Obreros y estudiantes contra el Franquismo. 2ª parte: crisis final del Régimen y Transición

Quisiéramos expresar una vez más nuestro agradecimiento a la Fundación Francisco Largo Caballero de UGT, a la Fundación Juan Muñiz Zapico de CCOO de Asturias y a la asociación de presos del Franquismo La Comuna, por su generosidad a la hora de poder publicar imágenes y poder utilizar documentos de sus archivos. Y a Manel Armengol que amablemente nos ha cedido la famosa fotografía de la cabecera.

Años 70: el final del Franquismo en un contexto de crisis económica mundial

Desde los últimos años de la década de los 60, la conflictividad laboral y estudiantil iba a crecer de manera exponencial y se convertiría en la principal palanca del cambio político que tendría lugar en el lustro que siguió a la muerte de Franco.

Objetores del servicio militar e insumisos, homosexuales, mujeres desposeídas de derechos elementales (como disponer de una cuenta corriente o firmar contratos) y otras muchas fuentes de descontento fueron alimentando y acrecentando como una mancha de aceite la mentalidad que entonces se llamaba subversiva y que hoy consideraríamos simplemente democrática. A ellos se unirían las personas que nutrieron el traumático éxodo rural a las grandes ciudades, los forzados emigrantes económicos transpirenaicos que pudieron respirar, en medio de su explotación, nuevos aires de libertad y que muy frecuentemente conectaron con los exiliados republicanos de la Guerra Civil. Junto a ellos, algún privilegiado turista o estudiante que viajaba al extranjero y volvía también con ganas de cambio, las mujeres que tenían que volar a Londres para practicarse un aborto que era ilegal en España, alumnos y alumnas con un brillante paso por la escuela que no pudieron continuar estudiando debido a su pertenencia a una clase social popular que les obligó a trabajar prematuramente, españolitos que ligaron con guapas extranjeras, o lo desearon, y las españolas que también ligaron con guapos y discretos extranjeros cuando se produjo el boom turístico del litoral mediterráneo, asociaciones vecinales que luchaban por la dignidad (o simplemente por el asfaltado, el teléfono o el agua corriente) de sus barrios…

Todas estas grandes y pequeñas frustraciones confluyeron y se canalizarían en un poderoso movimiento obrero y estudiantil que presionó para que las cosas cambiaran y que socavó la mentalidad franquista. «La España de la rabia y de la idea» en palabras de Antonio Machado, se abría paso frente a un sistema anacrónico, que fomentaba la natalidad para engrosar la emigración y el desempleo, que desarrollaba una industria dependiente de la construcción y, salvo honrosas excepciones, subsidiaria de la europea y norteamericana y que culturalmente apenas si podía ofrecer más que folclorismo y una religiosidad exterior rayana en el paganismo, pero que había conseguido una base social formada por católicos, tradicionalistas y conservadores que mostrará gran capacidad de resistencia durante y después de la Transición.

Pero además empezaba a entrar en crisis el modelo de Estado centralista que construyó la dictadura. La conflictividad generada como consecuencia de la cuestión nacional se manifestó con virulencia sobre todo en el País Vasco y Navarra. Para tratar de hacer frente a esta situación, la dictadura desplegaría todo su arsenal represivo.

Se iniciaría la década con el Juicio de Burgos (1970), que suponía el procesamiento en consejo de guerra de 16 militantes vascos, entre ellos dos sacerdotes, acusados de pertenecer a ETA, el brazo armado del independentismo vasco. Para seis de ellos el fiscal solicitaba la pena de muerte que luego sería ratificada por la sentencia del tribunal militar. Las movilizaciones se extendieron por todo el País Vasco y Navarra, y alcanzaron también a Cataluña —en Montserrat más de 300 intelectuales suscribieron un manifiesto a favor de la amnistía y del derecho de autodeterminación— y a Madrid, en este caso especialmente a la Universidad y en menor medida al movimiento obrero. El día 30 de diciembre, en medio de una gran presión internacional que llevó a intervenir incluso al Vaticano solicitando que no se ejecutaran las penas de muerte, el dictador anunciaba que serían conmutadas por duras penas de prisión. Unas semanas antes, el 14 de diciembre, había establecido de nuevo el estado de excepción en todo el territorio nacional por seis meses.

Apenas se habían acallado los ecos de las movilizaciones contra el Juicio de Burgos, cuando el 24 de junio de 1972 era detenida la Coordinadora Nacional de Comisiones Obreras, iniciándose en el Tribunal de Orden Público (TOP) el conocido como Proceso 1001, cuyas sentencias serían dictadas en diciembre de 1973, tan solo unos días después de la muerte de Carrero Blanco en atentado reivindicado por ETA, lo que tuvo como consecuencia unas elevadísimas penas de prisión que totalizaban 162 años para los dirigentes condenados, conocidos como «los diez de Carabanchel», con penas que en algún caso alcanzaban los 20 años y un día.

La acción represiva del Régimen se dirigió incluso contra un miembro de la jerarquía católica, como fue el caso del obispo de Bilbao Antonio Añoveros, que tras ser leída en su diócesis una homilía el 24 de febrero de 1974 en la que se hablaba del derecho del pueblo vasco a su identidad, fue sometido a arresto domiciliario como paso previo a su destierro. El cardenal Tarancón, que presidía la Conferencia Episcopal, llegó a amenazar a los altos cargos del Régimen con la excomunión y logró parar el destierro del obispo de Bilbao, que continuó en su sede. Tarancón se convertiría en objetivo de los sectores más extremistas del Régimen, el llamado «búnker», que en las concentraciones franquistas harían famoso el grito de «¡Tarancón al paredón!».

Peor suerte iba a correr el militante libertario catalán Puig Antich, que, con pruebas falsas fabricadas por la policía política, sería condenado a muerte en un consejo de guerra y ejecutado por garrote vil en marzo de 1974. Y al año siguiente, el 27 de septiembre de 1975, tan solo dos meses antes de la muerte del dictador, aún serían ejecutados dos militantes de ETA, Txiqui y Otaegui y otros tres miembros del Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico (FRAP), Humberto Baena, Sánchez Bravo y García Sanz. En esta ocasión, pese a la intensa campaña internacional en contra de su ejecución, el «Generalísimo» firmó simplemente el «enterado» que confirmaba la aplicación de la pena máxima.

En junio de 1973, Franco, en un agudizado proceso de declive físico, nombró presidente de Gobierno al Almirante Carrero Blanco que hasta esa fecha desempeñaba el cargo de vicepresidente, separando por primera vez la función de Jefe de Estado de la de Jefe de Gobierno. Un atentado reivindicado por ETA en diciembre de ese año puso fin a esta posible línea de continuidad del Régimen. Para sustituirle fue nombrado Arias Navarro que formuló un discurso en el que parecían vislumbrarse algunas medidas de reforma y apertura del Régimen, lo que en la época fue conocido como «el espíritu del 12 de febrero». Sin embargo, tal y como acabamos de ver, rápidamente abandonó esa línea pretendidamente aperturista para seguir una senda de represión intensificada.

Paralelamente, la oposición política se reorganizaba. En julio de 1974, en París, por iniciativa del Partido Comunista de España (PCE) dirigido por Santiago Carrillo, se creaba la Junta Democrática, en la que se integrarían sectores monárquicos vinculados a don Juan de Borbón, padre de Juan Carlos, el Partido Socialista Popular (PSP) de Tierno Galván, el Partido Carlista de Carlos Hugo (que se autodefiniría como socialista autogestionario), el Partido del Trabajo (PT, de tendencia maoísta) y otros grupos políticos menores y personalidades independientes, además de CCOO. Al año siguiente, en junio de 1975, se formaría la Plataforma de Convergencia Democrática, por iniciativa del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) dirigido por Felipe González en la que se integraría la Izquierda Democrática, de tendencia democristiana, liderada por Ruiz Jiménez, antiguo ministro de Educación cesado como consecuencia de las movilizaciones estudiantiles del año 1956, además del Movimiento Comunista (MC) y la Organización Revolucionaria de Trabajadores (ORT), ambos de tendencia maoísta, y otros grupos socialdemócratas y regionalistas, junto con el sindicato UGT. El Partido Carlista abandonaría la Junta Democrática para ingresar en esta segunda plataforma.

Tras una prolongada agonía, Franco fallecería el 20 de noviembre de 1975. En las últimas semanas —desde el 30 de octubre— Juan Carlos se hizo cargo de la Jefatura del Estado en funciones, teniendo que hacer frente a un conflicto exterior que estuvo a punto de dar paso a un enfrentamiento militar entre España y Marruecos. Aprovechando la decrepitud del Caudillo, el rey Hassan II de Marruecos promovió la «Marcha Verde» para ocupar el llamado Sáhara español, enviando decenas de miles de civiles desarmados mientras el ejército marroquí, lejos de las cámaras, procedía a ocupar el territorio. Finalmente, tras la firma el 14 de noviembre del Acuerdo Tripartito de Madrid —suscrito entre España, Marruecos y Mauritania, con apoyo implícito de los Estados Unidos—, el Gobierno español se retiró dejando el Sáhara Occidental bajo ocupación marroquí y mauritana, con la protesta de los grupos nacionalistas saharauis agrupados en el Frente Polisario que, apoyado por una Argelia alineada con la Unión Soviética, reclamaba el cumplimiento de la resolución de Naciones Unidas favorable al derecho de autodeterminación, adoptada en octubre de ese mismo año.

A la muerte de Franco, Juan Carlos pasó a ser Jefe del Estado a título de rey renovando ante las Cortes franquistas el juramento a los Principios Fundamentales del Movimiento realizado en 1969 ante Franco, mientras se mantenía inicialmente Arias Navarro como Jefe de Gobierno. En ese momento se planteaban tres posibles alternativas políticas: la de la mera continuidad del Régimen, la de su reforma o la de la ruptura. El contexto internacional venía marcado por una grave crisis económica que se manifestó muy visiblemente en la subida de los precios del petróleo. La caída de los regímenes dictatoriales del vecino Portugal (Revolución de los Claveles en abril de 1974) y de Grecia (dictadura de los coroneles en julio de 1974), dejaba al régimen franquista en el dudoso honor de ser la última dictadura de Europa Occidental. A esta situación internacional se sumaba la cada vez mayor presión de las fuerzas de oposición y las huelgas de trabajadores que se multiplicaban pese a su ilegalidad. Todo ello hacía absolutamente inviable la continuidad sin más del régimen franquista. En marzo de 1976 confluían los dos organismos de oposición de mayor peso en la conocida como «Platajunta» (Coordinación Democrática), que lograba movilizar por toda España a decenas de miles de manifestantes al grito de ¡Amnistía y Libertad!, al que en Cataluña se sumaba la exigencia del Estatuto de Autonomía. Ante esta situación insostenible, el rey Juan Carlos decidió prescindir de Arias Navarro, instalado en la línea de continuidad pura y dura, y sustituirlo en julio de 1976 por Adolfo Suárez —que hasta ese momento había sido ministro secretario general del Movimiento, es decir, del partido único— para emprender la vía de la reforma del Régimen.

En diciembre de 1976, el Gobierno de Suárez, impulsó la Ley para la Reforma Política, que suprimía o modificaba algunas leyes vigentes para permitir la celebración de elecciones con la presencia de diferentes partidos y que fue aprobada por las Cortes franquistas. La oposición no acababa de fiarse y en el referéndum que se convocó para su aprobación, llamó a la abstención (en los actos de la oposición se coreaba: «¡abstención, abstención, ese es el voto de la oposición!»). La Ley de Reforma Política fue refrendada y finalmente promulgada. El gobierno de Adolfo Suárez inició un acercamiento a la oposición y buscó una política de entendimiento que se conoció como consenso. En los primeros meses de 1977 se habían producido una serie de actuaciones desde las entrañas del Régimen para intentar sabotear el proceso: un comando fascista vinculado al sindicato del transporte provocó la matanza de abogados pertenecientes a CCOO y al PCE en un despacho laboralista de la calle Atocha; paralelamente una organización prácticamente desconocida hasta la fecha, los llamados Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (GRAPO) —de la que años después los medios de prensa hablaron con profusión de estar infiltrada por los aparatos de seguridad del Estado y los servicios de información del Ejército y de la Guardia Civil—, secuestró al Teniente General Villaescusa después de haber secuestrado también unas semanas antes a un ex ministro franquista, Antonio María de Oriol.

Tras estos sucesos el acercamiento entre Gobierno y oposición prosiguió: se disolvió el Movimiento Nacional y se legalizaron muchos partidos políticos, incluido el PCE (Partido Comunista de España), con la oposición de algunos sectores del Ejército, como el ministro de Marina, Pita da Veiga, que presentó su dimisión. Todo ello permitió la confluencia entre los sectores del Régimen partidarios de la reforma y las principales fuerzas de la oposición (socialistas y comunistas) que renunciaron —no sin conflictos internos— a la ruptura democrática tal y como habían defendido durante décadas. En esa situación se abrió paso lo que se conoce históricamente como Transición, es decir, el paso de un régimen dictatorial a un sistema político de libertades democráticas, sin que mediara una ruptura política con el régimen anterior.

En junio de 1977 se celebraron las primeras elecciones en las que pudieron concurrir la mayoría de los partidos de la oposición. El rey se reservaba la designación de 41 senadores (uno muy famoso fue el escritor Camilo José Cela). Algunos partidos de la izquierda radical, no legalizados todavía (PT, ORT, MC, LCR, etc.), tuvieron que presentarse bajo otras siglas. El partido más votado a nivel nacional —tras un conflictivo y largo recuento que duró dos días— fue la Unión de Centro Democrático (UCD), encabezada por Adolfo Suárez que obtuvo el 34,6% de los votos y 166 diputados, no alcanzando la mayoría absoluta; el segundo fue el PSOE liderado por Felipe González, con un 29,3% de los votos y 118 diputados; El PCE dirigido por Santiago Carrillo fue la tercera fuerza con un 9,4% de los votos y 20 diputados; Alianza Popular, encabezada por Manuel Fraga y que reunía a diferentes ex ministros del Franquismo quedó en cuarta posición con un 8,8% de votos y 16 diputados; los catalanistas que luego dieron lugar a CiU y el PNV obtuvieron respectivamente 11 y 8 diputados. UCD tuvo que pactar con otras formaciones políticas para poder formar gobierno. Pero ante el deterioro de la situación económica y social que podía poner en peligro la estabilidad del proceso de Transición, gobierno y partidos de oposición, con el posterior acuerdo de sindicatos —con algunas importantes discrepancias internas— y organizaciones empresariales, suscribieron en octubre de 1977 los Pactos de la Moncloa, cuyos objetivos más inmediatos se podrían resumir esquemáticamente en los siguientes puntos:

• Tratar de frenar la espiral de precios y salarios, ante el potente movimiento huelguístico que se extendía por todo el país.
• Contener el déficit público mediante la creación de nuevas figuras tributarias que aportaran ingresos al Estado, como el impuesto sobre el patrimonio y el IRPF.
• Reformar y ampliar el sistema de Seguridad Social, creando las prestaciones por desempleo ante el grave crecimiento del paro.
• También implicó un acuerdo político para impulsar una Constitución consensuada entre las fuerzas políticas con mayor representación en las Cortes.

A lo largo de 1978, las Cortes elaboraron una Constitución que fue consensuada entre las principales fuerzas políticas, exceptuando al PNV (Partido Nacionalista Vasco) y a otros pequeños grupos nacionalistas e independentistas, y sería ratificada en referéndum el 6 de diciembre de 1978, si bien en el País Vasco acudió a votar menos del 50% del censo como consecuencia del llamamiento del PNV a la abstención, y entre los que acudieron a votar, casi una cuarta parte lo hicieron en contra siguiendo el llamamiento al voto no de las organizaciones de la izquierda abertzale.

El movimiento obrero en la encrucijada: «ocupar» o liquidar el Sindicato Vertical

La dura represión que el Régimen emprendió a partir del año 1967 acabó debilitando al movimiento sindical que había emergido con fuerza y había logrado ganar a las fuerzas del Régimen en su propio terreno, en las elecciones sindicales de 1966. Como en anteriores momentos, una vez más, Asturias y el País Vasco serían fundamentales en esta nueva etapa del movimiento obrero. En 1969 y 1970 se iba a desarrollar un importante movimiento huelguístico en la minería asturiana. Para hacer frente a la represión y organizar la solidaridad, tras algunos desacuerdos iniciales, UGT y CCOO llamaron conjuntamente a una manifestación en Gijón, lo que representaba un primer hito de colaboración de las dos organizaciones de mayor implantación en el movimiento obrero asturiano: una de influencia socialista (UGT) y la otra bajo la influencia creciente del Partido Comunista (CCOO). Esta colaboración de las dos organizaciones obreras se extendió a las movilizaciones contra los Juicios de Burgos a lo largo de 1970, cuyo epicentro sería el País Vasco y Navarra, pero que también concitaría el apoyo y la solidaridad del movimiento obrero en Cataluña. En Madrid la movilización tuvo un mayor seguimiento en la Universidad que en las fábricas.

En este conflictivo contexto, la dictadura convocó de nuevo elecciones sindicales en 1971. Pero ahora, a diferencia de 1966, se iba a producir un mayor sentimiento de rechazo y muchas organizaciones del movimiento obrero acabarían llamando al boicot, y no solo las centrales sindicales clásicas: UGT, CNT y ELA-STV, sino también la mayoría de las nuevas organizaciones sindicales y políticas del movimiento obrero como USO, MC (Movimiento Comunista, entonces Komunistak, constituido a partir de militantes del Frente Obrero de ETA, en desacuerdo con los atentados con víctimas mortales), LCR (Liga Comunista Revolucionaria, de orientación trotskista), ORT (Organización Revolucionaria de los Trabajadores, de tendencia maoísta), etc. Sin embargo, el PCE, que ya dirigía claramente CCOO, se decantaría por participar. Y todo ello en una situación en la que desde el verano de 1970 el Régimen volvía a dar señales de querer intensificar la represión y no permitir la agitación de los grupos que pedían el boicot a las elecciones. Incluso CCOO del Metal en Madrid, dispuesta a participar, sufriría los golpes represivos, acabando casi desarticulada. Finalmente, las elecciones se desarrollarían con un importante nivel de abstención en Asturias y el País Vasco, mientras que la participación sería mayor en Madrid y Barcelona. En cualquier caso, la penetración de la oposición en el seno del Vertical sería mucho menor que en 1966.

Sin embargo, tras las elecciones de 1971 y bajo el movimiento que se desarrolló de rechazo al procesamiento de varios dirigentes de CCOO en el llamado Juicio 1001 (1972), organizaciones como MC, LCR y ORT que habían impulsado junto con UGT los comités de fábrica a favor del boicot, pasaron a integrarse en CCOO. En Euskadi, donde estas nuevas organizaciones de izquierda radical tenían mayor presencia se desató en los primeros meses de 1973 un fuerte movimiento huelguístico iniciado en los astilleros de Euskalduna que rápidamente se extendió por otras grandes fábricas de la Margen Izquierda: La Naval, General Eléctrica y Babkok Wilcox, en donde se desarrollaron asambleas que exigieron la dimisión de los enlaces y jurados de empresa del Sindicato Vertical. La menor participación electoral en las elecciones sindicales de 1971, la represión desencadenada contra los enlaces más combativos, el procesamiento de los dirigentes de CCOO en el Juicio 1001, y finalmente el potente movimiento de asambleas que se desarrolló entre los años 1973 y 1974 pidiendo la dimisión de enlaces y jurados, hundirían al Vertical en un desprestigio total que lo dejaron herido de muerte.

Tras la represión desatada desde finales de los 60, en las elecciones sindicales oficiales de 1971 se produjo un amplio movimiento por el boicot que fue especialmente intenso en Asturias y el País Vasco.

Ante las últimas elecciones al Sindicato Vertical en 1975, la situación de crisis final que atravesaba ya el Régimen le haría muy difícil desplegar una línea represiva como la de finales de los 60 y primeros años de los 70. La dictadura iba a intentar competir con los grupos de oposición desplegando sus propios agitadores por las empresas para intentar arrancar votos, infiltrándose en las células izquierdistas. Pero en esta ocasión, entre las fuerzas de oposición, primará la línea de participación antes que la de boicot, que defenderán prácticamente en solitario UGT y CNT, ya que otros grupos de la izquierda radical como el PCE (i) (Partido Comunista de España Internacional que en 1975 pasaría a denominarse PTE, Partido del Trabajo de España, de tendencia maoísta), ORT, MC y LCR se orientarían por la participación. El PCE-PSUC se plantearía abiertamente la «ocupación» del Vertical («con los ascensores funcionando» llegó a decir Marcelino Camacho, líder de CCOO) para potenciar a partir de ahí un sindicato unitario y plantearse incluso hasta la disolución de CCOO si conseguía ese objetivo de copar el Vertical. También se orientarían por la participación organizaciones sindicales como USO, ELA-STV y SOC (Sindicato Obrero de Cataluña). El rechazo de UGT, además de seguir una línea ya histórica, estaría también muy influido por la reciente experiencia de Portugal, donde tras la Revolución del 25 de abril de 1974, el Partido Comunista Portugués (PCP) había copado el Vertical y desde esa posición logró imponer un modelo sindical nuevo y, en la práctica, único, la Intersindical.

Tan solo unos años después, el desaparecido diario Informaciones, realizaba la siguiente crónica sobre aquellas últimas elecciones al Vertical:

«Dos características principales tuvieron estas elecciones. La primera, el ánimo de algunas centrales, entonces ilegales, por copar los máximos puestos posibles dentro de la estructura sindical existente. La segunda (…) fue la gran afluencia a las urnas. En aquella ocasión, las candidaturas enfrentadas fueron la unitaria y democrática y la oficialista. El resultado fue elocuente. La primera de ellas, considerada como rupturista, se apuntó alrededor del 30 por 100 de los puestos a cubrir, frente a otro 30 por 100 obtenido por los reformistas y el 20 por 100 de los inmovilistas e Independientes. La candidatura democrática estaba integrada en su mayoría por miembros de la Unión Sindical Obrera (U.S.O.) y Comisiones Obreras (CC.OO.), apoyada en aquella ocasión por el Partido Comunista de España, el Partido del Trabajo y Organización Revolucionaria de Trabajadores. (…) Por su parte, la Unión General de Trabajadores (U.G.T.) optó por boicotear, a nivel general, estas elecciones, aunque en algunos sectores se integrara en las candidaturas unitarias».

Cabe señalar que ese 30% de los delegados de las candidaturas unitarias y democráticas se concentraba sobre todo en las grandes empresas, lo que representaba de facto un peso infinitamente mayor.

Tras la muerte de Franco en noviembre de 1975, el Gobierno de Arias Navarro tuvo que hacer frente en enero de 1976 a uno de los movimientos huelguísticos más importantes que había habido hasta la fecha. Madrid contabilizó cientos de miles de trabajadores en huelga de todos los sectores contra la política de contención salarial del Gobierno. Durante los meses siguientes, la movilización obrera sacudió toda España: Barcelona, Bilbao, Valencia, etc. En Vitoria el movimiento huelguístico adquirió un carácter prácticamente insurreccional y la represión fue especialmente violenta (la «Policía Armada» disolvió una asamblea que se celebraba dentro de la Iglesia de San Francisco con gases lacrimógenos y disparó contra la multitud, con un saldo de cinco personas muertas y más de ciento cincuenta heridas).

Europa vivía una crisis económica cuyo impacto más llamativo fue el ascenso de los precios del petróleo tras la Guerra del Yom Kipur. La inflación y el descenso de la actividad económica sacudieron a los países que habían recibido la emigración española, e iniciaron una reconversión con despidos multitudinarios y cierre de empresas. Esto produjo el regreso masivo de emigrantes españoles, y provocó un aumento del desempleo que desestabilizó aún más el final del Franquismo y el proceso de Transición. Tomar medidas drásticas, siguiendo el modelo europeo, habría podido ocasionar una rebelión popular, en un contexto político sumamente frágil. La reconversión industrial llegaría en los años 80 durante los gobiernos del PSOE.

En el terreno laboral, las medidas tomadas tras la muerte de Franco pretendieron adaptarse a la presión social sin poner en riesgo el «statu quo» socioeconómico del Franquismo. José Solís Ruiz («la sonrisa del Régimen») que era un viejo conocido del movimiento sindical ya que había sido Delegado nacional de Sindicatos de 1951 a 1969 —cargo que compatibilizó desde 1957 con el de ministro secretario general del Movimiento—, fue nombrado ministro de Trabajo (de diciembre de 1975 a julio de 1976) en el Gobierno Arias Navarro, ya con Juan Carlos como Jefe de Estado. En ese mismo gobierno, Rodolfo Martín Villa, que había llegado a ser jefe del desaparecido SEU y más tarde secretario general de la Organización Sindical, pasó a ocupar el cargo de ministro de Relaciones Sindicales, desde donde dirigía el Vertical. De la mano de estos dos ministros, el gobierno Arias Navarro presentó un proyecto de «Ley de Reforma Sindical» que pretendía asegurar la continuidad de la Organización Sindical del Régimen aunque reformada, en un ejercicio poco sutil de «gattopardismo» («que todo cambie para que todo siga igual»).

Para que esta vía de reforma del Sindicato Vertical pudiera tener algún tipo de viabilidad era fundamental el concurso de la organización que históricamente había defendido de forma sistemática el boicot al Vertical, la UGT. Pero UGT, aún en la ilegalidad, rechazó por completo esa vía y con el respaldo de responsables sindicales internacionales, forzó —y el Gobierno toleró bajo la cobertura de unas «jornadas de estudios sindicales»— la realización de su XXX Congreso en el madrileño barrio de Cuatro Caminos, entre los días 15 y 18 de abril de 1976. En su discurso de apertura, el entonces secretario general Nicolás Redondo defendió la ruptura política y sindical con el Gobierno, el primero de la monarquía, presidido por Arias Navarro. La línea política de la reforma sindical del Régimen quedaba herida de muerte. De hecho, CCOO, que hasta entonces se había orientado por la vía de la ocupación del aparato del Vertical y su transformación en un sindicato unitario al modo portugués (Intersindical), decidió en una Asamblea celebrada el 11 de julio de 1976 en Barcelona—tras ver prohibida por el Gobierno Arias la que estaba previsto celebrar en Madrid a finales de junio— constituirse en Confederación Sindical de CCOO, lo que provocó la escisión de algunos pequeños grupos de tendencia maoísta, como el PTE y la ORT, disconformes con este giro, aunque finalmente constituyeron sus propias organizaciones sindicales, la Confederación Sindical Unitaria de Trabajadores (CSUT) y el Sindicato Unitario (SU), respectivamente.

Todavía bajo el primer gobierno de Suárez designado por Juan Carlos en sustitución de Arias Navarro, el nuevo ministro de Relaciones Sindicales, Enrique de la Mata Gorostizaga (de julio de 1976 a julio de 1977) manifestaba a la prensa su «total adhesión a la reforma sindical emprendida por el anterior ministro, Rodolfo Martín Villa» y añadía que iba a tratar de que «el sindicalismo deje de convertir en ilegales a grupos que hoy están situados fuera de la legalidad sindical». Ante este marco todavía ambiguo de cara a la legalización de las organizaciones obreras de la oposición, el 23 de julio de 1976, UGT, Comisiones Obreras y USO constituyeron la Coordinadora de Organizaciones Sindicales (COS) que convocó un importante paro general el 12 de noviembre de ese año contra las medidas económicas aprobadas por el gobierno Suárez en el que participaron varios millones de trabajadores. Sin duda fue la mayor movilización obrera en cuarenta años, y aunque no tenía un carácter directamente político, se realizaba en el mismo momento en el que el gobierno Suárez ponía en marcha la Ley de Reforma Política que la oposición veía con reticencias. Pero al cabo de unos meses UGT abandonó esta coordinadora por motivos que el sindicato socialista explicaba de esta manera: «La propuesta concreta de la UGT (…), se centraba en la dimisión de los cargos oficiales del verticalismo. La UGT también consideraba que el llamamiento debería ser hecho por el mayor número posible de centrales sindicales del Estado y de las nacionalidades en sus respectivos ámbitos. Ninguna de las dos condiciones fue aceptada por USO y CCOO» Por su parte Nicolás Sartorius de CCOO y Manuel Zaguirre de USO planteaban: «no abandonaremos posiciones conquistadas hasta que no consigamos otras mejores».

Pero en 1977 las principales centrales sindicales, aunque todavía ilegales, ya actuaban abiertamente y el Gobierno no tenía más remedio que tolerarlas. En un trabajo de campo realizado años después, un dirigente sindical del metal de CCOO, trabajador en Standard, nos explicaba magistralmente la situación en aquellos años de ilegalidad, aunque tolerada:

«La idea que tenía la propia policía política del Régimen era pues lo que nos planteaba un compañero nuestro: os veíamos, sí os veíamos que ibais a la reunión, pero claro si cogemos a Fidel Alonso Plaza, que era de CASA, le pillamos y joder, CASA para; y si detenemos al Lupión de PEGASO, para PEGASO; y si detenemos al Piñedo… para Standard, claro… Es decir, debatían y el tío lo decía así. El tío nos lo decía en el sentido de que sabían dónde nos reuníamos, dónde estábamos, pero lo que temían era la reacción».

Manuel Valbuena.

Mientras tanto en las Cortes franquistas se discutía un Decreto-Ley de Relaciones Sindicales, que se aprobó el 30 de marzo, por el que se reconocía la libertad de asociación sindical y el 28 de abril se legalizaba a los sindicatos UGT, CC.OO. y USO, aunque eso no impidió que el gobierno de Adolfo Suárez prohibiera las manifestaciones del 1 de mayo de ese año, en las que resultaron heridos numerosos trabajadores por las cargas policiales. El 15 de junio, coincidiendo con las primeras elecciones de la Ley de Reforma Política, se derogó el pago obligatorio de la cuota sindical al Vertical. En el mundo sindical, a diferencia del político, no había habido reforma de las instituciones del Franquismo. Se había producido la ruptura total con el Sindicato Vertical y la plena libertad de organización sindical de los trabajadores, aunque a partir de ese momento se abría la lucha por el pleno reconocimiento de su actividad en los centros de trabajo.

La discusión en el seno del movimiento obrero se iba a trasladar al papel que respectivamente deberían desempeñar en las empresas las secciones sindicales y los comités de empresa e intercentros que se formaran tras las elecciones sindicales. UGT defendía dar mayor papel a las secciones sindicales para las negociaciones con la patronal y trató de buscar, allí donde pudo, el reconocimiento por las empresas como interlocutor para la negociación de las condiciones laborales; por su parte CCOO y USO se inclinaban por dar mayor protagonismo a los comités de empresa e intercentros, pues pensaban que así, gracias a su experiencia en anteriores procesos electorales en el Sindicato Vertical, tendrían ventaja sobre UGT. CNT, en su línea tradicional, defendía el boicot a las elecciones sindicales.

En las primeras elecciones sindicales celebradas en enero de 1978 tras la disolución del Sindicato Vertical, que tuvieron lugar en más de 70.000 empresas afectando a unos cuatro millones trabajadores, CCOO se impuso como primera fuerza sindical con un 34,5% de votos y 66.500 delegados, aunque UGT emergió como segunda fuerza desplazando por completo a USO y otros sindicatos minoritarios (CSUT, SU, etc.) con un 21% de votos y 42.000 delegados. Durante un período se temió que la UCD de Suárez pudiera intentar apoyar la constitución de una tercera fuerza sindical a partir de USO y de delegados independientes procedentes de los antiguos enlaces y jurados del Vertical, pero los resultados de las elecciones sindicales de 1978 daban una mayoría absoluta clara a los sindicatos de clase, lo que tuvo como consecuencia la ruptura de USO y la integración de un sector liderado por su secretario general José María Zufiaur en UGT y posteriormente otro en CCOO, quedando USO como una organización sindical minoritaria.

En los años siguientes, la confrontación entre CCOO y UGT por la hegemonía sindical fue bastante intensa. La política de contención salarial suscrita en los Pactos de la Moncloa (octubre de 1977) que se aplicó durante el año 1978, así como acuerdos posteriores que UGT suscribió con la patronal CEOE (Acuerdo Básico Interconfederal o ABI en 1979 y Acuerdo Marco Interconfederal o AMI en 1980), no apoyados por CCOO que defendía que el gobierno Suárez debería estar también presente en la negociación, llevaron a una caída de la afiliación y a un debilitamiento sindical, acentuado por el trasvase de muchos cuadros sindicales a la política nacional, regional y municipal. Todo ello iba a hacer a los sindicatos cada vez más dependientes de los resultados electorales para mantener sus estructuras de «liberados» (permanentes) y más adelante para acceder a las subvenciones del Estado y poder compensar la caída de afiliación. Esta debilidad sindical relativa era la «última huella» que el régimen franquista iba a proyectar sobre el movimiento obrero. En este contexto, en las segundas elecciones sindicales celebradas en 1980, UGT estuvo a punto casi de igualar a CCOO, con 29,3% de votos frente a 30,9% de CCOO, sumando entre los dos más del 60% del total de votos y delegados tras la desaparición o debilitamiento de otras opciones sindicales, salvo en el País Vasco y Galicia donde se asentó una importante presencia de sindicatos nacionalistas: ELA-STV e Intersindical Nacional dos Traballadores Galegos (INTG, en la actualidad Confederación Intersindical Galega, CIG).

La dificultad para constituir un Sindicato Democrático de Estudiantes en el final del Franquismo

La represión desatada por el Régimen con el estado de excepción de 1969 había llegado prácticamente a desarticular al Sindicato Democrático de Estudiantes, surgido en diferentes universidades del país. Podemos hablar de un cierto reflujo del movimiento estudiantil en paralelo al que se había producido en el movimiento obrero como consecuencia de la represión.

Sin embargo, durante el año siguiente, al calor de las movilizaciones de diciembre contra el Juicio de Burgos del País Vasco y Navarra, extendidas a Cataluña, se iba a producir una reactivación generalizada del movimiento estudiantil con asambleas masivas y manifestaciones por la amnistía y contra las penas de muerte solicitadas para varios encausados en dicho juicio. En varias universidades las autoridades académicas adelantaron el comienzo de las vacaciones navideñas al día 14 de diciembre y el día 15 el Gobierno establecía el estado de excepción en todo el país por seis meses. Tras las navidades coincidieron las movilizaciones estudiantiles contra la presencia de la policía, con las de los Profesores No Numerarios (PNNs) por sus reivindicaciones laborales.

En el siguiente curso, 1971-1972, surgirían todo tipo de conflictos como consecuencia de la nueva Ley de Educación aprobada en 1970 por el ministro de Educación Villar-Palasí, y más en particular contra la reforma de los Planes de Estudio en las Facultades de Medicina. Los estudiantes, ante la inexistencia de una organización estable de tipo sindical desde la desaparición del Sindicato Democrático de Estudiantes, constituirán Coordinadoras de Estudiantes para canalizar sus reivindicaciones. La intervención represiva de la policía suscitaría la solidaridad con los estudiantes de Medicina de otras Facultades y de los médicos de los hospitales universitarios. Una Reunión General de Universidades (RGU) con representantes de toda España llamaba a una huelga general en la Universidad para el 8 de marzo de 1972, pero este tipo de organismos representativos tenían un período de vida efímero, al no haber una organización estable de carácter estudiantil, difícil de estructurar por la gran división existente en el seno de la Universidad entre las diversas organizaciones políticas presentes, desde la Organización Universitaria del PCE, la de mayor implantación, hasta otras organizaciones con cierta presencia tales como la LCR, formada a partir de antiguos miembros del FLP, o el FRAP que había intentado recomponer la FUDE pero sin más apoyos que los de sus simpatizantes, la ORT, el Partido Comunista de España Internacional (PCE (i), luego Partido del Trabajo), el Movimiento Comunista (MC), o las Juventudes Socialistas.

En el curso 1972-1973 la puesta en marcha de una nueva legislación de excepción que suprimía de facto los Estatutos de las Universidades llevó a la dimisión de algunos rectores, como el de la Complutense y el de la Autónoma de Madrid. Pero ese curso, a diferencia de los anteriores, estuvo marcado por la baja conflictividad estudiantil, que sin embargo iba a resurgir con fuerza en los cursos siguientes, coincidiendo con el final del Franquismo. El año académico de 1973-1974 coincidió con el momento álgido del Juicio 1001, pero el atentado mortal contra Carrero Blanco en diciembre de 1973 paralizó temporalmente las movilizaciones previstas. En 1974 la ejecución por garrote vil de Salvador Puig Antich volvió a ser un poderoso catalizador de la protesta estudiantil, mediante la realización de asambleas y manifestaciones contra la pena de muerte. El «espíritu del 12 de febrero» invocado por Arias Navarro al sustituir a Carrero Blanco al frente del Gobierno quedaba en papel mojado con la represión desplegada en todo el país y la dura intervención policial contra los estudiantes. La reactivación del movimiento estudiantil producida en 1974 llevó a la convocatoria de una nueva Reunión General de Universidades (RGU) que aprobó una plataforma contra la Ley General de Educación y las medidas que la acompañaban, en la que se planteaba el rechazo de la selectividad, la exigencia de autonomía y democracia en la Universidad, la retirada de la policía, y la defensa de la amnistía y las libertades democráticas…

En el curso 1974-1975 el Régimen implementó un sistema de participación estudiantil en los órganos de gobierno de la Universidad a través de la elección de representantes que generaría un debate similar al desarrollado en el movimiento obrero sobre si participar o no en la convocatoria. A favor se manifestaría la Organización Universitaria del PCE, en contra las Juventudes Socialistas de España. El resto de las organizaciones siguieron una pauta similar al movimiento obrero: el PTE y el MC, aunque con una posición crítica, también se orientaron a favor de participar. No así la FUDE y el FRAP que se posicionaron en contra. Tras la realización de las elecciones, sin embargo, las plataformas ilegales de representación, como la RGU, las Coordinadoras o los Comités de Curso, siguieron existiendo, y, de hecho, continuaron siendo la base del movimiento estudiantil, en tanto que la actuación de los delegados «legales» se vio seriamente dificultada por la actuación represiva del Régimen. El mayor problema con el que se encontró el movimiento estudiantil en esta época fue la dificultad para poder estructurar una organización permanente de estudiantes, como la que se levantó en el final de los años 20 contra la dictadura de Primo de Rivera, la Federación Universitaria y Escolar (FUE) o como la que se constituyó en los años 60 contra el Franquismo, el Sindicato Democrático de Estudiantes en diferentes universidades, pero que desapareció prácticamente tras la oleada represiva de finales de los 60.

El curso 1975-1976 comenzó con la noticia del fusilamiento de los dos militantes de ETA y los tres del FRAP, lo que levantaría una nueva oleada de indignación y movilización contra el Régimen. Durante ese curso, algunas organizaciones como el PTE y su grupo juvenil, la Joven Guardia Roja (JGR), intentaron reactivar el Sindicato Democrático de Estudiantes desaparecido a finales de los 60. El PCE, que era la organización con mayor implantación, no lo apoyó porque centraba su acción en la utilización de las elecciones oficiales de representantes estudiantiles a los órganos de gobierno, pero otros que se posicionaban por el boicot, tal y como hemos señalado antes: Juventudes Socialistas, FUDE-FRAP, etc., tampoco lo apoyaron. Tras la muerte de Franco, la Universidad siguió siendo un foco de lucha a favor de la amnistía y las libertades democráticas, pero también de movilización reivindicativa como la que llevaron los estudiantes contra un decreto que limitaba la permanencia en la Universidad o la que llevó a los PNNs a protagonizar una dura huelga que se prolongó durante buena parte de ese curso. En el mes de mayo de 1976, organizado por las asociaciones y colectivos estudiantiles, se celebró en el Campus de la Autónoma de Madrid un gran festival de música que reunió a varias decenas de miles de estudiantes, el Festival de Pueblos Ibéricos, que fue el nombre que le dieron los organizadores. Constituyó todo un hito en aquellos momentos. Participaron conocidos cantautores como Luis Pastor, Enrique Morente, Mikel Laboa, Víctor Manuel y Raimon. Los asistentes hacían ondear las banderas de Euskadi, Cataluña, Galicia, Castilla comunera, Andalucía, etc., y de diversos partidos políticos, gritando «amnistía y libertad» y llevando claveles rojos en las manos en homenaje a la Revolución de los Claveles de Portugal que había derrocado a la dictadura en aquel país.

Sin embargo, durante el curso 1976-77 el movimiento estudiantil fue perdiendo parte del protagonismo de los años anteriores. La situación política, marcada por la formación del gobierno de Suárez y el comienzo de la reforma política del Régimen, llevó a buena parte de las organizaciones políticas de la oposición a centrarse en la nueva perspectiva que se abría con la celebración de elecciones generales en junio de 1977. De hecho, el conflicto más importante de este curso no lo protagonizaron los estudiantes, sino los PNNs por sus reivindicaciones de estabilidad y dignidad retributiva, que organizaron una dura huelga que se prolongó durante buena parte de ese curso. El movimiento estudiantil retomaría su impulso movilizador en el curso 1979-80, ya al calor de la huelga general universitaria en contra de la Ley de Autonomía Universitaria del gobierno de UCD. Como consecuencia de las movilizaciones se produjo la muerte de dos estudiantes (Emilio y José Luis) por disparos de la policía en la calle Embajadores de Madrid y de una dirigente estudiantil de la Coordinadora de Enseñanza Media, Yolanda González, asesinada por militantes de la extrema derecha tras ser secuestrada.

A modo de conclusión

Como reflexión final de los dos artículos publicados remarcaremos los aspectos siguientes:

• Desde los años 50, el movimiento obrero y el movimiento estudiantil conformaron las dos principales fuerzas de oposición al régimen franquista. La lucha contra las estructuras estatales de encuadramiento obligatorio: Sindicato Vertical en el movimiento obrero y SEU en la Universidad, y la manera de actuar frente a ellas, sería objeto de debate el seno de ambos movimientos. El movimiento estudiantil, opuesto frontalmente al sindicato falangista de carácter obligatorio (SEU) logró que el Régimen se viera obligado a disolverlo ya en los años 60, siendo además capaz de levantar durante un corto período de tiempo un Sindicato Democrático de Estudiantes Universitarios como una organización de masas ampliamente respaldada por los universitarios, pero la represión desplegada a finales de los 60 logró prácticamente desmantelar esta incipiente organización estudiantil y ya no pudo, por diferentes avatares, volver a constituirse una organización sindical estable y democrática de amplio respaldo universitario.
• En el seno del movimiento obrero, cada vez que el Régimen convocaba las elecciones oficiales al Sindicato Vertical, se daba la discusión de si participar o boicotear dichas elecciones oficiales. En los años 40 y 50, la hipotética participación se solía plantear como un mero mecanismo de supervivencia ante la represión, para preservar a los militantes que actuaban en la clandestinidad. Pero desde finales de los años 50, con la promulgación de la Ley de Convenios Colectivos y la puesta en marcha de la nueva política de apertura económica internacional (Plan de Estabilización) la situación fue cambiando y el debate tendía a situarse más en referencia a cómo combinar la utilización de los medios legales del Vertical y los medios ilegales propios de la acción obrera independiente: comisiones obreras de trabajadores y su coordinación, convocatoria de huelgas y movilizaciones, extensión de la solidaridad, etc. Las experiencias acumuladas en las luchas de la minería asturiana y la siderurgia vizcaína fueron decisivas.
• Según los contextos políticos hubo momentos en los que prevaleció claramente la línea de participación: 1966 y 1975, pero hubo otros en los que la línea de rechazo arrastró a buena parte de las fuerzas de oposición, como en 1971, al realizarse las elecciones en un marco de gran represión. El Sindicato Vertical se mantuvo hasta los momentos finales del Régimen desde donde se intentó también poner en marcha una reforma sindical en paralelo a la reforma política, pero finalmente fracasó. El Vertical fue liquidado y las organizaciones sindicales: UGT, CCOO, USO, CNT, ELA-STV y otras más minoritarias pudieron desarrollarse plenamente tras la libertad sindical alcanzada. Podríamos decir a modo de resumen que, así como la Transición significó en el plano político la reforma del Régimen hasta alcanzar un sistema de libertades democráticas, en el plano sindical se produjo una verdadera ruptura que llevó a la liquidación del Sindicato Vertical para dar paso a la plena libertad sindical. En el seno del movimiento obrero, la discusión se trasladó al papel que deberían tener en las empresas las secciones sindicales (mayor peso para UGT) o los comités de empresa e intercentros (mayor relevancia para CCOO y USO).
• Frente a la idea a veces difundida de que el Franquismo cayó gracias a la presión europea e internacional o como consecuencia del interés del capital por buscar una inserción económica internacional de nuestro país, no se puede olvidar que lo decisivo fue la presión en la calle y el movimiento huelguístico, protagonizado por los trabajadores, los estudiantes y los sectores populares en general. Gracias a esta presión popular que supuso enormes costes personales y familiares para los que se tuvieron que enfrentar a la cruel represión del Régimen, pudimos conquistar y podemos disfrutar hoy de un marco de libertades democráticas que tenemos que seguir defendiendo. Siempre deberíamos tenerlo presente para poder honrar, como se merecen, a aquellas personas luchadoras, unas anónimas, otras conocidas, que entregaron su vida, y algunas la siguen entregando, por la libertad y la justicia social.  

Para saber más

—Abdón Mateos (1987). Movimiento sindical y lucha obrera bajo el franquismo. Revista El Proyecto, nº 1. Barcelona: Universidad Sindical.

—Abdón Mateos (2019). Transición y consolidación democráticas, 1975-1982, en Historia Contemporánea de España desde 1923. Dictadura y democracia. Madrid: Ed. Ramón Areces-UNED.

—Álvaro Soto Carmona (1995). Auge y caída de la Organización Sindical Española. Espacio, Tiempo y Forma, Serie Hª Contemporánea, t.8, Madrid: UNED.

—José María Marín Arce (1996). La Coordinadora de Organizaciones Sindicales (COS): una experiencia de unidad de acción sindical durante la transición. Espacio, Tiempo y Forma, Serie Hª Contemporánea, t.9, Madrid: UNED.

—Francisco Gago Vaquero (2013). El cincopuntismo durante los años sesenta y setenta. Tiempo y sociedad. Revista On-line.

—Javiera Errázuriz Tagle (2013). Movimiento estudiantil en el tránsito de dictadura a democracia. Madrid (1969-1980) y Santiago de Chile (1986-1997) en perspectiva comparada. Tesis doctoral. Madrid: UAM & Universidad Católica de Chile.

—Julio Antonio García Alcalá (1997). Un modelo en la oposición al franquismo. Las organizaciones frente (FLP-FOC-ESBA). Tesis Doctoral. Facultad Geografía e Historia. UCM.

—Alfredo López Serrano (1993). La actividad sindical en el franquismo (1939-1975). En David Ruiz y José Babiano (1993). Los trabajadores de la construcción en el Madrid del siglo XX. Madrid: Akal/Fundación 1º de mayo.

—Rubén Vega García (2011). La reconstrucción del sindicalismo en democracia, 1976-1994. Historia de la UGT. Volumen 6. Madrid: Siglo XXI.

Jesús de Blas Ortega

Doctor en Ciencias Económicas y profesor de Secundaria de Geografía e Historia.

Alfredo López Serrano

Doctor en Historia por la UCM y profesor de Enseñanza Secundaria de Geografía e Historia. Entre 2003 y 2017 ha sido Profesor Asociado en la Universidad Carlos III de Madrid. Es Presidente de la Federación Española del Profesorado de Historia y Geografía FEPHG y miembro del Movimiento Cooperativo de Escuela Popular MCEP.