Ese día se ponía fin a las operaciones militares, pero se iniciaba un duro «viacrucis» para centenares de miles de exiliados republicanos, de los que varios miles serían exterminados en campos de concentración nazis, como el de Mauthausen, con la absoluta complicidad de las autoridades franquistas que, interpeladas por el gobierno alemán sobre qué hacer con ellos, respondieron que «fuera de España no había españoles», declarando apátridas a miles de republicanos españoles prisioneros de los nazis tras la ocupación de Francia.
El destino no iba a ser mejor para los combatientes republicanos prisioneros del régimen franquista. En los primeros años, las ejecuciones sumarias de presos iban a alcanzar cifras anuales de varias decenas de miles, más los que iban a morir en las cárceles y centros de detención, privados de elementales cuidados sanitarios y malnutridos, lo que les iba a mantener sumamente debilitados y expuestos al contagio de todo tipo de enfermedades. Las dramáticas consecuencias de la represión de posguerra se iban a extender a las familias, víctimas también de la incautación de sus bienes, viviendas, tierras, etc. quedando muchas veces en la más absoluta pobreza.
Pese a la colaboración e identificación con los regímenes fascista italiano y nacionalsocialista alemán, derrotados en la Segunda Guerra Mundial, y a pesar de la condena explícita de las Naciones Unidas, el régimen franquista pudo llegar a sobrevivir durante décadas, gracias al contexto de la Guerra Fría y al apoyo de los EE. UU. y del Vaticano. Incluso en los años 70, tras la caída de las dictaduras de Portugal y Grecia, tampoco se iba a producir una ruptura, tal y como había venido reclamando la oposición democrática, sino que se puso en marcha una reforma en los términos que había previsto el régimen tras la muerte del dictador. Franco había nombrado sucesor, a título de rey, a Juan Carlos de Borbón, que asumió la jefatura del Estado tras jurar, ante las Cortes franquistas, los Principios del Movimiento, término eufemístico con el que el régimen, desde los años 40, denominaba al partido único, fruto de la unificación decretada en abril de 1937 de las milicias falangistas, los tercios de requetés tradicionalistas y la disolución de las menos conocidas Cruces Negras (milicias católicas estructuradas por las Juventudes de Acción Popular, JAP).
A continuación, vamos a analizar las causas que llevaron al estallido de la guerra civil española, partiendo del 14 de abril de 1931, fecha en la que se proclamó la Segunda República tras la victoria de las candidaturas republicanas en las elecciones municipales en las principales ciudades de España, únicas circunscripciones en las que el voto no estaba manipulado por el caciquismo y podía considerarse libre.
La Segunda República (1931-1936) en el contexto internacional
La llegada de la Segunda República a España en abril de 1931 se produjo en un contexto internacional nada favorable al desarrollo de una experiencia democrática reformista de signo progresista. Desde un punto de vista político, tras la Primera Guerra Mundial y con el impulso que supuso la Revolución Rusa de octubre de 1917, toda Europa conoció una situación abiertamente revolucionaria (consejos obreros en Alemania y Hungría, ocupaciones de fábricas y tierras en Italia, etc.). A partir del momento crítico que supuso el año 1923 (ocupación francesa del Ruhr, hiperinflación y derrota definitiva de la revolución en Alemania), se iba a producir una relativa estabilización política y económica, y también un cambio de tendencia a escala europea. Así, desde una fase abiertamente revolucionaria, se pasará a otra marcada por el ascenso de fuerzas de signo opuesto. Un año antes, en 1922, ya se había producido el ascenso de Mussolini al gobierno en Italia. En los años sucesivos se irán imponiendo dictaduras en muchos países europeos: Primo de Rivera en España en 1923, gobierno militar en Portugal en 1926, con Salazar desde 1933, dictadura en Polonia en 1926, en Yugoslavia en 1929, Austria y Rumania en 1933, ascenso de Hitler en Alemania ese mismo año, y Bulgaria en 1934. La llegada de la República a España en medio de ese contexto de regresión democrática, supuso un rara avis (según el profesor Hipólito de la Torre, op. cit.) lo que explicaría, en buena medida, gran parte de las dificultades con las que se va a encontrar.
Además, la República llegaba en un momento marcado por la Gran Depresión económica internacional derivada de la crisis de 1929. Aunque España no fuera de los países más impactados, dado su escaso nivel de apertura internacional, sin embargo, no puede obviarse el efecto económico negativo que produjo la caída del comercio mundial, el cese de las inversiones exteriores (acompañado de una masiva salida de capitales nacionales), o la disminución de las remesas de emigrantes. Todo ello condicionó la política aplicada desde el principio por los gobiernos republicanos (en los que el ministerio de Hacienda lo encabezó el socialista Prieto y desde diciembre de 1931, un miembro de la ERC, haciéndose cargo Prieto de Obras Públicas), basada en la contención de los déficits público y exterior, así como la estabilización de precios y el tipo de cambio de la peseta. Orientaciones de política económica de signo deflacionista que poco tenían que ver con los planteamientos keynesianos o del posterior New Deal norteamericano, y que contribuyeron a un mayor estancamiento de la producción, con el consiguiente aumento del paro (Julio Gil Pecharromán, op. cit.), lo que estaría en la base del desencanto de las masas populares ante las expectativas que había despertado la llegada de la República.
España seguía siendo un país fundamentalmente agrario, sector que en 1931 ocupaba al 45,5% de la población activa (25,5% la industria y 17,5% los servicios). Tres cuartas partes de las exportaciones eran productos agrarios o alimenticios de primera transformación (destacando el aceite, el vino, la naranja y la almendra, que en el marco de la crisis se habían reducido a un tercio de su valor durante el período 1930-33), mientras que las importaciones eran mayoritariamente de productos industriales, que también decayeron por el freno de las inversiones empresariales y la política gubernamental de reducción del gasto público (que afectó a las industrias de base, como la siderúrgica vasca, y que tuvo uno de sus mayores exponentes en el parón oficial del plan de desarrollo ferroviario, planteado, paradójicamente, desde la cartera dirigida por el vasco y socialista, Prieto). Como consecuencia de todo ello, se produjo un aumento del paro (se estima que alcanzó el 12,9%, aunque todavía lejos de los niveles críticos que conocieron EE. UU. y Alemania, con cifras entre el 25 y el 30%). La mitad de los parados eran trabajadores agrícolas sin tierra, sobre todo de las regiones latifundistas de Andalucía, Extremadura y Castilla la Mancha. Esto haría que el problema agrario fuera, por encima de todos, la cuestión social más urgente a solventar. Vamos a ver a continuación cuáles fueron las actuaciones más relevantes que se produjeron durante el primer bienio.
Bienio reformista (1931-33)
Enlazando con lo que señalábamos en el apartado anterior podríamos decir, de forma resumida, que la actuación de los diferentes gobiernos durante el primer bienio republicano en el plano social dejó insatisfechas muchas de las expectativas que las clases populares pudieron depositar en la República, fruto de la heterogénea composición de la coalición de fuerzas que asumió las tareas de gobierno. Un claro exponente de ello fue el débil alcance de la Ley de Bases de la Reforma Agraria (15 de septiembre de 1932), que fue fruto de un compromiso en el seno de fuerzas republicanas, pero que se convirtió en un laberinto jurídico de difícil aplicación que no modificó las bases de la propiedad agraria latifundista, ni propició la transformación de los jornaleros sin tierra en una capa de pequeños campesinos propietarios que hubieran podido vincular su progreso a la llegada de la República (Julio Gil Pecharromán, op. cit.). Las medidas más ambiciosas se dieron en el campo democrático y del laicismo: impulso de la educación pública y laica, apartamiento de las órdenes religiosas del ámbito educativo y disolución de las de obediencia exterior (Jesuitas), reconocimiento de las autonomías regionales, voto de la mujer, etc. Con la paradoja de que muchas de ellas soliviantaron a los sectores más conservadores del país y a la propia Iglesia Católica, sin que, por el contrario, pudieran contar con un apoyo decidido de los sectores populares insatisfechos por la timidez de las medidas sociales y las consecuencias de la política económica de orientación deflacionista que propició un aumento del desempleo.
Manuel Azaña, Izquierda Republicana. 
Largo Caballero, UGT.
El gobierno provisional formado el 14 de abril de 1931 era el fruto del Pacto de San Sebastián firmado en 1930 entre un amplio abanico de fuerzas políticas republicanas y nacionalistas catalanas a las que se sumaron después el PSOE y la UGT. Convivían sectores claramente conservadores católicos, como Alcalá Zamora (presidente de Gobierno) y Miguel Maura (Gobernación, hijo del ministro monárquico Antonio Maura), con otros profundamente anticlericales, como Lerroux (Asuntos Exteriores) y Martínez Barrio (Comunicaciones) del Partido Radical. Había representantes del nacionalismo catalán, como Jaime Carner de ERC (Economía) y gallego, como Casares Quiroga (Marina), junto con republicanos herederos de una tradición jacobina de pensamiento, como Azaña (Guerra), o con posiciones abiertamente beligerantes con los nacionalismos, como el Partido Radical de Lerroux. Y, por último, a veces enfrentados a todos los demás, que representaban a la burguesía, aunque fuera de tendencia progresista, estaban los primeros espadas del socialismo español, Largo Caballero (Trabajo) e Indalecio Prieto (Hacienda). La cartera de Instrucción Pública (Educación) la ocuparía el republicano Marcelino Domingo. Este gobierno tan heterogéneo iba a tener que hacer frente a enormes y complejos retos.
Entre las iniciativas acordadas por el gobierno provisional figuraban la de dotar al país de una Constitución democrática, mediante la convocatoria de elecciones constituyentes (celebradas el 28 de junio de 1931), lo que exigía el reconocimiento de las libertades individuales, entre ellas la de culto. La misma relevancia se pretendió dar a la reforma agraria, aunque sin poner en cuestión la propiedad privada. Pero las presiones venían de todas partes:
- El nacionalismo catalán, que había proclamado la República Catalana dentro de la República Federal el mismo 14 de abril, aunque luego rectificó estableciendo una Generalitat provisional, presionaba para la rápida aprobación del Estatuto de Cataluña.
- La Iglesia Católica, de la mano del arzobispo primado de Toledo, cardenal Segura, publicó una carta pastoral el 7 de mayo de claro contenido antirrepublicano a cuyo gobierno provisional equiparaba a los bolcheviques. La reacción no se hizo esperar y provocó el ataque de sectores radicalizados contra iglesias y centros religiosos, siendo incendiadas algunas de ellas en Madrid y en algunas ciudades andaluzas (Málaga, Sevilla, Cádiz).
- El reducido alcance de la reforma agraria y la lentitud en su aplicación, condujeron también a una radicalización de sectores del campesinado, especialmente en el campo andaluz, donde bajo el impulso del anarcosindicalismo fueron frecuentes los sucesos insurreccionales (Casas Viejas, enero 1933). Este fenómeno de radicalización ante la frustración por las expectativas de cambio y mejora depositadas en la República, arrastró también a sectores socialistas y ugetistas, encabezados por Largo Caballero.
Los conflictos en el seno de la coalición de fuerzas republicanas no tardarían en surgir. En el debate constitucional sobre la cuestión religiosa (artículo 26), las posiciones anticlericales de Lerroux chocarían con Alcalá Zamora y Maura que presentaron su dimisión. Al final, se recompuso parcialmente la situación. Lerroux salió del gobierno, Azaña pasó a ser presidente del gobierno poco antes de que Alcalá Zamora fuera elegido primer presidente de la República (10 de diciembre 1931) tras la promulgación de la Constitución (9 de diciembre). Constitución que reconocía las autonomías territoriales dentro de un Estado unitario (en septiembre de 1932 se promulgó el Estatuto Catalán), establecía unas Cortes unicamerales, creaba la figura del presidente de la República, diferenciándola de la de presidente del Gobierno y establecía el derecho de voto para la mujer.
En cuanto a las medidas que se adoptaron, las de mayor alcance fueron las relativas a la educación pública (construcción de escuelas, creación de la Escuela Normal para la formación de maestros bajo el impulso del socialista Fernando de los Ríos al frente de Instrucción Pública desde diciembre de 1931) y a la legislación social impulsada por Largo Caballero y la UGT desde el ministerio de Trabajo (Ley de Términos Municipales, que daba preferencia para la contratación en las tareas agrarias a los lugareños, jornada máxima de ocho horas, contratos de trabajo y convenios colectivos, seguro médico, seguro de maternidad, seguro de accidentes laborales y seguro de paro, además del establecimiento de los jurados mixtos entre patronos y sindicatos, presididos por un representante gubernamental, para vigilar por el cumplimiento de las normas laborales). Azaña acometió una reforma militar con el objetivo de reducir la estructura macrocefálica de mandos, con el efecto perverso de que los que aceptaron retirarse fueron mayoritariamente los menos beligerantes con el nuevo régimen.
Bienio radical-cedista (1933-35)
El desgaste gubernamental durante el bienio iba a propiciar una derrota electoral en las municipales de enero de 1933. Las derechas se habían agrupado en torno al partido Acción Popular de Gil Robles que junto a otros grupos regionales formó la CEDA, de carácter confesional católico. Los sectores más extremistas, que ya habían intentado un golpe militar encabezado por el general Sanjurjo (10 agosto de 1932), se estructuraron en torno a las JONS, de Onésimo Redondo y Ramiro Ledesma y la Falange de José Antonio Primo de Rivera. Finalmente se produjo la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales en noviembre de 1933, que dieron lugar a un parlamento repartido casi a partes iguales entre izquierdas (republicanos, pero con más de la mitad socialistas), radicales de Lerroux y CEDA (100-102-115), aunque la presencia de otros casi 90 diputados de la derecha no adscritos a la CEDA daban un mayor peso a la derecha en su conjunto.
Tras las elecciones generales de noviembre de 1933 se formó un gobierno radical monocolor presidido por Lerroux que derogó la caballerista Ley de Términos Municipales (preferencia de contratación agraria para los lugareños), suspendió la medida que impedía a las órdenes religiosas ejercer la enseñanza y procedió a amnistiar a los implicados en el golpe de Sanjurjo, pero al año siguiente, octubre de 1934, se planteó la entrada de la CEDA en el gobierno (aunque no de Gil Robles), lo que provocaría el desencadenamiento de acontecimientos revolucionarios.
Alejandro Lerroux, Partido Radical. 
Gil Robles, CEDA.
Entre la izquierda socialista, en la que se ha había ido produciendo un proceso de radicalización, se tendía a asimilar la entrada de la CEDA de Gil Robles en el gobierno al proceso que había tenido lugar en Austria unos meses antes, cuando otro dirigente socialcristiano, Dollfuss, había promovido desde la cancillería la disolución del parlamento y la instauración de una dictadura (austrofascismo) que prohibió las organizaciones obreras, y que encontró la resistencia de los socialistas mediante una insurrección aplastada en febrero de 1934. La admiración que Gil Robles había manifestado por Dollfuss les llevaba a pensar en unas consecuencias similares en España, como publicaba El Socialista el 3 de octubre en su editorial.
Además del punto de vista de las organizaciones obreras, también el nacionalismo catalán se sentía agraviado por la anulación de la Ley de Contratos de Cultivo, que mejoraba las condiciones de los rabassaires (campesinos arrendatarios) facilitándoles el acceso a la propiedad, y que había sido suspendida por el Tribunal de Garantías Constitucionales, retirándose de las Cortes los diputados nacionalistas catalanes. También a lo largo de 1934 se había producido un conflicto entre los municipios vascos y el gobierno a propósito de una nueva figura fiscal que pretendía implantar el gobierno central sobre el comercio de vino («guerra del vino»). Estos hechos, a los que se unía el propio bloqueo del Estatuto Vasco plebiscitado en noviembre de 1933, propiciaron el inicio de una colaboración entre socialistas y nacionalistas vascos.
Así, junto a la acción insurreccional obrera que cuajó fundamentalmente en Asturias gracias al acuerdo de Alianza Obrera (UHP, Unión de Hermanos Proletarios) entre la UGT y la CNT, se produjo la proclamación del Estado Catalán por Companys (presidente de la Generalitat y de ERC) y un movimiento insurreccional de cierto alcance en las comarcas obreras de Vizcaya. Fracasando estrepitosamente en Madrid y otras localidades. La represión, con la intervención de fuerzas legionarias y marroquíes (al mando de Franco), fue especialmente dura en Asturias, donde la resistencia llegó más lejos. En Cataluña, al inhibirse la CNT, el movimiento tuvo un escaso alcance, aunque la autonomía fue disuelta y el presidente Companys encarcelado. Los más importantes líderes socialistas del PSOE y la UGT fueron a prisión o se tuvieron que exiliar, aunque las organizaciones obreras no llegaron a ser disueltas.
Tras el aplastamiento de la insurrección de 1934, el gobierno dirigido por Lerroux radicalizaría su política hacia la derecha a partir de mayo de 1935 en que se incorporaría el propio Gil Robles (ministerio de Guerra) y se iniciaría la contrarreforma agraria, anulando los pocos pasos que habían sido dados. Sin embargo, un escándalo de corrupción, el straperlo (ruletas trucadas instaladas en casinos), que implicaba al mismo Lerroux, precipitó la crisis del gobierno radical-cedista. Encargando Alcalá Zamora la formación del gobierno a Manuel Portela Valladares (diciembre 1935) con el objetivo de convocar elecciones anticipadas.
Frente Popular y conspiración militar (1936)
El ascenso de Hitler al poder en Alemania había hecho replantear la estrategia de la Internacional Comunista propiciando acuerdos no sólo con los socialistas o socialdemócratas, sino aún más allá incluyendo a sectores de la burguesía liberal. La plasmación de esta política tuvo su primer hito en Francia, con la constitución del Frente Popular en 1935, vencedor de las elecciones y que gobernó entre 1936 y 1938. Sin lugar a dudas, el referente francés sería fundamental para que se produjera la confluencia de fuerzas republicanas, socialistas, comunistas y nacionalistas en el pacto de Frente Popular, suscrito el 15 de enero de 1936. La relación de fuerzas firmantes incluía a la Unión Republicana de Martínez Barrio, la Izquierda Republicana de Azaña, la Esquerra Republicana de Cataluña, el PSOE, el PCE, las Juventudes Socialistas, la UGT, el POUM y el Partido Sindicalista de Pestaña. La amnistía para los más de 30.000 presos políticos, encarcelados desde octubre de 1934, era la exigencia central, así como el retorno a la política religiosa, educativa y regional del primer bienio, y una reforma agraria más rápida.
Las derechas se agruparon fundamentalmente en torno a la CEDA, que conocía un claro proceso de radicalización, en particular en sus juventudes (JAP, Juventudes de Acción Popular, a las que Serrano Suñer, diputado de la CEDA y cuñado de Franco, animaba a ingresar en la Falange). No suscribieron un pacto a escala nacional, como las izquierdas, pero sí llegaron a acuerdos locales o regionales, como en el caso de Cataluña en que bajo el Front Català d’Ordre presentaron una candidatura común en la que se integraban, desde Lerroux, hasta miembros tradicionalistas y del partido de Calvo Sotelo, para hacer frente al Front d’Esquerres, que fue la denominación catalana del Frente Popular. Falange acudió sola a la cita electoral, al igual que el PNV, que lo hizo en contra de la opinión del Vaticano, partidario de que se unieran a la derecha.
La victoria del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936, aunque no muy abultada en términos de votos (una diferencia de unos 150.000 votos de casi 10 millones de votantes), sí le daba una mayoría amplia en las Cortes, gracias a la ley electoral vigente desde 1907 que primaba con más escaños a la candidatura mayoritaria. El mismo 19 de febrero Azaña formaba gobierno, pero las masas populares imponían su propio ritmo: miles de prisioneros políticos fueron liberados espontáneamente de las cárceles, numerosas fincas de latifundio fueron inmediatamente ocupadas por campesinos pobres… En esta situación Alcalá Zamora fue depuesto por las Cortes y sustituido provisionalmente por Martínez Barrio (que había roto con Lerroux en 1933 a causa de la deriva derechista de éste), hasta que se convocó la asamblea de compromisarios que eligió a Azaña como presidente, pasando Casares Quiroga a dirigir el gobierno.
Mientras tanto, se venía fraguando desde el mes de marzo una conspiración en torno a los militares de la UME (Unión Militar Española), encabezados por Sanjurjo desde Portugal y por Mola en España, a los que se fueron uniendo Goded (Baleares), Cabanellas (Aragón), Queipo (Director de Carabineros) y más hacia el final Franco, desde Canarias, además de otros muchos sin mando en plaza. Junto a los militares participaban también sectores de la ultraderecha política (Calvo Sotelo, Ramiro de Maeztu, Goicoechea) y contaban con el apoyo de importantes financieros como Oriol y especialmente Juan March. El detonante, no la causa, fue el asesinato de Calvo Sotelo (13 de julio) en venganza por el asesinato de un teniente socialista de la Guardia de Asalto (José Castillo), el día anterior.
Guerra civil (1936-1939)
La sublevación militar comenzó en las guarniciones africanas, iniciándose en Melilla en la noche del 17 al 18 de julio. A lo largo del día 18 se van uniendo distintas guarniciones de la Península. El día 19, ante la situación de parálisis que se produce en el seno del gobierno republicano, comienza la movilización ciudadana, encabezada por los sindicatos obreros, en particular la CNT que arrastra a importantes sectores de la UGT y de la izquierda socialista y comunista y que logra que la sublevación sea abortada o aislada en ciudades tan importantes como Madrid y Barcelona. El 20 de julio se puede tener ya una panorámica general de las zonas en las que ha triunfado la sublevación y en las que el golpe ha sido abortado:
- El golpe había triunfado en la mayor parte de la España extrapeninsular (salvo Menorca): Melilla, Ceuta, protectorado de Marruecos, Canarias y Baleares. También en la mayor parte de la Meseta Norte (Castilla-León), Galicia, Navarra, mientras que, en el País Vasco, sólo en Álava. La mayor parte de Aragón, con sus respectivas capitales, había caído en manos de los golpistas. Y la sorpresa iba a ser Zaragoza capital, un importante feudo sindical de la CNT, en cuya ciudad se había celebrado su último congreso en mayo de 1936. En Andalucía, salvo en Cádiz, donde la sublevación había triunfado en toda la provincia (Cádiz, Jerez, Algeciras), los sublevados sólo se habían hecho con algunas capitales (Sevilla, Córdoba, y Granada) pero no con el resto de la provincia, donde la movilización de las organizaciones jornaleras de la CNT y la UGT se hizo con el control. El hecho más sorprendente fue la rápida caída de Sevilla «la roja», feudo político y sindical comunista. También triunfó en Cáceres, aunque no en Mérida, ni Badajoz.
- La República preservó bajo su control toda la franja mediterránea, empezando desde Cataluña y pasando por el País Valenciano, Murcia y Andalucía Oriental (hasta Málaga). También Madrid y toda la submeseta Sur, el Sur de Extremadura (Badajoz y Mérida), y la mayor parte del campo andaluz, pero perdiendo algunas de las capitales, como se ha señalado más arriba. Separada y aislada del resto de la España republicana se quedó una franja en la zona cantábrica que iba desde las provincias costeras del País Vasco (Guipuzcoa y Vizcaya) hasta Asturias, incluyendo Santander (Cantabria). Además de Menorca.
Es decir, en zona republicana se mantuvo la España industrial, la mayor parte de los recursos financieros, la agricultura de mayor diversificación (zonas de secano interior y zonas de regadío del litoral levantino) y la mayoría de los órganos administrativos del Estado. Y como señala el historiador militar Salas Larrazábal (op. cit.), que combatió en el bando sublevado, la mitad de los medios militares de superficie, tres cuartas partes de los aéreos y prácticamente la totalidad de los navales quedaron en zona republicana. La zona sublevada se estableció, fundamentalmente, en zonas agrícolas de secano. Su mayor activo fue contar con las tropas africanas (unos 50.000 hombres, entre legionarios y tropas indígenas al mando del general Yagüe) que eran las más habituadas al combate y ya habían actuado en Asturias en octubre de 1934 y, sobre todo, poder contar con la ayuda italiana y alemana.
La zona republicana
Desde el mismo momento en que se produjo la sublevación militar, en la zona republicana iban a entrar en conflicto dos concepciones radicalmente diferentes sobre la manera de hacerla frente. Por un lado, el mundo sindical, bajo el empuje del anarcosindicalismo (CNT-FAI) e influyendo en sectores ugetistas y de la izquierda socialista de Largo Caballero, junto con otros grupos minoritarios como el POUM, iban a enfrentar el golpe mediante métodos revolucionarios, armando a las milicias formadas por los sindicatos y partidos obreros, organizando comités y tomando también medidas en el ámbito económico, procediendo a la incautación de fábricas y la ocupación de tierras mediante su colectivización.
Frente a esta postura radical, los sectores republicanos mantenían una actitud dubitativa a la hora de enfrentarse al golpe (hasta el punto de que al día siguiente de la sublevación llegó a haber tres presidentes de gobierno: el dimisionario Casares Quiroga, Martínez Barrio que no llegó a formar siquiera gobierno y finalmente José Giral), pues en el fondo tenían tanto miedo al pronunciamiento militar como al estallido revolucionario de las masas. En su afán de contención encontraron apoyos también en el sector moderado del socialismo (Prieto, Negrín, Besteiro) y el PCE, que, siguiendo una orientación marcada por la Internacional Comunista y Rusia, propiciaba el acuerdo con las fuerzas republicanas para enfrentarse al fascismo, en la línea de lo que había sido el pacto de Frente Popular.
La duración del gobierno del republicano José Giral fue corta, tan sólo un par de meses. La única manera que había para que el gobierno pudiera ejercer una cierta autoridad y contención sobre el proceso revolucionario que se había puesto en marcha, era que las principales organizaciones obreras se integraran en él. Así se formó el gobierno presidido por el socialista de izquierdas Largo Caballero, donde, hecho sin precedentes, los anarquistas ocuparon hasta tres ministerios (aunque éstos sólo se incorporaron en noviembre en el momento previo al asedio de Madrid), junto con otros republicanos, nacionalistas catalanes y vascos, comunistas, etc. Una situación similar se producía en Cataluña donde Companys integraba en el gobierno a las organizaciones que habían constituido tras el golpe el Comité de Milicias Antifascistas, poder de facto en la región. Así se incorporó la CNT-FAI, el PSUC e incluso el POUM (ocupando Nin la cartera de Justicia), llegando a promulgar un decreto de colectivizaciones que legalizaba buena parte de las intervenciones e incautaciones realizadas por las organizaciones obreras.
El aislamiento en el que se encontró la República a causa de la política de «no intervención» propugnada por las potencias parlamentarias (Francia, Gran Bretaña y EEUU), únicamente roto por la ayuda militar procedente de Rusia y la llegada de voluntarios internacionales organizada mayoritariamente por la Internacional Comunista, aumentó sobremanera, más allá de su propia fuerza militante, la influencia del PCE sobre el gobierno, lo que derivó en tensiones crecientes con el propio Largo Caballero. Esta tensión tuvo su máximo exponente cuando en mayo de 1937, en Barcelona, se produjo un enfrentamiento armado entre fuerzas gubernamentales llegadas desde Valencia y las milicias anarquistas y poumistas. La negativa de Caballero a disolver e ilegalizar al POUM, al que Stalin tenía en su punto de mira, le llevó a la dimisión. El 17 de mayo, por encargo de Azaña, se formó un nuevo gobierno encabezado por Negrín, del que ya no formarían parte ni los caballeristas, ni los líderes de la CNT-FAI. Incluso un año después, el socialista Indalecio Prieto, que dirigía la cartera de Defensa dimitiría en descuerdo con el creciente protagonismo de los comisarios comunistas en el ejército, asumiendo el propio Negrín la cartera de Defensa (5 abril 1938).
En medio de estas crecientes tensiones, el 15 de abril, el ejército franquista llegó al Mediterráneo a la altura de Vinaroz, separando Cataluña del resto de la zona republicana. Para tratar de recuperar el contacto entre las dos zonas republicanas, se diseñó la operación de paso del Ebro que se prolongó, en una cruenta batalla, desde julio hasta noviembre, suponiendo una severa derrota, casi definitiva, para la República pues quedó Cataluña a merced del ejército franquista que tomó Barcelona en enero de 1939.
La zona franquista
Inicialmente, los militares sublevados no tenían un programa político definido. Su objetivo era implantar una dictadura militar al estilo de Primo de Rivera para anular la legislación republicana y prohibir las organizaciones obreras. La resistencia popular inesperada, encabezada por las organizaciones sindicales, modificó lo que en principio estaba previsto como una acción rápida, para dar paso a una cruenta guerra civil. Por eso, al principio, constituyeron en Burgos una Junta de Defensa Nacional presidida por el general Cabanellas, como mando de mayor antigüedad (aunque bajo el control de Mola), pero ya en septiembre, ante el cariz que tomaban los acontecimientos, decidieron concentrar el mando político y militar de la guerra en Franco, que fue nombrado Jefe del Gobierno del Estado español y Generalísimo de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire, creándose una Junta Técnica del Estado, germen de lo que después, en febrero de 1938, se constituiría como gobierno propiamente dicho en la configuración ya de un nuevo Estado. La Junta tuvo su sede en Burgos (Casa del Cordón), mientras que Franco estableció su cuartel general en Salamanca en el palacio episcopal, cedido por el obispo Plá y Deniel.
La conformación de ese nuevo Estado tuvo un hito muy importante con el Decreto de unificación del 19 de abril de 1937, que constituía un partido único mediante la fusión de Falange, los Tradicionalistas (requetés) y la disolución del resto de partidos y milicias (como las Cruces Negras, milicias católicas de las Juventudes de Acción Popular, JAP, aunque el papel de éstas era sensiblemente menor que el de Falange y los requetés), creándose FET y de las JONS, partido del que Franco sería el jefe supremo. Aunque esta unificación se hizo con la oposición del jefe de Falange (Manuel Hedilla) y el de los Tradicionalistas (Fal Conde), que acabaron en prisión y en el exilio, respectivamente. Tampoco las milicias de las JAP, las Cruces Negras, mostraron gran entusiasmo por la unificación. No existiendo más partido que el partido único acaudillado por Franco, las diferentes corrientes o familias políticas siguieron subsistiendo de forma no oficial. Así, en el seno del gobierno, estaban representados los militares, como estamento más decisivo, y los sectores dóciles de la antigua Falange y el Tradicionalismo, además de partidarios monárquicos de Alfonso XIII y sectores independientes muy próximos al nacionalsocialismo alemán, como era el caso de Serrano Suñer, cuñado de Franco.
Una de las tareas que se dio el nuevo régimen fue la de derogar toda la legislación que había provocado mayor conflictividad en la República. Se procedió a suspender la Ley de Reforma Agraria y toda la legislación educativa y laica, estableciéndose la religión católica como religión oficial del Estado, lo que le valió el apoyo absoluto de la jerarquía eclesiástica que llegó a definir la sublevación como una Cruzada Nacional contra la masonería y el comunismo ateo (pastoral de Enrique Plá y Deniel, obispo de Salamanca y posterior carta colectiva del episcopado de julio de 1937 encabezada por el primado de España Isidro Gomá, y cuyo objetivo era contrarrestar la campaña internacional de denuncia por el bombardeo de Guernica). Se aprobó el Fuero del Trabajo (marzo 1938), quedando estructurado el mundo del trabajo en sindicatos verticales, en los que, al modo corporativista italiano, se integraban, tanto patronos, como trabajadores, previa prohibición de los sindicatos de clase.
Evolución de los frentes
Desde el mismo momento de la sublevación, los jefes militares contaron con la ayuda logística de los gobiernos italiano y alemán. El ejército de África pudo ser aerotransportado a la Península con ayuda de la aviación italiana y la protección de la armada alemana. Las tropas africanas, al mando del general Yagüe, ocuparon Mérida y Badajoz (donde se produjo una dura represión) que permitió unir las zonas sublevadas, luego Talavera y, a finales de septiembre, Toledo (por el general Varela). El plan militar consistía en hacer confluir sobre Madrid la columna sur con la del norte, al mando de Mola. A finales de octubre comenzaron los bombardeos sobre la capital y a primeros de noviembre, el gobierno de la República decidió trasladarse a Valencia, quedando al frente de Madrid una Junta de Defensa comandada por el general Miaja en la que participaban las distintas organizaciones del Frente Popular. El ataque sobre la capital fue frenado con una amplia participación de la ciudadanía madrileña en la resistencia, que contó con el apoyo de los voluntarios internacionales, manteniéndose la línea de frente prácticamente inalterada a lo largo de toda la guerra.
Tras la caída de Málaga (y el bombardeo desde el mar sobre los refugiados que huían por carretera hacia Almería en febrero de 1937), el mando sublevado se dio como objetivo romper la línea de comunicación entre Madrid y Valencia, dando lugar a la intensa batalla del Jarama que se desarrolló a lo largo de meses. Finalmente, la derrota de las tropas italianas en Guadalajara (marzo 1937) llevó a modificar la estrategia inicial de asedio y asalto sobre Madrid, emprendiéndose una intensificación de la presión militar sobre el frente norte (zona rica en minerales e industria) que ya había conocido la caída de Irún y San Sebastián en los primeros meses de la contienda. Tras los brutales bombardeos de Durango y Guernica (en este caso a cargo de la Legión Cóndor alemana), en marzo se precipitó la caída del frente norte: Bilbao cayó en junio, Santander en agosto (donde en Santoña fueron apresados varios miles de soldados o gudaris del Ejército Vasco, el Euzko Gudarostea) y Gijón en octubre.
Coincidiendo con estos hechos y para tratar de distraer fuerzas de la presión militar en el norte, hubo por parte del mando republicano varios intentos de contraataque, como el que dio lugar a la batalla de Brunete de julio de 1937 y la de Belchite de agosto-septiembre de 1937, cuyo objetivo era dirigirse hacia Zaragoza. Ambas iniciativas se saldaron en fracaso.
Ya en 1938, con el objetivo de detener el empuje de las tropas franquistas hacia el litoral mediterráneo, el ejército republicano atacó y conquistó Teruel, vuelto a reconquistar después por el ejército franquista, que el 15 de abril alcanzó el Mediterráneo a la altura de Vinaroz y Benicarló, rompiendo en dos el territorio republicano. Para volver a conectar ambas zonas, el mando republicano (Vicente Rojo) diseñó la operación del paso del Ebro que, iniciándose a finales de julio, se saldó, tras varios meses de bloqueo, en una severa derrota (cerca de 70.000 bajas republicanas) que abrió la vía a la caída de Cataluña en febrero del año 1939, con la consiguiente salida del gobierno y del presidente a Francia, pues tras los sucesos de mayo de 1937 se habían trasladado a Barcelona.
La más que inminente derrota de la República llevó a algunos sectores militares republicanos (encabezados por el coronel Casado, pero con la aquiescencia del general Miaja) a buscar un armisticio que permitiera replegar hacia el Mediterráneo y el norte de África (Argelia) al grueso de las fuerzas combatientes. Para ello contaron con el apoyo de la mayoría de las fuerzas políticas y sindicales republicanas: republicanos, socialistas moderados como Besteiro o caballeristas como el padre del dirigente juvenil comunista Carrillo (Wenceslao), CNT-FAI, etc., a excepción de los comunistas y el gobierno de Negrín partidario de resistir a toda costa, a la espera del comienzo de la guerra mundial inminente (Azaña había dimitido como presidente tras la caída de Barcelona, sucediéndole Martínez Barrio, aunque al parecer simpatizaba con la propuesta de Casado y Miaja). El resultado fue una mini guerra civil dentro de la guerra civil, que enfrentó, sobre todo en Madrid, a fuerzas gubernamentales comandadas por responsables comunistas con las fuerzas dirigidas por el anarquista Cipriano Mera que apoyaban a la Junta de Defensa que se constituyó en Madrid. Finalmente, la capital se rindió el 28 de marzo y el 1 de abril las tropas franquistas llegaban hasta el puerto de Alicante, último reducto del ejército republicano en retirada.
Conclusiones
El final de la guerra civil española supuso el cierre trágico de un ciclo político que se abrió con la proclamación de la República en abril de 1931 y que creó enormes expectativas de transformación social y modernización entre las capas populares e intelectuales de nuestro país. No así entre los sectores conservadores que vieron con enorme recelo la llegada de la República. La confrontación política se fue radicalizando en un contexto internacional que lo favorecía, con la expansión de los fascismos y de los regímenes autoritarios. La situación económica que siguió a la crisis de 1929 contribuyó a deteriorar la situación económica y social (caída de exportaciones, cierre de fábricas y aumento del paro industrial y agrario), con lo que los conflictos ya latentes a lo largo de nuestra historia se agravaron aún más. El resultado final fue el estallido de la cruenta guerra civil de 1936-39 que también fue un preludio de la no menos cruenta Segunda Guerra Mundial que llegaría poco después. Los efectos derivados de la contienda fueron los centenares de miles de muertos, exiliados y represaliados, el hundimiento económico del país, que quedaría sumido durante cerca de dos décadas en un profundo atraso económico, social y cultural, privado de los más elementales derechos democráticos de reunión, asociación, manifestación, prensa, etc.
La República y la guerra civil española han sido los acontecimientos de la historia contemporánea española que más atención han suscitado tanto en el extranjero como en nuestro país. Ya en su momento, durante la guerra civil, la República atrajo la solidaridad de numerosos intelectuales a nivel internacional, llegando algunos de ellos a estar presentes durante la contienda sobre la que escribieron (Hemingway, Orwell, Malraux, Dos Passos, etc.). Asimismo, algunos de los intelectuales y escritores españoles más destacados de este período alcanzaron un reconocimiento internacional como Lorca, Machado, Miguel Hernández y Alberti. Sin lugar a dudas, el final dramático de la República supuso la pérdida de una oportunidad histórica para haber profundizado en la transformación y modernización de nuestro país. Costaría décadas que este país pudiera emprender de nuevo el camino de la modernización.
Para saber más
Julio Gil Pecharromán (1999). La Segunda República. Madrid: Historia16.
Hugh Thomas (1978). La guerra civil española. Barcelona: Grijalbo.
Ramón y Jesús María Salas Larrazábal (2006). Historia general de la Guerra de España. Valladolid: Quirón ediciones.
Gabriel Jackson (1978). La República española y la guerra civil. Barcelona: Crítica.
Antony Beevor (2005). La guerra civil española. Barcelona: Crítica.
Pierre Broué (1977). La revolución española (1931-1939). Barcelona: Península. Disponible en este enlace.
Memoria de España. España, España 1922-1939 (2004) (serie documental Memoria de España RTVE).
La guerra civil española (1983) (serie documental producida por Granada TV y emitida por Channel 4 en Reino Unido) director, David Hart; productor, John Blake; asesoramiento histórico, Ronald Fraser, Hugh Thomas, Javier Tusell. Capítulo 1.- El preludio de la tragedia; Capítulo 2.- Revolución y contrarrevolución; Capítulo 3.- La guerra de los idealistas; Capítulo 4.- Franco y los nacionalistas; Capítulo 5.- Cara y cruz de la revolución; Capítulo 6.- Victoria y derrota
Jesús de Blas Ortega
Doctor en Ciencias Económicas y profesor de Secundaria de Geografía e Historia.
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