«Plan de Estabilización» de 1959. La España franquista bajo la supervisión del Fondo Monetario Internacional

Estos hechos, con un mayor o menor grado de precisión, resultan generalmente conocidos para el gran público pero, sin embargo, no es tan del dominio público, e incluso ni se menciona en muchos libros de texto o manuales universitarios, el papel fundamental que en la puesta en marcha de dicho plan jugaron las instituciones financieras internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y la Organización Europea de Cooperación Económica (OECE, institución económica que surgió en Europa para la administración de los fondos del Plan Marshall y antecesora de la OCDE).

El sorprendente silencio sobre el papel que tuvieron dichas instituciones pudiera estar motivado en algunos casos por un intento, más o menos velado, de atribuir al régimen franquista un papel clave en la industrialización y modernización de nuestro país. Intentando discernir entre el papel claramente condenable de un régimen de dictadura que negaba las libertades democráticas elementales, y el balance positivo en el plano económico, atribuible además a los sectores «tecnócratas» vinculados al Opus Dei —es decir, al sector más conservador de la Iglesia católica que apoyaba al régimen— y que fueron cooptados a la dirección de los ministerios e instituciones económicas determinantes en esos momentos para llevar a cabo tales medidas.

Lo que nos proponemos con el presente artículo son dos objetivos fundamentales. Por un lado, clarificar cómo en la gestación de las medidas del «Plan de Estabilización» estuvieron las instituciones financieras internacionales que se implicaron en ello a petición del gobierno de los EE. UU. Y, por otro lado, cuestionar la idea de que se pueda identificar franquismo con la industrialización y modernización. Además, analizaremos las consecuencias sociales que dicho plan tuvo para los trabajadores, en cuanto al poder adquisitivo de los salarios y el alcance de la masiva emigración que se produjo hacia Europa, aspectos sobre los que la literatura económica e histórica es menos abundante.

Primeros pasos para salir del aislamiento internacional y crisis

El contexto de la Guerra Fría había permitido que el régimen franquista fuera percibido con nuevos ojos por el Gobierno norteamericano. Si en 1946 el régimen fue condenado y excluido de la ONU, recomendando la retirada de embajadores, en noviembre de 1950 se levantaba parcialmente esa condena, revocando la recomendación de retirada de embajadores y permitiendo la participación en los organismos técnicos dependientes de Naciones Unidas. Como consecuencia del nuevo contexto político internacional y del acercamiento de EE. UU. a la España franquista, el Gobierno norteamericano concedió en 1951 un crédito de 62,5 millones de dólares al Gobierno de Franco y tan solo dos años después firmó los acuerdos de ayuda económica y de defensa que le permitirían a EE. UU. instalar varias bases militares en España. Durante el período 1952-58 llegaron unos 660 millones de dólares de ayuda norteamericana que impulsaron el crecimiento económico (a una tasa promedio de un 6% anual durante el período 1951-56 y del 7% para el período 1956-60), sobre todo como consecuencia de la renovación de equipos industriales obsoletos. Pero este ritmo de crecimiento, desconocido hasta entonces, hizo que se deteriorara el saldo comercial exterior a causa de la importación de equipos industriales —ver cuadro nº 1—, al mismo tiempo que comenzó a dispararse la inflación (15,3% en 1956).

La Guerra Fría había permitido que el régimen franquista fuera percibido con nuevos ojos por el Gobierno norteamericano.

La pérdida de poder adquisitivo como consecuencia de una subida de precios muy por encima de la evolución de los salarios provocó los primeros conflictos sociales, en particular en las cuencas mineras asturianas, en la industria vasca y en la ciudad de Barcelona, en este caso a raíz de la subida de las tarifas del tranvía. La respuesta temerosa de los jerarcas del régimen, de la mano del falangista y ministro de Trabajo, Girón de Velasco, fue decretar una importante subida salarial (ver datos de evolución salarial en el cuadro nº 4). Incremento salarial que las empresas trasladaron a precios alimentando así la espiral inflacionista.

En este contexto de deterioro económico y social, se produjo además la movilización universitaria estudiantil y choques con comandos de Falange que se saldaron con la muerte de un falangista en oscuras circunstancias. Franco aprovechó la situación para cesar al ministro de Educación, el católico Ruiz Jiménez, pero también al falangista Fernández Cuesta como secretario del Movimiento (aunque sería sustituido por Arrese, otro falangista del sector duro).

Ya en 1955, con el aval de EEUU, el gobierno franquista había iniciado los trámites para ingresar en la OECE (el organismo constituido en 1948 para la administración de los fondos del Plan Marshall). Con el objetivo de analizar las condiciones de su posible adhesión se creó un Grupo de Trabajo formado por expertos de la OECE que el 17 de julio de 1956 presentó un informe que supuso un primer diagnóstico sobre la precaria situación en la que se encontraba la economía española realizado por un organismo económico internacional.

El informe consideraba que España era una economía poco desarrollada, en la que el nivel de vida era insuficiente, el paro y sobre todo el subempleo eran considerables y la situación financiera interior y exterior precaria, y que precisaba mejorar las condiciones de la agricultura, aumentar las inversiones en el sector industrial, elevar la productividad y animar las inversiones extranjeras. Y aunque las autoridades españolas habían fomentado vastos programas de inversión e industrialización, señalaba que lo habían hecho recurriendo al endeudamiento financiero interior, que acompañado de una expansión paralela del crédito privado habían generado una espiral inflacionista.

Así mismo, se señalaba que los métodos aplicados para contener la inflación, basados en el control directo sobre los precios, los salarios y el comercio exterior se habían demostrado ineficaces y que la situación creada requería llevar a cabo una política anti-inflacionista vigorosa con la adopción de medidas fiscales y monetarias, actuando además sobre las restricciones que pesaban sobre la balanza comercial, en la que los ingresos por exportación eran incapaces de financiar los gastos de importación, aunque la ayuda americana contribuía a paliar solo hasta cierto punto ese desequilibrio (como se puede apreciar en el cuadro nº 1).

El informe mostraba cómo las transacciones exteriores se regulaban por una red de acuerdos bilaterales y un sistema de control estatal de exportaciones e importaciones, que implicaba que cualquier transacción internacional de mercancías o capitales, requiriera de autorización oficial. A las licencias de exportación e importación se sumaba un complejo y discriminatorio sistema de cambios múltiples.

Los expertos finalizaban señalando de forma lapidaria que, para alcanzar el equilibrio exterior, era requisito esencial afrontar previamente el problema de la inflación interior.

Se puede apreciar, por tanto, cómo ya en 1956, la OECE estaba marcando la senda por la que el Gobierno franquista se vería obligado a tener que transitar para poder adherirse a dicha organización.

1957. Los «tecnócratas» del Opus Dei al Gobierno

Ante la situación de creciente deterioro del saldo comercial exterior y el consiguiente hundimiento de las reservas internacionales (pese a la llegada de la ayuda americana, ver cuadro nº 1), la remodelación ministerial provocada por los incidentes universitarios sería aprovechada también para elevar a la dirección de los ministerios e instituciones económicas a varios «tecnócratas» vinculados al Opus Dei.

Carrero Blanco, mano derecha de Franco en ese momento y ministro de la Presidencia, incorporaría a López Rodó, miembro del Opus Dei, como secretario general técnico en su ministerio, a la vez que Alberto Ullastres y Mariano Navarro Rubio, ambos también del Opus Dei, serían nombrados ministros de Comercio y Hacienda respectivamente. También se incorporó como ministro sin cartera Gual Villalbí, vinculado a la patronal catalana Fomento del Trabajo Nacional. En otros niveles de la administración económica aparecieron figuras como Manuel Varela Parache, secretario general técnico de Ullastres en Comercio, y Fuentes Quintana, encargado del Servicio de Estudios y de la revista ICE (Información Comercial Española).

Entre todos los nombramientos sorprendería el de Joan Sardà Dexeus como director del Servicio de Estudios del Banco de España. Sardà venía de una tradición liberal y catalanista. Había sido asesor de Tarradellas en 1937, permaneciendo en el exilio hasta 1956, y por su paso por el Banco de Venezuela mantenía buenas relaciones con responsables del Fondo Monetario Internacional (FMI), entre ellos con el responsable de la institución para Europa, el francés Gabriel Ferras. Algunos autores le atribuyen el papel de alma mater de la nueva orientación económica por sus vínculos con el FMI.

La pérdida de poder adquisitivo provocó los primeros conflictos sociales en las cuencas mineras asturianas, en la industria vasca y en la ciudad de Barcelona.

El nuevo gobierno salido de la crisis ministerial de 1957 adoptó una serie de medidas que se podrían calificar de «preestabilizadoras». Frente a la política salarial anterior se decretó la congelación de sueldos y salarios públicos, y se puso en marcha una política de restricción crediticia y de elevación de tipos de interés para intentar contener la inflación. Además se intentó avanzar hacia un tipo de cambio único en sustitución de los múltiples tipos de cambio existentes, que se aplicaban en función del interés estratégico de los bienes importados, y se situó en un cambio de 42 pesetas por dólar que representaba, de hecho, una devaluación de la peseta, pero todavía alejado del valor real que marcaba la cotización de mercado cuya referencia era la que se establecía en el mercado negro de la ciudad de Tánger, más cercano a 60, llegando a alcanzar en algunos momentos la cifra de 62 pesetas por dólar.

El Gobierno norteamericano y la adhesión de España al FMI

En 1957, España obtuvo una ayuda de EE. UU. de 205,6 millones de dólares, el nivel más alto de todo el período 1951-1963. Ayuda indispensable para evitar la suspensión de pagos que planeaba como amenaza sobre la economía nacional. Pero el Gobierno estadounidense quería poner fin a este sistema de ayudas bilaterales y prefería que España ingresara en los organismos financieros internacionales, como el FMI y el Banco Mundial, para que accediera a ayudas multilaterales, diversificando así el riesgo. Ese era el planteamiento de la administración del republicano Eisenhower, y estaba así ya incluido en una cláusula de los acuerdos hispano-norteamericanos de 1953.

El Gobierno español, a través de su embajador en EE. UU., dirigió una solicitud formal de adhesión al FMI y el Banco Mundial en enero de 1958. Los EE. UU. estaban dispuestos e interesados en facilitar el rápido ingreso de España en los organismos financieros nacidos de los acuerdos de Bretton Woods, así que España se convirtió ese mismo año en miembro del FMI y del Banco Mundial, depositando el 12 de septiembre una cuota en oro equivalente a 10 millones de dólares.

El Secretario de Estado estadounidense, John Foster Dulles, planteó al embajador español en EE. UU., José María de Areilza, el envío a España de una misión del FMI y otra del Banco Mundial. La del Banco Mundial llegó a Madrid en octubre de 1958 y la del FMI en febrero del año siguiente:

—La misión del Banco Mundial, en su informe al Consejo del banco recomendó «no financiar proyectos industriales hasta que el Gobierno español hubiese completado un programa de estabilización monetaria que pusiera bajo control la inflación».

—Por su parte el FMI, en la asamblea anual celebrada en Nueva Delhi en octubre de ese mismo año a la que ya asistió España como país miembro, se planteó que «solo se iba a aceptar un cambio real, efectivo y auténtico de la peseta», fijándose un tipo único de 60 pesetas por dólar, lo que equivalía a una devaluación del 30% respecto al tipo de cambio oficial del momento.

Como puede verse, la presión que sobre el Gobierno de Franco ejercían los organismos financieros internacionales, de la mano de la administración norteamericana, era realmente intensa.

Así pues, la misión del FMI que llegó a Madrid en febrero de 1959 lo hizo ya con el propósito de contribuir a la elaboración de un programa de estabilización. De hecho, el plan que iba a ser finalmente adoptado estuvo inspirado en el plan francés aplicado por esas fechas y en otros similares promovidos por el FMI. Recordemos que el Director del FMI para Europa, Gabriel Ferras, era francés, además de amigo del catalán que dirigía el Servicio de Estudios del Banco de España, Joan Sardà Dexeus. Se trataba de políticas deflacionistas de corte económico ortodoxo.

A esta presión de parte de las instituciones financieras internacionales se iba a unir la que resultaba del desequilibrio comercial exterior que no acababa de reenderezarse y que llevaba a una situación técnicamente de suspensión de pagos, al reducirse las reservas en 1958 a la irrisoria cifra de 61,6 millones de dólares (ver cuadro nº 1).

En estas críticas circunstancias, el Gobierno franquista elaboró un «Memorándum» dirigido al FMI y a la OECE en el que se señalaba textualmente: «a pesar de la ayuda americana, [se] han dado […/…]  presiones inflacionistas. Los precios se han elevado, y las importaciones han aumentado sensiblemente más que las exportaciones. Las reservas de divisas han disminuido progresivamente». Y para tratar de corregir ese rumbo, se estableció un conjunto de medidas: a) liberalización del comercio exterior (en particular de las importaciones); b) apertura al capital extranjero y c) devaluación de la peseta. Contenía también otras medidas adicionales: a) incremento de los ingresos fiscales; b) modificación de aranceles; c) limitación del gasto público; d) subidas de los tipos de descuento (intereses que el Banco de España cobraba a las entidades financieras por prestarles dinero, que pasaron del 5% al 6,25%); e) topes máximos al crecimiento de los créditos del sistema bancario; y f) limitaciones a la emisión de deuda pública.

Como puede verse, se trataba, en la mayor parte de sus aspectos, de un paquete de medidas típicas de la ortodoxia económica que imperaba en el FMI, y que en el corto plazo tenían un objetivo claramente deflacionista (restricción monetaria y crediticia y control de la inflación). Para cerrar la operación en marcha, el mismo director-gerente del FMI, el sueco Per Jacobson, llegó a Madrid en junio y se entrevistó con Franco, que dio el visto bueno al plan acordado entre los técnicos españoles y los del FMI y la OECE.

El 17 de julio de 1959 tenía lugar la reunión del Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) en la que se discutieron y autorizaron las medidas incluidas en el «Memorándum» presentado por el Gobierno español. Y tan solo unos días después, el 21 de julio, el Gobierno franquista aprobó el Decreto-ley de Ordenación Económica, más conocido como «Plan de Estabilización».

Por lo tanto, el «Plan de Estabilización» de 1959 no dejaba de ser la aplicación de la conocida condicionalidad del FMI a cambio del respaldo financiero acordado por los organismos internacionales que ascendió a 544 millones de dólares aportados por el FMI (175), la OECE (45), el Gobierno de los EE. UU. (253, en el marco de los convenios bilaterales) y la banca privada neoyorquina (71, a través de líneas de crédito abiertas). Era una cantidad nada despreciable que representaba aproximadamente el 6% de la Renta Nacional española de 1959 (unos 9.100 millones de dólares) y cerca del 50% de los ingresos totales del Estado.

De forma inmediata se empezó a contener la sangría de la balanza de pagos y, ya en el año siguiente, 1960, acabó con superávit comercial y por cuenta corriente. A costa de sacrificar el crecimiento del PIB, que experimentó una caída del 0,5% en 1959 y tan solo un leve incremento en 1960 (ver cuadro nº 2), alejado de las tasas de crecimiento del período anterior (ver cuadro nº 1). La inflación se redujo al 2,4% en 1960.

El creciente deterioro del saldo exterior y el hundimiento de las reservas llevarían a los ministerios económicos a «tecnócratas» vinculados al Opus Dei.

Como colofón de la operación estabilizadora de la economía acordada con el FMI y la OECE, el Gobierno estadounidense ratificaría su acercamiento al régimen franquista mediante la visita del presidente Eisenhower (republicano y ultraconservador) a nuestro país en diciembre de 1959, lo que permitió al dictador darse un «baño de masas» en su descapotable por la Gran Vía madrileña junto al presidente estadounidense. España, fiel aliado de la potencia hegemónica occidental en la Guerra Fría, había logrado salvarse de la suspensión de pagos gracias a la asistencia financiera de los organismos económicos internacionales, bajo el auspicio de los EE. UU.

Del aislamiento a la apertura y del estancamiento al crecimiento

Está fuera de duda que la consecuencia a medio y largo plazo del viraje económico que supuso el «Plan de Estabilización» de 1959 fue el crecimiento económico de España a elevadas tasas, superadas en esa época solo por Japón entre los países industrializados.

En el período que va de 1960 a 1975, la economía española creció a una tasa media anual cercana al 7% (con tasas incluso de dos dígitos entre los años 1961 y 1963, ver cuadro nº 2), lo que hizo que el Producto Interior Bruto (PIB) creciera desde los 633 mil millones de pesetas hasta los 5.870 mil millones de pesetas, multiplicándose por una cifra superior a 9.

Ahora bien, a partir de estos datos cuantitativos irrefutables ¿podríamos llegar a concluir que el crecimiento y modernización de nuestro país que se produjo en los años 60 y en la primera mitad de los 70 es atribuible al régimen franquista?

Para responder a esta pregunta de manera precisa partiremos de lo que señala el profesor Albert Carreras en el sentido de que no se puede equiparar franquismo e industrialización. Pues, en buena medida, el retraso industrial actual de nuestro país con relación a otros países de Europa se podría explicar por el colapso que supuso el primer franquismo (1939-1950), mientras que el importante crecimiento industrial que experimentó durante el período 1950-1974 se debió al nivel de atraso del que se partía y a que se vio favorecido por un contexto de gran empuje de la demanda exterior de los países de nuestro entorno.

Para cuantificar esta afirmación podemos tomar el dato de la participación de la industria en el conjunto de la economía de nuestro país. En 1929, antes de la gran crisis mundial, suponía el 32,9% del PIB. A partir de ahí no dejó de caer durante todo el período de la República, acentuándose durante la guerra civil, hasta reducirse al 23,8% en 1939. En los primeros años del franquismo ese nivel mínimo se mantuvo durante la mayor parte de la década del 40, empezando a remontar a medida que se acercaba a los años 50. Y solo en 1953 —año en el que se firmaron los acuerdos con EEUU—, se logró superar el peso que tenía en 1929, alcanzando el 33,2%. Es decir, la participación que tenía la industria en la economía nacional en 1953 era similar a la que tenía un cuarto de siglo antes, por lo tanto, el punto de partida iba a ser realmente bajo. Aunque a partir de ese momento la progresión iba a ser casi continua (salvo algún pequeño retroceso en los primeros años del Plan de Estabilización) llegando a alcanzar ya en 1974 su máximo histórico con una participación del 39%.

Con unos planteamientos cercanos, también el profesor García Delgado va a poner en cuestión el alcance de los resultados en lo que se refiere a la producción industrial.

Para García Delgado, durante el período que va desde la guerra civil hasta 1950 se puede hablar de 15 años de auténtica depresión, con tasas negativas de crecimiento industrial entre 1941 y 1945. Situación que se iba a extender al conjunto de la economía, no solo a la industria, pues tal y como señala Carlos Barciela, hasta 1951 y 1952 no se recuperaron los valores del PIB y del PIB per cápita de 1935.

Como se observa en el cuadro nº 3, España en 1946, seis años después de terminada la guerra civil, mantenía prácticamente el mismo nivel que en 1939 (con un índice 102, siendo 100 el índice de 1939, columna 1 del cuadro nº 3). Sin embargo, los índices en 1946 de los países europeos afectados por la Segunda Guerra Mundial, a excepción del Reino Unido y Suecia, cuyos respectivos territorios no fueron campo de batalla, ponen de manifiesto la destrucción de la industria al terminar la guerra (mayo de 1945 en Europa). Cinco años después del final del conflicto, en 1950, y como se puede observar en el cuadro, todos los países, salvo Bélgica y Francia, superarían los niveles de crecimiento alcanzados por España (columna 2 del cuadro nº 3).

Bien es sabido que desde 1948, junto a las ayudas del Plan Marshall, se desarrollaron políticas de inspiración keynesiana que permitieron relanzar la industria y acometer la reconstrucción de las infraestructuras con notable éxito. Sin embargo, España en 1950, aunque superaba los valores de 1939, apenas lograba alcanzar y superar ligeramente el índice industrial de 1930, 20 años atrás, según cálculos del profesor Carreras, coincidentes con los del profesor Prados de la Escosura.

Durante el período que va desde 1950 hasta 1960, que algunos autores denominan «decenio bisagra», España multiplicará por 1,8 su producción industrial (columna 5 del cuadro nº 3), como consecuencia directa de la ayuda estadounidense que se incrementaría con los acuerdos bilaterales de 1953. Entre 1951 y 1955 se estima un crecimiento promedio interanual del 6,6%, aumentando en un punto adicional, hasta alcanzar un 7,4% anual, durante el período 1956-1960. Aun siendo muy elevado el crecimiento, todavía serán superiores los de la mayor parte de los países europeos que figuran en el cuadro. El índice de producción industrial de España alcanzaría el valor 202 en 1950, pero casi todos los índices de los otros países estarían por encima, salvo Bélgica y el Reino Unido, en este caso porque, al igual que Suecia, apenas fue afectado por la devastación bélica.

Será durante el período que va de 1960 a 1973, año en el que estalla la primera crisis del petróleo, en el que se producirá el gran desarrollo industrial de España. En esos años la producción industrial más que se triplicará (se multiplicará por 3,4, según la columna 7 del cuadro nº 3). Durante este período el índice de producción industrial (tomando 1939 como base 100) superará al de la casi totalidad de los países europeos que recoge el cuadro, salvo a Grecia y Yugoslavia, países que, al igual que España, partían de un bajo nivel de industrialización y podía dar lugar a esas elevadas tasas de crecimiento.

España pudo emprender esta senda de desarrollo de la industria producto del giro adoptado con el «Plan de Estabilización» de 1959 que, entre otras medidas que afectaron al desarrollo industrial, puso en marcha un política de contención salarial, mantuvo un déficit crónico de la balanza comercial que pudo ser financiado por las entradas de divisas que aportó el turismo, las remesas de los emigrantes que tuvieron que buscar trabajo en Europa y también con la entrada de inversiones extranjeras a largo plazo (como se puede ver en el cuadro nº 2). En definitiva, España, con el giro económico de 1959, auspiciado por las instituciones financieras internacionales (FMI, Banco Mundial y OECE) pudo, por fin, sumarse al carro del crecimiento industrial europeo del que había estado apartada hasta esas fechas por la persistencia del régimen franquista.

El Gobierno estadounidense de Eisenhower quería que España ingresara en el FMI y el Banco Mundial para acceder a ayudas multilaterales.

Pero a pesar de las elevadas cifras de crecimiento industrial que España conoció durante el período 1960-1973, si comparamos el resultado final, poniendo en relación el índice alcanzado en 1973 con el de partida de 1946, España, aun habiéndolo multiplicado por 6,8, sería superada por otros países mediterráneos del sur como Yugoslavia, Grecia e Italia, además de por Holanda y Alemania (columna 8 del cuadro nº 3). A esta diferencia entre el nivel alcanzado en 1973 y el que podría haberse llegado a alcanzar es lo que García Delgado denomina el coste económico del primer franquismo.

También encontramos obras relativamente recientes, como la de Stanley G. Payne y Jesús Palacios que parecen querer embellecer los logros económicos del franquismo. Ellos toman como referencia la tasa promedio anual de 1950-1975 que fue del 6,47% (según datos de Albert Carreras) para idealizar los logros económicos del franquismo. Esos 25 años que toman como referencia estos autores se asimilarían subliminalmente, como señala Manuel Sanchis i Marco, a esos «25 años de paz» que agitaba la propaganda franquista de la época. Eluden estos autores hablar de la debacle económica, política y social que supuso el primer franquismo.

Los costes sociales del «Plan de Estabilización»

Bastante menos abundante es la literatura referida a los costes sociales del plan estabilizador de 1959.

Senén Florensa se refiere a la fuerte caída de la demanda interna que provocaron las medidas estabilizadoras de carácter deflacionista, destacando una caída de los salarios de alrededor del 50%, cifra que también estimó Ramón Tamames. Jaume Vicens Vives apunta que, para compensar esas caídas salariales, los trabajadores se veían obligados a prolongar sus jornadas de trabajo hasta las 10 o 12 horas o acudir, cuando ello fue posible, al pluriempleo.

Apoyándose en la información recopilada a través del Consejo Superior de Cámaras Oficiales de Comercio de Industria y Navegación de España (CSCCIN) y la suministrada por el Anuario Estadístico de España (AEE) editado por la Dirección General del Instituto Geográfico y Estadístico, la profesora Margarita Vilar ha tratado de recomponer la evolución salarial durante el período 1936-1963, señalando las dificultades encontradas para poder componer una serie histórica fiable y haciendo notar que los datos del AEE son superiores a los del CSCCIN, y avanza algunos resultados de gran interés.

Tomando como base 100 el poder adquisitivo de los salarios en 1936 según los datos de las Cámaras de Comercio, los salarios de los trabajadores no calificados en la primera mitad de los años 40 nunca superaron el 59% del poder adquisitivo anterior a la guerra, se hundieron literalmente en la segunda mitad de esa década hasta situarse en un 39,4% en 1951, año a partir del que comenzaron a remontar (recordemos que comenzó a llegar la ayuda norteamericana) con un importante incremento en 1956 hasta alcanzar el 87,5%, cuando el ministro falangista de Trabajo, José Antonio Girón, ante los movimientos huelguísticos y de protesta en las cuencas mineras asturianas, el País Vasco y Cataluña, decretó unas importantes subidas salariales, entre el 40 y el 60%, para tratar de compensar la inflación y las pérdidas de poder adquisitivo de los años anteriores.

Esa situación comenzó a revertir justamente en el año siguiente, 1957, cuando los «tecnócratas» vinculados al Opus Dei accedieron al Gobierno y adoptaron un paquete de medidas «preestabilizadoras» entre las que se incluía la congelación de sueldos y salarios públicos. El índice ya caía al 75,3 en 1957 y llegaba a su mínimo en el año 1960, el primero tras la adopción del «Plan de Estabilización», cuando alcanzó un valor de 63,4. Si comparamos el poder adquisitivo alcanzado por los salarios en 1956 con los del año 1960 podemos hablar de una caída del poder adquisitivo cercana al 30% como consecuencia de las medidas «preestabilizadoras» adoptadas desde el año 1957 y luego con el «Plan de Estabilización» que vinculaba el aumento salarial a los incrementos de productividad.

Solamente en 1963, 25 años después de haber finalizado la guerra civil, lograrán los salarios alcanzar el poder adquisitivo de 1936. Ese fue el «coste económico» que tuvieron que pagar los trabajadores por esos «25 años de paz» de los que alardeaba el régimen. Los datos del documento de la profesora Margarita Vilar finalizan en 1963, a partir de esa fecha cabe pensar que, con el desarrollo del sindicalismo clandestino en torno a CC. OO., los trabajadores comenzarían a hacer valer su capacidad organizativa y de movilización, como cuando la huelga minera de 1962 («La Huelgona»), en la que los trabajadores consiguieron importantes mejoras salariales y el reconocimiento de sus representantes elegidos en asamblea como interlocutores ante la empresa. Situación que se acabaría consolidando con el triunfo de los candidatos apoyados por CC. OO. en las elecciones para enlaces y jurados del sindicato vertical franquista de 1966, pese a la situación de clandestinidad en la que se movía el sindicalismo democrático.

Llama la atención que justamente a partir de 1963, con la presión salarial que ejercían los trabajadores, comenzara a ralentizarse la tasa de crecimiento del PIB y se empezara a producir un creciente deterioro de la balanza por cuenta corriente (ver cuadro nº 2). La competitividad basada en los bajos salarios quedaba puesta en cuestión, lo que iba a llevar a que de nuevo, bajo la supervisión de los organismos financieros internacionales, se realizara una segunda devaluación de la peseta, pasando de las 60 pesetas por dólar a 70.

La otra cara del «desarrollismo». La masiva emigración a Europa

La masiva emigración a Europa fue la otra gran consecuencia social de la política estabilizadora fondomonetarista puesta en marcha por el franquismo en los años 60.

La consecuencia laboral, sobre todo por la mecanización creciente del campo y la incapacidad del sector industrial y de servicios, pese a su nivel de crecimiento, de absorber el excedente de mano de obra generado, sería un masivo paro encubierto que se pudo transformar en emigración gracias a la expansión económica que estaba conociendo Europa.

Para el período 1960-1969 el Instituto de Emigración Española (IEE) daba una cifra de emigración asistida a Europa que alcanzaba la cifra de 617.929 personas. Para ese mismo período, José Babiano y Ana Fernández han calculado las cifras de recepción de emigrantes españoles desde los países de acogida, resultando una cifra de 1.320.752 personas emigradas desde España a Europa, lo que arroja una diferencia de 702.823 personas para todo el período (ver cuadro nº 5). Es decir, al sumar la emigración oficial asistida por el IEE con la emigración irregular o no asistida, tenemos una cifra de emigración irregular que supone el 53,2% del total, superando ligeramente a la oficial.

Si a los datos que reconoce el IEE de emigración asistida para el período 1965-1973 de 726.000 personas, le sumáramos los que aportan Babiano y Fernández para el período 1960-1964, que suman 293.145 emigrantes, obtendríamos un volumen total de emigración asistida de 1.019.145 personas durante el período que va de 1960 a 1973. Y si aplicáramos el factor de diferencia estimado para la década de los 60, por el que la emigración real total incluiría un 53,2% de emigración irregular, podríamos estimar una cifra aproximada de 2.177.660 personas que emigraron durante la etapa del «desarrollismo». Un volumen de emigración aproximado al que recoge el magnífico documental de Marta Arribas y Ana Pérez titulado El tren de la memoria.

En 1973, el número de asalariados alcanzaba en España la cifra de 8.738.000 si sumáramos a esa cifra los 2.177.660 emigrantes estimados más arriba y los 149.600 parados que registraban las cifras oficiales en 1973 podríamos hablar de una fuerza laboral asalariada potencial de 11.065.260 personas de las que un 21% no pudieron encontrar acomodo en la España del «desarrollismo» a pesar de las elevadas tasas de crecimiento. ¿Cuál hubiera sido la tasa de desempleo en España si esa fuerza laboral no hubiera podido tener la salida de ir a trabajar a Europa?

Seguramente, cuando el FMI y la OECE (luego OCDE) diseñaron con los «tecnócratas» franquistas del Opus Dei el plan estabilizador, eran plenamente conscientes de las necesidades europeas de mano de obra en una situación técnica de pleno empleo en muchos países europeos, que con la llegada de mano de obra extranjera pudieron seguir manteniendo las altas tasas de crecimiento. La masiva emigración, además de nutrir de mano de obra a la industria europea, permitió también obtener una fuente adicional de financiación para el desarrollo industrial español a través de las remesas de los emigrantes.

El FMI autorizó las medidas del «Memorándum» presentado por España y tan solo unos días después el Gobierno franquista aprobó «Plan de Estabilización».

Igualmente, la apertura al capital extranjero de nuestra economía acordada con los organismos financieros internacionales, favoreció la llegada de capital mayoritariamente procedente de EE. UU. y, en menor medida de Suiza, Alemania y Francia (destinos preferentes, a su vez, de la emigración española), favoreciendo la instalación de multinacionales en nuestro país, atraídas por la ventaja de una mano de obra barata, carente de libertades sindicales y de derechos sociales, lo que aseguraba la rentabilidad y el rápido retorno de las inversiones realizadas.

En resumen, las tres grandes fuentes de financiación del «desarrollismo» fueron la llegada de capital extranjero, las remesas de los emigrantes y las divisas generadas por el turismo de sol y playa, del que hoy, ante la sensibilidad existente hacia el medio ambiente, tendríamos que valorar los costes producidos en términos de la devastación que supuso para el litoral mediterráneo.

A modo de conclusión

Cuando se cumplen 60 años del «Plan de Estabilización» emprendido por el régimen franquista bajo la supervisión de organismos financieros internacionales tales como el FMI, el Banco Mundial y la OECE (actual OCDE), es un buen momento para hacer un balance crítico.

El «Plan de Estabilización» no fue la obra magistral y visionaria de un grupo de «tecnócratas» del Opus Dei cooptados al Gobierno de Franco. Fue, sobre todo, un plan dirigido por las instituciones financieras internacionales (FMI, Banco Mundial y OECE), bajo el auspicio del Gobierno de los EE. UU., presidido por el republicano y conservador Eisenhower, para salvar a la economía española del marasmo en que se encontraba tras la orientación autárquica falangista de los años 40, inspirada en la Italia fascista de Mussolini, aunque relativamente atenuada por la intervención norteamericana con sus políticas de ayuda al Gobierno de Franco en los años 50, que en el contexto de la Guerra Fría pasaba a ser un aliado militar indispensable en Europa y en el Mediterráneo.

Pero finalmente, ante la profundización de la crisis económica y social de los años 50, el Gobierno estadounidense, de forma directa y también de forma indirecta a través de los organismos financieros internacionales sobre los que ejercía (y ejerce) un control de facto (FMI, Banco Mundial, OECE), empujó al Gobierno español a adoptar una política estabilizadora de corte fondomonetarista que implicó la devaluación de la peseta, la liberalización de las importaciones, la eliminación de todas las restricciones  a las inversiones extranjeras y a la repatriación de intereses y rendimientos, y todo un paquete de medidas tendentes a desarrollar una política deflacionista en el corto plazo (política de ajuste salarial, política de restricción crediticia, elevación de los tipos de interés y limitación del gasto público).

Unos salarios bajos, con una mano de obra carente de libertades y derechos sindicales, iba a estimular la llegada de capital extranjero buscando altas tasas de rentabilidad. No obstante, el crecimiento acelerado de la economía durante la década de los sesenta y primera mitad de los setenta hasta la crisis de 1973, no iba a ser capaz de absorber todo el excedente de mano de obra de origen rural que se generó y que, gracias a la masiva emigración a los centros de desarrollo industrial de Europa (Alemania, Francia y Suiza principalmente en el caso español), no dieron lugar a una voluminosa tasa de paro, con las consecuencias sociales que ello hubiera podido tener. Transfiriendo además esta población emigrante una gran cantidad de divisas en concepto de remesas que permitieron también financiar el «desarrollismo» franquista. Junto con la devaluación de la peseta, que favoreció las exportaciones y que atrajo a una gran cantidad de turistas a nuestro país, por los bajos precios y la oferta ilimitada de turismo de sol y playa.

La política puesta en marcha hacia finales de los 50, auspiciada desde las instituciones financieras internacionales, permitió engarzar la economía española con la economía capitalista internacional en un momento de fuerte expansión de ésta (hasta la crisis de 1973), dando lugar a un proceso de acumulación capitalista fuertemente dependiente de las inversiones extranjeras y, por tanto, subordinado. De hecho, en 1970, aunque se retrasara por más de una década la adhesión a la Comunidad Económica Europea (CEE), España firmó un acuerdo preferencial que permitiría acceder a los mercados europeos a los productos elaborados en España. Las grandes empresas transnacionales asentadas en nuestro país no querían privarse del acceso a esos mercados en condiciones favorables, una vez que en nuestro territorio podían obtener condiciones muy ventajosas de rentabilidad. De hecho, el acuerdo preferencial excluía a buena parte de la producción agrícola española, en la que el capital transnacional no tenía especial interés.  

Para saber más

—Albert Carreras y Xavier Tafunell (2006). Estadísticas históricas de España. Siglos XIX-XX. 3 volúmenes. Madrid: Fundación BBVA.

—Senén Florensa (1998). La España del Plan de Estabilización. Madrid: Historia 16/Temas de hoy.

—Donato Fernández Navarrete (2005). «La política económica exterior del franquismo: Del aislamiento a la apertura». Revista de Historia Contemporánea, 30. Universidad del País Vasco.

—Elena Cavalieri (2014). «España y el FMI. La integración de la economía española en el sistema monetario internacional 1943-1959». Estudios de Historia Económica, 65. Madrid: Banco de España.

—Elena Martínez-Ruiz (2003). «El sector exterior durante la autarquía. Una reconstrucción de las balanzas de pagos de España (1940-1958)». Estudios de Historia Económica, 43. Servicio de Estudios del Banco de España.

—José María Larrú (2009). El caso España: un repaso a la ayuda norteamericana recibida por España en perspectiva actual y comparada. Estudios Económicos de Desarrollo Internacional Vol. 9-1. AEEADE: Universidad Santiago de Compostela

—José Luis García Delgado (1995). «La economía española durante el franquismo». Revista Temas para el Debate.

—Margarita Vilar Rodríguez (2005). El precio del trabajo industrial en las primeras décadas del franquismo (1936-1963): las limitaciones de las fuentes estadísticas. Madrid: Fundación 1º de mayo.

—José Babiano y Ana Fernández Asperilla (2002). El fenómeno de la irregularidad en la emigración española de los años sesenta. Madrid: Fundación 1º de mayo.