Divulgación

Informe especial. La Pragmática Sanción y los sucesos de la Granja. La llama que prendió la mecha del Carlismo

Publicado en el número 5 de Descubrir la Historia (abril de 2016).

Cerca de siete años de contienda y alrededor de 200 000 muertes es el cruento balance de la Primera Guerra Carlista. Una guerra civil que, bajo el pretexto del conflicto dinástico, dividió a España durante la práctica totalidad de la década de 1830 en dos bloques ideológicamente enfrentados. Como en todo choque de ideas, indagar en los orígenes del conflicto carlista obliga a remontarse varias décadas atrás, en busca de las fuentes de una rivalidad que no sólo marcó los pasos de la historia española durante buena parte del siglo XIX, sino también la de Europa en su conjunto: la oposición entre las pujantes fuerzas del liberalismo y los defensores del Antiguo Régimen.

En España, ese conflicto latente sale a relucir con fuerza a partir de la Guerra de la Independencia frente a la Francia de Napoleón. La obra de las Cortes de Cádiz pondría sobre la mesa la existencia de dos corrientes antagónicas en el pensamiento político español. Y el llamado Trienio Liberal, entre 1820 y 1823, no haría sino agrandar las diferencias y rencores entre los partidarios de una u otra corriente.

Desde que este antagonismo fue claramente perceptible, el poder real, encarnado por entonces por Fernando VII, tomó una poco disimulada posición a favor de las fuerzas conservadoras. Sin embargo, ya desde la segunda mitad de 1820, entre las filas reaccionarias fueron surgiendo voces críticas con el rey, al que fueron dando la espalda, hasta el punto de que, a su muerte, en los primeros días del otoño de 1833, los también llamados realistas se levantaron en armas contra la heredera, Isabel II. Al frente de la rebelión se encontraba su propio tío, el infante don Carlos María Isidro.

El hermano de Fernando VII se había granjeado a lo largo de la década de 1820 las simpatías de los movimientos más ultras, por su cerrado rechazo a cualquier veleidad reformista. A medida que la actitud del rey iba generando más contrariedad entre las huestes reaccionarias, éstas fueron depositando sus esperanzas en la figura de don Carlos. El hecho de que Fernando, de salud débil, careciera de descendencia alimentaba las expectativas de que el infante acabara alcanzando el trono.

Un justificante teórico

Y es en este contexto donde se encuadra el conflicto dinástico que acabaría prendiendo la llama de la insurrección carlista. El 17 de mayo de 1829 murió la reina Amalia de Sajonia. Rápidamente, los colaboradores de la Corte decidieron buscar una nueva esposa para el rey, siendo la elegida su sobrina napolitana María Cristina. La nueva reina quedó pronto embarazada y, antes de que naciera el vástago real, Fernando VII decidió allanar sus opciones de heredar el trono, para lo que promulgó la Pragmática Sanción el 29 de marzo de 1830.

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Grabado que muestra la muerte de Fernando VII en 1833.

Ésta representaba, en la práctica, la publicación de una decisión que había sido ya aprobada por las Cortes en 1789, que anulaba la Ley Sálica, vigente desde el reinado de Felipe V, y restauraba la Ley de las Partidas, que permitía la sucesión femenina al trono. La medida frustraba las aspiraciones de los apostólicos de que Carlos heredara la corona si su hermano moría sin descendencia masculina. El nacimiento de Isabel en octubre de aquel mismo año pondría sobre el tapete el problema.

Sin embargo, y pese a que posteriormente sería esgrimida como el justificante teórico del levantamiento que originó la Primera Guerra Carlista, la promulgación de la Pragmática Sanción apenas encontró contestación en España. Las únicas protestas conocidas llegaron del exterior. Y es que la Ley Sálica, que databa de 1713, formaba parte del tratado internacional de Utrecht, por medio del cual se puso fin a la Guerra de Sucesión Española. Por eso, la decisión unilateral de anularla era vista como poco ortodoxa.

No obstante, Reino Unido y las potencias conservadoras guardarían silencio ante una medida que, por otra parte, abría las puertas a que la corona española recayera en algún príncipe de sus casas. Serían los soberanos borbones de Nápoles y Francia quienes, antes incluso de promulgarse la Pragmática Sanción, manifestarían al gobierno y al rey su desagrado ante la disposición. En su opinión, la vía a la sucesión femenina a la corona española representaba una amenaza al equilibrio europeo y lesionaba los intereses de la familia Borbón. Para tranquilizarles, el ministro Francisco Tadeo Calomarde prometió casar a una eventual reina española con un príncipe Borbón. La medida también ocasionaba malestar en la casa de Saboya, que reinaba en Cerdeña, dado que, según lo dispuesto en 1713, estaba llamada a tomar la corona española en caso de faltar la sucesión masculina.

Mientras tanto, la política española se mantenía en los mismos derroteros anteriores, con Fernando VII dedicado a conjurar el peligro liberal, alentado por las revoluciones que recorrieron Europa a partir de 1830. Ante el estado de ebullición en que se encontraban las fuerzas liberales, el Gobierno exhibía una decidida actitud represora.

Intrigas en La Granja

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Carlos María Isidro de Borbón.

Pero la situación sufrió un vuelco radical durante el episodio que ha pasado a la historia bajo el título de «Los sucesos de La Granja», siguiente hito en la conformación de la crisis dinástica. Fernando VII, aquejado durante todo el verano de problemas de salud, sufrió el 13 de septiembre de 1832 un grave ataque de gota, que se prolongó durante días e hizo temer muy seriamente por su vida. Entonces se desencadenó una serie de negociaciones e intrigas en las que protagonizarían un papel esencial los embajadores de Austria, Nápoles y Cerdeña.

Según relata Gorricho, fue el diplomático austriaco Brunetti quien ideó un plan tendente a evitar un conflicto civil en el territorio español. Brunetti deseaba evitar la guerra en España, por el riesgo de que, por medio de ella, el poder recayera en el partido liberal, lo que volvería a poner en riesgo el statu quo europeo. El embajador austriaco instó a Antonini, representante de Nápoles ante la corte española, que tenía la plena confianza de la reina María Cristina, para que la convenciera de la conveniencia de alcanzar un acuerdo con el infante Carlos, haciéndole ver que, en caso de enfrentamiento armado, la facción carlista tenía muchas opciones de vencer.

Las advertencias del diplomático napolitano acabaron doblegando la voluntad de María Cristina, que, temiendo verse envuelta en una guerra civil en la que, según le hacían ver, tenía pocas posibilidades de salir victoriosa, aceptó negociar con Carlos. Pero éste se mostró poco permeable a las concesiones que se le ofrecían: ser corregente junto a María Cristina y pactar la boda de su hijo con Isabel. Carlos insistía en sus derechos, que consideraba irrenunciables. La imposibilidad de llegar a un acuerdo con el infante y la falta de apoyos entre los miembros del Gobierno, conducirían a María Cristina a tratar con el rey la necesidad de derogar la Pragmática Sanción. Éste firmó el decreto que abolía la norma el 18 de septiembre. La satisfacción que esta decisión causaba en buena parte de las cortes conservadoras europeas fue tal que el embajador sardo Solaro della Margarita llegó a afirmar que Fernando VII había prestado «un inmenso servicio a toda Europa, evitando los horrores y las consecuencias de una conflagración general en España».

Aunque el rey había solicitado que la anulación de la Pragmática Sanción fuera secreta hasta el momento de su muerte, la noticia no tardó en trascender. Es más, los partidarios de Carlos, considerando inminente su victoria, iniciaron los preparativos para el reinado del infante.

Pero la situación daría un vuelco radical en los días siguientes. Contra todos los pronósticos, la salud del rey registró una notable mejoría. Y la llegada a La Granja de Luisa Carlota, hermana de la reina y esposa del infante Francisco de Paula, propició un cambio de ánimo tanto en María Cristina como en su círculo más cercano. Brunetti veía tambalearse la obra de los últimos días y sugirió al canciller austriaco Metternich la necesidad de que las potencias extranjeras recomendaran a Fernando VII que mantuviera la anulación de la Pragmática Sanción.

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Isabel II niña, por Carlos Luis de Ribera.

Estas maniobras cayeron en saco roto. El rey dio vía libre a María Cristina para regir el país en su nombre y defender la causa de su hija. El 1 de octubre se nombró un nuevo gobierno de corte moderado, que estaría presidido por Cea Bermúdez. Y en las semanas siguientes se adoptaron medidas para depurar de los puestos más influyentes a las personas vinculadas al movimiento carlista. También se buscaría incrementar la base de apoyo de la causa isabelina mediante la aprobación de sucesivas amnistías, acercando la Corona hacia los movimientos liberales que hasta entonces había combatido con denuedo. Y en el plano de la política exterior se buscó un acercamiento hacia Reino Unido y Francia, que se erigían por entonces como los principales bastiones del liberalismo en Europa, en tanto que Austria, Nápoles y Cerdeña se habían significado como firmes apoyos de las pretensiones carlistas.

Los sucesos de La Granja sirvieron para descubrir las intenciones del infante Carlos, que hasta entonces no había manifestado ante su hermano el rey su oposición a la Pragmática Sanción y su empeño en defender sus derechos al trono. A principios de 1833, el infante partiría hacia Portugal, en una especie de destierro encubierto. En tierras lusas aguardaría la muerte del rey Fernando VII. Y desde allí lanzaría el 1 de octubre el conocido como manifiesto de Abrantes, en el que llamaba a «sostener y defender la corona de España del violento despojo que de ella me ha causado una sanción tan ilegal como destructora de la ley que legítimamente y sin alteración debe ser respetada». La Primera Guerra Carlista estaba en marcha.

Para saber más 

Artola, M. (2005), La España de Fernando VII. Madrid: RBA.

Gorricho Moreno, J. (1967), Los sucesos de la Granja y el Cuerpo diplomático. Roma: Iglesia Nacional Española.

Suárez Verdeguer, F. (2000), «Sobre los sucesos de La Granja», en Sánchez Mantero, R. (ed.), Homenaje a D. José Luis Comellas. Sevilla: Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla, pp. 59-73.

Acerca del autor

Agustín Monzón Peña

Periodista e historiador.

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