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Revolución Industrial (II): El atraso de la agricultura y su influencia en el fracaso de la Revolución Industrial en España

Juan Álvarez Mendizábal. 1845. José Gómez y José Balaca. Biblioteca Nacional
Continuamos la serie sobre la Revolución Industrial en la que en el artículo anterior tratábamos de responder a la pregunta de por qué fue Inglaterra el país pionero. Vamos a analizar en este artículo un caso contrario, de fracaso del proceso industrializador, y nos vamos a centrar en el atraso secular que conoció la agricultura en España que le impidió ser un factor dinamizador como lo fue en Inglaterra en el siglo XVIII.

En el artículo sobre la Revolución Industrial en Inglaterra analizamos que no sólo la agricultura representó un factor primordial para el desarrollo industrial, sino que hubo además una condición previa que consistió en el ascenso de la burguesía al poder político con el establecimiento del primer sistema de monarquía parlamentaria en el que desde la Cámara de los Comunes la burguesía, aliada con sectores de la nobleza «aburguesada», puso en marcha leyes decisivas para favorecer el salto desde el Antiguo Régimen a un sistema de economía mercantil que ayudó a preparar el terreno para el desarrollo capitalista. En este artículo dedicado a España nos vamos a centrar en el papel del atraso agrícola. En trabajos posteriores iremos abordando otros factores que bloquearon el desarrollo de la Revolución Industrial en España (demográficos, políticos, sociales, etc.).

El atraso secular de la agricultura

El estancamiento de la agricultura en nuestro país era un problema que venía de largo. Durante los siglos XVI y XVII la agricultura siguió subordinada a los intereses de la ganadería lanar, a través de los privilegios que, desde época medieval, tenían los ganaderos del Concejo de la Mesta, ya que la ganadería generaba grandes beneficios por la exportación de la lana a Flandes. Por otra parte, el mercado americano, que había dado grandes ganancias, se había ido agotando como destino de exportación agraria en la medida en que pudo ir abasteciéndose a partir de su propia producción local. Igualmente, la política de fijación administrativa del precio del trigo (tasa), que se mantuvo hasta el siglo XVIII —siendo su eliminación una de las causas del motín de Esquilache—, supuso otro obstáculo que dificultó el incremento de la producción cerealista.

La desamortización afectó a las tres quintas partes de los bienes eclesiásticos.

Pero sobre todo, lo que la mayor parte de los autores señalan como causa fundamental del atraso agrícola, fue el mantenimiento de una estructura de la propiedad en el que convivían una agricultura minifundista de subsistencia en la mitad norte del país, incapaz de generar excedentes agrarios, junto con una agricultura latifundista en el sur vinculada a las instituciones tradicionales del Antiguo Régimen, el mayorazgo, que aunque permitía a sus titulares transmitir las tierras en herencia, no dejaba parcelarlas ni venderlas (tierras vinculadas), y las manos muertas en manos de la Iglesia, que igualmente convertía sus propiedades rurales en tierras amortizadas que no se podían vender. El ilustrado Jovellanos habló de estorbos morales y políticos.

Las primeras desamortizaciones

La desamortización consistió en la nacionalización por parte del Estado de bienes raíces (tierras y edificios) pertenecientes a la Iglesia y a otras instituciones benéficas, asistenciales y de tipo piadoso —aunque más tarde se extendió también a las tierras de los municipios, de propios, cedidas por el ayuntamiento a particulares a cambio de una renta, y comunales, de aprovechamiento común por parte de los vecinos de forma gratuita—, para poder ser puestos en venta mediante pública subasta, ya que en el marco de la jurisdicción del Antiguo Régimen no tenían posibilidad de ser vendidos por sus titulares, al estar sujetos a amortización —manos muertas— por diversas disposiciones canónicas o por la voluntad de sus fundadores en el caso de las órdenes religiosas. El objetivo que se perseguía con la desamortización era múltiple: por un lado era una manera de conseguir ingresos para las arcas del Estado, pero por otro, suponía, tanto desde la óptica del pensamiento ilustrado, como posteriormente del liberal, una forma de cuestionar el poder económico de la Iglesia, uno de los pilares del Antiguo Régimen, favoreciendo así el impulso de una economía de mercado en el sector agrario.

Mendizábal perseguía debilitar económicamente a la Iglesia Católica, que era uno de los apoyos fundamentales de los carlistas.

Las primeras desamortizaciones se iniciaron a finales del siglo XVIII y principios del XIX bajo el gobierno de Godoy (reinado de Carlos IV), con el objetivo de hacer frente a la creciente deuda pública acumulada originada por el déficit crónico de la Hacienda estatal. La aproximación política a la Francia posrevolucionaria, una vez eliminados los sectores más radicalizados (jacobinos), favoreció la puesta en marcha de ciertas medidas propias del pensamiento ilustrado y se nacionalizaron y vendieron cierta cantidad de propiedades de la Iglesia, sobre todo hospitales y casas de beneficencia —lo que, paradójicamente, tuvo graves consecuencias cuando llegaron tiempos de crisis y hambrunas al no hacerse cargo el Estado de estas funciones asistenciales que desarrollaba secularmente la Iglesia—. Por su parte, bajo la ocupación francesa, José Bonaparte también acometió un programa de desamortizaciones, sobre el que no hay mucha información, salvo para la ciudad de Madrid, aunque parece que su objetivo fue más castigar a los sectores más refractarios a su gobierno (Iglesia) que el de obtener ingresos.

Promulgación de la Constitución de 1812. Salvador Viniegra. 1912. Museo de las Cortes de Cádiz
Promulgación de la Constitución de 1812. Salvador Viniegra. 1912. Museo de las Cortes de Cádiz

Las Cortes de Cádiz aprobaron un decreto de desamortización (octubre de 1813) por el que se nacionalizaron, para luego poner en venta, bienes confiscados a los afrancesados, a las órdenes militares, y a los conventos y monasterios suprimidos o destruidos durante la guerra. El decreto también afectaba a una parte de las tierras de la corona, tanto a las propias (realengos), como a las cedidas a los municipios (baldíos). Apenas pudo estar en vigor, pues fue derogado tras el restablecimiento del absolutismo en 1814. Tampoco durante el Trienio Liberal (1920-23) hubo tiempo para poner en marcha un proceso amplio de desamortización.

Pero el mayor impulso al proceso desamortizador se produjo en los períodos liberales progresistas que se sucedieron durante la minoría de edad de Isabel II (regencias de María Cristina y de Espartero) y, luego, bajo su reinado efectivo. Proceso que se desarrolló en varias fases:

La desamortización de Mendizábal durante el período 1835-37

Entre 1835 y 1837 Mendizábal, primero como presidente de Gobierno y después como ministro de Hacienda en el gobierno de Calatrava, emprendió una potente desamortización de los bienes eclesiásticos pertenecientes al clero regular: monasterios y conventos de las órdenes religiosas masculinas y femeninas que no tenían un número mínimo de religiosos, excluyendo a las que se dedicaban a la beneficencia. Los objetivos eran múltiples, entre los más importantes podríamos enumerar los siguientes: 1) ingresar dinero en las arcas del Estado para contribuir a sufragar los gastos de la guerra contra los carlistas; 2) debilitar económicamente a la Iglesia Católica, que era uno de los apoyos fundamentales con el que contaban los insurrectos; 3) crear una clase media de campesinos propietarios que pudiera convertirse en una base social de apoyo al régimen liberal en detrimento del carlismo; y 4) favorecer el impulso de una economía de mercado en el sector agrario (compra y venta de la tierra), acabando con la estructura de propiedad agraria heredada del Antiguo Régimen.

En cuanto al grado de cumplimiento de los objetivos propuestos tendríamos que señalar:

1.- En relación al ingreso de la Hacienda, aunque el montante de lo subastado alcanzó unos 1.700 millones de reales, sólo una pequeña parte fue realmente ingresado por la Hacienda, pues se permitió su adquisición pagando con deuda pública según el valor nominal de la misma a pesar de que estaba muy devaluada en el mercado.

2.- La Iglesia Católica recibió un importante golpe económico, pero en algunas zonas, sobre todo del norte del país, muchos pequeños campesinos que ocupaban tierras eclesiásticas de forma secular en condiciones contractuales muy ventajosas, se vieron perjudicados y acabaron confluyendo políticamente con el clero y engrosando las filas del carlismo.

Juan Álvarez Mendizábal. 1845. José Gómez y José Balaca. Biblioteca Nacional
Juan Álvarez Mendizábal. 1845. José Gómez y José Balaca. Biblioteca Nacional

3.- El objetivo de crear una clase media rural tampoco pudo lograrse. Más bien al contrario, las necesidades de la Hacienda estatal priorizaron el pago en metálico o mediante títulos de deuda pública, lo que excluyó a la gran masa de campesinos pobres y benefició a los sectores más adinerados, como la nobleza terrateniente, los comerciantes y hombres de negocios, los militares de alta graduación y la capa de propietarios rurales de mayor nivel de ingresos que pudieron así hacerse con nuevas explotaciones o agrandar las anteriores. Pero sin embargo, sirvió para atraerse hacia el régimen liberal a estos sectores políticamente más conservadores, alejándolos del carlismo.

4.- Aunque se puso fin a las formas jurídicas de propiedad rural del Antiguo Régimen, pues paralelamente también fueron abolidos los señoríos y los mayorazgos y los derechos señoriales, no se modificó sustancialmente el régimen de propiedad de la tierra basado en el latifundio, tan sólo supuso un traspaso de una parte de los bienes de la Iglesia a una nueva oligarquía latifundista, integrada por la vieja nobleza y una nueva burguesía terrateniente.

La desamortización durante la regencia de Espartero (1841-43)

Durante la regencia de Espartero (1841-43) la desamortización (Ley de septiembre de 1841) se amplió al clero secular (obispados, diócesis, parroquias, etc.). En los últimos meses de la regencia, Mendizábal volvió a ocupar la cartera de Hacienda hasta poco antes de la caída de Espartero. En este período, lo subastado alcanzó una cifra similar a la de la primera fase, 1.747 millones de reales, lo que sumando los dos montantes, supuso unos 3.500 millones de reales, que venían a ser las tres quintas partes del total de bienes eclesiásticos, según valoración realizada en 1836. Sin lugar a dudas, la Iglesia había recibido un duro golpe económico a manos del régimen liberal.

Baldomero Espartero 1841. Antonio Mª Esquivel. Ayuntamiento de Sevilla
Baldomero Espartero 1841. Antonio Mª Esquivel. Ayuntamiento de Sevilla

La desamortización de Madoz (desde 1855 hasta finales del siglo XIX)

Finalmente, durante el bienio progresista (1854-56) y con Espartero como primer ministro, se acometió la última fase de la desamortización a cargo del ministro de Hacienda, Pascual Madoz (Ley de mayo de 1855), que se extendió a las tierras de los municipios (tanto a las propias y comunales como a las de baldío, pertenecientes a la corona y cedidas a los municipios). Por eso se iba a conocer como la desamortización general o civil, frente a la mayoritariamente eclesiástica anterior (aunque seguirá afectando a propiedades del clero). Las desamortizaciones realizadas bajo esta ley, aprobada en 1855 se extendieron hasta finales del siglo XIX y principios del XX.

Pascual Madoz. 1870. La Ilustración de Madrid
Pascual Madoz. 1870. La Ilustración de Madrid

Desde el punto de vista fiscal, los ingresos para la Hacienda a partir de la desamortización de Madoz alcanzaron los 7.500 millones de reales hasta finales del siglo XIX. Pero esta desamortización fue la que mayor rechazo provocó por parte de los campesinos pobres que se vieron privados de unas tierras que habían utilizado gratuitamente desde tiempos ancestrales, generando un aumento de la conflictividad sobre todo en la mitad sur del país. Este fenómeno puede ser comparable al que se produjo en Inglaterra con las enclosures (cercamientos), que seguramente se tomaron como referencia, pero sin que fuera acompañado por una revolución agraria (mejora de las técnicas de cultivo, inversión en maquinaria, etc.) capaz de servir de catalizador al proceso de Revolución industrial que no se produjo en nuestro país.

Consecuencias de las desamortizaciones.

El valor total de lo enajenado por las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz superó los 11.000 millones de reales, cifra que para hacernos una idea de su alcance podríamos comparar con los ingresos presupuestarios calculados para 1834 (antes del proceso desamortizador) que ascendían a unos 800 millones de reales anuales (por lo tanto equivalía a los ingresos de 14 años). La desamortización afectó casi al 50% de las tierras cultivables (20% de la totalidad del suelo español), pero no alteró sin embargo el régimen de propiedad latifundista, que se mantuvo o incluso se profundizó. Y se convertiría en uno de los principales problemas sociales del siglo XX.

La desamortización de Madoz privó a los campesinos de unas tierras que venían utilizando gratuitamente desde tiempos ancestrales.

¿Cuál fue el efecto de la desamortización sobre la producción y la productividad agraria?

Tomando como referencia la producción agraria de la tríada mediterránea: trigo, vid —medida como producción de vino— y olivar —medida como producción de aceite—, entre 1800 y 1860 se produjo un aumento importante de todas ellas (la de trigo y aceite se llegó casi a duplicar y la de vino casi a triplicar). Sin embargo, ese importante incremento de la producción no fue el resultado de una mejora técnica, sino el efecto de un aumento, aún superior, de la superficie cultivada — Jordi Nadal se refiere a las grandes roturaciones de los baldíos—. De hecho, el rendimiento por hectárea —es decir, la productividad— para la mayor parte de las producciones se redujo (trigo, vid) o permaneció estancada (olivar).

Si ampliamos el análisis a todo el siglo XIX, nos encontramos con que entre 1860 y 1900 sí se produjo una importante mejoría en el rendimiento de la producción de vino (vid) gracias a la importante llegada de capital francés que supuso una transformación y modernización del sector (zona de la Rioja) tras la plaga de filoxera que había arruinado los viñedos franceses y que finalmente también alcanzó, años después, a los españoles.

La débil productividad agraria, debido entre otras cosas al bajo nivel de innovación técnica y mecanización, claramente apreciable en el sector de producción de trigo, impedía poder competir en precio con otros países. El abaratamiento de los medios de transporte gracias al barco de vapor, permitió la importación de trigo más barato desde EEUU, Argentina y Australia —que se unía al de procedencia rusa— con el consiguiente retroceso productivo en nuestro país, hasta que se impuso un arancel proteccionista para proteger la producción nacional, que animó a la recuperación de la superficie cultivada, pero, sin embargo, siguió desanimando la inversión para mejorar la productividad.

La desamortización no alteró el régimen de propiedad latifundista, sino que incluso se profundizó.

Para saber más:

Informe especial de Historia16 (1983). Las desamortizaciones. Año VIII. Nº 84. Abril 1983.

Germán Rueda (1977). Las desamortizaciones en España. Un balance (1766-1923). Madrid: Arcolibros.

Gabriel Tortella (1994). El desarrollo de la España contemporánea. Madrid: Alianza.

Francisco Tomás y Valiente (1978). El proceso de desamortización de la tierra en España. Agricultura y sociedad Nº 7. (Documento On-line).

Jordi Nadal (1979). El fracaso de la Revolución industrial en España, 1814-1913. Barcelona: Ariel.

Jaime Vicens Vives (1977). Historia económica de España. Barcelona: Vicens Vives Universidad.

Miguel Artola (2001). La burguesía revolucionaria (1808-1874). Madrid: Alianza Universidad.

Charles Esdaile (2001). La quiebra del liberalismo (1808-1939). Barcelona: Crítica.

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Acerca del autor

Jesús de Blas Ortega

Jesús de Blas Ortega

Doctor en Ciencias Económicas y profesor de Secundaria de Geografía e Historia.

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