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La Ilustración y la Gran Redada de Gitanos de 1749

La Ilustración supuso, como otras ideologías de épocas pasadas, un proyecto de reforma y renovación de la sociedad. Sin embargo, cuando estos intentos de renovación chocaron con la resistencia de ciertas minorías étnicas marginales, éstas fueron consideradas grupos sociales peligrosos a los que era preciso extinguir. Surgió así el primer intento organizado de etnocidio contra la etnia gitana, coincidiendo con el apogeo de la Ilustración española.

La Ilustración española del siglo XVIII se incluye en ese contexto de renovación ideológica y cultural que se inició a finales del siglo XVII y se extendió durante todo el siglo XVIII por ciertos países europeos y sus colonias americanas. Este movimiento, dirigido por una élite intelectual, pretendía la transformación de una sociedad supersticiosa, inculta e ineficiente en una nueva sociedad iluminada por la razón y también más eficaz en los asuntos administrativos y económicos.

En definitiva, no dejaba de ser una utopía de sociedad armónica y feliz, como ya antes habían ideado pensadores como Tomás Moro o Francis Bacon. Pero ante la aplicación práctica de estos ideales surgía una cuestión inquietante. En caso de que determinados individuos o grupos sociales no aceptaran las nuevas normas ilustradas, qué cabía hacer con ellos, cómo erradicar estos elementos imperfectos dentro de un sistema racional declaradamente más humanitario. La solución dada a la cuestión gitana fue tajante: su extinción.

Las primeras fuentes escritas que mencionan la presencia de la etnia gitana en España datan de 1425, cuando se les menciona como peregrinos del Camino de Santiago. En un principio, este carácter de peregrinos les granjeó la simpatía de las autoridades y gentes de las Coronas de Castilla y de Aragón. Sin embargo, no transcurrieron muchos años antes de que aparecieran los primeros problemas.

Pintura del artista ruso Yevgraf Semyonovich Sorokin (1853) que muestra a un grupo de gitanos españoles (Wikimedia).

El deterioro en las relaciones de convivencia entre gitanos y la sociedad española de la Edad Moderna venía determinado por una serie de diferencias culturales que chocaban irremediablemente.

Por un lado, la sociedad española era mayoritariamente campesina y sedentaria, asentada de manera estable en pueblos y villas, salvo algunos casos excepcionales de pastores trashumantes, como pasiegos o vaqueiros de alzada. Sin embargo, los gitanos de esta época eran grupos nómadas, organizados con base en vínculos familiares en comunidades extensas.

Otra cuestión era el diferente estatus socioeconómico entre gitanos y el resto de la sociedad. La población española de esta época estaba fundamentalmente dedicada a los trabajos de la agricultura, considerada una actividad honrosa, mientras que la comunidad gitana se empleaba en diversos oficios considerados por la sociedad como deshonrosos, como cacharreros, tratantes de ganado, hechiceros, magos, vendedores ambulantes y otras actividades de lo más variopintas.

La desconfianza de los cristianos viejos hacia este tipo de vida viene dada también por la frecuencia con la que la vida nómada se asocia en muchos casos al bandidaje y al robo, hecho que se ha podido constatar histórica y antropológicamente en numerosos pueblos del pasado. Y es que los pueblos nómadas no suelen concebir la idea de propiedad privada, tal como la entendía la población española, sino que entienden la propiedad como algo familiar, mientras que todos los recursos a su alcance, incluidos los que tienen un dueño particular, se concebían como recursos de la naturaleza a cuyo usufructo se tenía derecho. Es la habitual razzia, o incursión para el robo, como una actividad económica más.

Además de estas consideraciones de tipo social y económico, existía una contraposición de valores morales entre ambas comunidades. A las mujeres gitanas se las acusaba de libertinaje y promiscuidad, en clara oposición a los estrictos valores de la moral católica, resultado de la ortodoxia del Concilio de Trento (1545- 1563).

Ya en 1499 se promulgó la llamada pragmática de Medina, dictada por los Reyes Católicos, artífices de ese primer intento de reorganización y modernización del Estado. Esta pragmática supuso un primer intento de sedentarización y aculturación forzosa de esta etnia. Por un lado, el carácter nómada de toda una comunidad suponía un obstáculo en el proyecto de fortalecimiento y control del Estado sobre la población. Por otro lado, la asimilación cultural forzosa respondía a la intención de homogeneizar culturalmente a toda la población del reino.

Ambas cuestiones, el nomadismo y la cultura diferenciada, fueron combatidas por las autoridades españolas con sucesivas medidas legislativas de carácter punitivo, desde la pragmática de Medina (1499) hasta la pragmática de «extinción de gitanos» de 1749, conocida como Gran Redada de gitanos.

Les bohémiens au Pont du Gard, obra de Alexandre Marie Colin (1836) (Wikimedia).

A medida que el reino español se iba centralizando y modernizando, en ese intento por tener el mayor control posible sobre los recursos y gentes del país, los grupos marginales y desclasados fueron apareciendo, a ojos de la administración, como elementos de peligrosidad social, ya que escapaban a este control que se pretendía ejercer. En este sentido, cabe señalar las leyes de pobres, la persecución de la mendicidad y el bandolerismo, entre otras.

En este grupo de elementos ajenos a la sociedad y el Estado se encontraba, cada vez de forma más visible, la comunidad gitana, que por sus peculiaridades culturales y formas de vida escapaban al control de las autoridades y a las normas que regían al resto de la población.

Durante el siglo XVIII tiene lugar la culminación de la centralización y racionalización de la Administración española, precisamente bajo el reinado de monarcas absolutos, como Felipe V (1700- 1746), Fernando VI (1746- 1759) y Carlos III (1759- 1788), algunos de los cuales abrazaron las ideas de la Ilustración como suyas propias. De este modo, surgían las políticas propias del despotismo ilustrado, que trataban de modernizar la sociedad y la administración pública desde postulados ilustrados, bajo el mando absoluto del monarca y sus ministros.

El proyecto reformista ilustrado de estos monarcas y de sus ministros pretendía poner a la sociedad al servicio del engrandecimiento de la nación. Para ello, el Estado debía procurar mejorar las condiciones de vida de la población. Con este propósito se mejoró la instrucción de aquellos que podían acceder al sistema educativo, se trató de combatir la pobreza y la mendicidad (y también a los mendigos y maleantes), se procuró un sistema de abastecimiento de grano que limitase las consecuencias de las malas cosechas, se hicieron reformas urbanísticas, administrativas, políticas y en otros muchos ámbitos con el único fin de crear un Estado más eficiente y una sociedad más armónica y eficaz.

Marqués de Ensenada, por Jacopo Amigoni, c. 1750,
Museo del Prado (Wikimedia).

Para lograr esta sociedad ideal se hizo frente a todo aquello que no encajaba en el proyecto y se planteó como un obstáculo al necesario avance y desarrollo del conjunto de la nación. Se pretendía una sociedad más feliz y mejor atendida en sus necesidades, pero también más homogénea, controlada y sumisa a las leyes dictadas por las autoridades.

En este contexto no tenía cabida una forma de vida nómada, con ocupaciones laborales cuanto menos dudosas a ojos de la moral de la época y reafirmada en su identidad cultural, como es el caso del pueblo gitano. La confrontación entre el modo de vida gitano y el proyecto reformista del Estado estaba servido, si bien es cierto que cuando comenzaron a endurecerse las leyes antigitanas, durante el reinado de Carlos II (1665- 1700), ya había familias gitanas plenamente sedentarizadas, integradas y con formas de vida similares a las del resto de la sociedad.

Antecedentes de la Gran Redada

Para entender mejor el contexto legislativo en el que se desarrolló la Gran Redada de gitanos de 1749 (pragmática de extinción de gitanos) es preciso conocer los antecedentes jurídicos de esta persecución. Ya antes hemos mencionado la pragmática de Medina de 1499, dictada por los Reyes Católicos, que supone el primer caso de persecución institucional contra los gitanos en España.

En 1695, Carlos II dictaba otra pragmática que obligaba a la sedentarización forzosa de los gitanos, la prohibición de vivir en barrios separados y la obligación de crear un censo con los miembros de la familia, propiedades y oficios a los que se dedicaban. En 1717, Felipe V hizo una modificación de esta pragmática con más restricciones sobre las posibilidades de residencia y otra más se hizo en 1746, durante el reinado de Fernando VI. El resultado de estas medidas fue la sedentarización y control sobre una parte de la comunidad gitana española, si bien no se logró dicho objetivo con todos ellos.

Orden de prisión general para todos los gitanos,
dictada en el verano de 1749.

En 1745, el marqués de Ensenada dictó una nueva disposición legal que condenaba a muerte a aquellos gitanos que continuaran siendo nómadas, aunque esta medida fue después suavizada por las críticas de las autoridades locales. En 1748 se adoptó mediante decreto pontificio, como última medida jurídica adoptada contra los gitanos en vísperas de la Gran Redada, la prohibición de dar asilo en las iglesias a los gitanos perseguidos por los cuerpos policiales. Esta medida muestra claramente la premeditación y antelación con que se llevó a cabo la Gran Redada del año siguiente, ya que así se impedía que los gitanos perseguidos por la orden de detención general de 1749 pudieran encontrar refugio en los edificios religiosos.

Este progresivo endurecimiento de las leyes antigitanas nos lleva al fatídico 30 de julio de 1749, cuando se dictó la Real Orden para la prisión de gitanos. Con esta ley se ordenaba el arresto incondicional de todos los gitanos independientemente de su edad y sexo y de si estuvieran o no sedentarizados e integrados en los pueblos y villas del país.

Las autoridades tomaban así cartas en el asunto contra un colectivo que por su diferencia étnica y cultural consideraba una amenaza para el mismo Estado. El objetivo era separar hombres y mujeres en presidios y campos de trabajo para evitar que se reprodujeran y así acabar con su etnia y cultura de una manera definitiva.

El número de gitanos apresados varía según las propias fuentes entre los 9.000 y los 12.000, la mayoría gitanos sedentarizados que al estar censados y controlados por la legislación anterior resultaron una presa fácil de atrapar. Sin embargo, hubo confusiones y dudas sobre qué gitanos debían ser apresados y cuáles no, además de la ayuda prestada a algunas familias gitanas por parte de sus vecinos, que en algunos casos los escondieron o intercedieron por ellos.

El 12 de agosto, una segunda disposición ordenaba el arresto de absolutamente todos los gitanos, pero en octubre se volvía a rectificar y se ordenaba el arresto sólo de los gitanos nómadas. Esto indica el grado de desorganización y caos con que operó el Estado y sus limitaciones en recursos y herramientas para hacer cumplir sus disposiciones.

Real Orden que indicaba la libertad para algunos
gitanos, emitida en 1749.

Una vez apresados, los gitanos fueron separados y enviados a distintos destinos y con diversos fines. Los hombres fueron destinados a los astilleros de El Ferrol, Cartagena y La Carraca (Cádiz), empleados como mano de obra esclava para la realización del proyecto de construcción de una renovada armada, objetivo acometido por el marqués de Ensenada. Otros fueron destinados a las minas de Almadén, donde sufrieron una altísima mortandad.

Por su parte, las mujeres fueron destinadas a la Real Casa de Misericordia de Zaragoza, edificio reconvertido en campo de concentración, donde estas mujeres vivían hacinadas y en muy malas condiciones higiénicas y alimenticias. También ellas fueron destinadas a trabajos forzados, relacionados con la manufactura textil.

Por último, los niños fueron separados de sus padres, a los que se acusaba de ser una mala influencia para sus hijos, reeducados en los valores cristianos de la tradición católica española e instruidos en oficios honrosos, ya que se consideraba posible su recuperación para la sociedad. Incluso, en Barcelona, se planteó la necesidad de darles una formación cultural como parte de su reeducación.

En los tres casos vemos cómo el trabajo está presente, no solo como castigo, sino como medio de reconversión social además de pretenderse una rentabilidad y eficiencia económica, acorde a los valores ilustrados de la época, en la que cada individuo debía aportar un beneficio al conjunto de la sociedad y al Estado.

Finalmente, en 1765, después de dos años de deliberaciones, Carlos III ordenó la liberación de los gitanos recluidos. Algunos de ellos volvieron a su vida normal y acabaron integrándose en la sociedad, otros no lograron adaptarse y siguieron manteniendo sus formas de vida nómadas y su cultura particular, pero también hubo algunos que se mantuvieron al margen de la ley, viviendo del bandolerismo. El proyecto para la extinción de los gitanos había fracasado.

En 1783 se aprobó la pragmática de Carlos III, que pretendía la asimilación cultural de los gitanos a la sociedad española, pero con medidas de discriminación positiva, en lugar de emplear la coacción. Sin embargo, esta última medida también fracasó, ya que en el siglo XIX todavía existía una comunidad gitana con una fuerte identidad cultural, aunque ya más sedentarizada.

A través de este trágico suceso de la historia de la etnia gitana y de la historia de España, hemos visto el lado más perverso de las ideologías que una vez soñaron con un mundo perfecto, en el que el elemento discordante no podía existir. La sociedad ideal de la Ilustración no tenía sitio para aquellos que no se amoldaban a sus postulados, todos aquellos grupos que suponían un lastre para el desarrollo de ese proyecto renovador. El resultado en este caso fue el intento de hacer desaparecer a ese elemento inquietante que no terminaba de encajar en el nuevo modelo.  

Para saber más

Domínguez Ortiz, Antonio (1981). Sociedad y Estado en el siglo XVIII español. Barcelona: Ariel.

Gómez Alfaro, Antonio (1993). La gran redada de gitanos. Madrid: Presencia Gitana.

San Román, Teresa (1997). La diferencia inquietante: viejas y nuevas estrategias culturales de los gitanos. Madrid.

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Acerca del autor

Julio de la Guía Bravo

Julio de la Guía Bravo

Licenciado en Historia. Universidad Complutense de Madrid.

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