Publicado en el número 10 de Descubrir la Historia (julio de 2017).
A nadie escapa el odio atávico que Franco profesó a la masonería a lo largo de toda su Dictadura, y prueba de ello fueron sus propias palabras. Para la posteridad quedaba su último discurso en el que volvía a cargar contra los masones. Según Franco todo obedecía «a una conspiración masónica izquierdista en la clase política en contubernio con la subversión comunista-terrorista». Tras largas décadas arremetiendo contra la masonería y tratando de reprimirla de todas las formas posibles, no era extraño que el dictador le dedicara una atención preferente en su última intervención. Pero debemos retrotraernos a los primeros días de la guerra civil para ver como se puso en funcionamiento la legislación y los organismos necesarios para perseguir y castigar a la masonería durante largas décadas.
Los años bélicos (1936-1939)
Durante los casi tres años en los que España estuvo sumida en la guerra civil, el bando sublevado puso en funcionamiento una despiadada represión que acabó con la vida de buena parte de la comunidad de hermanos masones españoles. Pero la represión no se detuvo en los asesinatos y dio paso a la aprobación de una legislación netamente antimasónica. Este hecho no impidió, como veremos, que la masonería fuera tenida en cuenta como una de las causas a la hora de ejercer la represión económica.
Memorias de Eduardo Alonso (Madrid, 2010).
Fue el general Ángel Dolla Lahoz, uno de los conspiradores que se sublevó en Zaragoza, quien el 15 de octubre de 1936 emitía el primer bando antimasónico en su nuevo de destino, Santa Cruz de Tenerife. A lo largo de cinco artículos la Francmasonería era declarada contraria a la ley, pasaba a ser considerado como un crimen el cobro y pago a su favor, toda documentación perteneciente a la masonería debía ser destruida y la totalidad de los inmuebles pertenecientes a la orden iban a ser incautados. Fue lo que sucedió con el templo masónico de Santa Cruz de Tenerife que, en virtud del artículo quinto, fue cedido a Falange. El edificio fue abierto al público, pudiéndose visitar previo el pago de una entrada. El Boletín Oficial del Estado de 20 de diciembre de 1938 daba cuenta de la derogación de la ley de enero de 1932, mediante la cual habían sido secularizados los cementerios. Esta nueva ley sobre los camposantos también servía para dar un plazo de dos meses a los dueños y administradores de panteones y nichos. En este periodo debían hacer desaparecer todas las inscripciones y símbolos de las sectas masónicas, que, de algún modo, fueran hostiles u ofensivos a la religión católica. El discurso antimasónico también se verbalizó con motivo del segundo aniversario del inicio de la guerra civil. Para celebrar la efeméride, Franco aludía en su discurso a «las logias extranjeras y los comités internacionales» que combatían el sentimiento de la España Nacional.
La gestación de leyes propiamente antimasónicas no fue un factor excluyente para que, quienes había formado parte de las logias españolas, pudieran sufrir otro tipo de castigos. Unas veces de forma implícita y otras veces de forma totalmente explícita, los masones siempre formaron parte de los sectores de la población a los que se sometió a una intensa represión económica. Este proceso dio comienzo con el Decreto 108, fechado el 13 de septiembre de 1936, que suponía el inicio de la extorsión económica. A partir de esta fecha, quedaban fuera de la ley tanto el Frente Popular como cuantas organizaciones se hubieran opuesto al movimiento nacional. Como colofón, era decretada la incautación de los bienes de dichas organizaciones. La masonería quedaba comprendida, implícitamente, en el Decreto 108 tanto por su lealtad expresa al Gobierno como por mostrarse contraria a la sublevación militar. Estas medidas adoptadas en septiembre de 1936 serían desarrolladas con la aprobación del Decreto-Ley de 10 de enero de 1937. A partir de esta fecha fue constituida una Comisión Central Administradora de bienes incautados, cuya función principal sería la de investigar, inventariar, ocupar y administrar los bienes de los considerados desafectos. Para llevar a cabo esta labor, en cada provincia fue establecida una Comisión Provincial de Incautación de Bienes. Estas Comisiones desarrollaron su actividad hasta fechas próximas a la finalización de conflagración bélica, momento en que la represión económica alcanzó su máximun.
Con la promulgación de la ley de Responsabilidades Políticas de 9 de febrero de 1939, quedaba derogada toda la legislación anterior sobre incautaciones de bienes e intervenciones de créditos. Suponía un auténtico instrumento represivo contra los vencidos al tiempo que servía como elemento de legitimación de la causa franquista. Su dureza era extrema, pues incluía nada menos que diecisiete supuestos de responsabilidad, entre los cuales podría encontrarse comprendido cualquier español mayor de catorce años. Uno de los efectos más perversos de la ley era su retroactividad, pues retrotraía la posibilidad de incurrir en responsabilidad política hasta octubre de 1934. Pero en la práctica el límite cronológico no fue un obstáculo y cuando fue necesario el Tribunal lo rebasó con total impunidad. El fallecimiento de los encartados tampoco era un impedimento para la nueva ley, porque muerto el encausado, las sanciones impuestas iban a recaer sobre los herederos.
Las penas para castigar estas responsabilidades políticas fueron de tres tipos: restrictivas de la actividad (inhabilitación absoluta), limitación de la libertad de residencia (extrañamientos y confinamientos) y como no, económicas (desde sanciones económicas de diversa cuantía hasta la pérdida total de bienes). La ley de febrero de 1939 sí que incluía, de forma explícita, la pertenencia a la masonería como un motivo de sanción. Concretamente, el artículo cuatro, letra h), recogía que era motivo de responsabilidad política el hecho de «pertenecer o haber pertenecido a la Masonería, con excepción solamente de los que hayan salido de la secta antes del dieciocho de julio de mil novecientos treinta y seis por baja voluntaria, por haber roto explícitamente con ella o por expulsión de la misma».
Debido al elevado número de expedientes incoados, 125.286 hasta octubre de 1941, la Jurisdicción Especial de Responsabilidades Políticas quedó colapsada. Prueba de ello es que sólo había sido capaz de resolver entorno a un treinta por ciento del total de los expedientes. Con el objetivo de agilizar la tramitación de los sumarios restantes, el 19 de febrero de 1942, era promulgada una reforma de la ley. Dos premisas guiaron dicha reforma: suavizar los supuestos de responsabilidad y proceder a una reestructuración orgánica de la Jurisdicción. Una de las clausulas de la reforma incluía el sobreseimiento de las causas en las que los bienes de los inculpados no superasen las veinticinco mil pesetas. Esta disposición permitió el cierre de un gran número de expedientes. La masonería también estuvo presente en la reorientación de la ley. Inicialmente todos los masones eran objetos de sanción, pero, tras febrero de 1942, sólo podrían ser juzgados quienes hubieran sido condenados previamente por el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo.
La cancelación definitiva de esta Jurisdicción especial llegaría el 13 de abril de 1945 en un momento delicado para el Régimen. Como hizo ver Manuel Álvaro Dueñas, tras la derrota del Eje, una ley como la de Responsabilidades Políticas no ofrecía una buena imagen frente a las potencias vencedoras. A partir de aquellos momentos dejaron de tramitarse expedientes nuevos. Empero, continuó la tramitación y ejecución de todos aquellos que permanecían en proceso. Fue necesario esperar hasta noviembre de 1966 para que fuera concedido el indulto general.
Para poder descubrir la identidad de los integrantes de las logias era necesario iniciar la búsqueda de sus talleres y proceder a la incautación de su documentación. Fue la Oficina de Investigación y Propaganda Anticomunista (OIPA) la que, a partir del 20 de abril de 1937, tendría como objetivo recoger, analizar y catalogar todo el material de propaganda que realizaba tanto el comunismo como otras organizaciones, como las sociedades masónicas. Cuando apenas llevaba un mes en funcionamiento la OIPA, fue constituida la Delegación de Asuntos Especiales, centrada exclusivamente en la contrapropaganda masónica. Este nuevo organismo tenía un carácter netamente represivo, y en última instancia su cometido era el de recuperar cuanta documentación se pudiera relacionada con la masonería y sus actividades en España. El acopio documental serviría para constituir un archivo que pudiera identificar y sancionar a los masones. Sin solución de continuidad, tras la toma de Bilbao en junio de 1937, se ponía en marcha el servicio de Recuperación de Documentos. nacido al amparo de la OIPA y con la que terminaría fusionándose. La misión del servicio de Recuperación de Documentos quedó perfectamente definida cuando se procedió a su regulación en abril de 1938: «unificar e intensificar, tanto en la retaguardia como en las zonas que se vayan ocupando, la recogida, custodia y clasificación de todos aquellos documentos aptos para obtener antecedentes sobre las actuaciones de los enemigos del Estado».
La ley de represión de la masonería y el comunismo de 1 de marzo de 1940
La obsesión del General Franco contra la masonería ya le había llevado a proponer la aprobación de una ley antimasónica en los primeros meses de 1939. Como recordó en sus memorias Pedro Sainz Rodríguez, Ministro de Educación Nacional, la intención de Franco era aprobar un texto por el cual pudieran ser fusilados con carácter retroactivo todas aquellas personas que hubieran pertenecido a la masonería. Esta aspiración del dictador no se vio frustrada, sino más bien aplazada hasta el 1 de marzo de 1940. La avidez represiva del régimen contra la masonería alcanzaría su paroxismo con la ley sobre represión de la masonería y el comunismo. En el nuevo corpus legislativo la masonería pasaba a considerarse delito, era decretada su disolución y todos sus bienes estaban sujetos a confiscación. Eran considerados masones quienes hubieran ingresado en la masonería y no hubieran sido expulsados o hubieran solicitado la baja. El delito de masonería pasaba a estar sancionado con la pena de reclusión menor. La lista de agravantes incluía el haber obtenido alguno de los grados dieciocho a treinta y tres (ambos inclusive) o el haber tomado parte en las asambleas de la asociación masónica internacional y similares, en las asambleas nacionales del gran oriente español, de la gran logia española o de otras cualesquiera organizaciones masónicas residentes en España. Como «excusas absolutorias» la ley recogía el haber servido como voluntario en los primeros momentos en el frente de guerra durante más de un año o haber participado en la organización o realización del movimiento nacional. Dos meses era el plazo concedido para formular ante el Gobierno la oportuna declaración retractación. Quienes debiendo hacerlo no lo hacía, quedaban sujetos a la pertinente condena de prisión. Para Yván Pozuelo «la retractación fue una superchería más, un engaño, una humillación con forma de drama teatral de la represión franquista contra los masones». Se trató, en palabras de Juan José Morales, de una ley que no contenía «prácticamente ninguna norma procesal, y el trámite previsto no contempla ninguna clase de garantías para los acusados».
Memorias de Diógenes Díaz Cabrera (Santa Cruz de Tenerife, 1980).
En los días siguientes a su publicación, la ley daría el salto desde las páginas del Boletín Oficial del Estado a la prensa nacional. Durante los primeros días de marzo el contenido de la ley sería reproducido en todos los periódicos de España. Nunca antes había sucedido algo parecido con otra ley. No era un mero acto propagandístico, sino que encerraba una finalidad represiva como la tenía la propia ley.
Para llevar a cabo la substanciación de la ley fue necesaria la constitución del Tribunal Especial sobre la Represión de la Masonería y del Comunismo (TERMC). Marcelino Ulibarri fue designado como primer Presidente del Tribunal por medio del decreto de 4 de junio de 1940. Permanecería en el cargo hasta el primero de abril de 1941, cuando fue llevada a cabo la reorganización del TERMC. La reestructuración situó al frente del Tribunal a Andrés Saliquet y como Vicepresidente a Wenceslao González Oliveros. Como vocales fueron designados Francisco de Borbón, Marcelino Ulibarri y Juan José Pradera Ortega. El cargo de secretario lo ejercería Francisco Torregrosa Sastres. Las designaciones de los integrantes que formaron el TERMC no fueron casuales si analizamos los otros cargos que desempeñaban. Marcelino Ulibarri dirigía la Delegación para la Recuperación de Documentos, organismo que facilitaba al TERMC la información necesaria para llevar a cabo su labor. Mientras que Wenceslao González Olivero ejerció de Presidente del Tribunal de Responsabilidades Políticas desde 1940 hasta su disolución en abril de 1945, pasando a desempeñar el mismo cargo en la Comisión Liquidadora. Ambas jurisdicciones especiales, el TERMC y la de responsabilidades políticas, compartían objetivos y encartados. De esta forma, los principales estamentos represores quedaban perfectamente interconectados por medio de sus máximos dirigentes.
En el momento de proceder a ejecutar la ley, el TERMC se encontró con la realidad de un país recién salido de la guerra. Las ejecuciones, el exilio y los muertos en el frente de batalla habían provocado que las potenciales víctimas de la ley de marzo de 1940 quedaran reducidas a la mínima expresión. Sirva de ejemplo el caso logia Constancia N.º 16 de Zaragoza. Durante sus cinco años de vida, formaron parte del taller zaragozano setenta y dos hermanos. La labor del TERMC fue exhaustiva, pues entabló expediente sancionador contra sesenta y cuatro hermanos. No obstante, sólo consiguió juzgar en persona a diez de ellos. Ante la ausencia de los encartados, por los motivos señalados anteriormente, el TERMC se vio en la obligación de proceder al sobreseimiento definitivo (en los casos en que se certificaba documentalmente la muerte del inculpado) o al sobreseimiento provisional (en el caso de no poder certificar documentalmente la muerte o desconocer su paradero) de un importante porcentaje de los expedientes tramitados.
Sólo quienes pasaron por la traumática experiencia de declarar ante el Tribunal supieron de su cruel actuación. El médico naturista Eduardo Alonso y el cónsul de Venezuela en La Palma, Diógenes Díaz Cabrera narraron esta experiencia tras haberla sufrido en primera persona. Eduardo Alonso relató como «el juicio se celebraba a puerta cerrada (solos el tribunal y el acusado) y no teníamos derecho a la defensa por medio de un abogado. En la más espantosa indefensión, humillados por los ataques de todos los componentes del tribunal, carentes la mayor parte de técnica de defensa jurídica y, por regla general, en un estado de ánimo deprimido, comparecíamos en un banquillo situado en medio de la sala, frente a los nuevos inquisidores». Cuando Diógenes Díaz fue juzgado, él fue su única defensa «puesto que allí no había ningún abogado defensor que lo hiciera por mí, pero desde que pronunciaba la primera palabra, el señor presidente me mandaba a callar con voz de mando y me callé dejándole decir al señor Huidobro todos los disparates que quiso, porque comprendí que ya el caso estaba decidido de antemano, y si le replicaba se molestarían y podrían aumentar la condena».
La condena que les fue impuesta a la gran mayoría de los masones fue la de doce años y un día de prisión mayor. En algunos casos, también fue acompañada por inhabilitaciones y separación de cualquier cargo del Estado. Por si no fuera suficiente con la pena que los enviaba a prisión, también se buscó que estos castigos tuvieran un efecto ejemplificador. Como ya se había hecho con el propio texto de la ley, la prensa diaria sería la encargada de poner en conocimiento de toda la población las consecuencias de haber pertenecido a la masonería.
A pesar del amplio despliegue antimasónico, en la práctica, el cumplimiento efectivo de las penas fue más limitado. Las penas de doce años y un día de cárcel fueron conmutadas por las de seis años y un día de confinamiento y presentación ante las autoridades dos veces al mes. Los confinamientos fueron una nueva prueba a la que debieron hacer frente los masones. Como relató Eduardo Alonso, los confinamientos se llevaban a cabo «en lugares donde era complicado poder ganarse la vida». Las dificultades también acuciaron a las autoridades locales, como ocurrió en Almería. Hasta el Gobierno y el Servicio de Ejecutorias del Tribunal para la Represión de la Masonería llegó la protesta elevada por el Gobierno Civil almeriense. El motivo del descontento de las autoridades locales venía motivado por los gastos que acarreaba el mantenimiento de los confinados y los escasos recursos con que contaban en la zona.
El TERMC tuvo una vida activa y longeva, pues su disolución definitiva no sería decretada hasta el 8 de marzo de 1964. Antes de su extinción, su legado ya había sido recogido, desde 1963, por el Tribunal de Orden Público (TOP). Muerto el dictador y caída la Dictadura el TOP los sobreviviría y permanecería vigente hasta el 4 de enero de 1977.
Para saber más:
Álvaro Dueñas, M. (2006). «Por ministerio de la ley y voluntad del caudillo». La Jurisdicción Especial de Responsabilidades Políticas, Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.
Ferrer Benimeli, J. A. (1982). El contubernio judeo-masónico-comunista, Madrid: ISTMO.
González Quintana, Antonio. «Fuentes para el estudio de la represión franquista en el Centro Documental de la Memoria Histórica, sección “guerra civil”». Espacio, tiempo y Forma, UNED, Serie V, Historia Contemporánea, 7 (1994), pp. 479-508.
Langarita, E., Moreno, N. y Murillo I. (2014). «Las víctimas de la represión económica en Aragón». En Casanova, J. y Cenarro, Á. (eds.). Pagar las culpas. La represión económica en Aragón (1936-1945). Madrid: Crítica, pp. 41-96.
Morales Ruiz, J. J. (2017). Palabras asesinas. El discurso antimasónico en la guerra civil española. Asturias: Masónica.es.
Portilla, G. (2010). La consagración del Derecho penal de autor durante el franquismo. El Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo, Granada: Comares.
Pozuelo Andrés, Y. (2014). «Masones delatores de masones. Ejemplo asturiano de represión franquista». En José Miguel Delgado Idarreta y Antonio Morales Benítez (coord.). Gibraltar, Cádiz, América y la Masonería. Constitucionalismo y libertad de prensa, 1812-2012 Vol. 2. Zaragoza: Centro de Estudios Históricos de la Masonería Española, pp. 1007-1027.
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