España ante su pasado: entre la reforma, la ruptura y las continuidades

Es de sobra conocido que tras la muerte de Franco se edificó en España una única memoria de Estado, lo que se ha definido como la «buena memoria», basada sobre todo en una serie de renuncias ideológicas. Así, por ejemplo, el Partido Comunista de España renunció al marxismo-leninismo, y el Partido Socialista Obrero Español a Marx. También se obvió el debate sobre monarquía o república. Los dirigentes políticos de la izquierda mayoritaria (PSOE y, en menor medida, PCE) comenzaron a ver con malos ojos la utilización de la bandera republicana, y el PCE aceptó que, junto a la bandera comunista, la bandera rojigualda fuera el único emblema oficial que debía presidir sus actos. Santiago Carrillo argumentaba esta posición, reflexionando sobre su posición frente al restablecimiento de la monarquía en España. He aquí la noticia en la prensa del momento (El País, 16 de abril de 1977):

En lo sucesivo —recalcó el señor Carrillo— la bandera con los colores oficiales del Estado figurará al lado de la bandera del Partido Comunista. Siendo una parte de ese Estado, la bandera de este no puede ser monopolio de ninguna fracción política, y no podíamos abandonarla a los que quieren impedir, el paso pacífico a la democracia. El comité central recibió con grandes reservas la instauración de la Monarquía (…) Los hechos que estamos presenciando es que bajo el Gobierno de la Monarquía se avanza hacia las libertades democráticas entre ellas la legalización del Partido Comunista, aunque falten todavía otras medidas. Si la Monarquía continúa obrando de manera decidida para restablecer la democracia, en unas próximas Cortes nuestro partido podría considerar la Monarquía como el régimen constitucional democrático. Si no fuera así, no tendríamos ningún compromiso en ese sentido. Hemos defendido la República, y las ideas de nuestro partido son republicanas; pero hoy, la opción no es entre Monarquía o República, sino entre dictadura o democracia.

En estas declaraciones de Carrillo se pueden hallar algunas claves para comprender la dificultad de los temas relacionados con la memoria más reciente. Veamos por qué. A excepción de los partidarios de la extrema derecha, a nadie se le escapa la naturaleza dictatorial, autoritaria y tiránica del régimen establecido por Franco, fruto y consecuencia de la guerra civil. Onésimo Redondo, fundador de las JONS, defendía con ardor la necesidad de la violencia frente al adversario político:

 Ellos [«enemigos de España»] amenazan y ejecutan por el camino de la violencia. ¿La quieren? ¡Pues sea! La nuestra es justa y será santa, ya que se ejercita en servicio directo de España. La juventud, además, necesita el tónico de la lucha verdad, de la lucha física, sin la que toda energía creadora perece. La violencia nacional y juvenil es necesaria, es justa, es conveniente.

A su vez, la Iglesia Católica se posicionó, mayoritariamente, en favor de los sublevados, destacando el conflicto entre la civilización católica y la «barbarie de Moscú». El Cardenal Gomá creía que la guerra representaba el «choque entre las dos Españas, que mejor diríamos de las dos civilizaciones; la de Rusia, que no es más que una forma de barbarie, y la cristiana, de la que España había sido en siglos pasados honra y prez e invicta defensora».

Además, desde un primer momento el general Franco se posicionó de manera clara en favor de un nacionalismo español radical, basado en la identificación de Castilla con España. Así pues, al tomar posesión de la Jefatura del Estado, el día 4 octubre 1936, expresó:

Recibisteis nada más que pedazos de España. Os alzasteis en las distintas guarniciones desplegando la verdadera bandera de España encarnada en las tradiciones y en la espiritualidad del pueblo, la bandera de España de una raza que no quiere morir, que entrañaba igualmente la civilización occidental, atacada ahora, y en trance de desaparecer, por las hordas rojas de Moscú. Al levantaros contra aquello no defendíais sólo un espíritu castellano nacional, sino que resolvíais un problema de civilización, demandado por un espíritu castellano, un espíritu español que iba faltando ahora en España.

En este contexto de exaltación de la violencia, del odio hacia el otro, el general Mola afirmó:

Hay que sembrar el terror, hay que dejar sensación de dominio eliminando sin escrúpulos ni vacilación a todos los que no piensen como nosotros (…) serán pasados por las armas, en el trámite de juicio sumarísimo (…) cuantos se opongan al triunfo del expresado Movimiento salvador de España.

Así las cosas, la oposición antifranquista, en su inmensa mayoría, no estimó que su principal preocupación durante la Transición fuera el restablecimiento de la dignidad y la memoria de sus represaliados, que yacían (y muchos siguen haciéndolo) en las cunetas de las carreteras, sino el restablecimiento de un régimen democrático en el que, entre otras cuestiones, sus formaciones fueran legalizadas. A pesar de reconocer de manera nítida la frontera entre la violencia de uno y otro bando, y teniendo en cuenta que la guerra civil fue la consecuencia del fracaso del golpe de Estado, el historiador Ysàs apunta que la oposición antifranquista redobló sus esfuerzos para que la dictadura no continuara tras la muerte de Franco, a pesar (y este «a pesar» cobra hoy en día especial importancia) de que esa «ruptura pactada» comportara, entre otros aspectos, el restablecimiento de la monarquía y el mantenimiento de diversas estructuras de poder, que apenas se vieron alteradas. En suma, en palabras de Rodolfo Martín Villa, ministro de Gobernación durante la Transición declaró en 1983:

Por supuesto, me resistí a cualquier tipo de depuración que comunistas y socialistas pedían. Si les hubiese hecho caso, hoy no tendríamos Policía, ni Guardia Civil, ahora descubierta por el socialismo. No tendríamos la más mínima seguridad ni libertad. No tendríamos Estado.

Y sobre esta premisa fue configurándose una determinada concepción de la política. Mientras en diversos ámbitos se debatía entre reforma o ruptura, los poderes del Estado se reconfiguraban para consolidar la Transición. Mientras tanto, el PCE, principal partido de la oposición clandestina, optó por la vía de la reconciliación. En el mes de junio de 1956 el PCE, justo cuando se iba a cumplir el 20 aniversario del inicio de la guerra, se hizo público el documento «Por la Reconciliación Nacional. Por una solución democrática y pacífica del problema español». En síntesis, el PCE defendía que ya había nacido una nueva generación que no había protagonizado el conflicto armado, y que debía tomar fuerza un nuevo estado de espíritu que fuera favorable a la reconciliación entre los españoles, de manera que «no podemos, sin incurrir en tremenda responsabilidad ante España y ante el futuro, hacer pesar sobre esta generación las consecuencias de hechos en los que no tomó parte».

Años más tarde, Carrillo reflexionaría sobre lo que supuso esta apuesta por la reconciliación y la vía pacífica:

La «vía pacífica» no significaba que el Partido Comunista renunciase a poner término al régimen franquista; nunca nos resignamos a que Franco muriese ejerciendo de dictador, cosa a la que otras fuerzas sí se habían resignado. Vía pacífica suponía la renuncia a la lucha armada, tomando en cuenta el deseo de paz civil del pueblo español y la ineficacia del período de lucha guerrillera, a raíz de la segunda guerra mundial. Se trataba de encontrar otras formas de acción que pusieran fin al régimen sin una nueva sangría entre españoles.

Al historiador no le corresponde juzgar, sino tratar de comprender lo acontecido. Por lo tanto, es necesario situarse en la realidad sociológica de la sociedad española a inicios de la Transición. En enero de 1976 se realizó una encuesta en la que se preguntaba a los españoles sobre sus prioridades en lo político y social: destacaba el deseo de reforma, pero no de ruptura, algo comprensible por el recuerdo de la guerra, la represión y el cambio y modernidad de la sociedad española. He aquí algunos datos reveladores:

Así pues, el deseo de conformidad, de reformas básicas (paz, orden, tradición) sumaban 46%, mientras que los valores que podían representar una cierta disconformidad hacia el statu quo anterior (justicia, libertad, democracia) sumaban 40%. En definitiva, una parte importante de la sociedad española de ese momento prefirió la reforma a la ruptura. Esta realidad sociológica (fundamentada en gran parte en el «desarrollismo» del tardofranquismo) fue la que hizo posible que en España se pasase «de la ley a la ley», sin ruptura o juicios a los responsables del franquismo. El desarrollismo había permitido un mínimo desarrollo económico, pero no un sistema de libertades. Ese frágil bienestar económico, acaecido ya antes de la muerte de Franco, implicó, a la práctica, que los cambios económicos precedieran a los cambios políticos. Repetimos: no estamos realizando un juicio de valor, sino constatando unos datos que nos pueden ayudar a entender por qué las cosas fueron como fueron.

A efectos legislativos, la ley de amnistía (1977) vino a promulgar este estado de las cosas. Según la opinión del Manuel Fraga (El País, 12 de agosto de 2007), «aquí hubo una amnistía, y amnistía quiere decir no solamente mutuo perdón, sino mutuo olvido. Amnistía quiere decir amnesia, y eso, insisto, quiere decir olvidar, olvidar». Una concepción de la amnistía que benefició en gran medida al propio franquismo como sistema, y por eso ningún franquista ha sido juzgado por las leyes españolas.

Sin embargo, esta situación comenzó a cambiar a partir de la segunda década del siglo XXI, por motivos que ya hemos apuntado en el anterior artículo. Algunos españoles (sobre todo las generaciones que no vivieron esa época) han ido tomando conciencia de los «agujeros negros» de la Transición, sobre todo la violencia política de esos años. Autores como Sánchez Soler han radiografiado la violencia política en la Transición, ofreciendo unos datos reveladores: entre 1975 y 1983, 2663 víctimas por violencia política. De estos 2663, 591 muertos. De estos 591, 188 lo fueron por la violencia de origen institucional. Estos 188 forman parte de un total de 3173 muertos (homicidios, parricidios, etc.) entre 1975 y 1983. Los datos hablan por sí mismos. Y eso sin olvidar el terrorismo de ETA, que se cobró 830 víctimas.

Es desde este punto de vista que se enmarcan las diversas declaraciones de los distintos gobiernos españoles de esas décadas (1980-1990), resaltando el afán de olvido y de un (a veces) poco disimulado relativismo moral, en el cual se insistía en la equiparación entre los dos bandos (y sin hacer referencia, claro está, a los que no se sintieron plenamente identificados con uno u otro bando).

La situación parecía haber quedado resuelta, pero sobre todo porque ninguno de los bloques había conseguido doblegar completamente al otro. Francesc Marc Álvaro considera que en España se dieron cuatro factores que permitieron ese estado de las cosas, a saber: la constatación que ninguno de los dos bandos (republicano y franquista) podía imponer una salida unilateral, la creación de un lenguaje político presuntamente neutro, el miedo a una nueva guerra civil y, finalmente, el protagonismo de una nueva generación que no había vivido la guerra. La dinámica franquismo/antifranquismo ya no era la suya.

En este contexto, la declaración oficial del gobierno socialista español de 1986, en la conmemoración del 50 aniversario del inicio de la guerra, definió la dictadura como una «sociedad diferente». En palabras de Vinyes, se confundió al ciudadano sobre la línea ética que separa democracia y franquismo, democracia y dictadura, que es una frontera que a menudo el estado democrático no ha respetado, generando un particular modelo español de impunidad.

Ante tal panorama, autores de posiciones liberales y conservadoras han clamado repetidamente por «mirar hacia el futuro», para no insistir en las heridas del pasado. Tal sería, por ejemplo, la opinión de Ranzato: «pero salir de las trincheras es tomar nota de que aquella injusticia ya se ha consumado —aunque todavía son posibles algunas reparaciones— y que hoy es preciso distanciarse de todo aquel pasado para construir el futuro». Además, retoma la idea de la diversidad ideológica de los opositores al franquismo, que debería tenerse en cuenta para dilucidar las diferentes tipologías de represaliados por el régimen de Franco:

Pero no es cierto que la totalidad —y ni siquiera la mayor parte— de aquellos que sufrieron la represión franquista la hayan padecido por haber defendido los valores de la actual democracia. Decir esto es situarse en la misma óptica de Franco, que masacró sin distinciones a liberales, anarquistas y comunistas.

Así pues, siguiendo a Max Weber, en España se aplicó una «moral de la responsabilidad» (pragmatista y pactista) a nivel interno, y una «moral de la convicción» (combativa y rupturista) a nivel externo. Bajo este parámetro interpretativo, podemos entender que se haya indultado a los franquistas, pero se haya perseguido a Pinochet, por poner un ejemplo.

La guerra civil llegó a su fin en 1939. Franco murió en 1975. Quizás ha llegado ya el momento de constatar que en España no tuvo lugar una verdadera reconciliación. La prueba más evidente la tenemos en la permanente polémica que siguen suscitando estos temas. En España se optó, por los motivos que hemos tratado de analizar, por un «dejémoslo estar», provocado seguramente por un hartazgo sobre el tema. Cuando se produce una reconciliación, el vencedor trata de ponerse en el lugar del vencido, y el vencido perdona al vencedor. Se produce un intercambio. Eso, lamentablemente, no ha pasado en España. O no ha pasado entre la mayoría de los españoles. En el siguiente artículo trataremos de analizar cómo gestionar esta realidad en el momento actual.

La sección ‘Memoria y Reconciliación’ tratará sobre cuestiones relativas a la Memoria Histórica, la Historia de la Paz, la relevancia de los Derechos Humanos en la Historia y en la actualidad, y los retos de la Reconciliación.

Para saber más

—Álvaro, Francesc-Marc (2005). Els assassins de Franco, Barcelona: La esfera de los libros.

—Carrillo, Santiago (2008). Memorias, Barcelona: Planeta, 2008.

—Gomá, Isidro (1940). Por Dios y por España: Pastorales, instrucciones pastorales y artículos. Discursos, mensajes. Barcelona: Rafael Casulleras.

—Hernández, Abel (ed.) (1996). Adolfo Suárez: fue posible la concordia. Madrid: Espasa. Palabras de Franco. Bilbao: Editora Nacional, 1937.

—Ranzato, Gabriele (2006). El pasado de bronce: la herencia de la guerra civil en la España democrática, Barcelona: Destino.

—Sánchez Soler, Mariano (2010). La Transición sangrienta (1975-1983): una historia violenta del proceso democrático en España, Barcelona: Península.

—Ysàs, Pere (2009). «El antifranquismo y la democracia», en: Ricard Vinyes (ed.), El Estado y la memoria: gobiernos y ciudadanos frente a los traumas de la historia, Barcelona: RBA.

Xavier Baró Queralt

Profesor Adjunto de la Facultad de Humanidades de la Universitat Internacional de Catalunya.