó al grito de ¡Viva la República federal!, por lo tanto no tenía un objetivo separatista, sino el de implantar la república federal desde la base, y muchas de las medidas adoptadas, como la bandera roja, recordaban enormemente los decretos de la Comuna de París: prohibición del trabajo infantil, jornada máxima de 8 horas, limitación de los sueldos máximos, abolición de todas las cargas feudales y medidas de separación radical entre Iglesia y Estado, (tal y como se puede apreciar en el cuadro adjunto) medidas que los cartageneros planteaban que fueran adoptadas por la República Federal para todo el país.

Manifiesto del Cantón de Cartagena

Desbordado por un movimiento que escapaba totalmente de su control y contra el que no había querido emplear la fuerza sino el diálogo y la persuasión, Pi i Margall, tras perder la confianza de las Cortes, presentó su dimisión el 18 de julio de 1873. La Constitución de la República Federal, que estaba ya prácticamente elaborada, incluyendo 17 estados —equivalente a las autonomías actuales pero sin Madrid, ni Rioja, ni Cantabria y con dos Andalucías, oriental y occidental, más Cuba y Puerto Rico— no pudo ser promulgada, resultando en buena medida abortada por el propio movimiento cantonalista que defendía la implantación inmediata del federalismo.

El compañero de Marx, Engels, redactó un informe para la Internacional en 1873 en el que criticaba duramente el papel de los anarquistas bakuninistas en la insurrección cantonal a la que dieron su apoyo, cuando no la impulsaron como en el caso de Alcoy. En el documento redactado por Engels, titulado Los bakuninistas en acción se puede leer: «Castelar y comparsa, se echaron a temblar ante el movimiento, que les rebasaba; no tuvieron más remedio que ceder el poder a Pi i Margall, que intentaba una transacción con los intransigentes. Pi era, de todos los republicanos oficiales, el único socialista, el único que comprendía la necesidad de que la República se apoyara en los obreros. Así presentó enseguida un programa de medidas sociales de inmediata ejecución, que no sólo eran directamente ventajosas para los obreros, sino que, además, por sus efectos, tenían necesariamente que empujar a mayores avances y, de este modo, por lo menos poner en marcha la revolución social. Pero los internacionales bakuninistas, que tienen la obligación de rechazar hasta las medidas más revolucionarias, cuando éstas arrancan del «Estado», preferían apoyar a los intransigentes más extravagantes antes que a un ministro». Y remarcaba: «la puñalada trapera de este levantamiento, organizado sin pretexto alguno, imposibilitó a Pi i Margall para seguir negociando con los intransigentes. Tuvo que dimitir; lo sustituyeron en el poder los republicanos puros del tipo de Castelar, burgueses sin disfrazar, cuyo primer designio era dar al traste con el movimiento obrero, del que antes se habían servido, pero que ahora les estorbaba»

Levantamientos cantonales (en llamas) y guerra carlista (en color rojo)

La caída de Pi i Margall dio paso a otro presidente más conservador, el republicano Salmerón (18 de julio de 1873), que recurrió al ejército encomendando a dos generales el aplastamiento de la insurrección cantonal: Pavía fue el encargado de intervenir en el Sur y Martínez Campos en el litoral levantino y, amparados por ellos, los brigadieres y oficiales más conservadores. Finalmente, Salmerón dimitió también el 6 de septiembre de 1873 por negarse a firmar un decreto que modificaba las ordenanzas militares para permitir al ejército aplicar la pena de muerte entre los resistentes cantonalistas sin intervención de tribunales civiles (por tanto, su dimisión no fue estrictamente por no firmar unas penas de muerte, como a veces se ha contado). Tras dimitir fue reemplazado por Castelar, que profundizó sorprendentemente el giro conservador, solicitando poderes especiales de las Cortes para poner fin a la insurrección, poderes que le fueron concedidos y que implicaban la suspensión temporal de las mismas, aunque con la oposición de los partidarios de Pi i Margall y los intransigentes, y que dieron todo el protagonismo al estamento militar, que ya se iba decantando por una solución alfonsina (por el futuro Alfonso XII) de restauración de la monarquía borbónica.

República autoritaria de 1874

Tras finalizar el período en que Castelar disfrutó de poderes especiales, se reunieron las Cortes el 2 enero de 1874 ante las que tenía que rendir cuentas, encontrándose con la sorpresa de que había perdido la confianza de la cámara por 106 votos contra 101, que le reprochaban no haber aplicado una solución republicana al conflicto cantonal (por ejemplo había aprobado la modificación de las ordenanzas militares que habían propiciado la dimisión de Salmerón). Como alternativa a Castelar, los sectores republicanos vinculados con Salmerón y Pi i Margall pactaron al día siguiente un candidato alternativo, Eduardo Palanca.

El general Pavía, apostado con sus tropas, junto con la Guardia Civil, en el exterior de las Cortes, conminó a los diputados a salir. Finalmente, cuando se estaba procediendo a la votación del candidato federal, tropas del ejército y la Guardia Civil —en una estampa que se volvería a repetir el 23 de Febrero de 1981— irrumpieron en el Congreso dispersándolo.

Memorable batalla de Pavía en La Medaja Política nº 13. Tomás Padró Pedret (1874)

Pavía intentó que se formara un «gobierno nacional» presidido por Emilio Castelar incluyendo a sectores conservadores, pero Castelar rehusó y finalmente fue el general Serrano quien asumió la presidencia del poder ejecutivo con las Cortes clausuradas y suspendida la Constitución de 1869, estableciéndose de facto una República autoritaria, una dictadura, que procedió a derogar inmediatamente las reformas sociales aprobadas en el período anterior, ilegalizando a la Asociación Internacional de Trabajadores (AIT) —cuestión que algunas formaciones políticas venían intentando desde el año 1871, contando con la oposición de los republicanos federales y Pi i Maragall en particular que, como abogado, había ejercido con anterioridad la defensa de algunos de sus miembros—. Serrano, en un último intento de asegurar la supervivencia de la República, aunque bajo una forma autoritaria y conservadora, iba a intentar poner fin a la Tercera Guerra Carlista, y de cara a obtener la financiación para la movilización militar estableció el monopolio de emisión de moneda del Banco de España. Pero no lo conseguiría. Los sectores más conservadores ya se habían decantado por una solución al margen de la República, negociando la restauración de los Borbones en la persona del hijo de Isabel II, el futuro Alfonso XII. Cánovas logró convencer a Isabel II de la necesidad de abdicar en su hijo, preparando una transición pactada que adoptara formas constitucionales, como se recoge en el Manifiesto de Sandhurst (1 de diciembre de 1874), suscrito por el príncipe Alfonso, pero redactado por Cánovas. Sin embargo, el pronunciamiento en Sagunto (29 de diciembre de 1874) del general Martínez Campos —cuya estatua ecuestre se encuentra en el Retiro, obra de Mariano Benlliure—, precipitó la proclamación de Alfonso XII como rey, constituyéndose el 31 de diciembre de 1874, con la aquiescencia de Serrano, un gabinete de regencia presidido por Cánovas a la espera de la llegada de Alfonso XII, iniciándose así la etapa de la Restauración.

De esta manera, se ponía fin no solo a la Primera República, sino a todo un período de efervescencia democrática y revolucionaria iniciado en septiembre de 1968 con el derrocamiento de la monarquía borbónica de Isabel II, comenzando un largo período de dominio de las fuerzas conservadoras que ya no sería interrumpido hasta la llegada de la Segunda República el 14 de abril de 1931. Hasta ese momento, los republicanos españoles conmemoraban el 11 de febrero de 1873 como el día de la República.

Para saber más:

Miguel Artola (2001). La burguesía revolucionaria (1808-1874). Madrid: Alianza Universidad.

Charles Esdaile (2001). La quiebra del liberalismo (1808-1939). Barcelona: Crítica.

Manuel Espadas Burgos (1990). Alfonso XII y los orígenes de la Restauración. Madrid: CSIC.

Fontana, Josep (2007). La época del liberalismo. Vol. 6 de la Historia de España, dirigida por Josep Fontana y Ramón Villares. Barcelona: Crítica/Marcial Pons

Hipólito de la Torre Gómez y Juan Carlos Jiménez Redondo (2019). Historia de una diferencia. Portugal y España. Ayer y hoy (1807-2019). Madrid: Sílex.

El general Prim, de conspirador a hombre de Estado, con guion de Juan Carlos Soriano. Documentos [sonoros] de Radio Nacional de España (RNE). 23 de julio de 2015.

Amadeo I, esperanza y frustración de un rey democrático, con guion de Luis Zaragoza. Documentos [sonoros] de Radio Nacional de España (RNE). 18 de diciembre de 2020.

La Primera República, el intento de una España diferente, con guion de Luis Zaragoza. Documentos [sonoros] de Radio Nacional de España (RNE). 7 de enero de 2012.

Si te gusta nuestro trabajo, la mejor manera de disfrutarlo de una manera completa es suscribirte. Recibirás en casa nuestra revista en papel acompañada de marcapáginas ilustrados y obtendrás ventajas digitales, como leer la revista en nuestras apps o acceder a todos los contenidos en la página web.

Jesús de Blas Ortega

Jesús de Blas Ortega

Doctor en Ciencias Económicas y profesor de Secundaria de Geografía e Historia.

Alfredo López Serrano

Alfredo López Serrano

Alfredo López Serrano es Doctor en Historia por la UCM y profesor de Enseñanza Secundaria de Geografía e Historia. Entre 2003 y 2017 ha sido Profesor Asociado en la Universidad Carlos III de Madrid. Es Presidente de la Federación Española del Profesorado de Historia y Geografía FEPHG y miembro del Movimiento Cooperativo de Escuela Popular MCEP.

Juan Pedro García de las Heras

Juan Pedro García de las Heras

Licenciado en Historia y diplomado de estudios avanzados (DEA) por la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Profesor de Secundaria de Geografía e Historia.

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Artículo añadido al carrito.
0 artículos - 0,00