Ian Gibson, basándose en su trabajo sobre la muerte de Lorca editado por Ruedo Ibérico en 1971, prohibido en la España franquista, actualiza una de sus obras clave a la luz de nuevas investigaciones, tanto propias como de otros autores que se han ido sucediendo en las últimas décadas.
Comienza con una profusa relación de manifiestos, que recoge íntegros en un extenso apéndice, con los que desmonta de forma categórica la idea que algunos autores han querido transmitir de un Lorca apolítico, posiblemente con la intención torticera de que su asesinato no fue un crimen político perpetrado por los sublevados contra la República, sino fruto de conflictos más propios del ámbito privado como rencillas familiares, envidias o venganzas relacionadas con su conocida orientación homosexual.
Esta presentación ya marca con firmeza la tesis que el autor va mantener en su obra sobre el carácter político del crimen cometido contra Lorca, víctima de los sublevados franquistas.
Así, el autor nos ilustra con toda una serie de manifiestos publicados en los años 30 (contamos hasta diez y seis), previos al golpe militar fascista de los que Lorca es firmante, y a veces incluso primer firmante, donde ser vislumbra un claro compromiso con la causa antifascista, las libertades amenazadas, la solidaridad internacionalista y el decidido apoyo al Frente Popular. Todo ello desde una posición de estricta independencia política al no estar adscrito a partido alguno, pese a los requerimientos e insistencia de sus amigos del Partido Comunista de España (que a veces le llegaron incluso a incomodar).
Momentos previos a la sublevación
El autor nos traza un magnífico contexto histórico de la ciudad de Granada en los meses anteriores a la sublevación.
Durante la campaña electoral las derechas granadinas boicotearon la campaña del Frente Popular, utilizando todo tipo de triquiñuelas, lo que llevó a que los diputados electos del Frente Popular solicitaran la anulación de los comicios, pidiendo su repetición, que fue aprobada por las nuevas Cortes (al igual que para Cuenca).
La presión social de las izquierdas a favor de la repetición expresada a través de grandes manifestaciones populares llevó a duros choques con comandos falangistas, que al atacar con fuego real una reunión obrera, desencadenaron el llamamiento a una huelga general por parte de las organizaciones obreras el día 10 de marzo, en la que se pedía la disolución de las organizaciones fascistas y la detención de sus cómplices militares. Los locales de la Falange, del partido Acción Popular y la CEDA (de Gil Robles), del periódico católico y de derechas Ideal de Granada, fueron saqueados e incendiados, así como algunas iglesias y conventos.
Aunque la rabia popular fuera muy intensa, las organizaciones del Frente Popular llamarían la atención de la presencia de elementos provocadores que pudieron incitar a estos actos violentos. Pero el hecho indudable fue que los acontecimientos de Granada del 10 de marzo tuvieron como consecuencia una profunda radicalización en la ciudad y además con repercusión nacional. De hecho, la Falange fue proscrita poco después, pero cuando las elecciones se repitieron, algunos falangistas encarcelados figuraron en la coalición del Frente Nacional junto con la CEDA y muchos jóvenes de las JAP (Juventudes de Acción Popular) se fueron dirigiendo hacia la Falange.
La abstención masiva de las derechas dio la totalidad de los escaños al Frente Popular en Granada. Esta derrota de las derechas, contribuiría aún más a empujar a los sectores conservadores hacia la radicalización falangista. La Falange iba así a poder contar con varias decenas de nuevos militantes de primera línea que iban a constituir la base civil de la sublevación.
Dos de ellos, militares y falangistas, José Valdés Guzmán y José Nestares, asumirían respectivamente el Gobierno Civil y el mando del Orden Público tras el triunfo de la sublevación en la ciudad.
Triunfo de la sublevación
Sorprende y llama la atención la escasa fuerza numérica de las tropas militares acuarteladas en Granada (unos doscientos soldados) y más aún lo reducido de las fuerzas militantes falangistas (unos sesenta) dispuestos para controlar la ciudad. Frente a ello, las organizaciones obreras, con efectivos muchos más numerosos, se enfrentaron a la total negativa del gobernador civil, Torres Martínez, de distribuir armas, siguiendo órdenes tajantes del Gobierno de Casares Quiroga (gobierno monocolor de la Izquierda Republicana y, por lo tanto, ajeno a la presión de las organizaciones obreras del Frente Popular ya que no participaban en él).
Esta combinación de hechos explicaría la cautela de los conspiradores golpistas para sacar sus tropas a la calle. No lo harían hasta el día 20 de julio y además de forma engañosa mediante un bando firmado bajo presión por el Comandante militar Campins, leal a la República y luego fusilado por Queipo de Llano, que finalizaba con un enigmático «¡Viva España y viva la República!»
El desconcierto de las fuerzas de izquierda fue mayúsculo y, de hecho, fueron a saludar a las tropas de la guarnición que desfilaban por la ciudad, hasta que fueron brutalmente reprimidos y tuvieron que refugiarse en las intrincadas calles del barrio del Albaicín, donde resistieron hasta el día 23 de julio, cuando se les agotaron las escasas municiones con que contaban y tras sufrir bombardeos incluso de la aviación. Allí fueron cazados como alimañas, según la prensa local adepta a los sublevados, cayendo sobre ellos el peso de una durísima represión. Muchos serían fusilados.
La maquinaria del terror se pone en marcha
Las circunstancias de la toma de Granada por los sublevados a través del engaño, la resistencia casi numantina del Albaicín y la proximidad de zonas bajo control republicano, contribuyeron a desencadenar una feroz represión desde el primer momento. Para dirigirla con mano firme, Queipo de Llano, jefe militar de la Andalucía sublevada, envió al coronel González Espinosa, quien actuaría en la línea de dureza que Queipo venía aplicando en Sevilla.
Al principio se juzgaba y condenaba a través de juicios militares que tenían que proceder mediante unas ciertas reglas (declaraciones, testigos, emisión de sentencias, etc.), pero finalmente se impuso el fusilamiento sin simular siquiera un juicio formal. A lo que se sumaba la acción paralela de los escuadrones de la muerte (las escuadras negras).
Desde la cárcel provincial de Granada, donde se encontraban hacinados varios miles de presos, cada noche se realizaban paseos hacia el cementerio de San José, próximo a la Alhambra, donde eran fusilados en las tapias exteriores.
Casualmente, algunos viajeros norteamericanos que se encontraban en Granada y se alojaban en hoteles situados en las calles del camino de paso al cementerio, relataron en los meses siguientes, ya de vuelta en su país, las dramáticas madrugadas de camiones que iban cargados con presos y que regresaban sólo con sus verdugos (pelotones de fusilamiento). Una escritora norteamericana de ideas conservadoras y simpatizante con los sublevados, Helen Nicholson, en su Muerte al Amanecer (1937), relata estos hechos y señala cómo al propio guardián del cementerio, con hijos pequeños se le hacía insoportable aquella situación de gritos, súplicas y ráfagas que se repetían madrugada tras madrugada (testimonio estremecedor aportado por alguien cercano a los golpistas, como otros muchos que va a recoger Gibson a lo largo de su obra, dando aún mayor verosimilitud al relato, al estar corroborado por fuentes procedentes de simpatizantes franquistas, lo que representa un gran mérito del autor). Años después el que fuera guardián del cementerio señalaría a Gibson que además de estos envíos regulares que se hacían desde las cárceles, las escuadras negras también actuaban en las tapias del mismo cementerio, pero en este caso a cualquier hora del día sin poder ser identificados los así ejecutados.
¿Cuántos pudieron ser? En los tres años de Guerra Civil no menos de 2.000, que quedaron registrados oficialmente en el cementerio bajo el eufemismo de muerto por arma de fuego, pero otros muchos no fueron registrados. Gibson calcula una cifra entre 5.000 y 6.000 tras contrastar diversas fuentes. Sólo en el mes de agosto de 1936, medio millar de obreros, profesores, médicos, catedráticos, abogados, escritores, etc. fueron víctimas de la saña de los sublevados.
La familia García Lorca
La represión organizada por los sublevados pronto afectó a la familia de Lorca. Su cuñado, Manuel Fernández Montesinos, casado con su hermana Concha y alcalde socialista de Granada fue detenido en los primeros días de la sublevación y encarcelado. En los días siguientes, la Huerta de San Vicente, el domicilio familiar, sería visitada de forma abrupta por grupos de falangistas en busca de amigos o personas cercanas a la familia a los que creían allí escondidos. En una de estas visitas, la violencia y las amenazas fueron tan brutales que Lorca pidió ayuda a su amigo el poeta Luis Rosales, hermano de falangistas destacados de Granada y él mismo recientemente afiliado también a Falange. Rosales ofreció alojar a Lorca en el domicilio familiar para ponerle a salvo de estas acciones incontroladas, pues nadie podía imaginar que el poeta pudiera ser considerado un peligroso enemigo de los sublevados y marcado como objetivo de su acción represiva.
Gibson deja entrever que aunque Granada estaba rodeada por territorio republicano, no hubo jamás un plan serio de recuperar la ciudad por parte de los republicanos. Así, las incursiones y bombardeos que puntualmente realizaba la aviación republicana, lejos de infundir ánimo a la población más próxima a la causa republicana, la dejaba aún más atemorizada y a merced de la brutalidad de los sublevados que llegaron a emitir un bando, auspiciado por Queipo de Llano que imponía represalias (ejecuciones) tras cada bombardeo de la aviación y de los que la prensa y la radio hacían ostentosa publicidad.
La familia Rosales
La casa familiar de los Rosales podría parecer a primera vista un refugio seguro para Lorca, pues de los cinco hermanos, de mayor a menor edad: Miguel, Antonio, Luis, José y Gerardo, todos, salvo el pequeño, pertenecían a Falange. Parece que además de Lorca, esa casa sirvió también de refugio temporal para algunas personas de convicciones republicanas, en general, amigos del también poeta Luis Rosales y, al parecer, con el consentimiento del padre, hombre de convicciones liberales. Pero el cerco sobre la casa se iba a ir estrechando cada vez más. Las visitas de grupos de falangistas o incontrolados a la Huerta de San Vicente aterrorizando a la familia iban a ser continuas, ahora también en busca de Lorca, de lo que informaban por diferentes conductos al poeta refugiado en casa de los Rosales. En una de esas visitas, ya con una orden de detención contra Federico García Lorca, amenazaron con llevarse al padre sino les decían el lugar donde se encontraba el poeta, y ante esta presión, la hermana, Concha, mujer del alcalde socialista depuesto y detenido por los sublevados, Fernández Montesinos, explicó que su hermano no estaba huido sino que se encontraba en la casa de su amigo falangista y poeta como él, Luis Rosales.
El día 16 de agosto, el mismo día que era fusilado su cuñado y ex alcalde socialista, Lorca era detenido en la casa de los Rosales con una orden emitida por el Gobierno Civil.
La detención en el Gobierno Civil
Una pieza clave para la formulación de la denuncia y la orden de detención de Lorca había sido el ex diputado de la CEDA de 1933-1936 por Granada, Ramón Ruiz Alonso, hombre al que se consideraba cercano a Gil Robles. De hecho, en los medios falangistas se le llamaba despectivamente el obrero amaestrado de Gil Robles, por su condición de tipógrafo. Gracias a ello había llegado a Granada para trabajar en el diario Ideal, periódico católico vinculado a la CEDA, llegando luego a ser diputado durante el Bienio Radical-Cedista. Como muchos jóvenes del partido de Gil Robles (Acción Popular), fue dirigiéndose hacia posiciones abiertamente fascistas. Su acercamiento a Falange no estuvo exento de algunos roces, dadas sus altas pretensiones de ascender políticamente.
Cabe pensar que estas tensiones entre Ruiz Alonso y la Falange, pudieran haberle impulsado a tomar la iniciativa en la delación y detención del poeta, alojado en casa de los Rosales, familia en la que varios de los hermanos ocupaban cargos de responsabilidad en Falange desde antes de la sublevación. Esta percepción, explicitada por uno de los hermanos Rosales, José, que fue el que alcanzó el nivel más elevado en la jerarquía falangista, aunque pudiera tener un cierto fundamento, no sería óbice para también tener en cuenta que Ruiz Alonso odiaba a Lorca y lo tenía en su punto de mira por sus vínculos con el Frente Popular y cercanía a personajes como Fernando de los Ríos (que desde el Ministerio de Instrucción Pública le había nombrado durante el Bienio Progresista director del grupo de teatro universitario conocido como La Barraca y que fue elegido diputado del Frente Popular por Granada tras la repetición de los comicios), pero también por diferentes manifiestos suscritos por el poeta en los años 30, y en particular el de la fundación de la Asociación de amigos de la Unión Soviética (pues una de las acusaciones esgrimidas contra él para su detención fue la de ser agente soviético). Sin poder dejar de señalar el rechazo que le tenía por su condición homosexual.
La detención de Lorca en casa de los Rosales reavivará el conflicto entre los camisas viejas falangistas y los sectores procedentes de la CEDA como Ruiz Alonso y otros compañeros de partido que pasaron a trabajar al servicio del gobernador civil nombrado por los sublevados, Valdés Guzmán.
Pero todas las circunstancias señaladas, como la fama del detenido, la protección por parte de los Rosales, varios de cuyos hermanos eran, como hemos visto, responsables de Falange, llevaron al gobernador, Valdés Guzmán, a consultar qué hacer con Lorca al jefe de los sublevados para Andalucía, Quipo de Llano, quien sin miramientos planteó que Lorca debería ser ejecutado, bajo el eufemismo habitual de que «había que darle café, mucho café». Así pues, en la madrugada del 17 al 18 de agosto (3 de la madrugada) Lorca sería sacado del Gobierno Civil, junto con otro detenido, para ser conducido hacia su dramático final.
El asesinato
Tras ser sacados del Gobierno Civil fueron conducidos hacia la localidad de Víznar, cercana a Granada, donde en un edificio arzobispal, la Falange contaba con un centro operativo donde se desarrollaba la represión no pública, la supuestamente no oficial y que, por tanto, no quedaba registrada. Allí los presos eran confinados en un viejo caserón situados en las proximidades, a la espera de ser fusilados. El jefe de la unidad, el falangista y militar capitán Nestares, tenía a su servicio a un grupo de masones que trabajaban como enterradores (librándose de esta manera de su propia ejecución), al igual que un joven comunista amigo de la familia del capitán. Había también dos chicas jóvenes de izquierdas que se encargaban de las tareas de limpieza.
Antes del amanecer del día 18 de agosto, Lorca en compañía de un profesor que padecía de cojera y dos banderilleros anarquistas, fueron sacados para ser fusilados.
Durante los últimos años se han realizado en la zona diferentes excavaciones (en 2009, 2013 y 2016) sin resultados. Una de sus posibles causas es no se han tomado en consideración las señalizaciones de sitios realizadas por los investigadores. También trascendió que con motivo de la inauguración de un parque dedicado a Lorca se encontraron huesos y un bastón, posiblemente del maestro, y cuatro cráneos, y que, al parecer, sobre la marcha, se decidió enterrarlos en otro lugar cercano.
En la Granada bajo dominio de los sublevados, la noticia de la ejecución de Lorca circuló rápidamente. Alguno de sus participantes, como Trescastro Medina, próximo al círculo de Ruiz Alonso, se vanagloriaba públicamente en los bares de Granada que frecuentaba de haberle metido «dos tiros en el culo por maricón». Antes de que se difundieran estos hechos, dos falangistas llevaron a la casa familiar una carta manuscrita del poeta donde pedía que les dieran 1.000 pesetas de la época, creando así la ilusión de que esta manera podría salvarse, pero Federico García Lorca ya había sido fusilado. Prueba de la catadura moral de los que ejercían la represión a cuenta del bando sublevado.
También es de señalar una intervención in extremis del músico Manuel de Falla, que había colaborado en alguna obra con Lorca. Cuando se enteró de la detención acudió al Gobierno Militar, pero a punto estuvo de costarle a él mismo un disgusto.
El lugar donde fue asesinado el poeta fue bautizado por los musulmanes hace siglos como Fuente de las Lágrimas, título también de un bello y emocionante poema de Dámaso Alonso dedicado al poeta asesinado en 1940 que recoge Gibson:
Ay, fuente de las lágrimas,
Ay, campos de Alfacar, tierras de Víznar.
El viento de la noche,
¿por qué os lleva la arena, y no la sangre?
¿Por qué entrecorta el agua cual mi llanto?
No le digáis al alba vuestro luto,
No le quebréis al día su esperanza
De nardo y verde sombra;
Pero en la noche aguda,
Sesgada por el dalle de los vientos
Que no olvidan, llorad, llorad conmigo.
Llora tú, fuente grande,
Ay, fuente de las lágrimas.
Y sed ya para siempre mar salobre,
Oh campos de Alfacar, tierras de Víznar.
Sesenta y dos años después de su asesinato, Lorca sigue siendo un desaparecido.
Como bien señala Gibson, el mando franquista percibió rápidamente la torpeza cometida con la ejecución de García Lorca, un poeta internacionalmente conocido. Para contrarrestarlo, la radio franquista comenzó a emitir noticias de ejecuciones de personas relevantes de la cultura a manos de los rojos (como Benavente, los hermanos Quintero, Zuloaga, etc.), pero todas eran falsas.
La ejecución de Lorca ocasionó conflictos en el seno de las fuerzas sublevadas, conflictos que se mantendrían décadas después. Camisas viejas relevantes tuvieron que salir en defensa de los Rosales, amenazados por haber protegido a Lorca hasta su detención. Y entre los falangistas se extendió la idea de que el asesinato de Lorca había sido obra de grupos o escuadras negras vinculadas con el partido clerical de Acción Popular, integrado en la CEDA, que a través del exdiputado Ruiz Alonso quiso establecer una milicia propia a partir de las Juventudes de Acción Popular.
El conflicto llegó hasta Burgos, donde Franco tenía su cuartel general. Allí, Dionisio Ridruejo, amigo de Luis Rosales se encaró con Ruiz Alonso.
En la prensa republicana rápidamente se extendió el rumor del asesinato de Lorca, aunque en general se debatía entre la sorpresa y la incredulidad. Las informaciones no eran muy precisas. Se basaban en declaraciones de personas que habían escapado de Granada. La prensa franquista contraatacaba vilmente anunciando que Lorca había sido asesinado por los rojos en Madrid o Barcelona. Sea como fuere, el rumor iba tomando cuerpo y se extendía internacionalmente. H. G. Wells escritor y presidente del Pen Club, con sede en Londres, solicitó ante los mandos franquistas conocer la situación del poeta, a lo que el gobernador de Granada contestó que desconocía el paradero de Lorca. Lo que, de facto, suponía un reconocimiento indirecto de su fallecimiento.
En algunos medios republicanos de la época ya se hacía alusión a la responsabilidad del ex diputado cedista Ruiz Alonso. Sorprende incluso que en la prensa falangista se publicara una elegía dedicada a García Lorca en 1937 por parte del poeta falangista Luis Hurtado, buen amigo de Lorca, que la tituló: A la España Imperial le han asesinado su mejor poeta. Incluso Franco, entrevistado por un periodista chileno negaba la ejecución. Serrano Suñer, cuñado de Franco, que antes de ser jerarca falangista había sido jefe de las JAP (Juventudes de Acción Popular) señaló en 1948 a Ruiz Alonso como responsable de la muerte de Lorca. Tratando con ello de eximir a la Falange y a los mandos sublevados, dejando ver que se trató de un acto incontrolado (pero que como ya hemos visto contó con el apoyo del gobernador civil falangista Valdés Guzmán y del propio Queipo de Llano, jefe sublevado de Andalucía). En el mismo sentido que Serrano Suñer se manifestó también José María Pemán, escritor afín al Régimen.
En 1956 en una revista literaria vinculada al periódico francés conservador Le Figaro, Jean-Louis Schonberg publicó un artículo que iba a ser utilizado por el Régimen, pues no sólo defendía la tesis de que el asesinato fue obra de incontrolados (liderados por Ramón Ruiz Alonso), sino que lo vinculaba a la homosexualidad de la víctima y a su relación con los bajos fondos granadinos (el hampa, la gitanería, etc.), lo que denominaba el amor oscuro del poeta. Desvinculándolo de todo móvil político. Los voceros del Régimen habían encontrado su filón y lo explotaron hasta la saciedad. Dionisio Ridruejo, ya alejado del Régimen, tras haber sido un alto jerarca de la Falange, y amigo íntimo de Luis Rosales, salió al paso de tanta felonía en una carta dirigida a la revista franquista Estafeta Literaria. Desde otro ángulo opuesto, miembros de la Falange, como García Serrano, trataban de atribuir el crimen a la acción de grupos vinculados a la CEDA, línea defendida también por el cuñado de Franco Serrano Suñer, y en el que casi se venía a decir que el poeta asesinado habría conocido una aproximación a la Falange, ya que pensaba junto con su amigo Luis Rosales, en escribir una oda a los muertos… de la Falange decían ellos, pero parece que más bien era a los muertos de todos los bandos…
Nuevos artículos aparecidos en revistas europeas como el de Saint-Paulien, insistían en el carácter no político del crimen y volvían a los argumentos del artículo de Le Figaro antes comentado. Ahora se añadía una supuesta relación epistolar entre Lorca y el fundador de la Falange, José Antonio.
La editorial argentina Codees, en 1966, en una pro franquista serie sobre la Guerra Civil Española arrojaba más basura sobre el crimen, responsabilizando a Alberti y a una supuesta emisión radiofónica suya en la que leyó unos versos enviados por Lorca desde su cautiverio en Granada, de desencadenar la cólera contra el poeta. Alberti tuvo que explicar que hasta el 15 de agosto de 1936 estuvo en Ibiza, cuando la isla fue recuperada por la República y luego se trasladó a Madrid.
Otros artículos de Pemán, de Edgar Naville, etc. venían a coincidir en que a Lorca lo mató el desorden y el caos reinante y fue obra de la acción de incontrolados.
Así no es de extrañar que la primera edición de Ian Gibson sobre la muerte del poeta aparecida en 1971 en la editorial Ruedo Ibérico, titulada La represión nacionalista de Granada en 1936 y la muerte de Federico García Lorca, fuera rápidamente prohibida en España.
Como manifestación del conflicto que la muerte del poeta ocasionó en los medios afines al Régimen, el protagonizado en 1972 por el diario Ya, de la Editorial Católica, y El Alcázar, más afín a la Falange. Los primeros insinuaron la responsabilidad de falangistas en el crimen, a lo que los segundos respondieron señalando a la CEDA (católica), a Ruiz Alonso (ex diputado por dicha formación) y al periódico Ideal de Granada, donde este habría trabajado y que pertenecía a la Editorial Católica, como el diario Ya.
José Luis Vila-San Juan en 1972, basándose en los trabajos de Gerald Brenan y en los del propio Ian Gibson, aportaba el dato de que Valdés Guzmán, el gobernador civil sublevado era un camisa vieja de la Falange, desmontando así la tesis de la no participación de miembros de la Falange en su asesinato. Así, finalmente, gracias a diferentes trabajos de investigación, como el citado de Gibson de 1971 y otros que fueron apareciendo, la tesis que se fue abriendo paso en el interior de nuestro país es que «Lorca fue una víctima más entre miles de granadinos inocentes eliminados por una implacable máquina de terror y exterminio puesta en marcha con la intención de erradicar a todos los enemigos locales del Movimiento» (pág. 291).
A modo de conclusión
Se pregunta Ian Gibson cómo es posible que 62 años después de su ejecución, Lorca siga desaparecido (al igual que otros 115.000 censados por las organizaciones memorialistas). Y es que, tal y como señala el abogado Fernando Magán, que encabezó la querella que el juez Garzón admitió a trámite y que posiblemente fuera la causa oculta que le costó su carrera judicial, señala que los restos de estos desaparecidos deberían ser buscados, no por las asociaciones memorialistas y las familias, sino por el Estado y bajo mandamiento judicial.
En relación con los restos de Lorca se barajan diferentes hipótesis sobre su ubicación, algunas de ellas serían fácilmente comprobables mediante las técnicas modernas de los georradares. Hay testimonios que aseguran que sus restos no fueron removidos desde donde fue enterrado tras su ejecución. Otros mantienen que fue desenterrado y vuelto a enterrar en una zona próxima, pero tampoco se han explorado estos posibles emplazamientos. Se han realizado algunas excavaciones oficiales, pero sin tener en consideración recomendaciones de investigadores que llevaban años documentándose y publicando sobre la muerte del poeta.
En los años 50 el régimen franquista, quizás a través de la intermediación del poeta y escritor afín al franquismo, José María Pemán, acordó con la familia de Lorca la publicación de sus obras completas, con el visto bueno del mismo Franco, según informó el primo del dictador, Francisco Franco Salgado-Araujo, en sus memorias, quien además era jefe de su casa militar. Las obras completas fueron finalmente publicadas por la editorial Aguilar.
En los años 60 el Ministerio de la Gobernación (hoy Interior) y la Dirección General de Seguridad enviaron a Granada a un grupo de policías para indagar sobre las circunstancias de su muerte. Por esas mismas fechas la escritora francesa Marcelle Auclair, amiga de Lorca, católica y con gran prestigio en Francia, solicitó a través de la Embajada de España permiso para ver el expediente sobre el poeta que al parecer se guardaba en la propia embajada. Sin dar permiso para ello, el ministro de la gobernación, Alonso Vega, encomendó la elaboración de un informe interno sobre la muerte del poeta que viene a confirmar toda una serie de hechos conocidos por los investigadores: el papel central de Ruiz Alonso y de otros varios miembros de la CEDA en su denuncia y detención, mediante una orden emitida por el Gobierno Civil de Granada; su confinamiento en las dependencias del Gobierno Civil y la visita de importantes cargos de Falange, amigos y compañeros de los hermanos Rosales interesándose por la suerte del poeta; y la decisión de sacarlo de dichas dependencias por fuerzas dependientes del propio Gobierno Civil para ser enviado, junto con otro detenido, a Víznar donde sería pasado por las armas. Este documento interno del Ministerio de la Gobernación aporta muchos elementos que confirman el carácter oficial y no obra de incontrolados, de la detención y ejecución del poeta.
Sea donde estén los restos de Lorca, según las diferentes hipótesis que se barajan por los investigadores, lo que sí es conocido es que en el barranco de Víznar hay cientos y cientos de víctimas de la metódica represión ejercida por los sublevados para eliminar a todos los que habían formado parte, o simplemente apoyado, al Frente Popular y a sus organizaciones. El respeto a la memoria de las víctimas y de sus familias, exigiría que las instituciones emprendieran, sin más dilación, los trabajos tendentes a recuperar los restos de todos ellos, incluido el de Lorca y sus tres compañeros de infortunio, el profesor y los dos banderilleros anarquistas.
Como puede concluirse de la lectura de esta modesta recensión, Ian Gibson nos presenta una obra monumental, bien documentada, rigurosa, emocionante y cuya lectura no sólo es recomendable, sino que es imprescindible para todos aquellos que reclamamos la recuperación de la Memoria Histórica de nuestro país, «ese jodido país al que no quería volver en toda su vida» el padre del poeta asesinado, en palabras dirigidas a su yerno cuando marchaba a EEUU en 1940, tal y como recoge Gibson en las últimas páginas de su magnífica obra.
Título: El asesinato de García Lorca.
Autor: Ian Gibson.
457 páginas.
Editorial: Penguin Random House Grupo Editorial.
Precio: 21,90 euros.
Jesús de Blas Ortega
Doctor en Ciencias Económicas y profesor de Secundaria de Geografía e Historia.