Republicanismo, nacionalismo catalán y vasco, y movimiento obrero durante la Restauración borbónica del siglo XIX (1874-1902)

Congreso Obrero de fundación de la FRE-AIT. Teatro Circo de Barcelona 1870
Vamos a analizar la situación del republicanismo tras el final de la Primera República y cómo en el contexto ultracentralista de la Restauración emergieron el nacionalismo catalán y el vasco. Finalmente abordaremos la situación del movimiento obrero, que iba a irrumpir como una fuerza social y política decisiva, pese a las trabas al derecho de reunión y de asociación que iban a imponer los primeros gobiernos conservadores. Empezaremos analizando el contexto político en el que se produjo la Restauración borbónica.

El fracaso de la Primera República

El final del Sexenio Democrático (1868-1874) vino marcado por la crisis y descomposición de la Primera República, de duración efímera (1873-1874). Las sublevaciones cantonalistas y anarquistas, a las que se añadía, desde un signo político totalmente contrario, la tercera guerra carlista (1872-1876), habían ido provocando la sucesiva dimisión de los presidentes del poder ejecutivo: Figueras, Pi y Margall, Salmerón y finalmente Castelar. Pasando el protagonismo al Ejército encargado de aplastar dichos levantamientos, donde destacaron: el general Pavía, enviado a reprimir a los movimientos cantonalistas en el Sur y que, en enero de 1874, había irrumpido en las Cortes republicanas para disolverlas; y Martínez Campos, primero al frente de las tropas que combatían a los carlistas en el norte de Cataluña y luego a los cantonalistas en el litoral Mediterráneo. En los últimos meses de la República, con las Cortes disueltas y la Constitución de 1869 suspendida, se estableció un gobierno autoritario y militar encabezado por el general Serrano.

Cánovas del Castillo, que desde la Unión Liberal de O’Donnell había evolucionado hasta encabezar el llamado partido alfonsino, defensor de restablecer la monarquía borbónica en la persona del príncipe Alfonso, logró convencer a Isabel II para que abdicara en su hijo, que había ingresado en la academia militar británica de Sandhurst. Desde allí, el 1 de diciembre de 1874, a instancias del mismo Cánovas, había suscrito un manifiesto (Manifiesto de Sandhurst) en el que se comprometía a establecer una monarquía constitucional, garante de la unidad territorial del Estado y comprometida con la religión católica. En la situación de crisis política generalizada, Cánovas pensaba que la llegada del príncipe Alfonso para asumir la Corona de la monarquía española podría realizarse de forma pacífica e institucional. Sin embargo, uno de los generales con mando en plaza, Martínez Campos, dio el 29 de diciembre de 1874 un golpe de Estado en Sagunto (Valencia) a favor del príncipe Alfonso, precipitando así los acontecimientos. El gobierno de Serrano no ofreció ninguna resistencia y Cánovas acabó dirigiendo un gabinete de regencia hasta la llegada y proclamación de Alfonso XII como rey, iniciándose el primer período de la Restauración borbónica (1874-1902).

Cánovas del Castillo 1896. Ricardo de Madrazo. Congreso Diputados
Cánovas del Castillo 1896. Ricardo de Madrazo. Congreso Diputados

El sistema canovista

Cánovas del Castillo pretendía garantizar la estabilidad política de la monarquía borbónica restaurada. Para ello era imprescindible:

  • Poner fin a la tercera guerra carlista (1872-1876) y a la guerra colonial en Cuba (1878, Paz de Zanjón).
  • Garantizar el orden, la unidad territorial y la defensa de la propiedad privada, para asegurarse el apoyo de los sectores sociales más conservadores: la alta burguesía, la nobleza, el alto mando del Ejército y la jerarquía de la Iglesia Católica.
  • Establecer un nuevo marco jurídico-político, formalizado mediante una Constitución (aprobada en 1876) que invistiera de legitimidad al nuevo régimen.
  • Crear un sistema de alternancia (o turno) de partidos comprometidos con el nuevo régimen monárquico —excluyendo por tanto a los partidos republicanos y al carlismo—, que fuera por vías pacíficas y no mediante pronunciamientos militares, como había sido común durante el reinado de Isabel II.
  • La propia convocatoria de las Cortes para aprobar la Constitución, que había sido redactada por una Asamblea de notables, ya marcaba una forma de funcionar del sistema canovista. Aunque fueron convocadas por sufragio universal masculino según se establecía en la carta magna de 1869, las votaciones fueron manipuladas fraudulentamente para asegurarse una amplia mayoría que respaldara la aprobación del texto constitucional casi sin enmiendas (el partido de Cánovas obtuvo 333 de los 395 escaños). La Constitución de 1876 se iba a inspirar sobre todo en la conservadora de 1845. Los aspectos más relevantes que recogía eran:
  • Soberanía compartida entre el rey y las Cortes. El rey, que iba a ostentar el poder ejecutivo, designaría al jefe de Gobierno, que no sería responsable ante las Cortes, únicamente ante el monarca. Sí lo serían el resto de ministros, que requerirían tener la doble confianza del rey y de las Cortes. El rey tendría potestad para convocar y disolver las Cortes, y sancionar o vetar las leyes. Las Cortes compartirían la iniciativa legislativa con el monarca, por lo tanto no se iba a dar una clara división de poderes.
  • Las Cortes serían bicamerales. La Cámara baja o Congreso de los Diputados se elegiría en proporción de un diputado por cada 50.000 «almas», sin establecerse un sistema de sufragio concreto, sino que remitiría al desarrollo legislativo posterior. La Cámara alta o Senado estaría formada por senadores por derecho propio (altos mandos del Ejército y la Armada), senadores vitalicios designados por el rey y senadores elegidos por las corporaciones (diputaciones provinciales, ayuntamientos, universidades, reales academias, etc.) o entre los mayores contribuyentes (dueños de grandes fortunas). Por lo tanto, no sometidos al sufragio de los electores.
  • El sistema de gobierno iba a ser de carácter centralista ya que las diputaciones y ayuntamientos estarían fuertemente controlados por el Gobierno mediante un desarrollo legislativo posterior.
  • La religión católica sería la religión oficial del Estado, que contribuiría a su sostenimiento. Se toleraban otras religiones distintas siempre que no fueran contrarias a la moral católica y se practicaran en el ámbito privado y no en público.
  • Establecía toda una serie de derechos y deberes pero, a la hora de su concreción, remitía a la legislación general que iba a ser muy restrictiva bajo los gobiernos de Cánovas.
Práxedes Mateo Sagasta 1884. J. Casado del Alisal. Congreso Diputados
Práxedes Mateo Sagasta 1884. J. Casado del Alisal. Congreso Diputados

Entre los años 1875 y 1881 no se produciría alternancia política, pues el otro partido necesario para el turno, el Partido Liberal dirigido por Sagasta, no se organizaría hasta 1880. Por eso, a ese período inicial de dominio absoluto conservador algunos historiadores lo han denominado la «dictadura de Cánovas». Todo el desarrollo legislativo de este período fue muy restrictivo para los derechos y libertades:

  • La ley electoral 1878 establecía el sufragio censitario y tan solo daba acceso al voto a un 5% de la población.
  • Se limitó el derecho de reunión y organización. Los sindicatos y partidos obreros permanecieron prohibidos.
  • La ley de imprenta de 1879 consideraba delito cualquier crítica contra el régimen monárquico, lo que provocó el cierre de algunos periódicos.
  • También fue limitada la libertad de cátedra en la Universidad, lo que llevó a algunos profesores a abandonar el ejercicio de la docencia y fundar la Institución Libre de Enseñanza, basada en los principios del laicismo.
  • Tras el final de la tercera guerra carlista (1872-1876) fueron abolidos los fueros e instituciones vascas —manteniéndose sin embargo en Navarra—, aunque se estableció el sistema de conciertos económicos (1878, que venía a ser similar al sistema vigente en la actualidad). Una Ley de Ayuntamientos y Diputaciones de 1876 daba a los gobernadores civiles la potestad de aprobar los presupuestos municipales y al rey la de nombrar los alcaldes de las poblaciones de más de 30.000 habitantes. Como se puede ver, el marco jurídico político de esta primera fase de la Restauración era sumamente restrictivo y dejaba fuera a la gran mayoría de la población, así como a las corrientes políticas carlistas, republicanas o del movimiento obrero. Además, la impronta centralista de su gobierno contribuyó a alimentar el surgimiento de los nacionalismos periféricos, particularmente el catalán y luego el vasco, tal y como veremos más adelante.

El sistema de turno de partidos

Para desarrollar plenamente el sistema canovista era necesario que hubiera una posibilidad de alternancia en el ejercicio del gobierno. No sería hasta 1881, tras la constitución en 1880 del Partido Liberal liderado por Sagasta, que se iba a poner en marcha el sistema de turnos. Sagasta había ocupado importantes cargos políticos durante el Sexenio: ministro de Gobernación en el Gobierno provisional de Serrano en 1869, jefe de Gobierno con Amadeo de Saboya (1871-72) y de nuevo jefe de Gobierno durante la República autoritaria de Serrano (1874).

Caricatura revista El Loro 1881. Crítica al turnismo
Caricatura revista El Loro 1881. Crítica al turnismo

Aparentemente, el turnismo estaba inspirado en el sistema británico, donde dos grandes partidos se sucedían en el gobierno: el partido Tory (Conservador) y el partido Whig (Liberal), pero con una gran diferencia. Mientras que el sistema británico se basaba en el parlamentarismo y por lo tanto el rey proponía formar gobierno al líder del partido que hubiera alcanzado la mayoría en las elecciones, en el sistema canovista la alternancia la decidía la Corona con antelación a los resultados electorales. El rey encargaba al partido opositor formar gobierno y este, desde el control institucional del Ministerio de la Gobernación, gobiernos civiles, ayuntamientos y los caciques locales, etc. fabricaba (mediante pucherazo o fraude electoral) los resultados a la medida mediante el sistema del «encasillado», por el que se establecía, de común acuerdo entre ambos partidos, la relación de los candidatos que deberían ser «elegidos». Cada partido tenía su propia red clientelar que era premiada con favores y cargos en cada turno respectivo. Además, el partido designado por la Corona para gobernar en su turno se comprometía a respetar la obra legislativa del anterior, así se evitaba el sistema de pronunciamientos militares tan común durante el reinado de Isabel II.

El Partido Liberal de Sagasta mantuvo un ideario «menos conservador» que el de Cánovas en muchos aspectos referidos a los derechos y libertades: frente al sufragio censitario defendía el sufragio universal masculino; ante la exclusividad de la práctica pública del catolicismo, defendía la libertad de cultos; ante las limitaciones en la libertad de prensa y cátedra, defendía su libre ejercicio; y en el ámbito económico, contra el «proteccionismo» oponía el «librecambismo».

El carácter ultracentralista del régimen de la Restauración favoreció el surgimiento del nacionalismo catalán y del vasco

De hecho, con el primer gobierno de Sagasta del Partido Liberal (1881-1884) se abrió un espacio de tolerancia para el ejercicio del derecho de reunión y de asociación que permitió la reorganización de la oposición republicana y del movimiento obrero, que pudo salir de la clandestinidad. Incluso a través del ministro de la Gobernación, Moret, se creó una Comisión de Reformas Sociales para atender cuestiones relativas al bienestar de las clases trabajadoras a la que se invitó a las organizaciones obreras a exponer sus demandas. También se permitió la libertad de cátedra y de imprenta cercenada en el período anterior.

En 1885 se produjo la muerte de Alfonso XII y el comienzo de la regencia de su viuda, María Cristina de Habsburgo, durante la minoría de edad de Alfonso XIII (hasta 1902). Para garantizar la estabilidad del régimen durante la regencia, y ante el temor al resurgimiento de los republicanos y los carlistas, y a la reorganización del movimiento obrero, Cánovas y Sagasta suscribieron el Pacto de El Pardo (sede de la presidencia del Gobierno), para garantizar el mantenimiento del sistema de turnos y la continuidad de las medidas legislativas aprobadas por cada turno de gobierno. Comenzó Sagasta en el período 1886-90, en el que se acometieron una serie de medidas de ampliación del sistema de libertades muy importantes:

  • Ley de Asociaciones de 1887, que permitió la legalización de las organizaciones obreras, como el PSOE (Partido Obrero Socialista Español), que había sido fundado por Pablo Iglesias en 1879, y la UGT (Unión General de Trabajadores).
  • El Código Civil de 1889, que establecía la coexistencia del matrimonio canónico y del civil.
  • La Ley electoral de 1890, que establecía el sufragio universal masculino para los mayores de 25 años con dos años de residencia en el municipio.

Sin embargo, los problemas derivados de la crisis económica internacional de los años 90, y el conflicto entre los partidarios del librecambio (liberales) y los proteccionistas (conservadores), dio lugar a otro turno de gobierno conservador que puso en marcha una política proteccionista con la Ley de Aranceles de 1891, que trataba de satisfacer los intereses de los industriales textiles catalanes, los de los siderúrgicos vascos, y los de los latifundistas castellanos productores de cereal (el «triángulo» de los algodoneros, ferreteros y cerealistas del que habla el historiador Vicens Vives).

El sistema de turnos se mantendría durante la regencia, aunque el asesinato de Cánovas por un anarquista italiano en 1897 llevó a su sustitución, primero por Francisco Silvela y luego por Antonio Maura al frente del Partido Conservador, y a que fuera Sagasta el que tuviera que encabezar el gobierno durante el Desastre de 1898. La muerte de Sagasta en 1903 hizo que el Partido Liberal entrara en una profunda crisis por la sucesión.

La oposición al sistema

El sistema canovista basado en el «turnismo» entre los dos partidos que aceptaban el arbitrio de la Corona, el Conservador y el Liberal, parecía perpetuarse en el ejercicio del gobierno, llegando a utilizar para ello el fraude electoral y el pucherazo si fuera necesario, pero dejó fuera del sistema de la Restauración a todo un amplio espectro de corrientes políticas:

  • republicanos y carlistas, que rechazaban el régimen dinástico, unos por su carácter monárquico (los republicanos) y los otros por considerarlo ilegítimo en tanto que era herencia directa de Isabel II a la que nunca reconocieron como reina (los legitimistas carlistas).
  • nacionalistas catalanes y vascos —y en menor medida en otros territorios como Galicia—, que irrumpieron ante el rechazo al centralismo exacerbado del régimen al que iban a reclamar espacios de autonomía política.
  • y finalmente al movimiento obrero, que, aunque tolerado desde 1881, se había visto fuera de la legalidad hasta 1887. Todos estos sectores iban a representar, desde diferentes planteamientos ideológicos, la oposición al sistema de la Restauración.

Carlismo

Tras la derrota en la tercera guerra carlista, muchos partidarios carlistas pasaron a Francia, pero la mayoría regresaron tras decretarse el indulto gubernamental y lograron tener cierta implantación electoral en Navarra y en las Vascongadas. Se dividieron en dos sectores: uno radical o integrista y otro moderado o tradicionalista que acabó formando un partido diferente, la Unión Católica, e integrándose en el Partido Conservador de Cánovas.

Republicanismo

Tras la debacle de la Primera República se mantuvo la división interna entre los partidarios de una república federal (Pi y Margall) y los partidarios de una república centralista (Salmerón, que se alió con el radical Ruiz Zorrilla), pero además apareció una tercera corriente, los posibilistas de Castelar, que acabaron colaborando con el Partido Liberal de Sagasta e integrándose en él tras las elecciones de 1893.

Pi y Margall, que se había visto obligado a retirarse a Cataluña para ejercer la abogacía tras la restauración monárquica, logró reorganizar en 1880 el Partido Republicano Federal (PRF) junto a Figueras, el primer presidente del poder ejecutivo de la Primera República. Pero en 1881, una vez que el Partido Liberal de Sagasta en el gobierno decretó una amnistía para los responsables republicanos, también entrarían en conflicto. Figueras abandonaría el partido y acabó en 1881 con los republicanos centralistas: Salmerón y Ruiz Zorrilla. Ese mismo año, Valentí Almirall, uno de los dirigentes del Partido Republicano Federal, rompió para adoptar una posición catalanista e impulsó el Primer Congreso Catalanista del que surgiría en 1882 el Centre Català, desde donde intervendría en la redacción del Memorial de Greuges (Agravios) —al estilo de las reclamaciones de las antiguas Cortes Catalanas—presentado a Alfonso XII en 1885 en el que se salía en defensa de la industria textil catalana frente a ciertas medidas librecambistas aprobadas en el turno liberal de Sagasta (1881-1884). Por lo tanto en defensa de los intereses de la burguesía industrial catalana.

El proyecto republicano federal defendido por Pi y Margall, a pesar de ser elegido en varias legislaturas como diputado por el distrito gerundense de Figueras, se vio debilitado frente a catalanistas y republicanos centralistas. Su defensa del derecho a la libre autodeterminación de Cuba, en un contexto de exaltación patriótica de los partidos dinásticos (Liberal y Conservador), también contribuyó a que fuera objeto de la hostilidad del régimen de la Restauración.

Por su parte, Salmerón, tercer presidente del poder ejecutivo durante la Primera República que sustituyó a Pi y Margall en 1874 tras la insurrección cantonalista, fue también víctima de la política de depuración ideológica puesta en marcha por la Restauración canovista y perdió su cátedra y tuvo que marchar a París, donde junto con Ruiz Zorrilla formó en 1880 el Partido Republicano Progresista. Ruiz Zorrilla había liderado el Partido Radical durante el Sexenio, formado tras el asesinato de Prim a partir de los sectores de la izquierda del Partido Progresista, junto con los demócratas que se habían mantenido favorables a la búsqueda de un rey tras la revolución Gloriosa de 1868 —los llamados «cimbrios»—. El nuevo agrupamiento de Salmerón y Zorrilla sería partidario de la república centralista y opuesto por tanto a las tesis federalistas de Pi y Margall.

Finalmente Castelar, el cuarto presidente del poder ejecutivo durante la Primera República, también exiliado en París, fundó el Partido Democrático Posibilista, que se fue aproximando a las tesis del Partido Liberal de Sagasta en el que acabaron integrándose sus partidarios tras las elecciones de 1893, en las que obtuvieron 15 escaños y una vez que Castelar se retiró de la vida política.

Entre 1893 y 1901 el republicanismo, pese a sus profundas diferencias, logró constituir una alianza, la Unión Republicana en la que se integraron federales y centralistas, junto con independientes, aunque no los posibilistas de Castelar. Obtuvieron un importante éxito electoral en las elecciones a Cortes, ya que se hicieron con la victoria en tres de las cuatro ciudades más pobladas del país: Madrid (con 6 diputados republicanos frente a 2 liberales), Barcelona (con 3 frente a 2 liberales) y Valencia (2 republicanos frente a un conservador). Las dos nuevas figuras emergentes en el campo del republicanismo serían: el escritor Vicente Blasco Ibáñez en Valencia, que uniría republicanismo y regionalismo; y un poco después Alejandro Lerroux en Cataluña, periodista de profesión, que emergería como firme partidario del republicanismo centralista, enemigo acérrimo del federalismo y del catalanismo.

Nacionalismo catalán

Uno de los personajes fundamentales para entender el paso del catalanismo cultural al político fue Valentí Almirall. Durante el Sexenio Democrático militó en el Partido Republicano Federal de Pi y Margall, perteneciendo a su corriente radical o «intransigente». Ya durante la Restauración, formando todavía parte del partido de Pi y Margall, fundó el Diari Catalá, primer diario en lengua catalana, desde donde convocó en 1880 el primer Congreso Catalanista con el objetivo de reunir a corrientes catalanistas de diferentes ideologías. Una de las de mayor peso y tradición, dirigida por el dramaturgo Àngel Guimerà, editaba La Renaixença, de carácter cultural y apolítico.

Para tratar de atraerse a esos sectores, tanto apolíticos, como tradicionales y conservadores catalanistas, Almirall rompió en 1881 con el republicanismo federal, formando en 1882 el Centre Català en el que se integraría el grupo de La Renaixença. Para poder subsistir se tuvo que mantener al margen de posicionamientos políticos y religiosos, quedando solo como una organización cívica para «defender los intereses morales y materiales de Cataluña».

Un segundo Congreso Catalanista celebrado en 1883 sería clave para impulsar después el Memorial de Greuges (Agravios) ante el rey Alfonso XII en 1885, sobre dos ejes fundamentales:

  • La defensa del sector textil catalán amenazado por algunas medidas librecambistas.
  • La defensa del derecho civil catalán, que si bien había preservado tras los Decretos de Nueva Planta promulgados en el siglo XVIII por Felipe V tras la guerra de Sucesión de la monarquía hispánica, ahora se veía amenazado por el nuevo código civil impulsado por Alonso Martínez, ministro de Justicia del gobierno del Partido Liberal de Sagasta, aunque finalmente no sería promulgado hasta 1889 respetándose finalmente el derecho civil catalán, lo que iba a ser entendido como una victoria de este catalanismo incipiente.

Como podemos ver, Almirall, que se había iniciado en la política con al ala «intransigente» del republicanismo federal, se alejaba de los principios republicanos y federales para intentar aglutinar a sectores más conservadores y apolíticos catalanistas, haciéndose eco fundamentalmente de reivindicaciones propias de la burguesía industrial y comercial catalana. La muerte de Alfonso XII en 1885, seis meses después de haber recibido a los impulsores del Memorial, dejó temporalmente cerrada esta vía reivindicativa del catalanismo.

Sin embargo, las renuncias políticas de Almirall, no fueron un freno para que otros sectores trataran de dar al movimiento un carácter claramente conservador, incluso católico, en contraposición a los planteamientos laicistas de Almirall. Todo eso condujo a que en 1887 un sector abiertamente conservador se escindiera, formando la Lliga de Catalunya, con La Renaixença como portavoz, a la que se unieron jóvenes universitarios del Centre Escolar Català como Enric Prat de la Riba, Lluís Doménech i Montaner y Francesc Cambó, entre otros. Almirall y lo que quedó de su agrupamiento fueron languideciendo hasta desaparecer.

Enric Prat de la Riba 1908, fundador de la Lliga Regionalista de Catalunya
Enric Prat de la Riba 1908, fundador de la Lliga Regionalista de Catalunya

En 1891, la Lliga se transformaría en la Unió Catalanista que aprobaría en 1892 las conocidas como Bases de Manresa, que se consideran el acta constitucional del catalanismo político. La idea rectora de las Bases de Manresa era volver a una situación similar a la que vivió Cataluña con sus fueros, instituciones y leyes propias hasta los Decretos de Nueva Planta de Felipe V (1714 para Cataluña). Por lo tanto, entroncaba con una idea tradicional e idealizada de Cataluña —tan propia del Romanticismo y del Historicismo de la época— bajo la monarquía de los Austrias. De hecho, uno de sus referentes iba a ser la monarquía dual austro-húngara, impulsada por los Habsburgo austriacos desde 1867 y que otorgaba gran autonomía a Hungría dentro del Imperio. No dejaba de resultar paradójico que el catalanismo político en sus comienzos apelara a elementos propios de las sociedades preindustriales, tratándose de una de las regiones de mayor desarrollo industrial, no sólo de España, sino de Europa, al mismo tiempo que se hacía defensor de los intereses de la burguesía industrial.

En el seno de la Unió Catalanista los sectores juveniles universitarios vinculados al Centre Escolar Català consideraban que era necesario ir más allá, y planteaban abiertamente la participación política y electoral del catalanismo. La crisis de 1898, con la pérdida de las últimas colonias españolas en América (Cuba y Puerto Rico), además de las Filipinas, provocó una gran alarma entre los sectores industriales de Cataluña, hasta entonces mayoritariamente apegados al régimen de la Restauración, del que habían conseguido el monopolio para el suministro textil en las islas caribeñas. En ese contexto se creó el clima favorable para que los sectores catalanistas más decididos dieran el paso para la participación política. Así un sector encabezado por Prat de la Riba, Doménech i Montaner, Francesc Cambó y otros, se separó de la Unió Catalanista para acabar confluyendo con otros sectores en la fundación de la Lliga Regionalista de Catalunya, logrando ser la primera fuerza electoral en Barcelona en las elecciones de mayo de 1901, lo que supondría el definitivo bautismo político del catalanismo, dominado, eso sí, por las corrientes más conservadoras y tradicionalistas.

La irrupción de la Lliga Regionalista de Catalunya supuso la ruptura en Barcelona con el bipartidismo imperante a nivel nacional (turnismo), donde se iba a imponer otro tipo de rivalidad, la que conformarían: la Lliga, como representante del conservadurismo, frente al republicanismo, como representación del progresismo en la época.

La Unió Catalanista, pese a la ruptura de los sectores que acabaron constituyendo la Lliga, se mantuvo como una institución cívica catalanista y acabó siendo cantera para el surgimiento posterior, ya en el primer cuarto del siglo XX, de organizaciones políticas nacionalistas de izquierda que trataron de unir nacionalismo y republicanismo.

Nacionalismo vasco

La figura principal del nacionalismo vasco sería Sabino Arana, nacido en una familia vinculada con el carlismo y el tradicionalismo, que tras vivir una temporada en Cataluña entraría en contacto con el catalanismo político y acabaría evolucionando hacia el nacionalismo. En 1895 Sabino Arana fundó el PNV (Partido Nacionalista Vasco), partido asentado fundamentalmente en Vizcaya, pues en Álava y en Guipúzcoa seguía existiendo una importante presencia carlista.

A diferencia del catalanismo, muy vinculado desde sus orígenes con la defensa de los intereses de la burguesía industrial catalana, el nacionalismo vasco nació alejado de los intereses de la gran burguesía industrial vasca (siderúrgica y naviera), pues iba a estar muy apegado a la defensa de la sociedad tradicional de raíces rurales, criticando la industrialización.

Sabino Arana, fundador del Partido Nacionalista Vasco (PNV) en prisión en 1895
Sabino Arana, fundador del Partido Nacionalista Vasco (PNV) en prisión en 1895

El nacionalismo vasco haría suya la defensa de la tradición foral vasco-navarra, lo que iba a sintetizar en su lema central: «Dios y Ley vieja», que le va a hacer entrar en conflicto con el régimen ultracentralista de la Restauración borbónica que a través de una ley de 21 de julio de 1876 había abolido completamente los fueros de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya —aunque no los de Navarra—. La abolición de los fueros de las tres provincias vascongadas había sido consecuencia del final de la tercera guerra carlista (1872-76) para lo que había sido determinante el acuerdo de Cánovas con la jerarquía vaticana para incluir en la Constitución de 1876 el carácter confesional del Estado, que asumiría el mantenimiento del clero católico, prohibiendo la práctica pública de cualquier otra religión. Este proceso finalizó con la integración dentro del Partido Conservador de un sector del carlismo, que escindido de este movimiento había constituido la Unión Católica.

El nacionalismo vasco no sólo reclamaba la restitución de los fueros abolidos en 1876, sino que su demanda se extendía a la derogación de la ley de 25 de octubre de 1839 por la que, tras la primera guerra carlista finalizada con el «Abrazo de Vergara» entre el general liberal Espartero y el general carlista Maroto, se mantenían los fueros vascongados pero subordinados a la Constitución de 1837. De hecho, tal y como señalan diferentes autores (Fusi, Artola o Letamendia), ni la Constitución de Cádiz de 1812, reestablecida durante el Trienio Liberal (1820-23), ni la de 1837, ni la posterior de 1869 habían declarado explícitamente la preeminencia constitucional sobre los fueros de las vascongadas. La Constitución de 1869 en su artículo 91 establecía: «(…) Unos mismos códigos regirán en toda la Monarquía, sin perjuicio de las variaciones que por particulares circunstancias determinen las leyes. En ellos no se establecerá más que un solo fuero para todos los españoles en los juicios comunes, civiles y criminales», que dejaba una ventana abierta a la especificidad foral. La constitución de la Primera República, que no llegó a promulgarse, daba, por su carácter federal, una gran autonomía a los territorios, lo que la hubiera hecho compatible con la particularidad foral vascongada. Fue con el régimen de la Restauración y su Constitución de 1876 cuando quedaron completamente abolidos los fueros vascongados, que iba a dejar el camino abierto para que emergiera un nacionalismo vasco reclamando la restitución foral abolida, como así fue finalmente.

La Ley de Minas, aprobada en 1868 por el Gobierno provisional de coalición liberal y progresista de los generales Serrano y Prim tras la revolución de «La Gloriosa», había beneficiado especialmente a la incipiente burguesía industrial vascongada que, tras la Restauración debió recibir con satisfacción la abolición foral de 1876, puesto que el Fuero de Vizcaya establecía la prohibición expresa de exportar hierro «que no se saque vena para reinos extraños», ya que la exportación de hierro a Inglaterra y la consiguiente importación de carbón galés en los mismos barcos fue la base del desarrollo de la industria siderúrgica y naval vasca. Por ese motivo es comprensible que la gran burguesía vasca simpatizara poco con los planteamientos de Sabino Arana de recuperación foral, que además rechazaba el industrialismo defendiendo una sociedad tradicional de raíces rurales.

En el sistema canovista la corona decidía qué partido debía gobernar y a continuación se organizaban las elecciones para darle una mayoría mediante el método del «encasillado»

Sin embargo, el gobierno de Cánovas, tras la abolición foral de 1876, iba a establecer el régimen de conciertos económicos mediante un decreto de febrero de 1878. A través de dicho sistema fiscal las diputaciones provinciales se encargarían de la recaudación fiscal en sus territorios y pagarían al Estado un cupo global anual —algo similar a lo que existe en la actualidad—. Bajo este sistema fiscal los intereses minero-siderúrgicos iban a verse favorecidos frente a los de la agricultura. Tomando como referencia el año 1887 la recaudación procedente de la agricultura supuso el 75% del total, frente al 25% del total que iba a aportar el sector minero-siderúrgico, que comenzaba a acumular unas fabulosas ganancias.

En el ideario nacionalista, de raíz tradicionalista, además de su antiindustrialismo confluían otras dos circunstancias que lo alejaban de la gran burguesía vasca:

  • Por un lado, se lamentaba de la inmigración que llegaba a trabajar al País Vasco desde otras regiones porque, según ellos, amenazaban la pureza racial vasca y las tradiciones euskaldunas. A estos inmigrantes les llamaban «maketos», aunque es preciso contextualizar este planteamiento porque en ese momento era muy común hablar de la «raza» para referirse a la raza española («Día de la Raza» celebrado el 12 de octubre) o a otras razas, pero sin las connotaciones que iba a tener el racismo posterior que se conoció con el régimen nazi en los años 30 y 40 del siglo XX.
  • Pero por otro lado Sabino Arana mantendrá una actitud anticolonialista que le acercaba a los planteamientos del movimiento obrero de la época, defendiendo el derecho a la independencia de Marruecos e incluso —ya antes de la guerra— el de Cuba, llegando a saludar públicamente su independencia, lo que le va a suponer el cierre de los locales del partido y de su prensa, pasando en varios momentos Sabino Arana por prisión. Aunque en honor a la verdad hay que señalar que en los planteamientos de Arana no había ningún signo de internacionalismo, pues al mismo tiempo era capaz de saludar al Imperialismo británico por su misión civilizadora en África frente a los zulúes.

Con estas posiciones de defensa de los fueros, anti-industrialistas y saludando la independencia de Cuba, con la gran conmoción que produjo y la pérdida económica que supuso para los intereses de la gran burguesía industrial y comercial (sobre todo en Cataluña, pero también para sectores como el naviero dominado por la burguesía vasca) es lógico pensar que el PNV no tuviera el apoyo de la oligarquía vasca.

Aunque paradójicamente, el crecimiento del partido, pese a su antiindustrialismo y ruralismo, se dará en mayor grado en las ciudades, incorporando en sus filas a sectores de las clases medias —comerciantes de los cascos antiguos— y a trabajadores empleados en los servicios o en sectores tradicionales como el pesquero (los arrantzales).

Pero en los últimos años de vida, Sabino Arana evolucionó hacia posiciones más conciliadoras y acabó renunciando al independentismo. Este giro político posiblemente estuvo influenciado por el éxito que acababa de conocer el catalanismo político, ya transformado en partido político, con la Lliga Regionalista de Catalunya, que en el año 1901 se alzó con el triunfo electoral en la circunscripción de Barcelona.

Este giro iba a propiciar que años después, sectores ya vinculados a la gran burguesía industrial siderúrgica y naviera, como el empresario Ramón de la Sota y Llano, se decidieran a aportar su apoyo económico y financiero al PNV, que fue fundamental para que comenzara a alcanzar algunos éxitos electorales de relevancia en los primeros años del siglo XX, como cuando consiguió la alcaldía de Bilbao en 1907.

Movimiento obrero

El movimiento obrero empezó a cobrar fuerza en España a partir del Sexenio Democrático (1868), bajo el impulso de la Asociación Internacional de Trabajadores (AIT) o Primera Internacional, fundada en 1864 en Londres. Los primeros núcleos se formaron en Madrid y Barcelona y en el Congreso Obrero celebrado en el Teatro Circo de Barcelona en 1870 se constituyó la Federación Regional Española (FRE), sección de la AIT, en la que iba a predominar la influencia anarquista de los partidarios de Bakunin, como en el caso del líder Anselmo Lorenzo «el abuelo del anarquismo» y uno de los que décadas después (1910) fundaría la Confederación Nacional del Trabajo (CNT).

Congreso Obrero de fundación de la FRE-AIT. Teatro Circo de Barcelona 1870
Congreso Obrero de fundación de la FRE-AIT. Teatro Circo de Barcelona 1870

La escisión de la Primera Internacional en 1872, como consecuencia del enfrentamiento entre los socialistas marxistas, partidarios de la construcción de partidos obreros para participar en la vida política defendiendo los derechos de los trabajadores con vistas a conseguir una sociedad sin clases; y los anarquistas bakuninistas, que rechazaban cualquier forma de participación política y propugnaban la destrucción del Estado y la implantación directa del comunismo libertario, se reflejaría también en nuestro país.

Durante el colapso que conoció la Primera República, el movimiento anarquista bakuninista se sumó al movimiento cantonalista y animó huelgas insurreccionales como la de Alcoy, que finalmente llevaron a la ilegalización de la Internacional en 1874 —-que ya algunas formaciones políticas venían intentando desde el año 1871—, aun con la oposición de los republicanos federales y de Pi y Maragall en particular que, como abogado, había ejercido la defensa de algunos de sus miembros. Engels criticaría esta orientación insurreccional del anarquismo desarrollada en España, manifestándose partidario de haber apoyado a Pi y Margall en lugar de contribuir a su caída: «(…) Pi era, de todos los republicanos oficiales, el único socialista, el único que comprendía la necesidad de que la República se apoyara en los obreros. Así presentó en seguida un programa de medidas sociales de inmediata ejecución (…). Pero los internacionales bakuninistas (…) preferían apoyar a los intransigentes más extravagantes (…) los intransigentes empezaron a perder la paciencia; los más fogosos de ellos comenzaron en Andalucía el levantamiento cantonal (…)»

El anarquismo

Al acceder al gobierno Sagasta en 1881, en el primer turno del Partido Liberal, el Ministerio de la Gobernación declaró, mediante una circular publicada el 17 de marzo, su compromiso con la libertad de reunión y asociación. En el marco de tolerancia que se abrió, se produjo un proceso de reorganización del movimiento obrero hasta entonces sumido en la clandestinidad.

Anselmo Lorenzo líder anarquista hacia 1900
Anselmo Lorenzo líder anarquista hacia 1900

En septiembre de 1881, en el Teatro Circo de Barcelona, el mismo escenario en el que en 1870 se había constituido la FRE como sección de la AIT, se celebró un Congreso Obrero del que nació la Federación Regional de Trabajadores Españoles (FRTE) de orientación claramente anarquista. En su manifiesto fundacional proclamarían: «somos adversarios de la política parlamentaria (…), colectivistas y anarquistas». La FRTE se desarrolló con una gran rapidez en Cataluña, el litoral levantino y entre los jornaleros andaluces sin tierra. En Andalucía arraigó su corriente más radical, partidaria de lo que eufemísticamente se conocía como «propaganda por el hecho», apoyada por el líder anarquista ruso Kropotkin, que tras la muerte de Bakunin (1876) se había convertido en el referente internacional del movimiento. Eso llevó a algunos miembros a la práctica de la «acción directa» que en algunos casos no eran sino acciones abiertamente terroristas.

En relación a la conocida como «Mano Negra», no hay entre los historiadores un criterio definitivo sobre si fue realmente una organización anarquista secreta organizadora de atentados, o si, por el contrario, fue una creación de los aparatos policiales para tratar de criminalizar a la FRTE y al anarquismo en general, a pesar del rechazo y la condena explícita de esos métodos terrorista por parte los Congresos de la FRTE. No obstante, la acción judicial y policial contra la supuesta «Mano Negra» iba a provocar una crisis interna en el anarquismo llegando a la separación de algunos núcleos andaluces que organizaron el congreso de «Los Desheredados» en septiembre de 1884 en Sevilla, en el que se declaraban partidarios de la «acción directa».

Las pugnas internas llevaron al debilitamiento de la FRTE que acabó disolviéndose en 1888 en un congreso celebrado en Valencia, lo que impulsó a los sectores más radicales partidarios de la «propaganda por el hecho». Así en 1891 explotó una bomba en los locales de la patronal catalana, Fomento del Trabajo. En Andalucía, una marcha campesina ocupó la ciudad de Jerez la noche del 8 al 9 de enero de 1892, transformándose en una abierta insurrección. Unas semanas después, tras un consejo de guerra sumarísimo, serían ejecutados mediante garrote vil cuatro de los procesados. En represalia por lo de Jerez, un anarquista, Paulino Pallás, atentó en septiembre contra el general Martínez Campos, capitán general de Barcelona, y fue ejecutado. El 8 de noviembre del mismo año 1893 explotaba una bomba arrojada contra el patio de butacas del Liceo. Como consecuencia, unos días después, el 17 de noviembre el gobierno Sagasta suprimía las garantías constitucionales, siendo ejecutados 6 acusados en abril de 1894. Otra bomba que explotó al paso de la procesión del Corpus el 7 de junio de 1896 desencadenaría una masiva oleada de detenciones, con cerca de 400 anarquistas presos que fueron encerrados en el Castillo de Montjuic en condiciones muy duras (hacinamiento y torturas). En septiembre de 1896 las Cortes (con Cánovas en el gobierno) votarían una Ley de represión del anarquismo. En los procesos a los anarquistas de Montjuic se condenaría a varios de ellos a muerte y a otros a duras penas de cárcel. Los absueltos serían desterrados. Al siguiente año y como represalia, un anarquista italiano, Ansiolillo, atentaría, nada más y nada menos, que contra el propio Cánovas que moriría en agosto de 1897. Con la llegada de Sagasta de nuevo al gobierno en 1901, coincidiendo con la boda de infanta María de las Mercedes, se decretaría un indulto que permitiría la salida de los anarquistas encarcelados y también el regreso de los exiliados.

Ejecución de anarquistas en Jerez. Febrero 1892
Ejecución de anarquistas en Jerez. Febrero 1892

El socialismo

Los socialistas eran los partidarios de las tesis marxistas de la Internacional favorables de constituir partidos obreros. Los primeros núcleos se desarrollaron en Madrid, alrededor de la Asociación del Arte de Imprimir —los tipógrafos—, presidida por Pablo Iglesias, y en Barcelona a través del movimiento societario que discrepaba del anarquismo, aunque, como veremos más adelante, no tenía una vocación claramente socialista. Posteriormente fueron extendiendo su influencia a las zonas minero metalúrgicas del Norte de España: Asturias y Vizcaya.

En 1879, animados por Engels y Paul Lafargue —el yerno de Marx—, así como por el socialista francés Jules Guesde, fundaron el PSOE en la clandestinidad, liderado por Iglesias.

Pablo Iglesias dirigente socialista hacia 1909
Pablo Iglesias dirigente socialista hacia 1909

La llegada del turno liberal de Sagasta en 1881 y la tolerancia que se iba a abrir hacia las organizaciones obreras en el marco de la nueva libertad de asociación y reunión anunciada, va a dar paso también a una etapa de reorganización del movimiento obrero de orientación socialista, al igual que vimos más arriba con el de orientación anarquista. Se iban a producir importantes movimientos huelguísticos y reivindicativos, como la huelga de tipógrafos madrileños de 1882, convocada por la Asociación del Arte de Imprimir presidida por Iglesias que supondría un gran impulso para el núcleo madrileño y que se extenderá a otras provincias donde los trabajadores crearán asociaciones de tipógrafos animados por el éxito de la madrileña. En 1883 la Agrupación Socialista Madrileña (del PSOE) participó en la Comisión de Reformas Sociales impulsada por el ministro de la Gobernación, Segismundo Moret (liberal), con un informe escrito por Jaime Vera.

Con la Ley de Asociaciones de 1887 de Sagasta, el socialismo iba a dar un importante paso en su proceso de reorganización y consolidación. En el mes de agosto de 1888 se iban a celebrar en Barcelona dos congresos obreros consecutivos: el de fundación de la Unión General de Trabajadores (UGT) y el de constitución del PSOE, creado en la clandestinidad en 1879. Al congreso de fundación de la UGT asistieron 25 delegados, la mayoría de Cataluña, representando 41 sociedades obreras con unos 3.500 asociados. Sólo Pablo Iglesias y otro compañero de Madrid participaron de fuera de Cataluña. El congreso del PSOE que se celebró a continuación reunió a tan sólo ¡18 delegados! Este congreso decidió participar al año siguiente en París en la fundación de la Internacional Obrera y Socialista (Segunda Internacional).

La progresión del socialismo en los primeros años fue moderada. Al finalizar el siglo XIX, la UGT contaba con unos 15.000 asociados —los del PSOE no se conocen—. La mayoría en Madrid, Vizcaya y Asturias. El progreso en Cataluña, la región más industrializada de España, se vio debilitado por dos motivos: por un lado, por la presencia latente del anarquismo, pese a sus crisis organizativas y la represión, pero posiblemente el mayor obstáculo lo supuso la creación de un partido de tipo reformista que se denominó Partido Socialista Oportunista, liderado por Josep Pàmias, que estructuraba el movimiento societario catalán al margen del socialismo marxista y del anarquismo. Aunque dejó de existir en 1896, su presencia durante años contribuyó a debilitar la implantación del PSOE en Cataluña de cara a las décadas venideras.

El Congreso del PSOE celebrado en Bilbao en 1890 acordó ir a las contiendas electorales. Ese año, siguiendo los acuerdos del Congreso de París de fundación de la II Internacional se iban a convocar manifestaciones el 1º de mayo en diferentes ciudades dando lugar a demostraciones multitudinarias en algunas de ellas como Barcelona, con 15.000 participantes, Madrid con 20.000 manifestantes y también muy nutridas en Valencia y en Bilbao, donde tendrá consecuencias muy importantes. El lema central de las convocatorias sería la petición de prohibición del trabajo de los menores de 14 años y la jornada de 8 horas.

Ese mismo año, en Vizcaya, tras la manifestación del 1º de mayo se iba a producir el estallido de una dura huelga. Todo comenzó con el despido de varios líderes mineros socialistas que habían encabezado la manifestación del 1º de mayo en Bilbao. La huelga se extendió por la minería vizcaína, pero también por los astilleros, la industria siderúrgica y el ferrocarril, llegando incluso a los empleados públicos municipales, y alcanzando una cifra de huelguistas que, según las fuentes, se situaba entre los 20.000 y los 28.000 huelguistas. El general Loma, enviado para garantizar el orden impuso finalmente un acuerdo entre la patronal y los trabajadores, por el que la jornada laboral no excedería de 10 horas de media, en función de la época del año. Lo que fue considerado un gran triunfo por parte de los trabajadores. Al siguiente año, mayo de 1891, tras la institución por el gobierno de Sagasta del sufragio universal masculino, y también como consecuencia de la huelga y de la victoria del año anterior, salieron elegidos cuatro concejales socialistas al ayuntamiento de Bilbao, que serían los primeros concejales socialistas de toda España. Sin duda, una gran victoria para el socialismo.

El socialismo empezaba a alcanzar su madurez política y comenzaba a ser una fuerza a tener en cuenta. En 1896 los socialistas presentaron candidaturas en 22 circunscripciones. En la de Alicante-Elche, Jaime Vera y Miguel de Unamuno —militante socialista en esa etapa— alcanzaron la cifra de 14.000 votos. En la de Bilbao, Iglesias no pudo ser elegido por las numerosas irregularidades gubernativas para impedir su elección. Además del desarrollo electoral, la apertura de las Casas del Pueblo, en las que se realizaban actividades políticas, sindicales, pero también culturales y formativas, lograron ir consolidando organizativamente al socialismo, que fue penetrando en el tejido social de las ciudades.

El sindicalismo católico

Frente al sindicalismo de clase, de inspiración socialista o anarquista, la Iglesia Católica, sobre todo a raíz de la encíclica del papa León XIII, Rerum Novarum (de las Cosas Nuevas, 1891), trató de impulsar un movimiento confesional basado en la doctrina social de la Iglesia que propugnaba la colaboración entre obreros y patronos, base ideológica del corporativismo posterior, denunciando la lucha de clases que defendía el socialismo. En 1896 se constituyó el Consejo Nacional de Corporaciones Católicas Obreras. El presidente de honor era el obispo de Madrid-Alcalá, y uno de sus vicepresidentes era, nada más y nada menos, que el conocido empresario e industrial marqués de Comillas, que en Barcelona también presidía el Centro de Defensa Social cuyo objetivo era «luchar contra la acción sindicalista, aconfesional y los partidos republicanos y liberales».

A modo de conclusión

Como hemos podido ver, el sistema de la Restauración ideado por Cánovas del Castillo, pese a todas las trabas legales y el control de los procesos electorales que estableció para que sólo pudieran gobernar los partidos fieles a la dinastía borbónica, no pudo contener el resurgimiento del republicanismo que logró alzarse con el triunfo en las ciudades más pobladas de España, en las que la manipulación electoral era más difícil. Su política ultracentralista, negadora de cualquier forma de autogobierno regional, iba a propiciar el surgimiento del nacionalismo catalán y vasco. Finalmente, el movimiento obrero logró también ganar espacios de tolerancia que le permitieron reorganizarse hasta alcanzar la plena legalidad, irrumpiendo en el panorama social y político como una fuerza independiente que iría alcanzando un gran peso político a finales del siglo XIX y principios del XX.

Para saber más

Miguel Artola (2001). La burguesía revolucionaria (1808-1874). Madrid: Alianza.

Miguel Martínez Cuadrado (1978). La burguesía conservadora (1874-1931). Madrid: Alianza Universidad.

Albert Balcells (2004). Breve historia del nacionalismo catalán. Madrid: Alianza.

Juan Pablo Fusi (1990). El País Vasco. Pluralismo y nacionalidad. Madrid: Alianza Universidad.

Francisco Letamendia (1980). Breve Historia de Euskadi. De la prehistoria a nuestros días. Madrid: Ruedo Ibérico.

Manuel Tuñón de Lara (1972). El movimiento obrero en la historia de España. Madrid: Taurus.

José Daniel Pelayo (2007). El derecho de asociación en la Historia constitucional española, con particular referencia a las leyes de 1887 y 1964. Historia Constitucional (revista electrónica), n. 8.

Karl Marx y Friedrich Engels (1970). Revolución en España. Barcelona: Ariel.

Jordi Nadal (1979). El fracaso de la Revolución industrial en España, 1814-1913. Barcelona: Ariel.

Jaime Vicens Vives (1977). Historia económica de España. Barcelona: Vicens Universidad.

Roberto Blanco y Mariano González (2016). Historia de España. Madrid: Editex.

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Acerca del autor

Jesús de Blas Ortega

Jesús de Blas Ortega

Doctor en Ciencias Económicas y profesor de Secundaria de Geografía e Historia.

Acerca del autor

Juan Miguel Fernández Ruiz

Juan Miguel Fernández Ruiz

Profesor Honorífico de la Universidad Complutense. Funcionario del Cuerpo de Intervención y Contabilidad de la Administración de la Seguridad Social y Asesor Técnico del Tribunal de Cuentas, jubilado.

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