Divulgación

De Atocha a Barcelona: Trece años, cinco meses y seis días

Los recientes atentados ocurridos en Barcelona nos llevan a pensar qué ha sucedido entre 2004 —los atentados del 11 de marzo en Madrid— y 2017. En este análisis, pretendemos explicar las medidas de la lucha antiterrorista, lo que ha funcionado y lo que no.

Hace más de un año escuché por primera vez un argumento que pretendía arrojar un poco de luz respecto a por qué desde el 11-M (2004) no se había producido ningún atentado terrorista yihadista en España. Se lo oí explicar a una persona implicada directamente en la lucha antiterrorista. Era muy sencillo: después de lo de Atocha, fuerzas de seguridad, fiscales y magistrados se conjuraron para proceder a la desarticulación de cualquier célula con intenciones terroristas en cuanto fueran detectadas, sin dejar que se consolidaran, aunque eso supusiera una merma en la recopilación de evidencias probatorias de cara a posteriores procesos judiciales. Se trataba de no dejarles crecer ni organizarse y, a la vez, contar con una amplia base de datos.

Rambla de Barcelona, en una fotografía del año 2004 (Wikimedia).

Rambla de Barcelona, en una fotografía del año 2004 (Wikimedia).

Contribuyeron efectivamente a eso las dos reformas del Código Penal de 2010 y 2015, sin las que no habría sido posible mantener trece años, cinco meses y seis días a España fuera del mapa de atentados en suelo europeo. En total, 727 personas han sido detenidas, vinculadas de una u otra forma al terrorismo yihadista. En prisión había 254, hasta el 17 de agosto último.

Ni que decir tiene que esa acción no podía llevarse a cabo sin potenciar de forma exponencial la recopilación de inteligencia en todas sus vertientes, para anticiparse a cualquier proceso. El abandono de la lucha armada por parte del terrorismo autóctono, es decir, del etarra, permitió que una buena parte de los recursos humanos dedicados hasta ese momento a luchar contra ETA se pudieran derivar, en algún caso en bloque, a la investigación del fenómeno yihadista dentro y fuera de nuestras fronteras.

La unificación en un solo organismo de toda la inteligencia referida a esta actividad, el CITCO (Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado), fruto de la fusión de los dos que por separado funcionaban con anterioridad para cada uno de esos grupos delictivos, iba en la buena dirección dada la relación que se había comprobado existía entre esas actividades, fundamentalmente con fines de financiación del primero desde el segundo. Precisamente una disfunción en el CITCO, un cortocircuito en su cadena de recepción de inteligencia por parte de alguno de los organismos encargado de recopilarla, ha sido puesta de manifiesto estos días.

A primeros del pasado mes de junio, varios medios de comunicación de ámbito nacional (El País y ABC) coincidieron en explicar, de la pluma de sus correspondientes especialistas, que las detenciones anticipativas, tempranas o preventivas, eran una parte de la clave de esa ausencia de atentados, aunque siempre repetían que eso no nos blindaba y que no estábamos libres de sufrir otra acción terrorista en cualquier momento.

La clave, argumentaban, era detectar de forma temprana procesos de radicalización, evitar que echaran raíces y desarticularlos para evitar sorpresas o que se perdiera su pista. Es decir, mucha inteligencia, mucho trabajo de calle, mucha infiltración, mucha, muchísima colaboración entre magistrados, fiscales y policías.

Monumento a las víctimas del 11M (Wikimedia).

Monumento a las víctimas del 11M (Wikimedia).

A primeros de agosto de 2017, el Real Instituto Elcano difundió un estudio, dirigido por Fernando Reinares, basado en 178 detenidos en España entre 2013 y 2016 por actividades yihadistas, concluyendo que en el 86,9 por ciento de los casos se había producido algún contacto con agentes radicalizadores. Se ponía así el foco en la relevancia de estos actores que captan y radicalizan a personas concretas, jóvenes preferentemente, con la finalidad de que se conviertan en actores incondicionales de la más radical de las interpretaciones del islam y, llegado el caso, en terroristas suicidas. Detectar a estos actores radicalizadores es un elemento clave de cualquier acción de inteligencia.

Eso, precisamente, es lo que falló en Ripoll. Las informaciones que se van conociendo relacionadas con las actividades previas del imán radicalizador, confirman que ese era el hilo del que se podía haber tirado, de haber funcionado adecuadamente el intercambio de información y la inteligencia subsiguiente. Además de algunas otras actividades preparatorias que deberían haber estado monitorizadas: el alquiler de furgonetas, la compra de media tonelada de acetona, la acumulación de bombonas de butano.

Ignacio Cembrero, veterano corresponsal en países musulmanes y autor de La España de Alá, que igualmente señalaba solo horas después de los atentados de Barcelona y Cambrils, que la policía actuaba frecuentemente sin esperar a tener pruebas del todo fehacientes, con la aquiescencia de los magistrados de la Audiencia Nacional, asumía que esta manera de actuar había evitado, en varias ocasiones, males mayores.

Otro de los elementos clave de ese largo periodo de tiempo sin atentados, lo centraba Cembrero en que la inmigración musulmana a España era veinte o treinta años posterior a la que se había producido hacia Francia o Bélgica, por lo que carecemos de tercera generación y la segunda es aún escasa. Pero, lógicamente, con el paso del tiempo, esa distancia se va acortando, como se ha comprobado el 17 de agosto.

El sistema de cortar por lo sano, sin esperar a que los terroristas lo tengan todo atado y bien empaquetado para atentar, solo da frutos inmediatos si la inteligencia y el trabajo preventivo se llevan a cabo sin cortocircuitos y sin mirar quién hace qué para conseguir el objetivo final.

Si eso que nos ha servido hasta el 17 de agosto se concluye que ya no sirve, pues en todo este tiempo la amenaza ha mutado en su forma de actuar, deberemos buscar y encontrar otra estrategia que nos sirva, como poco, otros trece años, cinco meses y seis días.

Acerca del autor

Luis Romero Bartumeus

Periodista. Licenciado en Ciencias de la Información. Master en Paz, Seguridad y Defensa. Profesor Honorario de la Universidad de Cádiz.

Comentar

(Spamcheck Enabled)