Obreros y estudiantes contra el Franquismo: desde la posguerra hasta el desarrollismo

Los «grises» ante una manifestación estudiantil en la Complutense. 1968. Creador: Manuel P. Barriopedro, propiedad de EFE. Libre uso.
Nos proponemos hacer un recorrido histórico por la oposición al Franquismo, centrando nuestro análisis en el papel jugado por el movimiento obrero y el movimiento estudiantil durante las casi cuatro décadas de existencia de la dictadura. Al abordar el proceso de reorganización de la oposición obrera y estudiantil en cada período (o década) nos referiremos también a los aspectos más representativos del contexto político del momento. Fundamentales para entender las vicisitudes por las que atravesaron tanto la oposición como el Régimen.

En este primer artículo abordamos el período que va desde el final de la guerra civil hasta los años 60, época de plenitud del desarrollismo. En otro artículo que se publicará en el próximo número trataremos sobre las luchas obreras y estudiantiles durante el final del Franquismo y la Transición.

Quisiéramos expresar nuestro agradecimiento a la Fundación Francisco Largo Caballero de UGT, a la Fundación Juan Muñiz Zapico de CCOO de Asturias y a la asociación de presos del Franquismo La Comuna, por su generosidad para publicar imágenes y utilizar documentos de sus archivos. También al profesor de la UNED, Abdón Mateos, sin cuyos trabajos hubiera sido francamente difícil poder concluir este artículo.

Años 40: nacionalsindicalismo, represión, exilio y resistencia

En plena guerra civil, los sublevados promulgaron un decreto en enero de 1937 que dejaba fuera de la ley a las organizaciones sindicales CNT, UGT y STV (Solidaridad de Trabajadores Vascos), procediendo a la incautación de sus bienes. Al año siguiente, marzo de 1938, era promulgado el Fuero del Trabajo que se inspiraba en la Carta del Lavoro de la Italia fascista y sentaba las bases para la intervención del nuevo Estado en el mundo del trabajo. Finalizada la contienda, sería complementado con la Ley de 26 de enero de 1940 Unidad Sindical por la que se establecía la Organización Nacional Sindicalista como sindicato de carácter corporativo, en el que siguiendo la doctrina social de la Iglesia Católica y al modo como se habían estructurado los sindicatos en la Italia fascista y la Alemania nazi, integraba en la misma organización a obreros y patronos bajo la dirección del partido único FET y de las JONS.

La estructuración del nacionalsindicalismo, también conocido como sindicalismo vertical por integrar jerárquicamente tanto a patronos como a obreros, no era el único aspecto que el régimen franquista mimetizaba de la Italia fascista y la Alemania nazi. También el dictador se hacía llamar Caudillo, emulando al Duce o al Führer; FET y de las JONS trataba de ocupar un lugar similar al del partido fascista o el partido nazi, y a través del mismo se pretendía encuadrar a la sociedad mediante diferentes organismos dependientes como: Auxilio Social, Sección Femenina, Frente de Juventudes, SEU (Sindicato Español Universitario) o la Organización Sindical Española, de afiliación obligatoria.

Además del encuadramiento de la sociedad, la represión política tendente a liquidar a las organizaciones obreras y democráticas que hubieran estado vinculadas o colaborado con el Frente Popular, desempeñó un papel fundamental, para ello se estableció un marco legal basado en tres leyes represivas: Ley de Responsabilidades Políticas (1939), Ley de Represión de la Masonería y del Comunismo (1940) y Ley de Seguridad del Estado (1941), que además tenían efecto retroactivo remontándose hasta los sucesos de octubre de 1934.Todo ello suponía la aplicación arbitraria del Código de Justicia Militar, produciéndose miles de ejecuciones sumarísimas, el encarcelamiento de cientos de miles de personas, entre las que se registraron muchas muertes por enfermedad o desnutrición. A la vez que muchos familiares de presos y represaliados políticos quedaron totalmente desamparados, sin ingresos, sumidos en la pobreza absoluta.

Carnet de la Central Nacional Sindicalista (CNS). 1939
Carnet de la Central Nacional Sindicalista (CNS). 1939

Ante la magnitud de la represión política, en las zonas donde triunfó inicialmente la sublevación, como fue el caso de Galicia, así como en otras regiones del país a medida que se produjo el avance franquista, algunos militantes de organizaciones de izquierda y anarquistas que no pudieron pasar a zona republicana o partir al exilio se vieron forzados para evitar la implacable represión a huir a las montañas, donde formaron núcleos guerrilleros —el maquis—, de carácter local que contaba con algunos apoyos entre la población civil del entorno.

En este contexto, durante los primeros años de posguerra, los militantes y simpatizantes de las organizaciones obreras y democráticas que quedaron en el interior no tenían otra posibilidad que la lucha por la mera supervivencia ante condiciones tan adversas. No fue tampoco fácil la situación para los combatientes republicanos que cruzaron la frontera y que no lograron llegar a México o a la Unión Soviética y se vieron atrapados tras el estallido de la guerra mundial y la ocupación alemana de Francia (y la formación de un gobierno colaboracionista encabezado por el mariscal Pétain en Vichy). Muchos combatientes republicanos fueron hechos prisioneros por los alemanes e internados en campos de concentración, como el de Mauthausen (Austria) por el que pasaron varios miles de españoles, otros se integraron en la resistencia francesa, el maquis.

Durante la ocupación alemana de Europa, la organización de la oposición exterior tuvo su epicentro en México, aunque no estuvo exenta de conflictos, como el que recorrió a los sindicatos históricos: UGT y CNT. UGT vivió un duro enfrentamiento entre comunistas y socialistas partidarios de Negrín, por un lado, frente al resto de corrientes socialistas por otro, que acabó con la destitución de la Comisión Ejecutiva por parte del Comité Nacional en 1940. Representaba una continuación del conflicto que ya se había producido durante el final de la guerra civil (Consejo de Defensa de Casado). La CNT también fue presa de conflictos internos, como el que estalló en el Congreso celebrado en mayo de 1945 en Francia entre los partidarios y oponentes a colaborar en las plataformas opositoras que se quedaron en minoría, lo que dio lugar a una escisión en el mes de octubre de ese año.

El contexto de la Segunda Guerra Mundial

Al comienzo de la guerra mundial, la dictadura de Franco mantuvo una estrecha alianza con las potencias del Eje, permitiendo el tránsito de aviones y barcos por el territorio español y suministrando minerales, como el wolframio, que eran vitales para la industria de guerra alemana. Además, cuando Alemania inició la Operación Barbarroja de invasión de la Unión Soviética (junio de 1941), el Régimen ofreció una fuerza de 18.000 voluntarios al mando del general falangista Muñoz Grandes, la llamada División Azul, que quedaría integrada en el ejército alemán (y por la que llegarían a pasar más de 47.000 soldados).

Pero durante el año 1942, al mismo tiempo que el ejército alemán mostraba un cierto atasco en el frente soviético, en el seno del Régimen comenzaron a producirse ciertos movimientos. El otrora todo poderoso cuñado de Franco y abierto partidario del régimen nazi, Serrano Suñer, sería destituido de Asuntos Exteriores y reemplazado en septiembre de 1942 por Gómez-Jordana, un general monárquico que en su día participó en el Directorio Militar de Primo de Rivera. Este hecho, aunque se produjera como consecuencia de un incidente entre falangistas y tradicionalistas ocurrido en agosto en el Santuario de Begoña (Bilbao), sería de gran trascendencia en los años siguientes, pues a medida que la marcha de la guerra mundial iba cambiando de tendencia, permitió al Régimen acercarse al bando aliado a través de contactos que mantenía con Reino Unido. La nueva situación internacional derivada de la derrota alemana en el frente soviético tuvo como consecuencia el retorno de la División Azul a finales de 1943.

El propio jefe de la casa de Borbón, don Juan —hijo del difunto Alfonso XIII—, a medida que la guerra se iba decantando a favor de los aliados, comenzó a reclamar con mayor insistencia la restauración monárquica en España. Tras la derrota alemana en Stalingrado (febrero de 1943) la presión de los monárquicos sobre el Régimen se intensificó. Don Juan solicitó por carta a Franco el 8 de marzo la transferencia de poderes, cuestión que volvió a reclamar públicamente en el Manifiesto de Lausana (Suiza, marzo de 1945, poco antes de finalizar la contienda) en el que pedía la renuncia de Franco y la restauración en su persona de la monarquía.

En esta situación internacional de retroceso de las fuerzas del Eje se producirían los desembarcos aliados en Sicilia (verano de 1943) y Normandía (junio de 1944). Una de las Divisiones al mando del general Leclerc integraba la 9ª Compañía, conocida como «La Nueve», donde participaron numerosos miembros de la resistencia y combatientes republicanos españoles, fue decisiva en la liberación de París en agosto de 1944. En este contexto abiertamente favorable a los aliados, organizados por el Partido Comunista de España (PCE), varios miles de guerrilleros realizarían una incursión por el Valle de Arán en octubre de 1944, que fue repelida por las fuerzas militares del Régimen, haciendo que regresaran a territorio francés. La falta de apoyo aliado indicaba su nula voluntad de derrocar militarmente al régimen franquista.

De la posguerra mundial al inicio de la Guerra Fría

Tras la derrota militar de Alemania (mayo 1945), la dictadura de Franco, para hacer frente al aislamiento internacional, trató de dotarse de una formalidad institucional que evitara ser asimilada a los regímenes nazi y fascista derrotados. Para ello promulgó las llamadas Leyes Fundamentales: Fuero de los Españoles (julio de 1945), con el que se pretendía crear una especie de sucedáneo de «declaración de derechos»; Ley de Referéndum (octubre de 1945), que regulaba la «participación popular» en consultas que propusiera el dictador; y la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado (julio de 1947), que le daba a Franco la Jefatura del Estado con carácter vitalicio y la potestad de nombrar a su sucesor a título de rey o regente y que representaba una maniobra para salir al paso de los sectores que, incluso dentro del Régimen, pedían el restablecimiento de la monarquía.

Pero sobre todo trató de proyectar hacia el exterior una nueva imagen basada en el nacional-catolicismo, en detrimento del nacionalsindicalismo —más fácil de asociar al fascismo clásico—, apoyándose para ello en la Asociación Católica Nacional de Propagandistas (ACNdeP) y granjearse así el aval del Vaticano para salir del aislamiento internacional. En 1945 fue nombrado ministro de Asuntos Exteriores Alberto Martín Artajo, de la ACNdeP. Con este nombramiento, además de estrechar el vínculo con el Vaticano se buscaba también un acercamiento a los partidos de la Democracia Cristiana, apoyados por la Iglesia Católica, que iban a desempeñar un importante papel en la posguerra europea, en particular en Italia y Alemania.

A pesar de todo ello, tras el final de la contienda, la política exterior estuvo marcada por el aislamiento internacional, que tuvo su punto álgido con la condena del régimen de Franco por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) el 12 de diciembre de 1946 como régimen fascista: «En origen, naturaleza, estructura y conducta general, el régimen de Franco es un régimen de carácter fascista, establecido en gran parte gracias a la ayuda recibida de la Alemania nazi de Hitler y de la Italia fascista de Mussolini». La resolución recomendaba la retirada de embajadores, que algunos países, como el Portugal de Salazar, la Argentina de Perón o el Vaticano, no aplicaron.

Esta situación de aislamiento internacional del Franquismo hizo que aumentasen las expectativas de las organizaciones obreras en un cambio, lo que contribuyó a impulsar una serie de movimientos huelguísticos entre los años 1946 y 1947, primero en Barcelona y después en Vizcaya, donde, tras una serie de conflictos previos, se convocó una huelga general coincidiendo con el 1 de mayo en la que participaron miles de trabajadores y que como consecuencia desencadenó una dura represión contra UGT y CNT que prácticamente serían desmanteladas en los años siguientes. Por ello, algunos autores se refieren a estas huelgas como las últimas de la «segunda república», pues la detención de los cuadros de las centrales históricas daría paso a otra generación de activistas.

En lo que respecta a la oposición exterior, la discrepancia entre don Juan y Franco en relación con la restauración de la monarquía que exigía el primero, favoreció el acercamiento de los monárquicos partidarios de don Juan con algunos sectores republicanos y socialistas que habían constituido un gobierno republicano en el exilio mexicano en agosto de 1945, presidido por José Giral, que luego se trasladó a París tras la liberación para ser presidido por el socialista Rodolfo Llopis. Sin embargo, los contactos entre sectores socialistas y republicanos con los representantes de don Juan de Borbón no pudieron cuajar porque finalmente don Juan, ante la situación que se abría con el inicio de la Guerra Fría que iba a favorecer que el régimen franquista apareciera ahora como un aliado de EEUU en la lucha contra el comunismo, acordó con Franco (1948) confiarle la educación de su hijo Juan Carlos esperando que de esa manera fuera nombrado por Franco como su sucesor.

La Guerra Fría también iba a condicionar a la oposición clandestina, estructurada básicamente por socialistas, comunistas y libertarios. Los tres combinaron la actividad político-sindical con la guerrillera en condiciones muy duras de represión. También habían conocido un período de cierto apogeo entre 1945 y 1947 tras la victoria aliada, pero hacia 1948 la mayor parte de núcleos de resistencia habían sido prácticamente desarticulados por el Régimen dejando detrás de sí miles de guerrilleros abatidos por la policía y la Guardia Civil. Así, en el verano de 1948, Pasionaria, Carrillo y Francisco Antón, miembros del Buró Político del Partido Comunista de España (PCE), mantuvieron una entrevista con Stalin en el Kremlin en la que el líder soviético les aconsejó abandonar la actividad guerrillera y actuar dentro de las «organizaciones de masas». Lo que les estaba proponiendo básicamente era que giraran hacia una política de «entrismo» o «infiltración» en el seno de la Organización Sindical del Régimen, el Sindicato Vertical, dado que en el nuevo contexto de Guerra Fría era inviable el derrocamiento de la dictadura franquista por la vía armada.

Stalin. 1949. Wikimedia Commons
Stalin. 1949. Wikimedia Commons

El giro sugerido por Stalin no pudo ser aplicado de forma inmediata. Hasta 1952 se mantuvieron algunos focos guerrilleros constituidos por militantes comunistas que se manifestaron hostiles a abandonar la guerrilla. Más allá de estas fechas solo sobrevivieron algunos grupos de forma marginal.

En 1944 el Régimen de Franco ya había organizado las primeras elecciones sindicales en las empresas, en las que los candidatos a «enlaces sindicales» tenían que contar con el aval de Falange y su función se limitaba a participar en la gestión de las obras sociales tales como comedores, economatos, seguridad e higiene, etc. En 1947 volvió a convocar nuevas elecciones a los ahora llamados «jurados de empresa» que debían «promover la concordia social y la colaboración de los productores en la empresa… sin perjuicio de la facultad de dirección que incumbe a los jefes», dando a los jurados elegidos un mero carácter consultivo. Ya no iba a ser necesario el aval previo de Falange, pero en 1948 se establecería un reglamento para la desposesión de los cargos desafectos. En los primeros años de la dictadura, la participación en las elecciones sindicales del Vertical era muchas veces una opción de supervivencia. Si a un trabajador le proponían como candidato sus compañeros y no aceptaba, eso le hacía inmediatamente sospechoso y le podía suponer problemas. En estos casos, incluso los socialistas que rechazaban en general la línea de infiltración o entrismo que iba a hacer suya progresivamente el PCE, la aceptaban si ello podía servir para proteger a un militante frente a la represión.

1950-1959: un contexto internacional marcado por la Guerra Fría

El estallido de la Guerra Fría a partir de la Doctrina Truman de «contención del comunismo» formulada por el presidente norteamericano en 1947, favoreció su acercamiento al régimen franquista, que se materializó en la concesión de un crédito de 62,5 millones de dólares en 1951 (una cuantía muy inferior a las del Plan Marshall) y que tan sólo dos años después, septiembre de 1953, llevó a la firma de unos acuerdos, los Pactos de Madrid, que suponían un apoyo político explícito por parte del gobierno de los EEUU a cambio de la cesión de varias bases militares: Morón, Rota, Torrejón y Zaragoza, y también una importante llegada de divisas y de ayuda alimentaria.

La película Bienvenido, Míster Marshall de Luis García Berlanga, estrenada en ese mismo año de 1953, es una magistral burla a la precariedad de la ayuda estadounidense y a la desesperada situación del campo español. El filme consiguió inexplicablemente pasar la censura, pues ante todo denunciaba el nepotismo, las corruptelas, la incultura y la miseria de la sociedad española del momento. «Americanos, vienen a España gordos y sanos…» decía el estribillo de la canción central del filme. La subalimentación de la población española, su talla corporal media entre las menores de Europa, las enfermedades causadas por la desnutrición…, justificaron el envío de los excedentes lácteos americanos que fueron por lo general bien recibidos en los colegios españoles.

Los efectos de esta aún limitada apertura internacional gracias al apoyo norteamericano, no se hicieron esperar: en 1953 se logró superar la Renta Nacional anterior a la guerra y desaparecieron las cartillas de racionamiento y la autarquía económica, pero los salarios reales se mantuvieron a un nivel muy bajo, pues la liquidación de las organizaciones obreras y la integración obligatoria de los trabajadores en el Sindicato Vertical, reducía al mínimo su capacidad de negociación.

En agosto de 1953 —tan sólo un mes antes que el tratado con los EEUU— se había firmado el nuevo Concordato con el Vaticano, por el que la Iglesia sería subvencionada por el Estado y eximida de pagar impuestos. En los años siguientes, y con el apoyo decisivo de los EEUU, se produciría el ingreso en la ONU, diciembre de 1955, y en los organismos económicos internacionales como el FMI y el Banco Mundial (septiembre de 1958). También ingresó en la OECE, antecedente de la OCDE, que fue creada en 1946 para la administración del Plan Marshall, del que en su momento había sido excluido el Régimen. Estas instituciones internacionales tendrían un papel decisivo en la negociación y puesta en marcha del conocido como Plan de Estabilización de 1959, consistente en una drástica devaluación de la peseta en aras de una apertura de la economía española al mercado mundial. La visita del presidente norteamericano Eisenhower a España, diciembre de 1959, supuso un importante éxito propagandístico para Franco, que, paseándose en loor de multitudes en su descapotable por la Gran Vía junto al presidente de la principal potencia mundial, lograba un avance en su prestigio internacional e infligía un tremendo golpe a las aspiraciones democráticas de la oposición que seguía luchando contra la dictadura.

En 1956 estalló un gran conflicto laboral en la metalurgia de Vizcaya y en 1957 una importante huelga en la minería de Asturias. Posiblemente fueron los conflictos más importantes desde el final de la guerra civil.

En paralelo, la dictadura había suavizado su retórica fascista. En 1957, Franco, con la ayuda de su mano derecha, el almirante Carrero Blanco, realizó una remodelación ministerial que iba a dar paso a un fulgurante ascenso de sectores vinculados con el Opus Dei: López Rodó, Ullastres y Navarro Rubio se hicieron con el control de los ministerios económicos desplazando a los propagandistas católicos y a los falangistas, como Girón de Velasco, que fue apartado de la cartera de Trabajo que había venido controlando desde los primeros momentos del nuevo Régimen y desde donde dirigía la Organización Sindical.

El Opus Dei se iba a convertir en la columna vertebral del Régimen, desplazando definitivamente al nacionalsindicalismo por un nuevo nacionalcatolicismo, que se plasmaría en la Ley de Principios Fundamentales del Movimiento de mayo de 1958 que reafirmaría al Estado como defensor de la doctrina de la Iglesia Católica: «la Nación española considera como timbre de honor el acatamiento a la ley de Dios, según la doctrina de la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, única verdadera y fe inseparable de la conciencia nacional, que inspirará su legislación», al mismo tiempo que restringía el protagonismo de la Falange dentro del partido único, denominado ahora Movimiento Nacional, subsumiéndola dentro de una red de organismos sindicales, juveniles, deportivos y de ocio, recortándole ciertas atribuciones y personal asignado, para dar mayor potestad al nuevo gobierno, y en concreto a López Rodó, nombrado Secretario General del Presidente del Gobierno (es decir, de Franco, que también era Jefe del Estado), lo que le situaba de facto en un cargo de máxima responsabilidad dentro del Régimen. En el plano económico, se abandonaba la retórica antiliberal de connotaciones fascistas de sus comienzos, con lo que el Régimen pretendía conseguir una cierta legitimación internacional.

La reorganización del movimiento obrero en los años 50

En el mes de marzo de 1951 en Barcelona se produjo un movimiento de boicot a los tranvías de carácter espontáneo que dio lugar a una huelga que sorprendió a todos. Pues a diferencia de los movimientos huelguísticos de 1946 y 1947 no iba a estar protagonizado por sectores vinculados a la oposición política clásica: socialista, comunista y anarquista; sino que el protagonismo iba a recaer en enlaces sindicales y trabajadores sin cargos representativos ligados a asociaciones obreras católicas e incluso falangistas disidentes, aunque luego se incorporarían sectores de la oposición histórica.

Llegada de miembros de la División Azul a la estación San Sebastián. 1942. Fondo Marín-Kutxa Fototeka. Wikimedia Commons
Llegada de miembros de la División Azul a la estación San Sebastián. 1942. Fondo Marín-Kutxa Fototeka. Wikimedia Commons

A pesar de que había habido elecciones sindicales oficiales en 1950, y aunque el PCE-PSUC comenzaba su giro táctico hacia la «infiltración» no parece que este conflicto pudiera asociarse con la presencia aún muy reducida de enlaces sindicales vinculados al movimiento comunista. Pues todavía en 1950 el PCE estaba orientado mayoritariamente en la línea de boicot a las elecciones sindicales denunciadas como una farsa. Fue tras las movilizaciones espontáneas de 1951 en Barcelona, que más tarde se extendieron al País Vasco e incluso a Madrid, cuando la línea de «infiltración» en el Sindicato Vertical cobró mayor fuerza dentro del Partido Comunista. Los socialistas sólo la aceptarían, como señalábamos más arriba, para preservar a militantes que pudieran verse amenazados por la represión —resolución del Congreso de la Federación Nacional Minera de UGT en 1954—. Y las diferentes corrientes libertarias no permitieron, inicialmente, lo que consideraban una colaboración con la dictadura.

Además, entre sectores de la socialdemocracia en el exilio había una tendencia a pensar que con la Guerra Fría y el acercamiento de EEUU se acabaría produciendo una apertura política del Régimen en paralelo a la apertura económica. Dirigentes socialistas procedentes de la izquierda caballerista como Luis Araquistáin, Pascual Tomás (secretario de la UGT de 1944 a 1968) o Wenceslao Carrillo (padre de Santiago Carrillo), mantenían ilusiones en que la presión de los poderosos sindicatos norteamericanos, integrados en la CIOSL (Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres) al igual que UGT, pudieran condicionar la negociación del gobierno norteamericano en tal sentido. Pero nada de eso se iba a reflejar en los Pactos de Madrid de 1953 entre el gigante americano y el Estado franquista.

La posición del PCE en el marco de la Guerra Fría era sumamente delicada. El partido acababa de haber sido declarado fuera de la ley en Francia y muchos de sus dirigentes habían tenido que trasladarse a la Europa del Este, de ahí que cobrara más fuerza la línea de «infiltración» que fue ratificada por el V Congreso del partido, celebrado en 1954, aunque la participación comunista en las elecciones de 1954 sería todavía reducida. El giro más intenso se iba a producir en el marco de la segunda gran oleada de huelgas de 1956 y 1957 y tras una reunión celebrada en París bajo la dirección de Santiago Carrillo (abril de 1956) en las que el dirigente comunista señalaría al respecto: «debemos … elegir representantes honestos. Igual en las juntas sociales. Crear comisiones obreras. Presentar esto como una lucha, no como colaboración, en el curso de la cual, dentro del cascarón de los sindicatos verticales, aprovechando posiciones legales, pueda germinar, incluso incubarse, nacer los futuros sindicatos de clase unificados…». Esta orientación ya se abriría paso con fuerza de cara a las elecciones sindicales de 1957. Ante el temor quizás a que la oposición aprovechara las elecciones sindicales oficiales, en 1955 la organización verticalista acordó un programa que incluía reivindicaciones obreras: salario mínimo, reducción de jornada, equiparación retributiva entre sexos y seguro de paro, para así contrarrestar o neutralizar la posible influencia de la oposición.

Palacio de Santa Cruz, antigua cárcel de la Villa y sede del Ministerio de Asuntos Exteriores, donde se firmaron los Pactos de Madrid en 1953. Wikimedia Commons
Palacio de Santa Cruz, antigua cárcel de la Villa y sede del Ministerio de Asuntos Exteriores, donde se firmaron los Pactos de Madrid en 1953. Wikimedia Commons

Pese a cierto alivio con respecto a la posguerra, a principios de los años 50, el poder adquisitivo de los salarios se mantenía en un bajísimo nivel. En esa situación, en los años 1956 y 1957 estallaron importantes conflictos laborales en la metalurgia de Vizcaya (primavera de 1956) y después en Asturias (desde marzo de 1957 hasta comienzos de 1958) donde se desarrolló una importante huelga en la minería. Para hacer frente a estos conflictos, el ministro de Trabajo, el falangista Girón de Velasco decretó unas importantes subidas salariales, entre el 40 y el 60%, para tratar de compensar la inflación y las pérdidas de poder adquisitivo de los años anteriores (ver cuadro nº 1). Muchos empresarios trasladaron esas subidas salariales a precios, con lo que se produjo una espiral inflacionista que llevó a que, cuando los «tecnócratas» vinculados al Opus Dei accedieron al Gobierno en febrero 1957, adoptaran un paquete de medidas entre las que se incluía la congelación de sueldos y salarios públicos. Lo que se tradujo de nuevo en una caída del poder adquisitivo de los salarios que no se volverían a recuperar hasta 1963.

Aunque la nueva orientación del régimen franquista hacia una mayor apertura económica no vino aparejada de una apertura política, la llegada de la ayuda norteamericana y de asesores para implementar nuevas técnicas organizativas del trabajo para favorecer el crecimiento de la ganancia empresarial, iba a exigir algún grado de compromiso entre empresarios y trabajadores para mejorar la productividad, lo que iba a llevar a que se promulgara la Ley de Convenios Colectivos de 1958 que, aunque fuera en el seno del Sindicato Vertical, establecía un cierto marco de negociación en las empresas. Además, se habían vuelto a reproducir las huelgas en el norte (Asturias y País Vasco) y Barcelona de nuevo en el año 1958.

En esta época también irrumpió un movimiento apostólico reivindicativo: HOAC (Hermandades Obreras de Acción Católica), JOC (Juventud de Obreros Católicos), etc., que, aunque tolerado por estar vinculado con la Iglesia Católica, acabaría chocando con el Régimen. Resulta curiosa y novedosa la coincidencia en las huelgas de socialistas y comunistas con sectores católicos de la HOAC y las JOC. En ese marco plural surgirían de forma espontánea las primeras «comisiones de obreros» en el norte minero e industrial. De hecho, la dirección del PCE se mostraba reticente al principio por la autonomía del fenómeno y también porque tendían a disolverse una vez que se alcanzaban los objetivos para los que se creaban.

En azul, valores máximos, y en rojo, valores mínimos, antes y después del Plan de Estabilización de 1959 (*) CSCCIN = Consejo Superior de Cámaras Oficiales de Comercio de Industria y Navegación de España; (**) AEE = Anuario Estadístico de España
En azul, valores máximos, y en rojo, valores mínimos, antes y después del Plan de Estabilización de 1959 (*) CSCCIN = Consejo Superior de Cámaras Oficiales de Comercio de Industria y Navegación de España; (**) AEE = Anuario Estadístico de España

Todo ello iba a hacer que se volviera a reabrir el debate en el seno del movimiento obrero sobre la táctica a seguir: si sólo la acción ilegal o una combinación de la ilegal y la legal dentro del Sindicato Vertical, que también afectó a los sindicatos históricos: CNT y UGT. La CNT mantenía una orientación anclada en la lucha insurreccional. Las caídas reiteradas de su dirección no le permitieron estructurar una actividad organizada hasta casi 1960.

En la familia socialista la situación era más compleja: La dirección de UGT en el exterior rechazaba la línea de «infiltración». Al mismo tiempo, la situación internacional de Guerra Fría imposibilitaba cualquier colaboración con los comunistas. Sin embargo, esta posición no era tan clara en el interior. En Asturias había sectores mineros defensores de una línea de «entrismo» matizado ante situaciones donde primara la necesidad de protección de los militantes contra la represión y en este aspecto coincidirían la dirección interna de UGT liderada por Antonio Amat (alias Guridi) y sectores socialistas como la ASU (Agrupación Socialista Universitaria) y el MSC (Movimiento Socialista de Cataluña, constituido en 1945 por cuadros del antiguo POUM y que estructuraban la UGT en Cataluña) partidarios además de establecer acuerdos de colaboración con comunistas, libertarios y sindicalistas cristianos. Este debate interno se resolvió no llamando a participar, pero dejando libertad a las federaciones y regiones para actuar según criterios locales ante las elecciones de 1957.

Frente a la ilusión que mantenían algunos dirigentes socialistas del exterior en una hipotética apertura política que acompañara a la apertura económica, entre 1958 y 1960 la congelación salarial y la pérdida de poder adquisitivo fueron la norma, y se intensificó además la represión con detenciones, despidos o deportaciones. Pero las condiciones del nuevo desarrollismo exigían incrementos de la productividad que no se podían lograr si no había un mínimo marco de acuerdo laboral, aunque fuera en el seno del Sindicato Vertical, por lo que se promulgó la Ley de Convenios Colectivos en 1958, que iba a permitir una posición más favorable en los años siguientes para la acción del movimiento obrero.

La irrupción del movimiento estudiantil

La década de los 50 conocería también la aparición de un movimiento estudiantil de oposición al Franquismo. El mismo debate que se producía en el seno del movimiento obrero en relación con participar o no en las elecciones del Sindicato Vertical, se iba a reproducir en la Universidad con respecto al SEU (Sindicato Español Universitario), de encuadramiento obligatorio para todos los estudiantes universitarios. En las elecciones estudiantiles del año 1956 en la mayoría de las Facultades de Madrid se iba a seguir la línea de boicot, pero en una de ellas, la Facultad de Derecho, se decidió participar formando candidaturas democráticas que se impusieron a las oficiales. Además, en este caso, los socialistas (que luego constituyeron la ASU, Agrupación Socialista Universitaria), habían decidido seguir la línea de «infiltración» y además habían establecido un acuerdo de colaboración con los comunistas universitarios, lo que contravenía en ambos casos la orientación marcada por la dirección socialista del exterior con sede en Toulouse.

A primeros de febrero de 1956 fue distribuido un manifiesto que llamaba a celebrar un Congreso Nacional de Estudiantes. Esta iniciativa era fruto de la colaboración entre socialistas y comunistas universitarios a la que se habían unido algunos exfalangistas críticos y se producía tras el fracaso de las candidaturas oficiales del SEU en las elecciones oficiales, bien por el boicot masivo en unos casos, o por la derrota frente a candidaturas democráticas en otros. Ante esta situación el SEU interrumpió el proceso electoral, lo que provocó una reacción de los estudiantes, que fueron en manifestación desde la sede universitaria de la calle de San Bernardo hacia el Ministerio de Educación.

La intervención violenta de comandos falangistas contra los universitarios, provocaron nuevas manifestaciones de estudiantes por el centro de Madrid, choques con falangistas y la intervención policial, llegando a producirse disparos y algún herido de bala, en concreto un falangista, aunque sin aclararse el origen de los disparos. Comenzaron inmediatamente las detenciones de estudiantes; algunos serían muy conocidos por su actividad política posterior como Tamames, Enrique Múgica, Javier Pradera, etc. Unos días después la Universidad madrileña era cerrada.

Sede de la Universidad de Madrid en 1956 en la calle de San Bernardo. Wikimedia Commons
Sede de la Universidad de Madrid en 1956 en la calle de San Bernardo. Wikimedia Commons

Estos hechos provocaron una verdadera conmoción en el seno del Régimen: los hijos de los vencedores se unían a los hijos de algunos vencidos en contra de la dictadura («nosotros, los hijos de los vencedores y de los vencidos…» comenzaba un manifiesto difundido el 5 de abril). La situación desencadenó una crisis de Gobierno, costándole la destitución a Ruiz Jiménez, ministro de Educación —miembro de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas—, cargo para el que había sido nombrado en 1951. También fue destituido Raimundo Fernández Cuesta como secretario general del Movimiento y el decano de la Facultad de Derecho. Por su parte, Laín Entralgo, rector de la Universidad madrileña y Antonio Tovar, de la de Salamanca, presentaron su dimisión. Ambos procedían de la Falange y eran muy cercanos al también antiguo responsable falangista Dionisio Ridruejo que venía distanciándose del Régimen desde hacía años.

A partir de este momento, la Universidad se convertiría en uno de los principales focos de oposición al Régimen. El SEU quedó prácticamente desarticulado para dar paso a una protesta universitaria creciente en los siguientes años.

1960-1969: apertura económica internacional y represión política interior

Tras el giro económico que se produjo a finales de los años 50 con el Plan de Estabilización, puesto en marcha con la supervisión y ayuda de los organismos económicos internacionales: FMI, Banco Mundial y OECE; y con el respaldo de EEUU —materializado por la visita del presidente Eisenhower en diciembre de 1959—, el Régimen, sin embargo, fracasaría en su intento de iniciar el proceso para la integración en la Comunidad Económica Europea (CEE) solicitado por el ministro de Asuntos Exteriores y miembro de la Asociación Católica de Propagandistas, Fernando María Castiella, en febrero de 1962 y rechazado por carecer España de un sistema democrático.

Este revés exterior de la España franquista sería aprovechado por un sector de la oposición para participar en el IV Congreso del Movimiento Europeo en Múnich (junio de 1962) y suscribir un manifiesto a favor de las libertades en España. Impulsado por la prestigiosa figura de Salvador de Madariaga. Allí se congregaron personalidades de la oposición exterior y también de la del interior, incluso algunos que en su momento habían sido afectos al Franquismo, como el ex falangista Dionisio Ridruejo y el antiguo jefe de la CEDA, José María Gil Robles. Despechada por el fracaso de su plan de integración en la CEE, la dictadura calificaría peyorativamente a esta reunión como el Contubernio de Múnich, a través del diario falangista Arriba. Algunos de los asistentes procedentes de España tuvieron que dimitir de sus cargos, fueron desterrados o se vieron obligados a permanecer en el exilio. También desde la Iglesia católica surgieron voces discrepantes con el Régimen a raíz del Concilio Vaticano II (octubre de 1962 a diciembre de 1965). Se produjeron manifestaciones de sacerdotes y numerosos curas colaboraron con los movimientos de oposición, prestando frecuentemente los locales eclesiásticos para la celebración de asambleas reivindicativas.

Visita de Eisenhower a España en 1959. Wikimedia Commons
Visita de Eisenhower a España en 1959. Wikimedia Commons

La Universidad siguió siendo uno de los principales focos de oposición a la dictadura. En los años 60 se producirían importantes movilizaciones estudiantiles en contra de la destitución de varios profesores universitarios. Además, la agitación estudiantil que se había iniciado en la Universidad española en los primeros años de la década del 60, acabaría entroncando con el movimiento estudiantil internacional que se puso en marcha en contra de la intervención de EEUU en Vietnam desde 1963, y que partiendo de las universidades norteamericanas llegaría a las europeas culminando en el famoso Mayo del 68 cuyo epicentro fue París. Todo ello favorecería el proceso de reorganización de la oposición.

Ante el incremento de las protestas estudiantiles y en general de la oposición, en diciembre de 1963 se creó el Tribunal de Orden Público (TOP), una instancia judicial de excepción y de represión política, pero con el que también se trataba de reducir el uso de los tribunales militares y de los consejos de guerra. Era un intento de mejorar la imagen del régimen franquista ante la opinión pública internacional que se había movilizado en contra de la ejecución sumaria del dirigente comunista Julián Grimau y contra las represalias hacia los participantes en el encuentro de Múnich. Pero a pesar de dicha pretensión, el TOP se convirtió en un órgano implacable contra los opositores. En la misma línea de intentar dar una imagen más aperturista del Régimen, Fraga Iribarne, que en julio de 1962 sustituyó al falangista Arias-Salgado al frente del Ministerio de Información y Turismo, promulgó en 1966 una Ley de Prensa e Imprenta que abolía la censura previa. En su artículo segundo se indicaban los límites de la libertad de prensa que se proclamaba:

«La libertad de expresión y el derecho a la difusión de información (…) no tendrán más limitaciones que las impuestas por las leyes. Son limitaciones: el respeto a la verdad y a la moral; el acatamiento a la Ley de Principios del Movimiento Nacional y demás Leyes Fundamentales; las exigencias de la defensa Nacional, de la seguridad del Estado y del mantenimiento del orden público interior y la paz exterior»

Contravenir estos principios significaba para los medios de información duras sanciones administrativas o incluso el cierre temporal o definitivo.

En esta situación de mayor inestabilidad, se promulgó la Ley Orgánica del Estado (enero de 1967) que planteaba cambios sustanciales en el Régimen:

– La posibilidad de transferir la Jefatura del Gobierno a una persona diferente de la del Jefe del Estado.

– Los diputados del tercio familiar podrían ser elegidos por sufragio directo.

– Podrían crearse asociaciones políticas (siempre que se sometieran a los Principios del Movimiento).

– Confirmaba que el sucesor de Franco lo sería a título de rey, lo que llevaría finalmente a Franco a nombrar, dos años después, a Juan Carlos de Borbón como sucesor, al cumplir los 30 años y tras jurar este los Principios del Movimiento (1969).

El nombramiento de un Jefe de Gobierno distinto al Jefe del Estado no se materializaría hasta mayo de 1973 en la persona del almirante Carrero Blanco, que resultó muerto en un atentado perpetrado por ETA el 20 de diciembre del mismo año, siendo sustituido por Arias Navarro, hasta entonces ministro de la Gobernación.

La «Huelgona» asturiana como factor de reorganización del movimiento obrero y estudiantil

Tras los conflictos laborales de los años 1956 y 1957, en abril de 1958 el Régimen promulgaría una Ley de Convenios Colectivos, mediante la cual trataba de establecer un cierto mecanismo de negociación entre obreros y patronos, aunque fuera dentro de la OSE (Sindicato Vertical). Esto daría cierto margen para que en el seno del sindicato oficial tuvieran lugar en los años 60 debates y reuniones de trabajadores para negociar los convenios, y algunos sectores de la oposición pudieran desplegar de forma más eficaz la táctica de «infiltración» o «entrismo» en el vertical. La Ley de Convenios Colectivos, además de tratar de hacer frente a la previsible conflictividad social, pues con la llegada de los ministros «tecnócratas» del Opus Dei se había decretado la congelación de sueldos y salarios, nacía también por la necesidad de mejorar la productividad en las empresas llegando a acuerdos con los trabajadores, en el marco del Plan de Estabilización que se discutía con las organizaciones económicas y financieras internacionales.

En 1960 se convocaron las sextas elecciones sindicales por parte del Régimen. Y de nuevo surgirían los debates entre los diferentes grupos de la oposición sobre cómo actuar. Los católicos articulados en torno a las JOC decidieron participar activamente. El PCE que ya había puesto en marcha la línea de «infiltración» en 1957 volvió a llamar a la participación (VI Congreso del PCE en 1960 en el que Santiago Carrillo emergería como secretario general). Sin embargo, esta estrategia chocaba con las reiteradas convocatorias de jornadas de movilización: por la Reconciliación Nacional y/o por la Huelga General Política que, con escasos resultados y lejos de las preocupaciones de los trabajadores, centradas en la pérdida de poder adquisitivo, la defensa del puesto de trabajo o la perspectiva de la emigración a Europa, se saldaban con la detención de un número importante de militantes comunistas. En las elecciones sus resultados fueron escasos como organización, salvo en el metal de Sevilla. Al mismo tiempo que el PCE confirmaba su línea de «infiltración», un sector del movimiento obrero católico, que utilizaba también la vía de la «infiltración» en el Vertical, daría el paso de constituir paralelamente un sindicato independiente del Vertical, la Unión Sindical Obrera (USO), lo que supuso una cierta sorpresa para los planteamientos del Partido Comunista.

Dionisio Ridruejo con chaqueta blanca saludando a los miembros de la División Azul en San Sebastián. 1942. Fondo Marín-Kutxa Fototeka. Wikimedia Commons
Dionisio Ridruejo con chaqueta blanca saludando a los miembros de la División Azul en San Sebastián. 1942. Fondo Marín-Kutxa Fototeka. Wikimedia Commons

Por su parte, la dirección de UGT en Toulouse, en agosto de 1960, «repudiaría la colaboración voluntaria con la organización sindical falangista» aceptando la participación solo en casos especiales como medida de protección para los militantes. En el País Vasco y Asturias, donde los socialistas tenían mayor implantación, defendieron abiertamente el boicot. En cambio, la Agrupación Socialista Universitaria (ASU) y el grupo de Antonio Amat (Guridi) con presencia en Madrid y el Movimiento Socialista de Cataluña (MSC) que impulsaba la UGT en Cataluña, no lo descartaban. De hecho, en esta región, varios miembros de las JOC con cargos en el Vertical se integraron en UGT y el MSC. En el Congreso del PSOE de 1961 un joven Gómez Llorente, que luego sería un importante referente de la Izquierda Socialista del PSOE, defendería la línea de «infiltración» por encargo de Amat. Paralelamente, la dirección de UGT iba a impulsar una Alianza entre las organizaciones sindicales históricas: UGT, CNT y ELA-STV.

Sin embargo, a unos y a otros iba a sorprender el desencadenamiento de la huelga generalizada en las cuencas mineras asturianas en la primavera de 1962, la «Huelgona». El detonante sería el despido en abril de siete picadores de la mina Nicolasa (Mieres) donde se inició la huelga que luego se extendió por todas las cuencas mineras, incluso fuera de Asturias, por el País Vasco y el metal de Cataluña. En Madrid llegaría a afectar también a grandes empresas de Villaverde y Getafe. Esta huelga iba a constituir la mayor movilización registrada hasta ese momento desde la guerra civil. El arranque fue espontáneo, aunque luego se produjo la coordinación y apoyo al conflicto en el que participaron católicos, comunistas y socialistas. La solidaridad con la huelga asturiana no sólo se materializaría entre sectores de la clase obrera, sino que iría más allá, provocando la movilización de intelectuales, profesores universitarios y estudiantes.

La huelga iniciada en la primavera se recrudecería en agosto y septiembre. La línea de acción que siguieron los trabajadores de Asturias y del País Vasco se basó en la elección de comisiones (obreras) de trabajadores y su coordinación para defender la readmisión de los despedidos y el regreso de los deportados, con el apoyo de una pluralidad de organizaciones. En ese contexto se constituyó en la primavera de 1963 una Comisión Obrera Provincial por la readmisión de los despedidos con el apoyo de católicos, de socialistas y de comunistas. No cabe pues atribuir la creación de esta Comisión Obrera Provincial a un grupo político en concreto, ni era por tanto el resultado de una estrategia predeterminada de «infiltración» o de boicot en el Vertical, sino que el movimiento, en su lucha, tendía a utilizar tanto las formas legales (negociación en los espacios que permitía el Sindicato Vertical) como ilegales (huelgas, manifestaciones, difusión y solidaridad).

La huelga asturiana concitó también la atención de la prensa internacional que envió corresponsales para cubrir los acontecimientos, en un momento además en el que la dictadura buscaba la adhesión a las Comunidades Europeas. Por parte del Régimen se ensayaron variadas formas de represión como los despidos, las deportaciones de más de un centenar de mineros a zonas rurales de provincias lejanas, cortes de pelo a las mujeres, etc. Pero todo ello, lejos de acallar la protesta, despertó la solidaridad incluso de sectores integrados en el Régimen, como fue el caso del director de la Real Academia de la Lengua, Menéndez Pidal y de otros muchos intelectuales. En el mes de julio de 1962, Fraga Iribarne, que se presentaba como un reformista dentro del Franquismo, sería nombrado Ministro de Información y Turismo. Pese a ello, en abril de 1963, el líder comunista Julián Grimau sería ejecutado sumariamente, tras sufrir torturas en los calabozos de la Dirección General de Seguridad (DGS), actual sede de la Comunidad de Madrid. Fraga, desde su nuevo cargo, hablaría del «trato exquisito» dado al detenido.

Manifestación por los detenidos en España, 7 de octubre de 1962, Bruselas. Fundación Francisco Largo Caballero
Manifestación por los detenidos en España, 7 de octubre de 1962, Bruselas. Fundación Francisco Largo Caballero

El balance que las diferentes corrientes del movimiento obrero hicieron de la huelga asturiana, favoreció el llamamiento a la constitución de organismos de representación en las empresas y a su coordinación, fueran comisiones obreras o comités de fábrica. En ese contexto de conflictividad, de reorganización obrera y represión política, cuando el Régimen convocó las elecciones sindicales en 1963, la primera reacción de la mayoría de las fuerzas políticas y sindicales fue de rotundo rechazo. Incluso el PCE, pese a su línea de «infiltración», empujado por la situación llamaría al boicot en Asturias. En Vizcaya, la Comisión Obrera Provincial recientemente constituida, integrada por católicos de la HOAC, comunistas del PCE y sindicalistas de la USO decidió llamar también a la abstención, aunque en otras regiones y provincias como Cataluña, Madrid y Sevilla, defendería la participación. Algo similar ocurriría con el sindicalismo cristiano que estaba bastante fragmentado en múltiples siglas. Por su parte la Alianza Sindical constituida en 1962 entre UGT, CNT y ELA-STV se dividiría, pues UGT y CNT se decantarían por el boicot, mientras que ELA-STV lo haría por la participación. Sin embargo, en Cataluña la corriente a favor de participar sería ampliamente mayoritaria, no solo católicos y comunistas, sino también sectores socialistas como el MSC, pero también incluso la regional del PSOE, y el Front Obrer de Catalunya (FOC que era la sección catalana del FLP). En Madrid, los socialistas que lideraba Antonio Amat (Guridi) también lo defendían, pero las direcciones del PSOE y UGT se posicionarían en contra, y propugnaron la abstención.

Lo sucedido en Asturias y en Vizcaya planteaba una contradicción a la dirección del PCE. La orientación seguida hasta entonces de «infiltración» o «entrismo» había sido superada por la mayor eficacia que representaba la elección de comisiones de trabajadores (comisiones obreras) para negociar con la patronal por las condiciones económicas y laborales, que se hacía al margen del Vertical y del reglamento vigente, en las que algunos comunistas habían participado o incluso habían promovido, pero que la dirección veía con mucho escepticismo, pues no se adecuaba a su línea oficial y además se constituían en un marco de gran pluralidad ideológica, y también de inestabilidad, ya que tendían a disolverse tras un conflicto. Fue a partir de los paros de 1962 y 1963 que la flexibilidad de las comisiones de trabajadores (comisiones obreras) demostraría su eficacia de cara a actuar en los centros de trabajo y también desde fuera para negociar convenios con la patronal. Para esta tarea se coordinaron entre ellas y utilizaron tanto los marcos ilegales, como los legales, como el uso de los locales del Vertical para reunirse y la participación en las elecciones sindicales a enlaces y jurados de empresa. Y no solo de cara a los trabajadores en activo, sino también para negociar la readmisión de los despedidos (por ejemplo, en Vizcaya) o el regreso de los desterrados de las minas. Se podría hablar de que de facto se impuso una doble táctica: estructuras independientes por un lado y utilización de los resortes legales del Vertical por otro.

Aunque el movimiento de comisiones de trabajadores o comisiones obreras como representaciones electas nació durante los conflictos de 1962-64 desarrollados en el norte no fue ahí sin embargo donde se consolidó, pues la represión actuó con gran dureza. La consolidación de ese movimiento se produjo sobre todo en Madrid, en el sector del metal, y en la banca de Barcelona, donde coexistía una acción legal en el seno del Vertical con una acción clandestina, que permitió poner relativamente al amparo de la represión a diferentes núcleos obreros. Si el mayor peso en Madrid lo tenían los comunistas, junto con sectores católicos (HOAC, JOC, USO…), en Barcelona era una combinación de fuerzas socialistas (MSC), de la nueva izquierda (FOC), junto con sectores comunistas (PSUC) y católicos que llegaron a constituir en 1964 una Comisión Obrera Central. En Madrid en el año 1966 se crearía una coordinadora de comisiones obreras de diferentes sectores productivos, conocida como la INTER (Intercomisión o Comisión de todas las Comisiones de Rama).

1966: derrota sindical del Régimen e intensificación de la represión

Debido a la experiencia realizada por el movimiento obrero de poder resistir mejor a la represión policial en aquellos territorios en los que se combinaba el trabajo ilegal de las comisiones de trabajadores o comisiones obreras con la utilización de las posibilidades legales que brindaba el Vertical, cuando se convocaron elecciones sindicales en 1966, hubo una gran presión a favor de la participación. De hecho, fueron las primeras elecciones en las que amplios sectores de la oposición levantaron plataformas sindicales independientes en las que se reclamaba: un salario mínimo, «a trabajo igual salario igual», escala móvil, es decir, salarios referenciados a la inflación, estabilidad del empleo y derecho de huelga. Estas reivindicaciones eran ratificadas en muchos casos en asambleas y congregaban ante el Ministerio de Trabajo y sus delegaciones en ocasiones a miles de trabajadores y acabarían dando lugar a candidaturas unitarias integradas por comunistas, sindicalistas, católicos y algunos sectores socialistas, en particular de Cataluña (MSC y UGT), pero también otros grupos socialistas y de un Comité Nacional de UGT disidente en París.

Manifestación por los detenidos en España, 7 de octubre de 1962, Bruselas. Fundación Francisco Largo Caballero
Manifestación por los detenidos en España, 7 de octubre de 1962, Bruselas. Fundación Francisco Largo Caballero

Ciertos sectores del Régimen buscaron acuerdos con grupos de oposición para intentar frenar el avance que estaba experimentando el movimiento de las comisiones obreras. José Solís, delegado nacional de Sindicatos desde 1951 y simultáneamente ministro secretario general del Movimiento desde 1957, que trataba de proyectar una cara amable —«la sonrisa del Régimen»—, buscó y propició acuerdos inverosímiles. Como el que se estableció con un grupo de militantes de la CNT, encabezado por Francisco Royano y Lorenzo Íñigo Granizo, que se prestaron a ello contando para tal fin con la colaboración de los servicios de información del Régimen. El acuerdo, suscrito en junio de 1965 y hecho público en noviembre del mismo año en el diario católico Ya, constaba de cinco puntos, redactados entre el cenetista Granizo y el periodista Emilio Romero, director del diario Pueblo. En la comisión negociadora también participó, como presidente del Sindicato de Artes Gráficas, Rodolfo Martín Villa, quien luego sería ministro con Arias Navarro y Adolfo Suárez. El documento final llevaba como título: Acuerdos provisionales entre militantes del sindicalismo oficial y militantes del sindicalismo libertario, encaminados al desarrollo y perfección del sindicalismo obrero español, y, finalmente, fue rechazado por la mayoría de la militancia de la CNT en una consulta interna. El sector que suscribió el acuerdo, conocido desde entonces como los «cincopuntistas», concebía su participación en el Vertical como una posibilidad para su transformación en un sindicato libre y democrático. Esta orientación fue rechazada por las estructuras clandestinas del Comité Nacional de CNT. Al conocerse este acuerdo entre un sector de CNT y el Régimen, las fuerzas sindicales y políticas que mantenían pactos de alianza con CNT: socialistas de Cataluña, de Valencia, de Galicia, de Euskadi, UGT de Cataluña, USO, ELA-STV, etc., los abandonaron, aunque muchas se orientaron por participar en las elecciones, pero no en un marco de colaboración con la dictadura, sino de utilización de las plataformas legales para reforzar las organizaciones ilegales. Esa era también la postura del FOC (sección catalana del FLP) y también de los ugetistas madrileños dirigidos por Antonio Amat (Guridi).

Así pues, ante las elecciones oficiales se vislumbraban tres posturas en relación al Vertical: 1) los que estaban dispuestos a pactar con la OSE, integrarse y promover su reforma hacia un sindicalismo pretendidamente democrático —los «cincopuntistas» de Royano—; 2) los que estaban por impulsar comisiones obreras o comisiones de trabajadores, etc. planteando candidaturas unitarias con plataformas muchas veces aprobadas en asamblea: comunistas, católicos, sectores socialistas y ugetistas disidentes con la dirección exterior Toulouse y también la nueva izquierda del FOC; y 3) finalmente los sectores que llamaban al boicot: la CNT mayoritaria que rechazó el acuerdo de los «cincopuntistas» con el Vertical, la UGT oficial en el exterior, con el apoyo del PSOE, las Juventudes Socialistas y la CIOLS, y también el sector oficial de ELA-STV en Euskadi.

La participación fue elevada, aunque quizás no tan alta como daban las cifras oficiales de un 83,3%. Pero incluso en zonas tradicionalmente más abstencionistas del norte: País Vasco y Asturias, la participación fue elevada. El movimiento de Comisiones Obreras (ya con mayúsculas) había logrado la victoria en numerosas empresas del metal de Madrid en octubre de 1966, algunas emblemáticas como Standard con 14.000 trabajadores o Pegaso bajo una candidatura denominada «Unión de los trabajadores, por la independencia y la libertad sindical». También en empresas como la EMT (autobuses) y el Metro de Madrid. La victoria fue así mismo amplia en Sevilla. Incluso en el País Vasco, a pesar de la llamada a la abstención de CNT, UGT y ELA-STV, las candidaturas impulsadas por la oposición consiguieron ganar en Guipúzcoa y en Vizcaya, y obtuvieron la presidencia y vicepresidencia de las secciones sociales provinciales, que eran los órganos de máxima representación provincial del Vertical. En Madrid, la candidatura integrada por un miembro del PCE y otro de USO conseguiría el apoyo de 90 vocales frente a los 101 del candidato oficial para dirigir la sección social provincial. Todo este apoyo se había conseguido con un programa basado en la exigencia de: un salario mínimo, escala móvil, igualdad salarial, un mes de vacaciones, jornada semanal de 44 horas, seguro de paro del 75%… reivindicaciones a las que se añadían la exigencia de libertad sindical, derecho de huelga, gestión obrera de la Seguridad Social y montepíos, etc. Pero el Régimen no iba a quedarse quieto ante una derrota de tal magnitud e iba a preparar una respuesta represiva una vez que se celebrara el Referéndum de la Ley Orgánica del Estado previsto para el año siguiente.

Gráfico nº1. Conflictividad laboral en España 1963-1970. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Manuel Tuñón de Lara (1980). España bajo la dictadura franquista. Barcelona: Labor
Gráfico nº1. Conflictividad laboral en España 1963-1970. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Manuel Tuñón de Lara (1980). España bajo la dictadura franquista. Barcelona: Labor

1967 fue un año de claro ascenso del movimiento obrero, con movilizaciones y huelgas en Madrid, Barcelona y en el País Vasco donde se generalizó una huelga en solidaridad con los trabajadores metalúrgicos de la fábrica de Laminación en Bandas de Etxebarri en huelga durante 180 días, y provocó la instauración del estado de excepción en Vizcaya el 21 de abril de 1967. Esa huelga puso de manifiesto las verdaderas posibilidades de acción de los representantes dentro del Vertical. A partir de ese año, comenzaría una dura represión sindical: cientos de cargos electos a nivel provincial o nacional desafectos al Régimen serían destituidos. También en muchas empresas —se contarían por millares los casos—, habría enlaces y jurados desposeídos de sus cargos, encarcelados, despedidos, etc. Dándose desde 1968 una cadena importante de dimisiones al no conseguir la reincorporación de los electos ni la seguridad para los que aún permanecían en el cargo. En esta situación, las direcciones del PSOE y UGT del exterior (Toulouse), superaron sus reticencias e impulsaron los comités de fábrica, que en algunas empresas de Vizcaya se tradujeron en la unidad de acción de todas las fuerzas del movimiento obrero, dejando atrás las desconfianzas de antaño entre socialistas y comunistas.

La línea represiva del Régimen —estado de excepción decretado por vez primera en toda España desde el 24 de enero al 25 de marzo de 1969— llevó a una cierta desarticulación del movimiento de base de las Comisiones Obreras (CCOO), pasando a tener más peso las estructuras clandestinas. En esta situación represiva, solo el PCE contaba con los medios para impulsar su coordinación por sectores, ramas, localidades, provincias o a nivel estatal, apoyándose en su propia estructura de partido, más amplia que la del resto de organizaciones políticas del momento, lo que acabaría por facilitar un mayor control de las comisiones, que perderían poco a poco el carácter de organismos plurales que habían tenido sobre todo en 1966. La situación de represión generalizada llevó al movimiento obrero a adoptar una posición de abstención ante las elecciones sindicales de 1971. A partir de entonces, cobraron mayor peso las estructuras ilegales, basadas en las comisiones de obreros y comités de fábrica en sentido amplio. De hecho, la salida de esa situación de impasse se produjo ya en la siguiente década ante dos importantes movilizaciones que estallaron: una contra los Juicios de Burgos que tuvo especial incidencia en el País Vasco y otra contra el Proceso 1001 que encausaba a los dirigentes de CCOO en 1972.

Radicalización estudiantil contra la represión franquista

La «Huelgona» que había estallado en las cuencas mineras asturianas en 1962 no solo desató una dura represión por parte de la dictadura, sino que también provocó un movimiento de amplia solidaridad entre los intelectuales del país que suscribieron una carta colectiva el 6 de mayo de 1962 dirigida a Fraga Iribarne, en su condición de Catedrático de Universidad, que tan sólo unos meses después, en julio de ese año, sería nombrado ministro de Información y Turismo.

El escrito estaba encabezado por el director de la Real Academia de la Lengua, Menéndez Pidal y reclamaba libertad de información y soluciones negociadas para los conflictos laborales. Lo firmaban en primera instancia reconocidos y prestigiosos intelectuales como: Ramón Pérez de Ayala, Ignacio Aldecoa, José Bergamín, Camilo José Cela, Gabriel Celaya, Faustino Cordón, Fernando Chueca, José María Gil Robles, Pedro Laín Entralgo, José Luis López Aranguren, Julián Marías, Dionisio Ridruejo, Alfonso Sastre, Antonio Saura, Gonzalo Torrente y Antonio Buero Vallejo, entre otros. Unos días después se unieron otra extensa lista de intelectuales y profesores de Madrid, Barcelona, México y París.

El mundo universitario e intelectual se alejaba cada vez más del Franquismo. La Universidad, que ya en la segunda mitad de los años 50 se había convertido en un foco de oposición a la dictadura, había visto crecer el número de estudiantes al calor del «desarrollismo económico» lo que había favorecido que sectores sociales ya no tan abiertamente vinculados a las élites accedieran a la misma. Al mismo tiempo se habían tenido que contratar profesores jóvenes recién licenciados, los conocidos como PNNs (Profesores No Numerarios), que en muchos casos habían participado en las protestas de los años anteriores y contribuyeron con sus protestas en demanda de condiciones de trabajo dignas, a fomentar esa desafección cada vez mayor hacia la dictadura.

Los «grises» ante una manifestación estudiantil en la Complutense. 1968. Creador: Manuel P. Barriopedro, propiedad de EFE. Libre uso.
Los «grises» ante una manifestación estudiantil en la Complutense. 1968. Creador: Manuel P. Barriopedro, propiedad de EFE. Libre uso.

El rechazo por parte de los estudiantes hacia el SEU había llevado a la constitución en la clandestinidad de la FUDE (Federación Universitaria y Democrática Española). Varios de sus miembros fueron detenidos a comienzos de 1964 y llevados ante el recién creado TOP (Tribunal de Orden Público). Contra estos arrestos se produjeron importantes movilizaciones que se saldarían con más detenciones. En marzo de 1964, el Rector de la Universidad de Madrid prohibió una conferencia del profesor Enrique Tierno Galván, y en protesta por ello, varios cientos de estudiantes se concentraron en la Facultad de Económicas donde se constituyeron en la Asamblea, exigiendo libertad de sindicación universitaria y autonomía para la Universidad. La policía asaltó el edificio, muchos estudiantes fueron detenidos y la Facultad fue cerrada. A los pocos días, también se clausuró el resto de la Universidad.

Un año después, en febrero de 1965, alumnos de la Universidad de Madrid convocaron a una marcha pacífica hacia el Rectorado, con la intención de exponer sus demandas a favor de la libre sindicación, la amnistía para los estudiantes detenidos o castigados y la consagración de la libertad de expresión y asociación. La policía intervino violentamente contra la manifestación, y se abrieron expedientes a estudiantes y catedráticos participantes. Algunos fueron expulsados de sus cátedras, como José Luis López Aranguren, Enrique Tierno Galván y Agustín García Calvo. Otras facultades expresaron su solidaridad, organizando manifestaciones y actos contra el SEU. Los continuos problemas de orden público dentro de la Universidad y la clara inoperancia en la que había entrado el denostado Sindicato Universitario del Régimen llevaron a su disolución en abril de 1965, pero se intentó reemplazarlo a través de la creación de Asociaciones Profesionales de Estudiantes (APES), que permitían a decanos y directores la facultad de disolverlas o cesar a sus responsables si consideraban que se habían excedido en sus atribuciones.

Manifestación de solidaridad con los estudiantes españoles celebrada en Lyon  en el año 1965. Fundación Francisco Largo Caballero
Manifestación de solidaridad con los estudiantes españoles celebrada en Lyon en el año 1965. Fundación Francisco Largo Caballero

El momento fue percibido por la oposición como una oportunidad para la creación de un nuevo sindicato estudiantil, objetivo central del movimiento a partir de entonces. En marzo de 1966 más de 500 estudiantes de la Universidad de Barcelona, se reunieron en el Convento de los Capuchinos de Sarriá, para discutir, junto con numerosos intelectuales y profesores, la creación de un sindicato democrático. Dicha reunión ha pasado a la historia como la «caputxinada» y fue el origen del Sindicato Democrático de Estudiantes de la Universidad de Barcelona (SDEUB). Casi un año después, en abril de 1967, se constituía el Sindicato Democrático de la Universidad de Madrid (SDEUM), y a lo largo del curso 1967-1968 se extendió al resto de las universidades españolas. La policía intentó reprimir las actividades de los Sindicatos Democráticos de Estudiantes, pero únicamente consiguió que estos se radicalizaran.

El movimiento estudiantil también se vio influido por los movimientos internacionales contra la guerra de Vietnam y el mayo del 68. Ese año, y como producto de las constantes movilizaciones propiciadas por el movimiento estudiantil, el ministro de Educación Lora Tamayo fue reemplazado por el «tecnócrata» Villar Palasí, que al tiempo que proyectaba una nueva Ley General de Educación, se ocupó de crear servicios de información y contrainformación en las universidades, para controlar la disidencia, como la llamada Organización Contrasubversiva Nacional (OCN) que estableció una red de colaboradores, entre bedeles, auxiliares, estudiantes y profesores. Ese mismo año también se crearía la Policía de Orden Universitario (POU), en teoría un cuerpo al servicio de los Decanos y de los Rectores, pero en la práctica un cuerpo armado que podría entrar y salir de las Facultades sin permiso previo, invadiendo la tradicional autonomía que desde tiempos medievales gozaba el espacio universitario. El curso 1968-1969 fue especialmente conflictivo, con choques con la policía, huelgas, y manifestaciones de todo tipo. El conflicto universitario alcanzó su punto máximo en enero de 1969, cuando estudiantes de la Universidad de Barcelona asaltaron el Rectorado, y en Madrid la policía informó de la muerte de Enrique Ruano, dirigente del Frente de Liberación Popular (FLP o Felipe), que cayó al vacío desde una ventana cuando estaba detenido bajo su custodia. Esta noticia provocó fuertes disturbios y finalmente, el Régimen impuso el estado de excepción en todo el país. La dureza de la acción represiva llevó a la disolución del Sindicato Democrático de Estudiantes. [En el siguiente número proseguiremos con lucha obrera y estudiantil durante los años 70].

Para saber más

—David Ruiz (2000). De la guerrilla a las fábricas. Oposición al franquismo del Partido Comunista de España (1948-1962). Espacio, Tiempo y Forma, Serie Hª Contemporánea, t.13, Madrid: UNED.

—Abdón Mateos (1987). Comunistas, socialistas y sindicalistas ante las elecciones del «Sindicato Vertical», 1944-1967. Revista de la Facultad de Geografía e Historia, núm. 1. Madrid: UNED.

—Andrea Fernández-Montesinos Gurruchaga (2008). Hijos de vencedores y vencidos: los sucesos de febrero de 1956 en la Universidad Central. Memoria de Máster. Madrid: UCM.

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Acerca del autor

Jesús de Blas Ortega

Jesús de Blas Ortega

Doctor en Ciencias Económicas y profesor de Secundaria de Geografía e Historia.

Acerca del autor

Alfredo López Serrano

Alfredo López Serrano

Alfredo López Serrano es Doctor en Historia por la UCM y profesor de Enseñanza Secundaria de Geografía e Historia. Entre 2003 y 2017 ha sido Profesor Asociado en la Universidad Carlos III de Madrid. Es Presidente de la Federación Española del Profesorado de Historia y Geografía FEPHG y miembro del Movimiento Cooperativo de Escuela Popular MCEP.

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