Divulgación

La ciudadanía romana: características y evolución

Publicado en el número 7 de Descubrir la Historia (octubre de 2016).

En mi anterior artículo, publicado en el número 3 de esta ilustre revista, hice varias referencias a los ciudadanos romanos e incluso a reivindicaciones de otras poblaciones para obtener dicha distinción. Pero, ¿en qué consistía la ciudadanía romana? ¿Qué significaba ser un ciudadano romano?

Una característica del mundo grecolatino era la pertenencia legal y jurídica a una comunidad (habitualmente una ciudad-estado) mediante la ciudadanía. Ésta implicaba una serie de derechos y deberes con respecto a dicha comunidad. Por ejemplo, para participar en la política ateniense habría que ser un ciudadano ateniense, lo cual implicaría también pagar impuestos en Atenas. La ciudadanía romana comenzó siendo una más, aunque con sus características propias. Sin embargo, la gran importancia alcanzada por Roma, que acabó convirtiéndose básicamente en capital del mundo conocido, otorgaría una relevancia extraordinaria a la ciudadanía romana.

Dentro del territorio del Imperio Romano existían tres tipos de personas según su estatus jurídico: romanos, latinos y peregrinos. Los romanos son los ciudadanos romanos, quienes disfrutan de los derechos que ello conlleva. Los peregrinos son los que no tienen la ciudadanía romana y sus relaciones con Roma dependerán de si pertenecen a una ciudad libre, federada o estipendiaria. Los latinos se encontraban en una situación intermedia, pues técnicamente eran peregrinos al carecer de la ciudadanía romana, pero se les otorgaba una condición jurídica que incluía algunos derechos romanos.

Roma comenzó siendo una simple ciudad-estado, al estilo de las que existían en el Lacio y en el resto del ámbito grecolatino, y como tal tenía su propia ciudadanía. Una de sus características fundamentales era su incompatibilidad, la cual nos queda clara gracias a diversos textos como el discurso Pro Balbo de Cicerón. La ciudadanía romana era incompatible, no podía compartirse con otra. En el ámbito helenístico era habitual que una persona ostentara más de una ciudadanía al mismo tiempo. Sin embargo, esto no estaba permitido en Roma. Por tanto, adquirir la ciudadanía romana conllevaba la pérdida automática de cualquier ciudadanía que se ostentase anteriormente y viceversa.

Ser ciudadano romano conllevaba una serie de derechos. El ius conubium permitía el matrimonio legal y por tanto transmitir la ciudadanía a los hijos. El ius testamenti factio posibilitaba legar el patrimonio a un heredero y poder erigirse en heredero. El ius provocationis es el derecho a elegir jurisdicción y a no recibir tormento. El ius commercium permitía ser propietario y realizar negocios. En cuanto al derecho público, el ius honorum permitía ejercer magistraturas y funciones públicas, el ius sacrorum permitía desempeñar funciones religiosas y el ius suffragii permitía participar en las votaciones de los comicios y en las elecciones de los magistrados. A ello se sumaba el derecho a servir en las legiones romanas, pero esto dependía del nivel de rentas y la posesión de tierras, al menos hasta la reforma de Cayo Mario.

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Matrimonio romano (vroma.org).

Al principio se hacían distinciones jurídicas entre plebeyos y patricios, pues solo éstos podían ejercer cargos públicos y religiosos y no se permitían los matrimonios mixtos. Pero a lo largo del periodo republicano se fueron eliminando estas diferencias, equiparando los derechos de los ciudadanos, ya fueran patricios o plebeyos. Sí se siguió haciendo distinción entre ingenuos y libertos. Un ciudadano ingenuo era libre de nacimiento, mientras que el liberto había sido esclavo. Un liberto puede ser ciudadano romano, pero carece de ius honorum. A esto hay que añadir que únicamente los hombres gozaban de todos estos derechos, pues las mujeres se equiparaban jurídicamente a los niños, aparte de que los esclavos eran considerados cosas parlantes. Los latinos no son ciudadanos romanos, pero se les reconoce el ius conubium y el ius commercium (permitiendo así la relación fluida con romanos), además del uso del nombre romano (tria nomina).

La importancia del ius provocationis radica en que busca evitar abusos de poder por parte de autoridades y magistrados, prohibiendo el tormento a un ciudadano aunque sea preso y permitiéndole recurrir una sentencia que considere injusta o elegir ser juzgado por un tribunal superior. Hallamos un ejemplo de ello nada más y nada menos que en la Biblia. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos narra a partir del capítulo 22 que, al ser apresado San Pablo y a punto de ser azotado, éste comunicó al tribuno que era ciudadano romano, lo que le permitió evitar el tormento y apelar al César para ser juzgado por el tribunal imperial en Roma.

Pero el que probablemente sea el derecho privado más importante del ciudadano romano es el ius conubium. La principal vía de transmisión de la ciudadanía romana es la filiación, es decir, heredarla de los progenitores. La ciudadanía que se hereda es siempre la del padre. Pero no basta con que éste sea romano, es necesario que se reconozca el conubium, la legalidad del matrimonio. Si un romano se casa con una romana se trata de un matrimonio legal y sus hijos serán romanos. Si un romano se casa con una peregrina, sus hijos serán peregrinos salvo que el Estado reconozca la legalidad del matrimonio (conubium), en cuyo caso serían romanos al recibir la ciudadanía del padre. Si una romana se casa con un peregrino, sus hijos serán peregrinos aunque se reconozca el conubium, pues su padre no es romano. La importancia de transmitir la ciudadanía a los hijos radica no sólo en su reconocimiento jurídico y social, sino también en la posibilidad de transmitir la herencia, pues si un ciudadano romano carece de herederos que sean ciudadanos sus bienes serán para el Estado.

La famosa película Cleopatra de 1963 nos muestra un ejemplo erróneo de la transmisión de la ciudadanía. En ella vemos que al nacer Cesarión, hijo de César y Cleopatra, el niño es ofrecido al padre. Sus acompañantes le apremian para que no lo coja, pues de ese modo lo reconocerá como hijo suyo y será ciudadano romano, pero César ignora sus consejos. Esto carece de sentido pues, si bien es cierto que el padre debía sostener al niño para reconocerlo como hijo suyo, éste no podía ser ciudadano romano porque no era fruto de un matrimonio legal. Al ser fruto de la unión entre un romano y una peregrina sin conubium reconocido por Roma (además de que César ya estaba casado con una romana) no había forma en que Cesarión pudiera ser ciudadano por nacimiento.

Otro medio de adquirir la ciudadanía romana era por manumisión. Si un romano liberaba a un esclavo, éste pasaba a ser ciudadano romano. Sin embargo, se trataría de un ciudadano liberto, no ingenuo, por tanto carecería de derechos públicos como el ius honorum. En caso de ser un latino quien manumitía al esclavo, éste pasaba a ser un liberto latino. Existía una complicación con esta transmisión de la ciudadanía. Había diversas formas de manumisión formales que requerían la presencia de un magistrado. Pero también se podía manumitir a un esclavo de manera informal, sin acudir a ningún magistrado, algo habitual en provincias para no viajar a la capital provincial. De este modo, podían realizarse transmisiones de ciudadanía romana sin control del Estado. Esto se solucionó en el siglo I a. C. cuando Augusto creó la figura de los latinos junianos. Se decretó que si un romano liberaba de manera informal a un esclavo, éste no pasaba a ser romano sino latino. La principal diferencia entre un latino y un latino juniano (liberto manumitido de forma informal por un romano) es que éste carecía de ciudadanía y de ius conubium.

La tercera vía de transmisión de la ciudadanía romana es la concesión. La ciudadanía puede ser concedida a título individual (ya sea a un solo individuo o a él y su familia) o a una comunidad entera (un municipio o una colonia). En la República era tarea del cónsul o del Senado proponer que se otorgara a alguien la ciudadanía romana, pero debía ser aprobado por el pueblo en los comicios tribados. Por ejemplo, el cónsul Pompeyo Estrabón, padre del famoso Pompeyo Magno, propuso conceder la ciudadanía romana a una serie de guerreros hispanos que combatieron a su lado como recompensa a sus servicios, pero no se les concedió hasta que se aprobó en los comicios. En cambio, durante la etapa imperial sería el emperador quien decidiera todas las concesiones de ciudadanía sin necesidad de votación alguna.

Se suele ver la concesión como un premio, como algo positivo, deseable. Sin embargo, no siempre fue así. Si un individuo de una comunidad peregrina pasaba a ser romano perdía su anterior ciudadanía, quedando así desligado de su comunidad. Sus impuestos no irían a su ciudad sino a Roma y no podría legar sus bienes a sus hijos al no ser ciudadanos romanos, salvo que solicitara la concesión para toda su familia. Por tanto, no siempre era positivo recibir la ciudadanía romana.

En algunas ocasiones se llegó a utilizar la concesión de la ciudadanía romana como instrumento de dominio, como en el caso de Tusculum. En el siglo IV a. C. Roma era miembro de la Liga Latina, en la cual recelaban de los romanos por los abusos que cometían. Aprovechando el saqueo por parte de los galos, Praeneste luchó contra Roma, pero fue derrotada. Para evitar represalias, Tusculum se rindió voluntariamente a Roma en el año 381 a. C., tras lo cual se concedió a Tusculum y sus habitantes la ciudadanía romana. Puede parecer un premio, pero en realidad se trataba de un medio de sometimiento, pues de este modo Tusculum perdía toda iniciativa en política exterior y por tanto salía de la Liga Latina. Prueba del carácter impositivo que tuvo esta concesión es la posterior sublevación de la propia Tusculum. Cuando realmente se empieza a ver la ciudadanía romana como algo positivo y deseable es a partir de la Segunda Guerra Púnica, al quedar Roma como dominadora del Mediterráneo occidental.

Estas eran las principales vías de acceder a la ciudadanía romana, pero existieron otras de diferente índole. Una era el ius migrandi, utilizado sólo durante la República. La ciudadanía romana se podía perder por muerte, condena, esclavitud o por adquirir otra ciudadanía, pero al principio del periodo republicano se podía perder también por otro motivo. Por aquel entonces Roma tenía la costumbre de fundar colonias en Italia con gente romana. Se seleccionaba una serie de familias romanas y se las enviaba a habitar una ciudad recién fundada por los magistrados tras haberse aprobado en los comicios. El traslado conllevaba la pérdida de la ciudadanía romana, por lo que solía tratarse de proletarios que ahora recibían tierras y pasaban a engrosar las filas del ejército romano mediante la formula togatorum.

Pasaban así a ser latinos, lo que incluía ius commercium, ius conubium y ius suffragii. Pero se añadía otro derecho, el ius migrandi. Consistía en que estos latinos podían solicitar la recuperación de la ciudadanía romana si regresaban a Roma. La última colonia latina fundada con población romana fue Aquileia en el 180 a. C. Las colonias latinas fundadas en las provincias (como Itálica o Carteia) se poblaban con familias peregrinas o latinas, no romanas, por lo que carecían de ius migrandi y no era necesaria la aprobación de los comicios.

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Vista del teatro romano de Tusculum (Wikimedia).

En el siglo II a. C. se dan tantas demandas por parte de latinos de recibir la ciudadanía romana a través del ius migrandi que se decide limitar y finalmente prohibir su uso. Se trata de un momento en el que la ciudadanía romana ya es deseable, especialmente por los aliados itálicos (los socii), pues integraban el ejército romano junto con las legiones pero no gozaban de los mismos beneficios. Como ya comenté en mi anterior artículo, las reivindicaciones itálicas aumentaron a raíz de la reforma agraria de Tiberio Sempronio Graco en el 133 a. C., debido a que pretendía expropiar sus tierras para repartirlas entre los romanos, ante lo cual no podían realizar acciones legales directamente al no ser ciudadanos. Fulvio Flaco propuso conceder la ciudadanía a los aliados itálicos en el 126 a. C., pero la propuesta fue rechazada, lo que provocó la rebelión de Fregele al año siguiente.

Es entonces cuando se establece una nueva vía de acceso a la ciudadanía romana, el ius adipiscendi civitatem romanam per magistratum (llamado en ocasiones ius latii, pero este término también se utiliza para la condición jurídica latina en general). Se estableció que aquellos latinos que ejercieran un cargo público o magistratura en una ciudad latina recibirían la ciudadanía romana al término de dicho servicio, tanto para él como para su familia. Se abría de este modo un nuevo acceso al estatus jurídico romano que permitía integrar paulatinamente a las élites latinas. A esto se añadió un nuevo avance por parte de Cayo Sempronio Graco con la Lex Acilia de Repetundis del 123 a. C. Esta ley, que regulaba los juicios por corrupción, ampliaba el derecho de acusación a todos los habitantes del imperio, fueran romanos, latinos o peregrinos. Anteriormente, si un peregrino quería acusar a un romano no podía hacerlo directamente, sino que debía hacerlo a través de un patrono romano. Pero con esta ley ya podía realizar la acusación personalmente. Además, si se demostraba la culpabilidad del acusado, se concedería la ciudadanía romana al acusador, estableciendo así una nueva vía de acceso a la ciudadanía.

De este modo, se permite una apertura paulatina del ya deseable estatus jurídico romano, tratando así de aliviar el descontento de los socii, que eran los principales beneficiarios de estas reformas, aunque no los únicos. Sin embargo, estas medidas demostraron ser insuficientes y en el 91 a. C. los aliados se rebelaron contra Roma, dando inicio la Guerra Social. Como consecuencia, en el 90 a. C. se aprobó la Lex Iulia que otorgaba la ciudadanía romana a las ciudades itálicas que habían permanecido fieles a Roma, a la cual siguió la Lex Plautia Papiria del 89 a. C. que otorgaba la ciudadanía romana a todos los itálicos (fieles o no) que la solicitaran. De este modo, toda Italia pasaba a ser romana. Ese mismo año se otorgó la condición jurídica latina a la Galia Cisalpina, a la cual Cayo Julio César concedió la ciudadanía romana en el 49 a. C.

Por tanto, se puede afirmar que toda Italia disfruta de los mismos derechos al inicio del Imperio, siendo todavía abundantes las poblaciones latinas y peregrinas en las provincias. Con Augusto se dan dos principales novedades con respecto a la ciudadanía. Por un lado, se introduce la nueva condición de los latinos junianos para aquellos libertos manumitidos de manera informal. Por otro lado, los comicios dejan de tener la última palabra en los asuntos que competen a los ciudadanos o a la concesión de nuevas ciudadanías, siendo ahora competencia exclusiva del emperador. Esto lleva a que los emperadores reciban cartas personales solicitando la concesión de ciudadanía para un individuo o para una comunidad, ya que la resolución la tomaba el emperador de forma unilateral.

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Lex Flavia Malacitana (todocultura.com).

Otra característica de la época imperial es la proliferación de nuevas entidades locales por todo el imperio. Se establece una jerarquía entre colonias romanas, municipios romanos, colonias latinas y municipios latinos. Algunas de estas ciudades son de nueva creación (como es el caso de Emérita Augusta, actual Mérida), mientras que otras ya existentes reciben el nuevo estatus jurídico. En el caso de Hispania, a pesar de su temprana conquista y de que ya existían poblaciones romanas y latinas, la mayoría de la población seguía siendo peregrina. Esto cambió en los años 70 del siglo I d. C.. cuando Vespasiano emitió un edicto por el que otorgaba la condición jurídica latina a las provincias hispanas. A partir de entonces Hispania pasaba a ser fundamentalmente latina y se fueron elaborando leyes acordes a dicha condición, como por ejemplo la Lex Flavia Malacitana.

Así pues, tanto la ciudadanía romana como la condición jurídica latina se fueron propagando paulatinamente por todo el ámbito imperial. Esta evolución culminaría finalmente en el año 212 con la Constitutio Antoniniana de Caracalla. Con este texto el emperador concedía la ciudadanía romana a todos los habitantes del Imperio. Se establecía así la igualdad jurídica entre todos los súbditos del emperador, pudiendo llamarse todos ellos romanos.

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Constitutio Antoniniana de Caracalla.

Sin embargo, esto no significa que todos los romanos fueran iguales, pues se mantenían diferencias sociales y económicas que no harían sino aumentar con el paso del tiempo. Seguían existiendo los latinos junianos, condición jurídica que se mantendría hasta el año 531 con Justiniano. A esto hay que añadir las poblaciones «bárbaras» que fueron asentándose en territorio romano durante el Bajo Imperio y cuya condición se basaba en los tratados (foedus) que firmaran con Roma o Constantinopla. Además, en época bajoimperial se creó una nueva división dentro de los propios romanos, pudiéndose diferenciar entre honestiores y humiliores. Ambos grupos los componían ciudadanos romanos, pero las diferencias sociales y económicas se hicieron tan grandes que afectaron también al ámbito jurídico.

En conclusión, la ciudadanía romana comenzó siendo una más del ámbito grecolatino, de tal modo que era difícil encontrar ciudadanos romanos fuera de la propia Roma pues no interesaba ni a los romanos ni a los peregrinos. Incluso hemos visto que la concesión de ciudadanía se llegó a utilizar como instrumento de dominio, siendo rechazada por sus receptores. Pero esto fue cambiando, especialmente a partir de la Segunda Guerra Púnica, convirtiéndose la ciudadanía romana en un privilegio deseable y aumentando las reivindicaciones para obtenerla. Por su parte, la condición jurídica latina empezó siendo una compensación para aquellos colonos que perdían la ciudadanía romana, pero evolucionó a una condición intermedia que permitía a los peregrinos una aproximación a la ciudadanía romana. Como es natural, la ciudadanía acabó por concederse a todos los habitantes del imperio, creando una entidad jurídica unitaria, pero esto no evitaría las desigualdades.

Por último, es innegable la influencia del derecho romano en nuestra sociedad actual, razón por la que es de obligado estudio en la carrera de Derecho. Así mismo, la ciudadanía romana ha ejercido una gran influencia a lo largo de la Historia, especialmente durante la Edad Contemporánea, siendo fuente de inspiración de diversos derechos de los que gozamos hoy en día.

Para saber más:

García Fernández, E. (2001). El municipio latino: origen y desarrollo constitucional. Madrid: Universidad Complutense.

González, J. (ed.) (1999). Ciudades privilegiadas en el Occidente Romano. Sevilla: Diputación de Sevilla.

Mangas, J. y Montero, S. (eds.) (2007). Ciudadanos y extranjeros en el mundo antiguo: segregación e integración. Madrid: Ediciones 2007.

Sherwin-White, A. N. (1980). The roman citizenship. Oxford: Oxford University Press.

Acerca del autor

Jorge Pérez González

Licenciado en Historia y Máster en Historia y Ciencias de la Antigüedad.

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