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Revolución Industrial (III): El fracaso de la Revolución Industrial en España en el siglo XIX

Altos hornos de Bilbao. 1908. Darío de Regoyos. Fundación Banco Santander
Continuamos con la serie de artículos sobre la Revolución Industrial. En éste abordamos su fracaso en España durante el siglo XIX. Lo analizamos desde diferentes ángulos: demográfico, agrícola, industrial, de comunicación y transporte, financiero y de política económica (librecambismo frente a proteccionismo).

En realidad, todos estos aspectos nos remiten a uno central, el político. Parafraseando al líder revolucionario ruso de octubre de 1917, Lenin, podríamos decir que la «política no es sino economía concentrada». En Inglaterra la burguesía se hizo con el poder político ya en el siglo XVII, antes que en ningún otro país del mundo. Y desde su control del Parlamento británico pudo poner en marcha medidas favorables a sus intereses: Leyes de Cercamientos o Enclosure Acts, leyes que protegían la producción industrial textil británica, incluso frente a la procedente de sus colonias (India), Leyes de navegación o Navigation Acts que reservaban el tráfico de mercancías en los puertos ingleses a los barcos británicos, etc.

En el caso español, el acceso al poder político de la burguesía revolucionaria resultó muy dificultoso y sólo se mantuvo durante períodos de efímera duración. Curiosamente, los momentos de mayor avance del liberalismo revolucionario coincidieron con períodos de guerra: la de Independencia contra la ocupación francesa (Cortes y Constitución de Cádiz de 1812) y la primera guerra carlista (desamortizaciones de Mendizábal y Constitución de 1837). Pero las sucesivas restauraciones absolutistas con Fernando VII, o las etapas más duraderas en manos del liberalismo doctrinario o conservador, no permitieron la plena consolidación de las transformaciones revolucionarias, ni en el ámbito político, ni en el social, ni en el económico. El fiasco que supuso la experiencia de la Primera República, con las insurrecciones cantonalistas y el violento cierre a cargo del estamento militar: Pavía asaltando las Cortes; Serrano asumiendo una presidencia con la Constitución suspendida; y Martínez Campos dando finalmente un golpe de Estado a favor de la restauración borbónica —régimen al que el regeneracionista y miembro de la Institución Libre de Enseñanza, Joaquín Costa asociaba a «oligarquía y caciquismo»—, acabó limitando el alcance de las transformaciones políticas y permitió que se preservaran en el poder instituciones arraigadas en el Antiguo Régimen, como la Iglesia Católica o una monarquía formalmente constitucional, aunque totalmente alejada del funcionamiento parlamentario británico. La Segunda República fue un intento tardío de remontar el secular atraso político y social, pero fue finalmente abortado por el golpe de Estado militar que dio paso a la Guerra Civil.

En esta misma revista, en el número 5 de abril de 2016, Álvaro López Franco ha publicado un interesante artículo titulado: La difícil implantación del liberalismo en la España del siglo XIX, al que remitimos a los lectores para poder entender los continuos vaivenes políticos ocurridos durante el siglo XIX. Quisiera también aprovechar para agradecer a la profesora de Geografía e Historia, Almudena Gutiérrez Matesanz, por sus excelentes materiales docentes que también han contribuido a hacer posible la redacción del presente artículo.

Éxito en Inglaterra y fracaso en España

Algunas de las premisas que favorecieron el desarrollo de la Primera Revolución Industrial en países como Inglaterra no se llegaron a dar en España:

  • No se produjo una mejora técnica en la agricultura que elevara la productividad y fuera capaz de aumentar de forma significativa la producción agraria y el excedente comercializable, lo que hubiera favorecido una mejora de la alimentación, con el consiguiente descenso de la mortalidad, así como una importante acumulación de capitales derivados del comercio a gran escala de productos agrícolas. Las desamortizaciones realizadas a lo largo del XIX, no sólo no modificaron la estructura latifundista de la propiedad, sino que la acentuaron, sin que los propietarios terratenientes se vieran animados a invertir en mejoras técnico-productivas al poder contar con una mano de obra campesina empobrecida —los jornaleros— barata y sobreabundante.
  • Como consecuencia de ello tampoco se produjo: ni una revolución demográfica, ni un notable incremento de la demanda de productos industriales por parte del sector rural para desarrollar la actividad productiva agraria (mecanización); que hubiera podido favorecer un proceso de emigración masiva del campo a la ciudad. El campesinado, situado mayoritariamente en un nivel de renta de subsistencia, tampoco podía ser un elemento dinamizador de la demanda agraria de bienes de consumo industriales.
  • La orografía de nuestro país, con la presencia de importantes cadenas montañosas separando unas regiones de otras, la falta de grandes ríos navegables intercomunicados entre ellos —a diferencia de Europa central con los ríos Rin, Danubio y sus afluentes—, y la pésima red de carreteras y caminos, donde el medio básico de transporte hasta mediados del siglo XIX, seguía siendo el asno y la mula, dificultaron la creación de un mercado interior. Reino Unido, que muy tempranamente había eliminado las aduanas interiores, desarrolló una importante red de carreteras y canales para conectar los centros industriales con los principales puertos del país.
  • Tampoco favoreció la localización dispersa de materias primas y fuentes de energía claves para la Primera Revolución Industrial: los centros productores de mineral de hierro (Málaga y Vizcaya) se encontraban bastante alejados de los más importantes centros productores de carbón de hulla, a diferencia de Reino Unido, Bélgica y de la cuenca del Ruhr alemana, donde su localización era más cercana. En el caso español, la cuenca asturleonesa y palentina, alejada de los centros productores de mineral de hierro, aportaba el 73% del total de hulla producida entre 1861 y 1913 (gráfico 01).
Hulla española. Principales provincias productoras, 1861-1913.
  • La pérdida de las colonias, primero de la América continental y más tarde del Caribe, supuso también una dificultad añadida, al no poder contar con un gran mercado colonial para sus exportaciones como fue el caso de Inglaterra.
  • Únicamente dos áreas peninsulares lograron vincularse al proceso industrial europeo: Cataluña, con la industria textil algodonera, para cuya consolidación en las últimas décadas del siglo XIX tuvo un papel muy importante la concesión del monopolio comercial de tejidos con las colonias caribeñas (1882, Ley de Relaciones Comerciales con las Antillas); y el País Vasco, que pudo rentabilizar los yacimientos de mineral de hierro vizcaínos a través de masivas exportaciones a Reino Unido, desde donde importaba carbón de coque para la industria siderúrgica. Vemos por lo tanto, que en ambos casos, los dos grandes focos industriales se consolidaron gracias a una relación comercial exterior a la Península, ante la ausencia de un verdadero mercado interno peninsular.

De hecho, ante las dificultades del proceso de acumulación de capital en el resto del territorio peninsular, los escasos elementos de industrialización que se dieron en la segunda mitad del siglo XIX fuera de Cataluña y el País Vasco, estuvieron vinculados al capital extranjero de origen francés, británico y belga fundamentalmente, que orientaron esas inversiones para satisfacer, antes que nada, las necesidades de la industria capitalista de sus respectivos países.

El resultado de todo ello fue que, cuando aún España en su conjunto no había logrado sumarse al proceso de la Primera Revolución Industrial, basada en el carbón, el algodón y el hierro (salvo Cataluña y, en menor medida, el País Vasco), ya las grandes potencias capitalistas e imperialistas habían iniciado la Segunda Revolución Industrial, basada en el petróleo, la electricidad, el acero y el desarrollo de los medios de transporte a motor y eléctricos. Como se aprecia en el gráfico 02, durante el período 1860-69, la producción de hierro colado en España era 100 veces menos que la de Gran Bretaña y 30 veces menos que la de Francia. Vamos a pasar a estudiar ahora la evolución de los diferentes sectores económicos.

Producción de hierro colado comparada.

Ausencia de una revolución agraria

Aunque las medidas adoptadas por el liberalismo revolucionario a lo largo del siglo XIX pusieron fin al sistema de propiedad del Antiguo Régimen: mayorazgos (1836) y señoríos (1837), es decir, al sistema de vinculación de la tierra que impedía su compra-venta, las desamortizaciones emprendidas en diferentes etapas por: Godoy (centrada en establecimientos eclesiásticos de beneficencia), Mendizábal (clero regular, 1836), Espartero (clero secular, 1841) y Madoz (civil o general, 1855), no lograron modificar la estructura latifundista de propiedad de la tierra, sino que la acentuaron. Y ante la falta de inversiones en mejoras técnicas, la productividad se estancó o incluso decayó, aunque aumentara la superficie cultivada y la producción total. Si tomamos como referente fundamental la producción de la conocida como tríada mediterránea: trigo, vid y olivo, no hubo incrementos de productividad a lo largo del siglo XIX, salvo en el caso de la vid y sólo a partir de la segunda mitad de siglo, como consecuencia de las inversiones francesas, que se concentraron en la zona de la Rioja, a raíz de una epidemia de filoxera en las cepas francesas. Esta mejora se mantuvo hasta que a finales de siglo la epidemia también afectó a las cepas hispanas.

Las desamortizaciones realizadas durante del siglo XIX no lograron modificar la estructura latifundista de propiedad de la tierra, sino que la acentuaron.

Por eso, para poder preservar una agricultura de baja productividad, sobre todo en lo relativo a la producción de cereal, se emprendió una política proteccionista, que se desarrolló, como veremos después, a tres bandas: cereal castellano, textil-algodón catalán y siderurgia vasca, y que fue una de las claves del funcionamiento del sistema económico durante el final del siglo XIX y comienzos del siglo XX.

Sin embargo, en Cataluña, a diferencia del resto del país, ya en el siglo XVIII había experimentado unas significativas ganancias de productividad en la agricultura que permitieron generar unos importantes excedentes comercializables con el vino y el aguardiente y que, con la liquidación del monopolio comercial con América que habían tenido durante siglos Sevilla y luego Cádiz, y la eliminación de las aduanas interiores con Castilla, generaron una importante acumulación de capital comercial en Cataluña que fue invertido en la industria textil, primero de la lana y luego del algodón, y que contó con la política protectora de la monarquía borbónica desde Carlos III. El proceso vasco de industrialización fue muy posterior y tuvo que ver más con la explotación de las vetas de mineral de hierro de su subsuelo, que con la agricultura.

Ausencia de una revolución demográfica y débil desarrollo urbano

En los países más avanzados de Europa occidental se había ido produciendo desde el siglo XVIII una revolución demográfica, iniciándose la transición desde el régimen demográfico antiguo, caracterizado por las altas tasas de natalidad y mortalidad, a otra fase caracterizada por la caída de la tasa de mortalidad que, al mantenerse la tasa de natalidad en niveles elevados, había permitido un crecimiento acelerado de la población.

En Cataluña, a diferencia del resto del país, ya en el siglo XVIII había experimentado unas significativas ganancias de productividad en la agricultura que permitieron generar unos importantes excedentes

En el caso español, aunque se dio un crecimiento de la población a lo largo del siglo XVIII y XIX, no se llegó a producir una verdadera revolución demográfica y se mantuvo un régimen antiguo basado en las altas tasas de natalidad y de mortalidad (en el año 1900 eran respectivamente del 34 ‰ y del 29 ‰, frente al 28,7‰ y 18‰ de Reino Unido), debido a la incidencia de factores como: las crisis de subsistencias periódicas y las hambrunas, consecuencia de una baja productividad agraria; las epidemias que actuaban sobre una población mal alimentada (fiebre amarilla y cólera) o enfermedades de carácter endémico (tuberculosis, viruela, tifus, sarampión); y las guerras (primero de Independencia y luego la civil carlista). Pero a pesar de este contexto bastante desfavorable, y gracias a los avances médicos de la época, la población pasó de unos 11,5 millones de habitantes en 1800 —de los cuales, además, el 94% eran analfabetos— a unos 18,6 millones en 1900, aunque como decíamos, no se puede hablar de una revolución demográfica, si lo comparamos con el salto espectacular de Reino Unido, que partiendo a finales del siglo XVIII de niveles de población cercanos a los españoles, 10,9 millones de habitantes, ya alcanzaba los 20,9 millones a mitad del siglo XIX y los 37 millones en 1900 (Cipolla; 1979).

Desde el siglo XVIII se venía dando un cambio en la redistribución de la población de la Península. Se había producido un mayor desarrollo demográfico en la periferia, particularmente en Cataluña, producto, sin duda, de las mejoras en la productividad agraria y el desarrollo económico e industrial consiguiente que le habían aproximando a parámetros cercanos a los europeos, mientras que se había ido produciendo una pérdida poblacional del interior peninsular, en particular de la Meseta, salvo Madrid, en función de su capitalidad. Así, a lo largo del s. XIX, la población en la zona mediterránea pasó de representar el 39,5 % del total, al 45%, mientras que la del centro peninsular se redujo. En el centro peninsular, únicamente Madrid no perdió población.

Además, en el siglo XIX un gran número de españoles emigró a América, así, sólo entre 1830 y 1899 salieron de España un millón cuatrocientas mil personas, siendo Argentina, Cuba y Brasil los principales destinos. Este hecho se vio favorecido por la crisis agraria de finales de siglo que contribuyó a estimular estas salidas.

El atraso de la agricultura, la baja productividad y la débil inversión en maquinaria y otros medios técnicos, dificultó que el mundo rural desempeñara un papel de motor de la demanda de productos industriales, dificultando así el proceso de industrialización, y tampoco pudo ser fuente de excedentes agrarios y de mano de obra para favorecer la emigración masiva del campo a la ciudad, propia de cualquier proceso industrializador. En su lugar tenemos que hablar de nuevo de un proceso lento, escaso y tardío. Así, en 1900 la gran mayoría de la población española era todavía rural: el 51% vivía en núcleos poblacionales de menos de 5.000 habitantes, y menos del 10% de la población habitaba en ciudades de más de 100.000 habitantes. De hecho, únicamente Madrid y Barcelona superaban ligeramente el medio millón de habitantes mientras que en Europa eran ya muy numerosas las ciudades que superaban esa cifra, cinco de ellas en Reino Unido, con Londres alcanzando la cifra de los 6 millones y medio de habitantes, por delante de París con 3 millones y Berlín con 2 millones. Sin embargo, una vez más, encontramos en Cataluña la excepción, con una tasa de urbanización muy superior al resto de España y muy similar a la de los países industriales más desarrollados.

Un desarrollo industrial localizado en Cataluña y en el País Vasco

Como ya hemos señalado anteriormente, la industria española se desarrolló en torno a dos focos: el textil catalán y posteriormente la siderurgia vasca.

La industria textil catalana

A diferencia del resto del país, en Cataluña se produjeron varios de los factores que conocieron países como Inglaterra para desarrolló una Revolución Industrial. La agricultura conoció mejoras técnicas que permitieron ya en el siglo XVIII una mejora de productividad y la generación de excedentes comercializables en el sector del vino y el aguardiente. Y las ganancias así acumuladas pudieron ser invertidas en el sector textil (al comienzo en la lana). La apertura del mercado interior tras desaparecer las aduanas interiores con Castilla y el acceso al mercado americano, vetado hasta Carlos III (1778), sirvieron de estímulo al desarrollo económico. La cercanía y proximidad con Europa y la importación de maquinaria inglesa impulsaron una importante industria textil que se consolidó a lo largo del siglo XIX. La política de los Borbones, que combinaba aspectos del pensamiento fisiocrático —libertad de fijación de los precios del trigo— y del mercantilismo —protección e impulso de las industrias nacionales—, favoreció la protección de este sector industrial (Ley de 1802 que prohibía la importación de hilados extranjeros).

En el siglo XIX se fue dando el paso de la producción textil lanera a la de algodón. Como se puede ver en la tabla 01, el desarrollo de la industria textil algodonera catalana a lo largo del siglo XIX (contabilizado por el consumo de su materia prima) fue muy poderoso. Comparando con la evolución de la industria textil británica, de ser ésta 40 veces superior en tamaño a principios de siglo, la relación se fue reduciendo hasta ser tan solo 10 veces superior a finales de siglo. Conociendo unas elevadas tasas de crecimiento casi siempre muy por delante de las británicas —también en razón de que ésta ya estaba consolidada—, pero que, según Jordi Nadal, en 1860 estaba por delante de la de Bélgica y de la de Italia. El elevado ritmo de crecimiento durante el siglo XIX apenas conoce interrupciones, salvo la provocada por la guerra de Secesión norteamericana (1861-1865) y al final del período previo al estallido de la Primera Guerra Mundial. En cuanto al peso de la industria textil catalana en la Península señalar que en 1860 disponía del 60% de toda la capacidad productiva instalada, pero en 1913 alcanzaba ya el 90%, consumiendo durante el período 1861-1913 entre el 85 y el 96% de todo el algodón importado. Por lo tanto, no tenía realmente ningún competidor interior.

Durante la Regencia liberal de Espartero (1841-43) se promulgó un arancel librecambista en noviembre de 1841 —concesión comercial a cambio de la ayuda financiera británica para la Hacienda estatal—. El nuevo arancel, que debería entrar en vigor para el textil al año siguiente, amenazaba a la industria textil catalana, en desventaja ante los tejidos británicos de importación, y provocó un verdadero levantamiento popular en Barcelona, que acabó siendo bombardeada, precipitando el aislamiento y caída de Espartero. Por lo general, la industria textil catalana iba a contar con la protección arancelaria de los sucesivos gobiernos durante el siglo XIX, salvo en algún momento puntual, como durante el Gobierno Provisional de Serrano tras «La Gloriosa» con el arancel del ministro Figuerola en 1869 (Ley de Bases Arancelarias), que representaba un arancel moderado, entre un 20 y un 30%, aunque se planteaba su reducción hasta el 15% para la década de los 80. Con la Restauración borbónica, a partir de 1881 en que se inicia el turnismo —alternancia entre el Partido Conservador de Cánovas y el Liberal de Sagasta— con el acceso del Partido Liberal de Sagasta al gobierno, la política más librecambista hacia la Península fue compensada con creces al otorgar el monopolio de exportación textil a las Antillas (Cuba y Puerto Rico) a la industria catalana (Ley de Relaciones Comerciales con las Antillas de 1882). A partir de 1890, los conservadores de Cánovas, de nuevo en el gobierno, pusieron en marcha medidas proteccionistas (1891), y con la pérdida de las últimas colonias americanas, la presión proteccionista aumentó y se establecieron leyes de defensa de la producción nacional en 1906 y 1907.

Un arancel librecambista promulgado por Espartero (1840-43) provocó un verdadero levantamiento popular en Barcelona, que acabó siendo bombardeada,

La industria siderúrgica

La industria siderúrgica comenzó su desarrollo en los años 30 del siglo XIX en Málaga y Marbella, pero con el hándicap de no tener cerca los más importantes centros de producción hullera (cuenca asturleonesa y palentina). Por ese motivo, en los años 50 del siglo XIX acabaron siendo reemplazados por Asturias (Mieres-La Felguera) que empleaba hulla de más calidad, sin embargo, el problema pasó a ser en ese momento la lejanía de los yacimientos de mineral de hierro.

Producción siderúrgica española, 1861-1913.
Producción siderúrgica española, 1861-1913.

Eso es lo que iba a favorecer que el centro siderúrgico se desplazara en los años 80 del siglo XIX a Vizcaya (País Vasco, ver gráfico 03), donde se localizaban importantes yacimientos de hierro de bajo contenido en fósforo, muy aptos para emplear en los sistemas de producción de acero desarrollados en Reino Unido por Bessemer. La exportación masiva de este mineral a Reino Unido —durante años se exportaba más del 90% de la producción de mineral de hierro, siendo el Reino Unido el principal destinatario, ver tabla 02— era aprovechada para que, los mismos barcos en los que se exportaba el mineral de hierro, se cargaran de regreso con carbón galés (carbón de coque, de más calidad y más barato que el asturiano). Esta relación biunívoca sirvió para impulsar un importante núcleo siderúrgico de altos hornos desde los años 80 que llevó a la constitución en 1902 de la empresa Altos Hornos de Vizcaya (AHV), el mayor centro siderúrgico del sur de Europa en su tiempo. Además, se iba a impulsar la industria de construcción naval (que también se iba a nutrir de pedidos de los comerciantes catalanes), y otras empresas de fabricación metal-metálica: maquinaria textil, maquinaria herramienta y medios de transporte, etc.

Podríamos decir que la industria vasca adoptó desde finales del siglo XIX y principios del XX las formas de organización industrial propias de la Segunda Revolución Industrial, que unía capital industrial y capital financiero (bancario), aunque contando, eso sí, con una importante presencia de capital británico y con la protección arancelaria del Estado frente a las importaciones procedentes de Reino Unido y Alemania, país éste que había desarrollado sistemas de producción siderúrgica como el Siemens-Martin que, desde finales de los años sesenta, superaba al sistema Bessemer británico que fue el que se desplegó en Vizcaya. Pero también hay que señalar que, aunque hubiera un cierto proteccionismo arancelario, en los contratos de concesión de la construcción y explotación del ferrocarril, ganados por empresas extranjeras, francesas y belgas, según figuraba en la Ley de Ferrocarriles de 1855, permitía importar libremente los materiales necesarios para su construcción, lo que supuso una importante pérdida de oportunidad para impulsar la industria nacional siderúrgica, que estaba comenzando a dar sus primeros pasos y que hubiera permitido una mayor articulación del mercado interior peninsular.

La falta de capitales internos obligó a tener que acudir al capital extranjero para impulsar la construcción del ferrocarril. Y el capital extranjero impuso sus condiciones que favorecían la demanda hacia los centros industriales europeos en perjuicio de la industria nacional incipiente.

Una tradición minera de antiguo, bajo concesiones extranjeras

La tradición minera peninsular se remontaba a la Antigüedad (desde Tartessos, s. VII y VI a. C.) y fue uno de los objetivos más importantes para la llegada de diferentes pueblos colonizadores y conquistadores (fenicios, griegos, cartagineses y romanos). El valle del Guadalquivir, zona de asentamiento de Tartessos, fue rico en estaño y cobre (necesarios para la obtención del bronce). Esa tradición ancestral se vio continuada por la explotación de las minas de cobre de Riotinto (Huelva). Pero en la Edad Moderna cobraron especial importancia las minas de mercurio (o azogue) de Almadén (Ciudad Real), que experimentó una gran demanda por su utilización para eliminar las impurezas del mineral de plata americano; o las de plomo (Linares y Almería), metal fundamental para la industria militar; y el mineral de hierro vizcaíno y el carbón de hulla asturiano a los que ya nos hemos referido.

Al comienzo del Sexenio Democrático se aprobó una Ley de Bases sobre las Minas (1868) por la que se desamortizaba el subsuelo, hasta entonces en poder de la Corona, para permitir su concesión al capital extranjero o mixto, como el caso vizcaíno, donde se constituyeron empresas mixtas vasco-británicas. En general el sector minero acogió importantes flujos de capital extranjero británico, francés (carbón de Sierra Morena) y belga. Las concesiones para la explotación minera se hacían prácticamente a perpetuidad, una forma de apropiación que recordaba a la de las colonias. España se convirtió en uno de los principales suministradores de minerales para la industria europea.

La actividad minera impulsó nuevos sectores industriales como el sector químico para la producción de dinamita, sector químico que también conoció una expansión en lo que respecta a la producción de colorantes y lejías de utilización textil. También cobraron un gran impulso las industrias papeleras gracias al desarrollo de la prensa y la imprenta.

Una débil red de comunicaciones y un ferrocarril a cargo de capitales europeos

Las dificultades orográficas, la inexistencia de grandes ríos navegables interconectados entre sí y el mal estado de los caminos y carreteras, representaban otros obstáculos añadidos para poder articular un mercado interior. El impulso del ferrocarril fue contemplado con esperanza como un medio para poder superar estas dificultades estructurales de la red peninsular de transportes.

Hasta la Ley General de Caminos de Hierro de 1855, promulgada bajo el gobierno de Espartero durante el Bienio Progresista (1854-56), únicamente existían tres tramos en uso:

  • Barcelona-Mataró (1848), que unía varias zonas costeras catalanas entre las que se daba un importante flujo comercial.
  • Madrid-Aranjuez (1851), para unir los reales sitios de la Corte (Palacio Real de Madrid con el Palacio Real de Aranjuez), aunque a medio plazo estaba contemplado como un tramo de una línea hasta la costa mediterránea.
  • Y, por último, Langreo-Gijón (1852), concebida como vía de transporte del carbón de las cuencas mineras hasta el puerto de Gijón.
Evolución del ferrocarril en la segunda mitad del siglo XIX.

Tras la Ley de Ferrocarriles de 1855 se crearon varias sociedades adjudicatarias para su extensión, como: MZA (Madrid Zaragoza Alicante), creada en 1856 y participada mayoritariamente por capital francés; y la Compañía de Caminos de Hierro del Norte de España (Norte), creada en 1858 y participada por capital francés y belga.

Las concesiones fueron muy favorables para las empresas adjudicatarias, pues se hacían con una duración de 99 años y con posibilidad de revisión tarifaria cada cinco. Además, las empresas adjudicatarias, podían recibir subvenciones públicas.

Sin embargo, las condiciones contractuales de dichas concesiones resultaron muy perjudiciales para el desarrollo de la industria siderúrgica nacional, pues se permitió a las compañías adjudicatarias importar libremente el material para la construcción del ferrocarril. Aquí se vio una impronta librecambista en la Ley promulgada por el gobierno liberal de Espartero (ver tabla 03). Además tuvo otros dos inconvenientes: el ancho de vía mayor que en Europa —motivado por una decisión técnica de los ingenieros— que favorecía el aislamiento de la red española respecto de la europea; y el sistema radial del trazado confluyendo en Madrid, que marginaba los enlaces ferroviarios entre las zonas periféricas más industrializadas.

La crisis financiera internacional de los años 1863-66 produjo una paralización en las obras del trazado, pues las compañías franco-belgas adjudicatarias de su construcción se vieron muy afectadas por los efectos de la crisis internacional. La crisis se inició por el encarecimiento del precio del algodón como consecuencia de la Guerra de Secesión norteamericana (1861-65). Tras finalizar la guerra hubo un segundo impacto de la crisis, en este caso financiera, tras quebrar un banco británico emblemático y sucederse una cadena de quiebras y suspensiones de pagos bancarios en 1866.

De hecho, la construcción del trazado no se reactivó hasta el año 1876, ya con la Restauración, promulgándose una nueva Ley de Ferrocarriles en 1877, bajo el gobierno de Cánovas, con la que se dio un nuevo impulso al desarrollo de la red ferroviaria con un importante aporte de capital británico en el trazado de Andalucía y Murcia.

La política económica: entre el proteccionismo y librecambio

Como se señaló más arriba, la industria textil catalana estuvo bajo la protección arancelaria desde Carlos III en el siglo XVIII, aunque tuvo un momento de conflicto durante la Regencia liberal de Espartero, cuando se aprobó el arancel librecambista de 1841 que provocó una insurrección en Barcelona en 1842, en la que se unieron los trabajadores, los empresarios y la mayor parte de la población que se veía afectada por la llegada de tejidos británicos más baratos y de mejor calidad. Espartero llegó a bombardear la ciudad en la que el progresismo tenía una mayor base social y acabó precipitando su caída y exilio a Inglaterra.

Algunas de las premisas que favorecieron el desarrollo de la Primera Revolución Industrial en Inglaterra no se dieron en España

Durante el Sexenio Democrático, el Gobierno Provisional, también de talante liberal, suavizó el proteccionismo imperante a través del Arancel de Figuerola de 1869, pero la agitada situación general que se vivió durante esos años, no permite llegar a conocer fehacientemente el efecto de tales medidas. Ya con la Restauración, cuando comenzó el turnismo en 1881, el gobierno del Partido Liberal de Sagasta, a cambio de establecer algunas medidas favorables al librecambio otorgó a los industriales catalanes del textil el monopolio de exportación a Cuba y Puerto Rico, mediante la Ley de Relaciones Comerciales con las Antillas de 1882. La vuelta de los conservadores al gobierno en 1890 supuso un giro proteccionista con el arancel de 1891. Pero tras la crisis de 1898 y la pérdida de los mercados coloniales, los industriales catalanes iban a presionar ante el gobierno central y a confluir con los intereses de otros sectores para garantizarse el mercado interior frente a la competencia externa: los cerealistas castellanos, con una agricultura de baja productividad amenazada por el abaratamiento de los transportes marítimos y la competencia de países productores de grano como EEUU, Australia y Argentina; y los siderúrgicos vascos que también veían amenazada su producción por la competencia de industrias alemanas que utilizaban técnicas más modernas (horno Siemens-Martin, frente al Bessemer británico que seguía utilizando la industria vasca). Así, a principios de siglo se promulgaron varias leyes protectoras de la producción nacional (1906 y 1907).

Una banca de localización periférica y unas débiles finanzas estatales

En 1856, durante el Bienio Progresista, se fundó el Banco de España, a partir del Banco de San Fernando, creado durante el reinado de Fernando VII, que en 1847 se había fusionado con el Banco de Isabel II, absorbiéndolo en la práctica, dadas las dificultades del banco isabelino. En un principio no tuvo el monopolio de emisión monetaria, pues se autorizó a otros bancos privados, la mayoría periféricos, a emitir billetes, hasta que en 1874, durante la República, bajo el gobierno autoritario de Serrano y por la necesidad de financiar las guerras contra los carlistas y contra los independentistas cubanos, se estableció el monopolio de emisión. Unos años antes, con el Gobierno Provisional constituido tras «La Gloriosa», el ministro de Hacienda Figuerola había instituido a la peseta como moneda nacional en 1869, aunque su utilización como base contable de las principales instituciones financieras del país todavía se demoró una década. Con la institución de la peseta como moneda nacional y la implantación del monopolio de emisión monetaria se daba un paso necesario, aunque tardío, para poder avanzar hacia la conformación de un mercado nacional con un medio común de pago.

La gran banca contribuyó a financiar la red ferroviaria y la deuda pública del Estado, un problema crónico de la Hacienda española. Durante la Década Moderada (1844-1854) el ministro Mon, junto con Ramón de Santillán, puso en marcha una reforma tributaria que simplificó el sistema impositivo español, hasta entonces sumamente heterogéneo, pero con el acento puesto en impuestos indirectos como el de consumos que perjudicaban especialmente a las capas populares. Como consecuencia se siguió manteniendo el déficit y el recurso al endeudamiento.

Altos hornos de Bilbao. 1908. Darío de Regoyos. Fundación Banco Santander
Altos hornos de Bilbao. 1908. Darío de Regoyos. Fundación Banco Santander.

El sistema bancario, al igual que el desarrollo industrial, también era fundamentalmente periférico. Las grandes entidades bancarias fueron el Banco de Barcelona (1844), el Banco de Bilbao (1857) y el Banco de Santander (1857). Además del capital aportado por los bancos nacionales a la financiación de infraestructuras y deuda del Estado, hubo importantes aportaciones de capital extranjero a través de sociedades de crédito: el de procedencia franco-belga se emplazó fundamentalmente en el desarrollo del ferrocarril, y el británico, se colocó en las inversiones mineras, y a finales de siglo también en el trazado ferroviario de Andalucía y Murcia. Tras la crisis de 1898 se produjo una importante repatriación de capitales procedentes de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, que impulsaron una nueva fase de la actividad bancaria ya en el siglo XX, al crear entidades bancarias de ámbito peninsular y ya no sólo activas en la periferia, como el Banco Hispano Americano (1900), o el Banco Español de Crédito (1902), en cuya iniciativa estuvo también el capital francés vinculado a las sociedades de crédito que financiaban el desarrollo ferroviario.

Reflexión final

Hemos hablado al comienzo de las dificultades políticas que tuvo el liberalismo revolucionario, es decir, la burguesía revolucionaria, para mantenerse en el poder durante períodos prolongados, frente a los períodos más amplios en los que el gobierno lo detentó el absolutismo o el liberalismo conservador (o liberalismo doctrinario), es decir, la burguesía conservadora que buscó aliarse a los viejos estamentos del Antiguo Régimen: Iglesia Católica y aristocracia. Ahí está, sin duda, la clave del principal obstáculo que hubo para el desarrollo de una Revolución Industrial como habían experimentado otros países europeos empezando por Inglaterra.

En lo que respecta a la implantación del liberalismo como doctrina económica debemos señalar que Inglaterra en sus comienzos fue superproteccionista con su comercio marítimo y su producción industrial: no dejaba vender tejidos del algodón, ni siquiera de la India, su colonia, en el mercado interior pero sí reexportarlos; y, sobre todo, no dejaba que ningún barco no británico pudiera atracar en puertos ingleses. ¿No representaban esas medidas un ultraproteccionismo para salvaguardar el mercado interior? La teórica política liberal de Adam Smith de las ventajas comparativas en la que se refiere al comercio internacional, era sobre todo para que se la aplicaran los demás, como en su famoso ejemplo del intercambio de paños británicos por vino de Oporto portugués: en el que proponía que Portugal se especializara en vino de Oporto y Reino Unido en el textil, para así consolidarse como país industrial hegemónico. ¿En qué momento cambió en Reino Unido esta idea proteccionista para la producción industrial británica? Cuando a la burguesía industrial ya no le interesaba el proteccionismo agrario, pues le interesaba que se pudiera comprar trigo más barato en el exterior con el objetivo de abaratar el coste del salario (en el que el consumo de los derivados del trigo ocupaba un lugar primordial en la dieta de la clase obrera). Ahí surgió el economista David Ricardo, defensor del liberalismo (librecambio exterior) contra los productores cerealistas del interior. Pero cuando ya la industria inglesa estaba plenamente consolidada como industria hegemónica a nivel mundial.

En el caso español, Mendizábal y Espartero dieron pasos muy valientes contra las instituciones del Antiguo Régimen, en particular contra la Iglesia Católica con las desamortizaciones, pero Espartero, durante su Regencia (1840-43) —parece ser que a cambio de conseguir ayuda financiera británica—, estableció un arancel librecambista favorable a la industria textil británica en detrimento de la catalana que provocó la insurrección de Barcelona, y supuso el fin del liberalismo revolucionario en el gobierno y el paso al liberalismo doctrinario o conservador, que trató de echar atrás muchos de los avances políticos conseguidos en los años anteriores. Hay que tener en cuenta que en las filas conservadoras había personajes, como Bravo Murillo que gobernó entre 1851 y 1852, abiertamente partidarios del absolutismo, pero que a esas alturas no tenían más posibilidad que refugiarse dentro de las filas del liberalismo conservador o doctrinario.

La llegada de los liberales progresistas por un período efímero (1854-56), liderados de nuevo por Espartero, dejó una importante medida como fue la Ley de Ferrocarriles de 1855. Por un lado se buscaba la modernización de la red de transportes de nuestro país, pero ante la falta de capitales internos, se tuvo que acudir al capital extranjero, francés y belga fundamentalmente, adjudicándoles las concesiones para su extensión. Pero la impronta del liberalismo económico se dejó sentir en estos contratos al permitir la libre importación del material ferroviario (y otros muchos más por extensión) necesario para la construcción del trazado ferroviario, lo que supuso un duro golpe para la industria siderúrgica incipiente de nuestro país. El ferrocarril, que en los países que habían conocido un proceso de Revolución Industrial fue fundamental para el desarrollo de la industria siderúrgica, en España benefició sobre todo a las industrias siderúrgicas europeas (francesas, belgas y británicas) que recibieron buena parte de los pedidos necesarios para su desarrollo.

En la combinación del desarrollo industrial catalán y vasco, y el atraso agrario de Castilla y Andalucía, podemos encontrar el origen del nacionalismo periférico.

Sin embargo, cuando ya a finales del siglo XIX, se puso en marcha por parte del Partido Conservador de Cánovas una política proteccionista, se hizo en sentido totalmente contradictorio con el proceso británico. No sólo se desplegaría una política proteccionista para el textil catalán y la siderurgia vasca, sino que también se trató de proteger la ineficiencia de la agricultura latifundista castellana, incapaz de modernizarse y mecanizarse al contar con mano de obra campesina empobrecida, los jornaleros. Si, por un lado, los industriales catalanes y vascos fueron firmes partidarios del proteccionismo, sobre todo una vez perdidas las colonias caribeñas tras el desastre del 98, el mantenimiento de una agricultura atrasada, sin inversiones para mejorar su productividad y sin mecanización, basada en el latifundio y la mano de obra jornalera, no favoreció el surgimiento de un mercado interior que pudiera dar salida a la producción industrial vasca y catalana. Tras la pérdida de los mercados exteriores (desastre de 1898), la estrechez del mercado interior, con una situación agraria que recordaba más al Antiguo Régimen que a una sociedad moderna, no permitía compensar dicha pérdida. Quizás podamos comprender así por qué en Cataluña y un poco después en el País Vasco, comenzara a brotar un fenómeno regionalista que luego se iría transformando en el nacionalismo catalán y vasco, y que perdura hasta nuestros días. Pero esta cuestión será objeto de análisis en otro artículo.

Para saber más

Jordi Nadal (1979). El fracaso de la Revolución industrial en España, 1814-1913. Barcelona: Ariel.

Jaime Vicens Vives (1977). Historia económica de España. Barcelona: Vicens Vives Universidad.

Carlo M. Cipolla (ed. 1979). Historia Económica de Europa (3). La Revolución Industrial. Barcelona: Ariel.

Gabriel Tortella (1994). El desarrollo de la España contemporánea. Madrid: Alianza.

Germán Rueda (1977). Las desamortizaciones en España. Un balance (1766-1923). Madrid: Arcolibros.

Pedro Tedde (2014). El Banco de España y la crisis internacional de 1863 a 1866. Madrid: XI Congreso Internacional de la Asociación Española de Historia Económica.

Miguel Artola (2001). La burguesía revolucionaria (1808-1874). Madrid: Alianza Universidad.

Miguel Martínez Cuadrado (1978). La burguesía conservadora (1874-1931). Madrid: Alianza.

Albert Balcells (2006). Historia de Cataluña. Madrid: La esfera de los libros.

Tomás Franco Aliaga (2010). Geografía de España. Física, humana y económica. Madrid: Proyectos Córydon.

Roberto Blanco y Mariano González (2016). Historia de España. Madrid: Editex.

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Acerca del autor

Jesús de Blas Ortega

Jesús de Blas Ortega

Doctor en Ciencias Económicas y profesor de Secundaria de Geografía e Historia.

Acerca del autor

José Luis Baranda Leturio

José Luis Baranda Leturio

Licenciado en Historia del Pensamiento y de las Doctrinas Económicas. Trabajó desde 1977 a 1982 en el Servicio de Estudios del INI (ahora SEPI) y luego en la Dirección de Análisis Económico de Telefónica de España.

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