Publicado en el número 9 de Descubrir la Historia (abril de 2017).
Teniendo en cuenta el vacío que supone la falta de un mayor número de estudios rigurosos, amplios y difundidos sobre la historia de los gitanos, cabría preguntarse si acaso no encontramos este panorama debido a que los intereses de los propios historiadores se centran en otros menesteres, a los prejuicios ampliamente extendidos contra la comunidad gitana, a la falta de visibilidad de sus logros en los medios de comunicación, a la carencia de apoyos y financiación adecuadas para abrir líneas de investigación en este sentido, a la inercia académica…
Gitanos españoles (Evgraf Sorokin, 1853) (Wikimedia).
El presente artículo no pretende más que arrojar algo de luz, aunque de forma breve y general, sobre la llegada y el proceso de condena de los gitanos en la España Moderna. Centrando el foco en la Corona de Castilla, el cuerpo fundamental de la exposición se construye a partir de la lectura y el análisis de las numerosas disposiciones antigitanas que vinieron a publicarse entre los siglos XV–XVIII. Para referenciarnos en dos fechas, concretaremos nuestro estudio entre 1425 y 1783. El primer año es el de la llegada de los primeros gitanos a territorio peninsular; en el segundo se publicó la Pragmática Sanción que puso fin al discurso oficial condenatorio del gitano y a su persecución por parte de las autoridades.
Una cuestión que no se ha de pasar por alto y que cabría mencionar ahora es la que tiene que ver con la consideración y la definición de los gitanos. Aunque han ido variando a lo largo del tiempo, bien es cierto que la imagen peyorativa y estereotipada es una constante en la documentación oficial, donde aparece como una categoría jurídica en el mismo plano que los ladrones, los rufianes y los blasfemos. Y es que, a falta de fuentes escritas propiamente gitanas, la historia del colectivo ha de reconstruirse con base en fuentes primarias escritas por gachós. En este sentido, traemos a colación la primera definición oficial en España de la voz gitano, la cual encontramos en el Tomo IV del Diccionario de Autoridades de 1734:
«Cierta classe de gentes, que afectando ser de Egipto, en ninguna parte tienen domicilio, y andan siempre vagueando. Engañan a los incautos, diciéndoles la buena ventura por las rayas de las manos y la phisonomía del rostro, haciéndoles creer mil patrañas y embustes. Su trato es vender y trocar borricos y otras bestias, y a vueltas de todo esto hurtar con grande arte y sutileza». Se complementa, como era costumbre, con una oración que sirviese de ejemplo para el correcto empleo de la palabra. En este caso, nos encontramos con el final de La gitanilla de Miguel de Cervantes, donde se expresa: «Los gitanos y gitanas parece que solamente nacieron en el mundo para ser ladrones».
De aquellos polvos, estos lodos. Desde octubre de 2014, numerosas asociaciones gitanas de toda España comenzaron diversas campañas con el fin de que la Real Academia de la Lengua Española eliminase la quinta acepción de la voz ‘gitano’ en la recién publicada nueva edición, donde se definía como «trapacero». El fundamento de la protesta es bien claro: una definición discriminatoria genera discriminación. No obstante, a comienzos de 2015 se anunció que aquella acepción sería matizada, añadiéndose que se usa en sentido ofensivo. En fin, y comenzando la casa por el tejado, sirva este hecho de actualidad como preámbulo de lo que iremos desmenuzando a lo largo del trabajo y como bendita señal de alerta para analizar la problemática con la mayor rigurosidad posible.
La llegada de los gitanos a los reinos hispánicos
Atendiendo a la mayoría de lingüistas, podemos establecer el origen territorial de los gitanos en el norte de la India. El islam avanzará por aquellas tierras durante el siglo IX, obligando a aquellos grupos a desplazarse hacia el oeste y, cuando en el siglo XIII se presenten los amenazantes ejércitos mongoles, iniciarán un largo éxodo europeo por dos centurias, recibiendo diversos salvoconductos y Cartas de Seguro con las que fueron atravesando los diferentes territorios. Estos grupos de gitanos avanzaban en cuadrillas encabezadas, bien por un vaivoda o un patriarca, bien por un conde o por un duque de la Pequeña Egipto, denominación que por aquel entonces recibía una zona costera de la costa del Peloponeso.
En la península ibérica se constata por primera vez la presencia de grupos gitanos en tierras del Reino de Aragón con la Carta de Seguro entregada por Alfonso El Magnánimo al conde Tomás de la Pequeña Egipto en 1425. En ella, el egipciano y su séquito son considerados penitentes, gente honrada que se había visto obligada a huir ante la amenaza turca y que iba en romería camino de Santiago de Compostela con el fin de redimirse. Probablemente, poco después pasaron a territorios castellanos donde, gracias a los salvoconductos otorgados por diferentes autoridades, irían errando de aquí para allá. Atendiendo a la crónica del duque de Iranzo, sabemos que en la segunda mitad del siglo XV algunas familias habían llegado a Andalucía, donde fueron recibidos con toda clase de honores. Esto se explica con base en el sentimiento de afecto que el estamento nobiliario desarrolló a lo largo de la Edad Media y que en muchas ocasiones durante la Edad Moderna siguió siendo más fuerte que los arraigos territoriales.
Así pues, los gitanos fueron tratados como iguales en estos primeros años por los nobles y las altas dignidades. Incluso los Reyes Católicos otorgaron diversos salvoconductos y Cartas de Seguro, cuando no se dudaba del origen nobiliario de aquellos egipcianos, con la esperanza de obtener posibles aliados en la guerra contra los turcos. Aquellas reconocían el derecho de aplicar la jurisdicción propia de los diferentes condes y duques de Egipto la Menor dentro de su propio grupo y servían como escudo protector ante la acción de la Santa Hermandad.
No obstante, todas aquellas Cartas de Seguro entregadas quedaron suspendidas tras la promulgación de la Pragmática Sanción fechada el 4 de marzo de 1499, en la que se conminaba a los gitanos a tomar oficio y vivienda fija o a servir al señor que lo tomase bajo su protección, en un plazo de sesenta días. Para los contraventores se dispusieron castigos corporales, penas de destierro e incluso la esclavitud. Poco después se tomarán medidas similares para los territorios de aragoneses. Es entonces cuando comienza la historia negra de los gitanos en la España Moderna, marcada por su criminalización y su persecución.
Qué se condena del gitano y por qué
Es interesante señalar que, a diferencia de otras minorías perseguidas, como son los casos de judíos y moriscos, a los que se les imponía penas y castigos destinados a su exclusión y diferenciación social, con los gitanos se buscó todo lo contrario; es decir, se les prohibió hacer uso de todo particularismo. El siglo XVI es testigo del nacimiento del Estado Moderno, caracterizado por el aumento y el refuerzo de la autoridad del monarca y de su capacidad para ejercer jurisdicción sobre el total de los súbditos del reino. Atendiendo a la idea de que los gitanos no eran más que un hato de bribones y apátridas ociosos, carentes de ley y fe, se vino a tratar por la fuerza que abandonasen sus costumbres, identificadas éstas con los usos de una lengua y unas vestimentas particulares, con el desempeño de ciertos oficios y con la vida errante. De ahí que aquel que vagase de aquí a allá sin vivienda fija ni oficio reconocido, fuese considerado gitano. Así pues, para acabar con su modo de vida, numerosas disposiciones legales vinieron a condenar aquel particularismo gitano, a perseguirlo y castigarlo a golpe de vecindades obligatorias, prohibiciones en el desempeño de todos los oficios (salvo la labranza de la tierra), penas de trabajos forzados, azotes y destierro.
Portada de la Pragmática Sanción promulgada contra los gitanos (Wikimedia).
Bajo la condena del particularismo rom, lo que se persigue con la aplicación de la legislación dispuesta a lo largo los siglos XVI-XVIII es la eliminación, no ya sólo del particularismo gitano, sino de los propios gitanos como colectivo, ya sea mediante su expulsión o eliminación física, bien a través de su integración y asimilación forzosa. Siguiendo la lógica del momento, se llegó incluso a prohibir el uso del término ‘gitano’, entendiendo que, si la Palabra es Creadora, el Silencio es capaz de destruir. No es algo baladí ni simple simbolismo, sino la expresión cultural de un ideal de Estado que tenía, entre sus frentes abiertos, el de la eliminación de la minoría gitana.
Pero, paradójicamente y a pesar de las leyes que insistían en fijarlos a la tierra, cuando los gitanos fueron apresados se les envió a las galeras reales como remeros, a las minas de Almadén y, ya con los Borbones, a los arsenales de la Marina. Esto tiene que ver con la vuelta al escenario europeo del trabajo penal, que enlaza con la noción de que el Estado tenía la capacidad de utilizar gratuitamente la fuerza de trabajo de los presidiarios para sus propios intereses. Es por esto que aquellas penas a trabajos forzados serán las más recurridas por la Monarquía Hispánica para con los gitanos, amén de las más utilitarias. Refiriéndose a las dos primeras condenas, el propio Miguel de Cervantes expresó que eran «como muerte civil».
Asegurar la defensa tanto de las costas meridionales peninsulares como de las posesiones mediterráneas fue una constante a lo largo del siglo XVI para los monarcas españoles. La necesidad de mantener las escuadras de galeras reales en el Mediterráneo implicaba disponer de una gran cantidad de galeotes. Dado que los remeros voluntarios habían casi desaparecido ya a inicios de aquel siglo, la introducción de la servidumbre penal como forma alternativa al castigo corporal provocó que los condenados a penas capitales fuesen a suplir aquellos huecos. Todo ello, unido a órdenes expresas de capturas, llevarán a numerosas personas al remo, ya fuesen gitanos o no -como sería el caso de aquellos que vistiesen el hábito de gitanos, que no tuviesen oficio reconocido o no contasen con vivienda fija. Así visto, hasta el decreto de los desguaces de las galeras en 1748, la importancia relativa de los condenados para el funcionamiento de la marina fue vita, fijándose hasta en un 73% la cifra de los remeros forzados.
Como ocurrió en las galeras, la escasez de mano de obra en las minas de Almadén supuso un problema constante para la Monarquía Hispánica desde que los Fuckart las comenzasen a explotar en tiempos de Carlos I. Allí llegarían convictos al menos desde 1566 y su número fue amentando paulatinamente, en función de las necesidades de producción de azogue. La presencia de los gitanos se iniciaría en época temprana y fue una constante hasta que se abolió definitivamente la condena a las minas de Almadén en 1799.
Por su parte, la condena en los arsenales de la Marina fue una pena puramente dieciochesca y cuya aplicación tras la Gran Redada de Gitanos de 1749 cobró amplias magnitudes. A los arsenales de La Carraca (Cádiz), Cartagena y El Ferrol fueron a dar los huesos de los condenados, cuya ocupación estaba relacionada con trabajos navales no cualificados. De los que entonces llegaron a aquellos puntos, lo más desgraciados aún esperarían a 1765 para recuperar su libertad.
Estrategias seguidas
Son numerosas las disposiciones legales y las órdenes de captura que, desde el siglo XVI, sitúan al gitano en el plano de los delincuentes comunes. Durante el siglo XVII y comienzos del siguiente, nuevas acusaciones venían a señalar su particularismo no cristiano. Todo ello dio como resultado la conformación de una imagen estereotipada, ampliamente extendida y aceptada en el siglo XVIII, que mostraba al gitano como un grave peligro para el bien y la seguridad del Estado, en tanto en cuanto no eran considerados como ciudadanos ejemplares de una sociedad razonable e ilustrada.
Hemos venido insistiendo en las líneas anteriores que la condena del particularismo gitano llevó siempre implícita la búsqueda de la eliminación de este colectivo, cuando no física, al menos culturalmente. En este sentido, son numerosos los informes y proyectos elaborados sobre la cuestión que trataron, por diversos caminos, de cumplir aquel objetivo. Las Cortes solían estar divididas entre los partidarios de la sedentarización forzosa y los de su expulsión. Los primeros, que esperaban la extinción de los gitanos por absorción del medio, propusieron diferentes proyectos que tuvieron más o menos aplicación y que tenían que ver, fundamentalmente, con vecindades forzosas y la prohibición de sus desplazamientos, además de ser la labranza de la tierra el único oficio que se les permitiría a los gitanos. Hubo algunos momentos en los que, de haber verdadera voluntad política, hubiese podido avanzarse en este sentido. El caso más claro se dio tras el proceso de expulsión de los moriscos (1609-1613) y el vacío poblacional y de mano de obra agrícola que sobrevino, especialmente en las Huertas de Valencia y Murcia. Sin embargo, por aquellos años el duque de Lerma encargó al Consejo de Estado el estudio y la elaboración de un informe sobre la posibilidad de eliminar a los gitanos siguiendo el mismo método que con los moriscos.
Fue en 1618 cuando Pedro Salazar de Mendoza redactó el primer discurso en las Cortes destinado a obtener del monarca Felipe III la orden de destierro de los gitanos, a los que consideraba ladrones, asesinos y sacrílegos. Al año siguiente, Sancho de Moncada hizo lo propia al tacharlos de brujos, herejes, paganos e idólatras. Algún tiempo después, en 1631, Juan de Quiñones seguía defendiendo la idea de su expulsión, entendiendo que era el único medio eficaz para terminar definitivamente con los males que, según el autor, provocaban con su idiosincrasia en la sociedad y en todo el Estado.
Aunque la gran mayoría de los memoriales que surgen a lo largo del siglo XVII venían a criminalizar a los gitanos y a señalar, no tanto los delitos que les procuraban medios de subsistencia –como robos, estafas o la mendicidad-, sino la intolerable libertad de costumbres que los mantenía en la lujuria y sin acuerdo a la ley civil ni cristiana, contamos también con voces discordantes. Es el caso de Gaspar de Bracamonte, quien en 1639 señaló el efecto negativo «que han obrado tantas leyes y pragmáticas (…) que sólo han servido de hacerlos más perversos, con la desconfianza, obligándolos con la persecución que padecen en los pueblos a que se retiren a los montes».
El Siglo de las Luces trajo grandes novedades en la España Moderna. Por un lado, nos encontramos con la llegada de los Borbones al trono hispánico. La política económica de sus ministros ilustrados supuso una relativa amenaza para el modo de vida nobiliario, basado en el mundo ganadero y agrícola, y para la capacidad de la Iglesia por mantener sus propiedades. Fue durante este siglo cuando, junto a la imagen peyorativa, el gitano fue considerado como parte del soporte de la cultura de los viejos nobles y frailes, en tanto que castigados por la administración ilustrada y luchadores contra la misma. A la par, se visibiliza paulatinamente cada vez más a aquellas familias gitanas que se asentaron en numerosas localidades y que desempeñaban una serie de oficios tradicionales. Además, son numerosos los casos en los que, siendo apresados los gitanos en sus lugares de residencia, fueron los propios habitantes y autoridades locales los que salían en defensa de sus convecinos. Esto nos pone bajo la pista de los mecanismos adaptativos que surgieron entre los gitanos de la España Moderna y que tenían que ver, por ejemplo, con su enrolamiento en los Tercios, con su participación del sistema de encomiendas y con la intervención en actividades institucionales de carácter religioso. Pero fue también en el siglo XVIII cuando, con el ejército de vuelta en territorio peninsular, la acción de los agentes de la justicia se volvió más efectiva. Con buena parte de los gitanos bajo su control, la cuestión rom cobraría un cariz dramático.
En 1748, un documento pontificio permitía al Nuncio de España delegar en sus obispos la libertad de acción en su diócesis correspondiente respecto de los gitanos que buscasen refugio en sagrado. Echarse en manos de la Iglesia con el fin de obtener inmunidad ante las justicias civiles fue en época Moderna una opción, recurrente y desesperada, que ahora se le negaba al gitano. Dos años antes, en 1746, Fernando VI subía al trono mientras que Gaspar Vázquez de Tablada, obispo de Oviedo, llegaba a la presidencia del Consejo. Junto con Bernardo Word, que ya había trabajado en los planes económicos de los Borbones, el obispo gobernador ideó la aprehensión general de gitanos, para lo que mandó confeccionar una relación que hizo constar la existencia de casi 900 familias gitanas, la mayor parte de ellas establecidas en Andalucía. Tras su captura, las mujeres y sus hijos menores de doce años serían enviados a unos depósitos, mezcla de cárcel cuartel y fábrica; los varones serían enviados, en función de su edad y aptitudes, a aprender oficios útiles, a la Armada o a las atarazanas de los presidios de África, si bien la gran mayoría fueron enviados finalmente a realizar trabajos forzados a los arsenales de la Marina. En fin, se propuso la noche del 30 al 31 de julio de 1749 como fecha para la operación, coincidiendo con las festividades de Santa Ana, muy populosas en Triana y adonde se estimaba que acudirían un gran número de familias. Los pocos que se libraron aquella noche de caer en manos de la justicia lo hicieron, bien por haber huido de su hogar (a los que más tarde se les indultó), bien por contar con provisiones del Consejo. En cualquier caso, no hay que pasar por alto que el gran éxito de la redada debe atribuirse a la minuciosa estrategia bélica de la que participó el ejército.
Las intrigas palaciegas precipitaron el cese de Vázquez de Tablada el 10 de agosto de 1749. Apenas dos días después, el marqués de la Ensenada hacía propia la operación ideada por el obispo, dando instrucciones de subastar los bienes de los gitanos con el fin de costear la operación y el mantenimiento de los propios apresados. Para el 10 de enero de 1750, algunos de los arrestados habían recuperado la libertad ante las quejas de las autoridades locales y los testimonios favorables que de ellos daban sus convecinos, afectados por haberse quedado, por ejemplo, sin herreros, esquiladores o carniceros en su localidad. No obstante, los últimos desgraciados tuvieron que esperar al indulto general de 1765 para regresar a su hogar o, mejor expresado, al lugar fijado por ley para su residencia.
Camino a la ciudadanía
Una década después de poner en marcha la Gran Redada, subía al trono Carlos III. Bajo su reinado, se elaboraron voluminosos informes que buscaban dar una solución definitiva a la cuestión gitana, al menos en el marco legal. Este nuevo impulso vino a raíz de la carta que Francisco Núñez Ibáñez escribió en agosto de 1762 pidiendo la liberación de algunos gitanos envejecidos de La Graña al Secretario de Marina. Éste, interesado en la cuestión, solicitó el envío de datos y recibió, poco después, dos relaciones en las que se incluían, en una, a veinticuatro personas que cumplían condena por vagabundos; en la segunda aparecen los nombres de cuarenta y tres reos, encerrados por el simple hecho de ser gitanos. Escribió entonces a La Graña, a Cartagena y a La Carraca pidiendo relaciones de edad, naturaleza y estado civil de todos aquellos gitanos que aún permanecían presos en los arsenales desde 1749. En la lista de Cartagena aparecen 84 gitanos y un expósito, con una media de edad de 40 años; el responsable de esta relación la finalizaba aludiendo a la subordinación y obediencia de los citados. En La Carraca aparecía sólo un gitano de la operación de 1749, que además fue allí remitido en 1754 y que para 1762 había quedado ciego. De La Graña llegó una relación con 79 nombres, de los cuales sólo nueve no eran de Andalucía; trece de ellos aparecían como casados.
Ante las peticiones del Secretario de Marina pidiendo el indulto de los 165 gitanos presos en los arsenales, el Consejo pedirá a Pedro Rodríguez, conde de Campomanes, y a Lope de Sierra Cienfuegos la elaboración de sendos informes que buscasen solucionar, al menos en el marco legal, la cuestión gitana. Campomanes se oponía a la liberación de aquellos presos en los arsenales y proponía encerrar a todos aquellos gitanos sedentarios de los que pudiera sacarse algún provecho. Por su parte, Cienfuegos propuso la diseminación de los gitanos en pequeños poblados alejados entre sí y la prohibición de sus desplazamientos. Estimándose como dilatorios, finalmente fueron suspendidos. Se terminó por señalar el 18 de junio de 1765 como fecha límite para decidir los domicilios en los que deberían instalarse los indultados y cuya relación fue enviada al Secretario de Marina el 4 de julio. Dos días más tarde cursó sus copias a los respectivos arsenales y avisó a las poblaciones pertinentes de la llegada de los gitanos liberados. A mediados de mes, los arsenales dieron por realizada la operación.
Recuperada la libertad de los últimos reos de la redada de 1749, aún quedaban pendientes otras cuestiones tocantes a los gitanos. Para arrojar luz sobre ello, Pero Pablo Abarca de Bolea, conde de Aranda, encargó en 1766 a Campomanes la elaboración de un expediente sobre la problemática. Tras su visto bueno, el Consejo encomendó al propio Campomanes y a Pedro Valiente que conjuntamente elaborasen un informe completo, el cual llegó a contener un proyecto de Pragmática Sanción. Fieles al espíritu universalitas de la Ilustración, ambos eran partidarios de la uniformización cultural de la masa popular. Esto les condujo, por una parte, a condenar el particularismo gitano; pero también a emprender una lucha contra el desprecio y el ostracismo que el colectivo sufría a todos los niveles, lo que se tradujo en la autorización para desempeñar todos los oficios permitidos a los demás españoles (salvo los de esquilador y traficante de ganado) y la posibilidad de acceder a cargos civiles abiertos a toda la población.
Muchas de las ideas de Campomanes y Valiente fueron matizadas por el propio monarca, que firmó la Pragmática el 19 de septiembre de 1783, algo más de dos semanas después de la firma del Tratado de Versalles, el cual puso fin a la guerra iniciada con Inglaterra en 1779. Dado que la materia de los gitanos aún no estaba unificada, el Consejo pidió opiniones a los tribunales de Zaragoza, Barcelona y Valencia; aprobado unánimemente el espíritu de la reforma por los magistrados de las tres circunscripciones, se animaba a hacerla extensible al conjunto de España.
Conseguida una teórica casi igualdad en el plano legal, no hay que llamarse a engaño. Primeramente, porque para ello los gitanos debían renunciar a su patria pequeña y a su identidad. Seguidamente, porque, aunque la Pragmática continuó vigente hasta 1878, paralela a las diversas Constituciones liberales del siglo XIX, su aplicación eficaz duró apenas cinco años, muriendo junto con el monarca Carlos III en 1788. De hecho, la mayoría de medidas que surgieron en los años posteriores constituyeron una suerte de vuelta atrás: limitaciones para elegir residencias y oficios, prohibiciones diversas, separación de padres e hijos, agravamientos de las sanciones, permanente control policial o arrestos arbitrarios.
Para saber más
Bennassar, B. (2005). Historia Moderna. Madrid: Akal.
Gómez Alfaro, A. (1993). La gran redada de gitanos. España: la prisión general de gitanos en 1749. Madrid: Presencia Gitana.
Leblon, B. (2001). Los gitanos de España. Barcelona: Gedisa.
Legislación Histórica de España [base de datos en línea], 4ª ed., Julio 2010. Enlace web: http://www.mcu.es/archivos/lhe/
Mestre Sanchís, A. y otros (2004). La cultura española en la Edad Moderna. Madrid: Istmo.
Sánchez Ortega, M. H. (1977). Documentación selecta sobre la situación de los gitanos españoles en el siglo XVIII. Madrid: Nacional.
Zoido Naranjo, A. (1999). La prisión general de los gitanos y los orígenes de lo flamenco. Sevilla: Portada.
Comentar