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El 14 de abril de 1931 se proclamó la Segunda República

El Socialista 15 de abril de 1931 (Fundación Pablo Iglesias, Madrid).
El 28 de enero de 1930 dimitía Primo de Rivera y el rey Alfonso XIII nombraba al general Berenguer («la dictablanda») para que intentara volver a la normalidad constitucional anterior a la dictadura, pero la oposición le dio la espalda comprometiéndose en el Pacto de San Sebastián (agosto de 1930) a traer la República a España.

En febrero de 1931 dimitía Berenguer sucediéndole el almirante Aznar quien, tras muchas vacilaciones, acabó convocando elecciones municipales para el 12 de abril, en las que los republicanos, en coalición con los socialistas, lograron un clamoroso triunfo en las ciudades más importantes del país (ganaron en 41 de las 50 capitales de provincia), generándose una inmensa movilización popular que llevó a la proclamación de la Segunda República el 14 de abril de 1931 y a la salida de Alfonso XIII al exilio.

El Socialista 15 de abril de 1931 (Fundación Pablo Iglesias, Madrid).
El Socialista 15 de abril de 1931 (Fundación Pablo Iglesias, Madrid).

Algunos aspectos recogidos en este artículo fueron abordados en otro anterior aparecido en esta misma revista, pero ahora se analizan con mayor detenimiento y profundidad.

El contexto internacional de la Segunda República

La llegada de la Segunda República a España en abril de 1931 se produjo en un contexto internacional nada favorable al desarrollo de una experiencia democrática reformista de signo progresista. Desde un punto de vista político, tras la Primera Guerra Mundial toda Europa conoció una situación abiertamente revolucionaria (consejos obreros en Alemania y Hungría, ocupaciones de fábricas y tierras en Italia, etc.). A partir del momento crítico que supuso el año 1923 (ocupación francesa del Ruhr, hiperinflación y derrota definitiva de la revolución en Alemania), se iba a producir una relativa estabilización política y económica, y también un cambio de tendencia a escala europea. Así, desde una fase abiertamente revolucionaria, se pasará a otra marcada por el ascenso de fuerzas de signo opuesto. Un año antes, en 1922, ya se había producido el ascenso de Mussolini al gobierno en Italia. En los años sucesivos se irán imponiendo dictaduras en muchos países europeos: Primo de Rivera en España en 1923, gobierno militar en Portugal en 1926, con Salazar desde 1933, dictadura en Polonia en 1926, en Yugoslavia en 1929, Austria y Rumania en 1933, ascenso de Hitler en Alemania ese mismo año, y Bulgaria en 1934. La llegada de la República a España en medio de ese contexto de regresión democrática, supuso, en palabras del profesor Hipólito de la Torre, un rara avis lo que explicaría, en buena medida, gran parte de las dificultades con las que se iba a encontrar.

Además, la República llegaba en un momento marcado por la Gran Depresión económica internacional derivada de la crisis de 1929. Aunque España no fuera de los países más impactados, dado su escaso nivel de apertura internacional, sin embargo, no puede obviarse el efecto económico negativo que produjo la caída del comercio mundial, el cese de las inversiones exteriores (acompañado de una masiva salida de capitales nacionales), o la disminución de las remesas de emigrantes, que provocaron una importante caída de las reservas de oro (tabla 01). Todo ello condicionó la política aplicada desde el principio por los gobiernos republicanos, basada en la contención de los déficits público y exterior, así como la estabilización de precios y el tipo de cambio de la peseta. Orientaciones de política económica de signo deflacionista que poco tenían que ver con los planteamientos keynesianos o del posterior New Deal norteamericano, y que contribuyeron a un mayor estancamiento de la producción, con el consiguiente aumento del paro, lo que estaría en la base del desencanto de las masas populares ante las expectativas que había despertado la llegada de la República.

España seguía siendo un país fundamentalmente agrario, sector que en 1931 ocupaba al 45,5% de la población activa (25,5% la industria y 17,5% los servicios). Tres cuartas partes de las exportaciones eran productos agrarios o alimenticios de primera transformación (destacando el aceite, el vino, la naranja y la almendra, que en el marco de la crisis se habían reducido a un tercio de su valor durante el período 1930-33), mientras que las importaciones eran mayoritariamente de productos industriales, que también decayeron en volumen por el freno de las inversiones empresariales y la política gubernamental de reducción del gasto público (que afectó a las industrias de base, como la siderúrgica vasca, y que tuvo uno de sus mayores exponentes en el parón oficial del plan de desarrollo ferroviario). Como consecuencia de todo ello, se produjo un aumento del paro (se estima que alcanzó el 12,9%, aunque todavía lejos de los niveles críticos que conocieron EEUU y Alemania, con cifras entre el 25 y el 30%). Más del 60% de los parados eran trabajadores agrícolas sin tierra (tabla 02), sobre todo de las regiones latifundistas del sur: Andalucía, Extremadura y Castilla la Mancha. Esto haría que el problema agrario fuera, por encima de todos, la cuestión social más urgente a solventar.

El Gobierno provisional

Alcalá Zamora en 1931 (Wikimedia).
Alcalá Zamora en 1931 (Wikimedia).

El Gobierno provisional formado el 14 de abril de 1931 era el fruto del Pacto de San Sebastián firmado en 1930 entre un amplio abanico de fuerzas políticas republicanas y nacionalistas catalanas y gallegas a las que se sumaron después el PSOE y la UGT. Convivían sectores claramente conservadores católicos, organizados en la Derecha Liberal Republicana, como Alcalá Zamora (presidente del Gobierno, que había sido ministro de Fomento en 1917 y de Guerra en 1922 con gobiernos del Partido Liberal) y Miguel Maura (Gobernación, hijo del que fuera presidente de gobierno conservador, Antonio Maura), con otros profundamente anticlericales vinculados con la masonería, como Lerroux (Asuntos Exteriores) y Martínez Barrio (Comunicaciones), ambos del Partido Republicano Radical, o Azaña (Guerra) de Acción Republicana. Había representantes del nacionalismo catalán, como Luis Nicolau d’Olwer (Economía) de Acción Catalana Republicana (ACR), y gallego, como Casares Quiroga (Marina), junto con republicanos herederos de una tradición jacobina partidaria de la centralización estatal, como era el ya mencionado Azaña, o con posiciones abiertamente beligerantes con los nacionalismos, como la del Partido Republicano Radical de Lerroux, también mencionado. Y por último, enfrentados a veces a todos los demás partidos, que representaban a la burguesía, aunque fuera de tendencia progresista, estaban los primeros espadas del socialismo español, Largo Caballero (Trabajo) e Indalecio Prieto (Hacienda). La cartera de Instrucción Pública (Educación) la ocuparía inicialmente el republicano Marcelino Domingo. Este gobierno tan heterogéneo iba a tener que hacer frente a enormes y complejos retos.

Primeras medidas urgentes: legislación social agraria y reforma militar

Uno de los objetivos fundamentales del Gobierno provisional era dotar al país de una Constitución democrática, mediante la convocatoria de elecciones constituyentes (a celebrar el 28 de junio de 1931), lo que exigía el pleno reconocimiento de las libertades individuales de reunión, asociación, prensa, etc. por lo que se decretó una amnistía general para los delitos políticos, sociales y de imprenta. También, de forma inmediata, se iba a poner en marcha un ambicioso plan de medidas, entre las que destacaron las que llevaron a cabo el líder socialista y de la UGT, Largo Caballero, desde el ministerio de Trabajo y las del republicano Azaña, desde el ministerio de la Guerra, que emergerían como las dos figuras de mayor peso en el gobierno:

Largo Caballero líder de UGT 1936 (Wikimedia).
Largo Caballero líder de UGT 1936 (Wikimedia).
  • Desde el Ministerio de Trabajo, Largo Caballero, ante la situación acuciante en la que se encontraban los jornaleros de la mitad sur del país, puso en marcha un paquete de siete decretos agrarios en los primeros dos meses, entre los que destacaban: el Decreto de Términos Municipales, que daba preferencia para la contratación en las tareas agrarias a los vecinos del propio municipio, para evitar así el uso de esquiroles en las huelgas traídos de otras poblaciones; prohibió los desahucios de campesinos por impago de rentas; estableció jurados mixtos integrados por patronos y obreros, presididos por un representante gubernamental para vigilar por el cumplimiento de las normas laborales; se instituyó el seguro de accidentes de trabajo que ya existía en la industria; y se estableció la jornada de 8 horas para acabar con la práctica habitual de trabajar de sol a sol. El resultado fue la subida de los jornales diarios de 3,5 a 5 pesetas (más de un 40%) en esa primavera. Como puede entenderse, estas medidas contaron con la oposición de los empresarios, agrupados en la Confederación Nacional Católico-Agraria y de la derecha política antirrepublicana.
Manuel Azaña líder de la Izquierda Republicana 1933.
Manuel Azaña líder de la Izquierda Republicana 1933 (Wikimedia).
  • Por su parte, Azaña acometió una reforma militar, La Ley de Retiro de 25 de abril de 1931, con el objetivo de reducir la estructura macrocefálica de mandos (había un oficial por cada 9 soldados, cinco veces más que, por ejemplo, en Francia). Se acogieron a ella unos 8.000 oficiales de un total de más de 20.000, pero con el efecto perverso de que los que aceptaron retirarse fueron mayoritariamente los menos beligerantes contra el nuevo régimen. También se derogó la Ley de Jurisdicciones, instituida en 1906 tras el asalto militar al periódico satírico catalán Cu-Cut! y al de la Lliga en 1905, por el que los delitos de opinión contra militares eran juzgados por consejos de guerra. También se suprimieron los ascensos por méritos de guerra, que había sido una reivindicación de las Juntas de Defensa, asociaciones militares de carácter sindical constituidas en 1916, pero que rechazaba el sector africanista del ejército. Se cerró la Academia General Militar de Zaragoza, creada por la dictadura de Primo de Rivera en 1928 y que en el momento de su disolución estaba dirigida por el general Francisco Franco. Sus alumnos fueron repartidos por las diferentes academias militares sectoriales (Infantería, caballería, intendencia, artillería, ingenieros y sanidad). Sin embargo el peso del ejército seguiría siendo muy importante y además, las jefaturas de policía, Guardia Civil y Guardia de Asalto continuarían siendo dirigidas por militares, al igual que la Dirección General de Seguridad.

Los primeros conflictos: cuestión territorial, religiosa y social

Desde sus inicios, la Segunda República iba a tener que convivir con diferentes cuestiones conflictivas, entre las que destacarían tres: la cuestión territorial, la religiosa y la social, que iban a afectar también al interior del Gobierno provisional, donde, como señalábamos más arriba, convivían diferentes orientaciones sobre las soluciones a dar a estas importantes cuestiones. Como puede verse, la problemática a la que se enfrentaba no era muy diferente a la que se conoció durante el Sexenio Democrático y la Primera República.

  • En el plano territorial, el mismo día 14 de abril, el líder de la Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Francesc Macià desde la Plaza de San Jaume había proclamado «L’Estat Català, que amb tota la cordialitat procurarem integrar a la Federació de Repúbliques Ibèriques» (El Estado Catalán, que con toda la cordialidad procuraremos integrar a la Federación de Repúblicas Ibéricas), por la tarde en un manifiesto proclamaba de nuevo el «Estat Català» bajo la forma de una República Catalana, y pedía a los otros pueblos de España su colaboración para crear una «Confederació de Pobles Ibèrics». Y tras conocerse la proclamación de la República en Madrid en un segundo manifiesto se hablaba de la proclamación de «La República Catalana com Estat integrant de la Federació Ibèrica» (La República Catalana como Estado integrante de la Federación Ibérica). Como señalaba Santos Juliá: «Fueron tres declaraciones que mostraron la variedad de tendencias agrupadas en la coalición de izquierdas catalana… y un elevado nivel de improvisación acerca de qué se está proclamando…: si un Estado catalán independiente de una monarquía borbónica, que deja para el futuro la decisión de integrarse en una federación, o confederación, de pueblos ibéricos, como se dice a mediodía; o un Estado catalán que es parte integrante de una República federal española o, indistintamente, de una Federación ibérica, como se dice cuando ya ha caído la tarde». Una representación del Gobierno provisional se trasladó a Cataluña a negociar, y Macià y los líderes republicanos catalanes aceptaron el establecimiento provisional de la Generalitat (liquidada por Felipe V con los Decretos de Nueva Planta) hasta la aprobación de un Estatuto de autonomía para Cataluña, que pedían fuera aprobado con celeridad.
  • En el plano religioso, el Gobierno provisional había comenzado su andadura con medidas de carácter moderado, producto de la presencia en el mismo de políticos católicos, tales como el propio presidente Alcalá Zamora o el ministro de Gobernación Miguel Maura. De hecho, se había garantizado a la jerarquía vaticana el mantenimiento del Concordato de 1851 —suscrito durante la Década Moderada por el gobierno ultraconservador de Bravo Murillo— hasta la aprobación de la nueva Constitución. Y en consonancia, el nuncio Tedeschini había recomendado a los obispos el respeto al nuevo gobierno en nombre de la Santa Sede. Las medidas puestas en marcha consistían en suprimir el carácter obligatorio de la enseñanza religiosa y de la participación de militares en actos religiosos castrenses, también prohibía a los miembros del gobierno participar de forma oficial en actos religiosos y dejaba a la Iglesia Católica fuera de la elaboración de los planes de estudio. El sector más conservador de la Iglesia, con el arzobispo primado de Toledo a la cabeza, cardenal Segura, escribió el 1 de mayo una carta pastoral que fue publicada por el diario monárquico ABC el 7 de mayo. En dicha carta pastoral se elogiaba explícitamente al depuesto Alfonso XIII, se hablaba de que los católicos no podían permanecer inactivos cuando los enemigos de Cristo actuaban resueltamente y en un pasaje se hacía un paralelismo con la situación en Alemania de 1918 y cómo la Iglesia de Baviera había actuado para evitar el triunfo del bolchevismo. El gobierno pidió al nuncio el apartamiento del cardenal Segura y finalmente lo expulsó del país. En este clima enrarecido, el día 10 de mayo, se celebró un acto monárquico organizado por el diario ABC, que acabó con incidentes callejeros y en los días siguientes la reacción no se hizo esperar y se produjo el ataque de sectores radicalizados contra iglesias y centros religiosos, siendo incendiadas algunas de ellas en Madrid y en otras ciudades andaluzas (Málaga, Sevilla, Cádiz). El gobierno, dividido en la manera de enfrentar la situación de violencia callejera, fue acusado de connivencia con los ataques por parte de la derecha. Estallaba así uno de los conflictos más importantes que iba a recorrer todo el período republicano.
  • En el plano social, tras los primeros y urgentes decretos agrarios impulsados por Largo Caballero, éste continuó el desarrollo de la legislación socio-laboral para el conjunto de trabajadores asalariados. Con la Ley de Contratos de Trabajo (21 noviembre) regulaba la negociación colectiva, establecía vacaciones pagadas y protegía el ejercicio del derecho de huelga. Se amplió y extendió el seguro obligatorio de jubilación y se estableció el seguro de maternidad. Pero más discutible y conflictiva fue la Ley de Jurados Mixtos, que aparentemente extendía la figura instituida en el sector agrario al sector industrial y de servicios, pero que suponía en realidad una reforma de los comités paritarios creados durante la dictadura de Primo de Rivera en los que había participado la propia UGT y Caballero y cuyo objetivo era la intermediación en los conflictos emitiendo un dictamen conciliatorio que podía llegar a ser de obligado cumplimiento si así lo determinaba un Consejo Superior de Trabajo. Este procedimiento fue rechazado frontalmente por la central anarcosindicalista CNT que lo consideró contrario a la libre negociación. Aunque en la práctica, al contar con el apoyo del ministerio liderado por Caballero, las resoluciones tendieron a ser más bien favorables a los trabajadores durante esta etapa, lo que llevó a que los patronos, que inicialmente los habían aceptado como un mal menor, acabaran rechazándolos por completo. Pero la CNT entendió que este mecanismo de conciliación la dejaba marginada, dando mayor protagonismo a la UGT, con lo que tendió a actuar al margen, promoviendo huelgas que, en algunos casos, al imponerse la línea de «acción directa» se convirtieron en insurreccionales, sobre todo en el campo andaluz, dando lugar a choques con el ejército y la Guardia Civil, que se saldarían con decenas de muertos. Por lo tanto, también iba a surgir un importante movimiento contra el gobierno procedente de su flanco izquierdo, que en algunos momentos terminaría por arrastrar a la UGT y al propio Caballero.

La Constitución de 1931

La convocatoria de elecciones a Cortes el 28 de junio, que tenían carácter de Constituyentes, se saldó con un aplastante triunfo de las fuerzas republicanas y socialistas. De los 470 escaños en disputa el PSOE obtuvo 115 (24,5%), el Partido Republicano Radical de Lerroux 90 (19,1%), el Partido Republicano Radical Socialista de Marcelino Domingo, 61 (13%), Esquerra Republicana de Catalunya 29 (5,2%), Acción Republicana de Azaña 26 (5,5%), la Derecha Liberal Republicana de Alcalá Zamora 25 (5,3%), el Partido Republicano Federal, el heredero del de Pi i Margall 16 (3,4%), el Partido Agrario Español, que reagrupaba a la derecha conservadora y monárquica y que fue el más votado de la derecha, obtuvo tan sólo 15 escaños (3,2% ), seguido de una relación de hasta 20 partidos con pequeña representación parlamentaria o casi testimonial entre los que se incluían nacionalistas vascos y gallegos, tradicionalistas, monárquicos, etc.

La llegada de la República a España se produjo en un contexto de regresión democrática en Europa.

Pero pese a esa gran mayoría, los conflictos latentes en el seno de la coalición de fuerzas republicanas y socialistas no tardarían en surgir. Así ocurriría con el debate constitucional sobre la cuestión religiosa. Si bien en el artículo 3 se establecía que el Estado español no tenía religión oficial (principio laicista), fue sin embargo más conflictiva la redacción del artículo 26 (tabla 03), que desarrollaba el principio de la completa separación entre la Iglesia y el Estado al prohibir que la Iglesia recibiera ningún tipo de subvención del Estado —el presupuesto del clero se extinguiría en un plazo máximo de dos años—. Además, las órdenes religiosas que tuvieran un voto de «obediencia a autoridad distinta a la legítima del Estado» —caso de los jesuitas— serían disueltas y sus bienes nacionalizados. El resto de órdenes religiosas serían sometidas a una ley especial que les prohibiría, entre otras cosas, ejercer la enseñanza. Otro artículo, el 48, instituía la escuela laica y unificada, limitándose la actividad educativa de la Iglesia a enseñar su doctrina en sus propios establecimientos, bajo la inspección del Estado. El rechazo de la Iglesia Católica fue total y sectores del propio gobierno provisional, como Alcalá Zamora y Miguel Maura, presentaron su dimisión, lo que llevó a Azaña a la presidencia del Gobierno provisional. Como consecuencia de este conflicto, también Lerroux abandonó el gobierno aunque por razones totalmente contrarias a las de las dimisiones anteriores, aunque paradójicamente, acabaría enfrentándose a dicho gobierno asumiendo posiciones cada vez más derechistas. La situación se recompuso parcialmente porque Alcalá Zamora fue finalmente elegido como primer Presidente de la República el 10 de diciembre de 1931, tras la promulgación de la Constitución (9 de diciembre).

Además del conflicto religioso surgieron otros escollos para la elaboración de la Constitución. Como fue la extensión del derecho de sufragio a la mujer. De las dos únicas mujeres diputadas en las Cortes —aunque hasta ese momento no podían votar, sí podían ser elegidas—, Victoria Kent, del Partido Republicano Radical Socialista de Marcelino Domingo se opuso, ya que entendía que en razón de la influencia que ejercía la Iglesia Católica, mayor aún entre la población femenina, iba a favorecer a las derechas. Por el contrario, Clara Campoamor, del Partido Republicano Radical de Lerroux, lo apoyó. Al final se votó por 161 votos a favor y 121 en contra, con 188 diputados se ausentaron de la Cámara para no votar.

La Constitución de 1931 reconocía las autonomías territoriales dentro de un Estado unitario (en septiembre de 1932 se promulgó el Estatuto Catalán), establecía unas Cortes unicamerales, con gran peso del legislativo sobre el ejecutivo, creaba la figura del Presidente de la República, diferenciándola de la del Presidente del Gobierno y reconocía el derecho de voto para la mujer, además del matrimonio civil y del divorcio. Fue aprobada por las Cortes el 9 de diciembre por 368 votos a favor de 470 diputados.

El bienio reformista (1931-1933)

Aprobada la Constitución y ya con el gobierno de coalición republicano-socialista presidido por Azaña se pusieron en marcha nuevas medidas sociales y políticas que afectaron fundamentalmente a cuatro ámbitos de actuación: la reforma agraria, la cuestión religiosa, las autonomías regionales y la reforma educativa:

  • La reforma agraria. La Ley de Bases de la Reforma Agraria (15 de septiembre de 1932) fue el resultado de un compromiso en el seno de la coalición de gobierno, donde convivían posiciones políticas muy heterogéneas. Finalmente, se acordó la expropiación, con indemnización, de fincas no explotadas directamente por sus propietarios, que serían entregadas a los campesinos en régimen de arriendo. Se había previsto que pudiera alcanzar a unos 60.000 campesinos al año, pero a penas fueron 10.000 los beneficiados. La Ley aprobada se convirtió en un laberinto jurídico de difícil aplicación que no modificó las bases de la propiedad agraria latifundista, ni propició la transformación de los jornaleros sin tierra en una capa de pequeños campesinos propietarios que hubieran podido vincular su progreso a la llegada de la República, dejando insatisfechas muchas de las expectativas que los campesinos pobres o sin tierra pudieron depositar inicialmente en la República. La radicalización entre los trabajadores del campo iba a estar servida, impulsada por la sindical anarquista (CNT), pero que también arrastraría a la sindical socialista FNTT-UGT.
  • La cuestión religiosa. El desarrollo de los preceptos incluidos en la Constitución de 1931, particularmente en su artículo 26, dio lugar al Decreto de disolución de los jesuitas (enero de 1932), incautándose el Estado de sus propiedades, y a la Ley de Confesiones y Congregaciones religiosas (mayo de 1933) que prohibía al clero dedicarse a la enseñanza. Aprovechando el estado de ánimo que provocaron estas medidas entre los sectores creyentes, la Iglesia Católica, a través de la Asociación Católica de Propagandistas que dirigía Herrera Oria y que editaba el periódico El Debate, impulsó la constitución en 1933 de un agrupamiento político de carácter confesional, la CEDA (Confederación Española de las Derechas Autónomas), liderada por Gil Robles, que era secretario general de Acción Popular, el principal partido que estructuraba la Confederación. Sus apoyos provenían de los agricultores medios de la submeseta norte, los terratenientes andaluces, los empresarios y comerciantes en general, y pasó a ser la fuerza hegemónica de la derecha política.
'La Traca', 1932 almanaque (Wikimedia).
‘La Traca’, 1932 almanaque (Wikimedia).
  • Las autonomías regionales. El Estatuto Catalán (conocido como Estatuto de Nuria) había sido presentado en Cortes para su aprobación por los nacionalistas catalanes, una vez plebiscitado en Cataluña. Y aunque encontró reticencias por parte de la izquierda socialista y, por supuesto, de la derecha, finalmente fue aprobado el 9 de septiembre de 1932 por 314 votos a favor (todos los partidos que apoyaban al gobierno, más la mayoría de los diputados del partido de Lerroux) y 24 en contra (y unas 100 abstenciones). Para su aprobación se tuvieron que dar dos circunstancias: por un lado, la modificación de los artículos que hablaban de soberanía para adecuarlos a la Constitución; por otro la intentona golpista fracasada de Sanjurjo en agosto de 1932 que aunó a las fuerzas republicanas. Como consecuencia, la Generalitat de Cataluña pasaba a estar compuesta de un Parlament, un President (el primero en ser elegido fue Francesc Macià) y un Consell Executiu. También obtenía competencias en ámbitos como orden público y justicia.
Guerra al Estatuto catalán (Wikimedia).
Guerra al Estatuto catalán (Wikimedia).
  • La reforma educativa.- En el ámbito educativo, la política gubernamental estuvo muy influida por la Institución Libre de Enseñanza, fundada en 1876 por Francisco Giner de los Ríos, para hacer frente a la supresión de la libertad de cátedra durante la Restauración borbónica de Cánovas. La Institución concebía la educación como una palanca de cambio y transformación social, para lo que se proponía acabar con la lacra del analfabetismo desde presupuestos firmemente laicistas. Se llevó a cabo la construcción de más de 6.000 escuelas entre 1932 y 1933; se impulsó la coeducación de niños y niñas; se creó la Escuela Normal para la formación de maestros; se aumentó el salario de los profesores y el número de becas; se crearon las Misiones Pedagógicas para extender la cultura (teatros, coros, museos y bibliotecas ambulantes) en los ámbitos rurales, una de las más famosas fue la que dirigió Lorca, La Barraca, formada por estudiantes universitarios adscritos al sindicato estudiantil FUE-UFEH (Federación Universitaria y Escolar-Unión Federal de Estudiantes Hispanos). Todo ello bajo el impulso del socialista Fernando de los Ríos al frente de Instrucción Pública desde diciembre de 1931.

El impulso de este plan de reformas encontró una fuerte oposición por parte de los sectores más conservadores y de la Iglesia Católica. Pero al mismo tiempo, las consecuencias de la política económica de orientación deflacionista que propició un aumento del desempleo y la timidez de algunas de las medidas sociales, en particular el reducido alcance de la reforma agraria y la lentitud en su aplicación, condujeron a una radicalización de sectores del campesinado, especialmente en el campo andaluz, donde bajo el impulso del anarcosindicalismo fueron frecuentes los sucesos insurreccionales, el más sonado el de Casas Viejas, en enero 1933, cuando la Guardia Civil y la Guardia de Asalto fusilaron a varios anarquistas ya prisioneros tras incendiar la casa donde se habían refugiado. El escándalo salpicó al gobierno e hizo tambalearse a la propia coalición republicano-socialista, los malos resultados electorales en las municipales parciales de abril de 1933 (aunque sólo afectaron a los municipios en los que en 1931 no llegó a haber elecciones por presentarse un único candidato que era proclamado automáticamente, según la ley electoral de Maura de 1907) y para la renovación de los vocales del Tribunal de Garantías terminaron por debilitar al gobierno, llevando a la dimisión de Azaña y a la convocatoria de elecciones generales en noviembre de 1933.

Sucesos de Casas Viejas. Enero1933 (Wikimedia).
Sucesos de Casas Viejas. Enero1933 (Wikimedia).

El Gobierno radical-cedista (1933-1935)

A lo largo de 1933, las derechas se habían agrupado en torno al partido Acción Popular de Gil Robles que junto a otros grupos regionales había formado la CEDA (marzo de 1933), de carácter confesional católico. Poco antes, un sector más extremista, vinculado a Alfonso XIII en el exilio, se había escindido de Acción Popular dando lugar al partido de Renovación Española (enero de 1933), que desde mayo de 1934 pasó a ser dirigido por Calvo Sotelo, una vez que pudo regresar del exilio al beneficiarse, como colaborador de la dictadura de Primo de Rivera, de la amnistía política promulgada a favor de los participantes en la intentona golpista de Sanjurjo (10 de agosto de 1932). En octubre de 1933 tuvo lugar el congreso de fundación de la Falange Española, partido de carácter fascista dirigido por José Antonio, hijo del dictador Primo de Rivera, que en febrero de 1934 se fusionó con las JONS, también de inspiración fascista, lideradas por Onésimo Redondo y Ramiro Ledesma, dando lugar al partido FE y de las JONS. Este nuevo partido estaba concebido como una milicia de choque violenta contra las organizaciones obreras. Renovación Española contribuía a su financiación, aunque nunca logró alcanzar un escaño en las Cortes como tal, pues su líder, José Antonio, lo consiguió integrado en una agrupación conservadora por la provincia de Cádiz (Unión Agraria y Ciudadana).

Gil Robles líder de la CEDA 1935 (Wikimedia).
Gil Robles líder de la CEDA 1935 (Wikimedia).

Ante la convocatoria de elecciones a Cortes en noviembre de 1933, en las que ya pudieron votar las mujeres y en las que los anarquistas llamaron a la abstención, las izquierdas —republicanos de izquierda y socialistas que habían estado gobernando durante el primer Bienio reformista— fueron divididas, y de 473 escaños totales en juego lograron en torno a 100 (59 de ellos socialistas). Los radicales de Lerroux, que se habían separado de la coalición de gobierno cuando la discusión constitucional, pasando a la oposición, lograron unos 102 escaños, aunque a su alrededor se situaban diferentes fuerzas minoritarias (republicanos conservadores de Melquíades Álvarez y de Alcalá Zamora) con los que mantenían acuerdos de cara a formar gobierno. Por su parte, la CEDA de Gil Robles, resultó la fuerza política más votada alcanzando los 115 escaños, que junto a la presencia de unos 85 diputados conservadores no adscritos a la CEDA le daba a la derecha en su conjunto unos 200 diputados, aunque insuficientes para alcanzar una mayoría parlamentaria para formar gobierno, lo que les obligaba a tener que pactar con Lerroux.

Alejandro Lerroux 1933-35 líder del Partido Radical (Wikimedia).
Alejandro Lerroux 1933-35 líder del Partido Radical (Wikimedia).

Finalmente Alcalá Zamora propuso al radical Lerroux encabezar el gobierno, que contó con el apoyo de la CEDA para la investidura pero que no incorporó ningún ministro de la coalición de derechas. El nuevo gobierno comenzó rápidamente a derogar o dejar en suspensión una buena parte de las medidas más emblemáticas del Bienio reformista:

  • En el ámbito agrario derogó el Decreto de Largo Caballero de Términos Municipales (que daba preferencia en la contratación a los vecinos del municipio para evitar los esquiroles traídos de fuera) y modificó los Jurados Mixtos agrarios de tal manera que las decisiones se fueron inclinando cada vez más a favor de los propietarios. El resultado fue la caída de los salarios de los jornaleros. También se restituyeron tierras que habían sido expropiadas a la alta nobleza por su implicación en la intentona golpista de Sanjurjo. Todo ello provocó el aumento de la conflictividad en el campo, ahora ya no sólo impulsada por el anarquismo, sino también por la FNTT (Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra, adscrita a la UGT) y con el apoyo de la Izquierda Socialista de Largo Caballero.
  • En materia religiosa se anularon las medidas que impedían ejercer la enseñanza a las órdenes religiosas. Además se estableció un sueldo estatal para los sacerdotes (Ley de Haberes del Clero). Este giro de Lerroux, bajo la presión de la CEDA, llevó a la ruptura del Partido Radical. Martínez Barrio, ministro de la Gobernación, dimitió y fundó otro partido, el Partido Radical Demócrata que meses después se integraría en la Unión Republicana que finalmente acabaría confluyendo con el partido liderado por Azaña, la Izquierda Republicana. Sin embargo, no se suspendió la orden de expulsión de los jesuitas —aunque se les devolvió parte de las propiedades incautadas—, ni la del cardenal Segura.
  • En relación con la política territorial, el nacionalismo catalán se sintió agraviado por la anulación de la Ley de Contratos de Cultivo aprobada por el Parlament —y promulgada en la emblemática fecha del 14 de abril de 1934—, ley que mejoraba las condiciones de los rabassaires (campesinos arrendatarios) facilitándoles el acceso a la propiedad, que fue suspendida por el Tribunal de Garantías Constitucionales, lo que provocó la retirada de los diputados nacionalistas catalanes de las Cortes. También en el verano de 1934 se había producido un conflicto entre los municipios vascos y el gobierno a propósito de una nueva figura fiscal que pretendía implantar el gobierno central sobre el comercio de vino («guerra del vino») que cuestionaba el Concierto económico vigente en las provincias vascas —instituido por Cánovas en 1878 tras abolir los fueros de las provincias vascongadas en 1876—. La «guerra del vino» de los municipios vascos contra el gobierno radical de Madrid supuso el inicio de la colaboración entre socialistas y nacionalistas vascos. A este conflicto se le unía además bloqueo del Estatuto Vasco que había sido plebiscitado en noviembre de 1933.
  • En el ámbito militar, el gobierno Lerroux llevó a las Cortes, y estas aprobaron, una Ley de amnistía (abril de 1934) para los participantes en la intentona golpista de Sanjurjo. Alcalá Zamora apeló al veto presidencial, pero el gobierno ratificó la ley, lo que supuso la dimisión de Lerroux (mayo de 1934) al perder la confianza del presidente de la República, siendo sustituido por otro radical, Ricardo Sempere. En este contexto de crisis y enfrentamiento entre los radicales y el Presidente, la CEDA retiró el apoyo a Sempere y exigió la entrada en el gobierno. Finalmente en octubre de 1934, Lerroux regresaría a la jefatura del gobierno incorporando a tres ministros de la CEDA —aunque no a Gil Robles—. La entrada de la CEDA en el gobierno iba a provocar el desencadenamiento de acontecimientos revolucionarios.

La Revolución de Asturias y la proclamación del Estat Català

Entre la izquierda socialista, en la que se ha había ido produciendo un proceso de radicalización, se tendía a asimilar la entrada de la CEDA de Gil Robles en el gobierno al proceso que había tenido lugar en Austria unos meses antes, cuando otro dirigente socialcristiano, Dollfuss, había promovido desde la cancillería la disolución del parlamento y la instauración de una dictadura («austrofascismo») que prohibió las organizaciones obreras, y que, aunque encontró la resistencia por parte de los socialistas que organizaron una insurrección, fue aplastada a sangre y fuego (más de 300 muertos y 800 heridos) en febrero de 1934. La admiración que Gil Robles había manifestado por Dollfuss les llevaba a pensar en unas consecuencias similares en España, como publicaba El Socialista el 3 de octubre en su editorial. El mayor problema con el que se iba a encontrar la Izquierda Socialista en su plan «revolucionario» contra la entrada de la CEDA en el gobierno era que la CNT había declarado una huelga insurreccional un año antes, al poco de conocerse los resultados de las elecciones, que se había saldado con la detención de los dirigentes más carismáticos, como Durruti, dejando a la sindical anarquista muy debilitada con lo que su participación en la revolución de octubre de 1934 estuvo limitada a algunas regiones como Asturias.

Más del 60% de los parados eran trabajadores agrícolas sin tierra. Esto hacía que el problema agrario fuera, por encima de todos, la cuestión social más urgente a solventar.

Además de las organizaciones obreras, también el nacionalismo catalán se sentía abiertamente enfrentado con el gobierno por la suspensión de la Ley de Contratos de Cultivo, suspensión que la Generalitat había decidido desobedecer. Y en el País Vasco se acababa de dar un duro enfrentamiento de los municipios vascos con el gobierno —por la llamada «guerra del vino»— que había acabado con cientos de ayuntamientos intervenidos por el gobierno y casi mil alcaldes y concejales procesados.

Así, cuando la acción insurreccional obrera arrancó en Asturias gracias al acuerdo de Alianza Obrera (UHP, «Uníos Hermanos Proletarios») entre la UGT y la CNT junto a otras organizaciones políticas de izquierda, se produjo la proclamación del Estat Català dentro de la República Federal Española por Companys (presidente de la Generalitat y de ERC) y un movimiento insurreccional de cierto alcance en las comarcas mineras de Vizcaya. Fracasando estrepitosamente en Madrid y en otras localidades. La represión, con la intervención de fuerzas legionarias y marroquíes comandadas por el general Franco, fue especialmente dura en Asturias donde la resistencia había llegado más lejos (más de 1.500 muertos y decenas de miles de presos). En Cataluña, al inhibirse la CNT, el movimiento tuvo un escaso alcance, aunque la autonomía fue disuelta y el presidente Companys encarcelado. Los más importantes líderes socialistas del PSOE y la UGT fueron a prisión o se tuvieron que exiliar, aunque, a diferencia de Austria, las organizaciones obreras no llegaron a ser disueltas.

Mineros presos tras la revolución de 1934. Brañosera, Palencia (Wikimedia).
Mineros presos tras la revolución de 1934. Brañosera, Palencia (Wikimedia).

Tras el aplastamiento de la insurrección de 1934, el gobierno dirigido por Lerroux iba a radicalizar aún más su política hacia la derecha, sobre todo a partir de mayo de 1935 en que se incorporaría el propio Gil Robles (ministerio de Guerra) y se iniciaría la contrarreforma agraria, anulando los pocos pasos que habían sido dados. Sin embargo, varios escándalos de corrupción —como el del estraperlo de las ruletas trucadas instaladas en casinos—, que en algún caso implicaban al mismo Lerroux, precipitaron la crisis del gobierno radical-cedista. Gil Robles aprovechó la coyuntura para postularse como jefe de gobierno, pero Alcalá Zamora encargó la formación del gobierno a Manuel Portela Valladares (diciembre 1935) con el objetivo de convocar elecciones anticipadas.

Tras los sucesos de octubre de 1934 los más importantes líderes socialistas fueron a prisión o se tuvieron que exiliar, aunque, a diferencia de Austria, las organizaciones obreras no llegaron a ser disueltas.

El Frente Popular

El ascenso de Hitler al poder en Alemania había hecho replantear la estrategia de la Internacional Comunista propiciando acuerdos no sólo con los socialistas o socialdemócratas, sino aún más allá incluyendo a sectores de la burguesía liberal. La plasmación de esta política tuvo su primer hito en Francia, con la constitución del Frente Popular en 1935, vencedor de las elecciones y que gobernó entre 1936 y 1938. Sin lugar a dudas, el referente francés sería fundamental para que se produjera la confluencia de fuerzas republicanas, socialistas, comunistas y nacionalistas en el pacto de Frente Popular suscrito el 15 de enero de 1936. La relación de fuerzas firmantes incluía a la Unión Republicana de Martínez Barrio, la Izquierda Republicana de Azaña, la Esquerra Republicana de Cataluña, el PSOE, el PCE, las Juventudes Socialistas, la UGT, el POUM y el Partido Sindicalista de Pestaña. La amnistía para los más de 30.000 presos políticos, encarcelados desde octubre de 1934, era la exigencia central, así como el retorno a la política religiosa, educativa y regional del primer bienio, y una reforma agraria más rápida.

Cartel de propaganda del Frente Popular (Wikimedia).
Cartel de propaganda del Frente Popular (Wikimedia).

Las derechas se agruparon fundamentalmente en torno a la CEDA, que conocía un claro proceso de radicalización, en particular en sus juventudes (JAP, Juventudes de Acción Popular, a las que Serrano Suñer, diputado de la CEDA y cuñado de Franco, animaba a ingresar en la Falange). No suscribieron un pacto a escala nacional, como las izquierdas, pero sí llegaron a acuerdos locales o regionales, como en el caso de Cataluña donde bajo la denominación de Front Català d’Ordre presentaron una candidatura común en la que se integraban, desde Lerroux, hasta miembros tradicionalistas y del partido de Calvo Sotelo, de claras connotaciones fascistas, para hacer frente al Front d’Esquerres, que fue la denominación catalana del Frente Popular. Falange acudió sola a la cita electoral, al igual que el PNV, que lo hizo en contra de la opinión del Vaticano, partidario de que se unieran a la derecha.

Las elecciones de 1936 y el nuevo gobierno

La victoria del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936, aunque no muy abultada en términos de votos (una diferencia de unos 150.000 votos entre casi 10 millones de votantes), sí le daba, sin embargo, una mayoría amplia en las Cortes: 263 escaños de 473, frente a 156 de las derechas y 54 que sumaban centristas y nacionalistas, gracias a la ley electoral vigente promulgada por Maura en 1907 que primaba con más escaños a la candidatura mayoritaria. Ante una intentona militar en marcha para invalidar las elecciones declarando el «estado de guerra», Portela Valladares decidió entregar anticipadamente el gobierno a Azaña el mismo día 19 de febrero, cuando aún faltaba por celebrarse la segunda vuelta electoral. Azaña formó un gobierno integrado exclusivamente por ministros republicanos, ya que las organizaciones obreras rehusaron participar, prefiriendo apoyar desde fuera. El gobierno recién constituido se vio obligado a actuar con rapidez, empujado por las circunstancias:

  • La presión social en las calles exigiendo la libertad de los miles de presos políticos encarcelados tras la revolución de octubre de 1934, llegando incluso a ser liberados espontáneamente en algunos casos, obligó al gobierno a presentar en la diputación de las Cortes un decreto-ley urgente de amnistía que fue aprobado el 21 de febrero. Y unos días después el gobierno decretaba la readmisión de los trabajadores despedidos por motivos sindicales y políticos, bajo la presión sindical.
  • También fue restituida la Generalitat de Cataluña y su presidente Companys, tras ser liberado del Penal del Puerto de Santa María, comenzando la aplicación de la Ley de Contratos de Cultivo que había sido suspendida por el Tribunal de Garantías Constitucionales. También fueron restituidos los ayuntamientos intervenidos por el gobierno anterior, especialmente en Cataluña y en el País Vasco con la «guerra del vino».
  • En el campo, sobre todo en Extremadura y Andalucía, se iniciaron las ocupaciones de tierras de latifundio impulsadas por la CNT y la FNTT-UGT, ocupaciones que el gobierno se vio obligado a legalizar sobre la marcha para tratar de contener el ambiente prerrevolucionario. De hecho, entre marzo y julio se expropiaron medio millón de hectáreas siendo distribuidas entre más de 100.000 familias campesinas.
  • La radicalización política se instaló en el Parlamento y en la calle. Al igual que Gil Robles se aproximaba cada vez más al extremismo de Calvo Sotelo, los jóvenes de la CEDA (las JAP) se iban pasando a la Falange, que practicaba el pistolerismo y la violencia («no hay más dialéctica admisible que la dialéctica de los puños y de las pistolas cuando se ofende a la justicia o a la Patria », discurso fundacional de Falange) por lo que había sido proscrita y su líder, José Antonio, encarcelado. Como respuesta al pistolerismo falangista, las organizaciones juveniles socialistas y comunistas, unificadas en la JSU (Juventud Socialista Unificada) en marzo de 1936, estructuraron unidades militarizadas de autodefensa que desfilaban uniformadas. La UGT y su líder, Largo Caballero que dirigía la izquierda socialista y era diputado en Cortes, hablaban abiertamente de revolución social y actuaban conjuntamente con la CNT en muchos conflictos.

En esta situación Alcalá Zamora —al que la izquierda le hacía en cierta medida responsable de lo sucedido en 1934— fue destituido por las Cortes en abril y sustituido provisionalmente por Martínez Barrio (que había roto con Lerroux en 1933 a causa de la deriva derechista de éste), hasta que se convocó la asamblea de compromisarios el 10 de mayo que eligió a Azaña como presidente de la República. Azaña intentó que el gobierno pasara a dirigirlo el socialista Prieto, líder del sector moderado del partido, pero el socialismo era reacio a participar en el gobierno. Finalmente fue el galleguista Casares Quiroga el que pasó a dirigir el gobierno, en el que tampoco participaron las organizaciones obreras.

Desde el mes de marzo se venía fraguando una conspiración en torno a los militares de la UME (Unión Militar Española), encabezados por Sanjurjo desde Portugal y por Mola («el director») en España.

La conspiración militar

Mientras tanto, se venía fraguando desde el mes de marzo una conspiración en torno a los militares de la UME (Unión Militar Española), encabezados por Sanjurjo desde Portugal y por Mola («el director») en España, a los que se fueron uniendo: Goded, desde Baleares; Cabanellas, desde Aragón; Queipo, que era Director de Carabineros; y más hacia el final, Franco, desde Canarias, además de otros muchos sin mando en plaza. Junto a los militares participaban también sectores de la ultraderecha política como Calvo Sotelo, Ramiro de Maeztu o Goicoechea y contaban con el apoyo de importantes financieros como Oriol y especialmente Juan March. El detonante, que no la causa, pues la conspiración estaba en marcha desde hacía meses, fue el asesinato de Calvo Sotelo el 13 de julio en venganza por el asesinato de un teniente socialista de la Guardia de Asalto, José Castillo, el día anterior.

Para saber más

Julio Gil Pecharromán (1999). La Segunda República. Madrid: Historia16.

Julián Casanova (2007). República y Guerra Civil. Vol. 8 de Historia de España, dirigida por Josep Fontana y Ramón Villares. Barcelona: Crítica/Marcial Pons

Santos Juliá (2009). La Constitución de 1931. Colección Las constituciones españolas, dirigida por Miquel Artola. Madrid: Iustel.

Gabriel Jackson (1978). La República española y la guerra civil. Barcelona: Crítica.

Pierre Broué (1977). La revolución española (1931-1939). Barcelona: Península.

Roberto Blanco y Mariano González (2016). Historia de España. Madrid: Editex.

La Guerra civil española (1983) (serie documental producida por Granada TV y emitida por Channel 4 en Reino Unido) director, David Hart; productor, John Blake; asesoramiento histórico, Ronald Fraser, Hugh Thomas, Javier Tusell. Capítulo 1.- El preludio de la tragedia.

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Acerca del autor

Jesús de Blas Ortega

Jesús de Blas Ortega

Doctor en Ciencias Económicas y profesor de Secundaria de Geografía e Historia.

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