Publicado en el número 5 de Descubrir la Historia (abril de 2016).
La Historia de España del siglo XIX resulta muy difícil de digerir. Su complejidad no sólo radica en que fue la centuria del paso del Antiguo Régimen a las nuevas ideas del liberalismo, sino a que los cambios se produjeron en un sentido de progreso y retroceso en varias ocasiones. Por tanto, no una evolución lineal y es necesario tener una perspectiva global muy clara para comprender los acontecimientos de tan complejo e interesante siglo.
Para ponernos en situación, recordemos que el siglo comenzó con los agitados años de Carlos IV y problemas en la corte con las camarillas de Floridablanca y Aranda, que no se solucionaron con la llegada de Godoy. Es necesario apuntar que este personaje ha sido objeto de controversias: hasta hace pocos años fue denostado por su rápida llegada al puesto de valido del rey y su gestión, pero recientemente se han publicado estudios que muestran una visión del personaje menos negativa y argumentan que la propaganda napoleónica y fernandina hicieron mella en la imagen social de Godoy. Hecho el oportuno inciso, y por ser breves, diremos que en el año 1808 Napoléon consiguió que tanto Carlos IV como Fernando VII le entregaran la corona que él, a su vez, dio a su hermano José Bonaparte. Él sería conocido como José I o, en el injusto lenguaje de las calles, Pepe Botella.
A esta coronación le sucedió la Guerra de la Independencia (1808-1814), que reflejó Goya no sólo en sus cuadros sobre los fusilamientos, sino en sus Desastres de la guerra, que algunos considerarían un arranque del periodismo en imágenes, con un valor historiográfico incalculable por ser testigos de los horrores de la guerra, pero no desde la perspectiva de las batallas, sino del sufrimiento de las personas anónimas y corrientes. Éste fue un periodo de gran agitación política, debido al establecimiento de las juntas locales provisionales y a los acalorados debates entre absolutistas y liberales. El hervidero político se manifestó claramente en las Cortes de Cádiz, donde se trabajó de manera intensa para romper con el Antiguo Régimen. Un papel destacado fue el de Jovellanos, quien, además fundamentó en la historia de España los cambios legislativos y propuestas de las Cortes de Cádiz, concretamente en el goticismo. Este historicismo tiene una razón sencilla: la prensa absolutista acusaba a los liberales españoles de introducir ideas extranjeras, especialmente con origen en la Revolución Francesa, pero también del liberalismo británico. Así que era necesario encontrar en la historia nacional ejemplos que avalaran las reformas que se estaban realizando.
La promulgación de la Constitución de 1812, de Salvador Viniegra (Wikimedia).
El resultado del trabajo de las Cortes de Cádiz se encuentra en la Constitución de 1812, también conocida como la Pepa, por haber sido aprobada solemnemente el 19 de marzo de dicho año. Entre sus características encontramos que se mantuvo fiel al pasado en que declaraba que la única fe verdadera y permitida era el «credo romano, apostólico y católico», pero que rompió con el Antiguo Régimen en otros muchos sentidos. Se planteaba, por ejemplo, la división de poderes: el ejecutivo recaía sobre el rey, el legislativo en las Cortes con el rey, y el judicial en los tribunales. También establecía el sufragio universal masculino indirecto, además de determinar que para poder ser diputado se debía tener una renta procedente de bienes propios.
Sin embargo, todo este cuerpo legislativo reformista se vino abajo en 1814 con el retorno de Fernando VII de Francia, donde estuvo recluido durante los años de la guerra. A pesar de que inicialmente parecía que iba a aceptar el nuevo marco constitucional, su regreso fue también la vuelta al Antiguo Régimen y la invalidación de todo lo que se había realizado en las Cortes de Cádiz. Esto vino acompañado de la persecución de los liberales, y muchos de ellos tuvieron que exiliarse. En los años que siguieron se produjeron algunos intentos de pronunciamientos, con los que se pretendía derrocar el Antiguo Régimen. Muchos de ellos tenían un origen masónico, puesto que a través de las logias se organizaron los grupos rebeldes de manera clandestina. Pero el único pronunciamiento que tuvo éxito fue el de Rafael de Riego, en 1820.
En 1819 se iba a embarcar un ejército de 15 000 soldados a América para sofocar las revueltas coloniales. Este ejército estaba reunido en Andalucía, y lo conformaban mayoritariamente veteranos de la Guerra de la Independencia que no deseaban poner rumbo a un espacio que desconocían, hostil hacia ellos, con barcos y víveres en mal estado. Riego, que había estado vinculado a la masonería durante los años absolutistas de Fernando VII, lanzó proclamas el 1 de enero de 1820 a los descontentos soldados que decidieron enfrentarse a la tiránica situación y establecer un gobierno moderado regido por la Constitución de 1812. Se trasladaron por diferentes puntos de la geografía andaluza y, cuando parecía que el pronunciamiento iba a fracasar, comenzaron a recibir apoyos desde otras ciudades, que se sumaron al pronunciamiento. La presión popular, sumada a la pérdida de apoyos en la corte, hizo que el rey jurara la Constitución alegando que se trataba de una «voluntad general del pueblo».
Esto daría paso a tres años de instauración del liberalismo. Sin embargo, las dificultades se manifestaron desde el primer momento. El primer Gobierno moderado fue forzado a dimitir por el rey, y él mismo escogió a los nuevos miembros del Gobierno que, por cierto, no satisfizo a casi nadie. Se emprendieron algunas reformas, como la división del territorio en 52 provincias y la Ley de Beneficencia. A su vez, el clima político se fue tensando gracias a diferentes sublevaciones. Entre ellas, destacó la de Francisco Javier de Elío, defensor del absolutismo y que fue ejecutado tras su movimiento insurreccional en Valencia, a pesar de que el rey se negó a condenarlo. Tras dos años de gobiernos moderados, se constituyó uno de carácter exaltado, con el que aumentaron las distancias con el rey. De hecho, el fin del llamado trienio constitucional llegó con la presión internacional de la entrada en el país de los conocidos como 100 000 hijos de San Luis enviados por Luis XVIII desde Francia para restaurar el absolutismo.
La siguiente década fue de dominio absoluto del rey Fernando VII. Es cierto que creó un Consejo de Ministros formado por cinco miembros, pero que no tuvo poder real al estar dominado por el monarca. Así mismo, se creó un nuevo ambiente de persecución política, que llegó a obligar a potencias extranjeras a presionar a través de cauces diplomáticos para que Fernando VII redujera la opresión. Además, el rey no podía confiar en su propio ejército, así que hubo una presencia en España de fuerzas francesas hasta 1828 aunque, inicialmente, sólo estaba prevista su estancia durante cinco meses. Este periodo estuvo marcado por graves problemas económicos y una intensa oposición liberal. Uno de los más célebres intentos de reponer el liberalismo fue protagonizado por José María Torrijos. Se exilió en Inglaterra tras el retorno al absolutismo en 1823. Desde allí viajó a Gibraltar, desde donde se desplazó a Málaga con la intención de llevar a cabo un pronunciamiento, pero no de carácter militar, sino que pretendían desencadenar un movimiento liberal con sus proclamas. Sin embargo, fueron descubiertos desde su llegada en barco a la costa malagueña y, tras varios días de huida, fueron capturados y fusilados sin juicio en la playa de San Andrés de la localidad, evento histórico recogido de manera magistral por Gisbert en su reconocido cuadro.
María Cristina de Borbón-Dos Sicilias,
Vicente López (Wikimedia).
Pero los últimos años de Fernando VII generaron un problema nuevo, que durante el resto del siglo XIX amenazaría la estabilidad en España. Se debió a su sucesión en el trono. Fernando VII tuvo una hija que apenas sobrevivió seis meses en su segundo matrimonio. Posteriormente tuvo otra hija, en el matrimonio —el cuarto— contraído con María Cristina de las Dos Sicilias, quien se convertiría en la reina Isabel II. Hasta el nuevo matrimonio de Fernando VII y el posterior embarazo de María Cristina, el infante don Carlos María Isidro había visto con esperanza su acceso al trono tras la muerte del rey. Sin embargo, Fernando VII decidió asegurar el trono de su descendencia publicando en la Gaceta la Pragmática Sanción que decía que, si el rey no tenía ningún hijo varón, heredaría el reino su hija mayor. De este modo, se derogaba esa especie de ley Sálica que existía hasta el momento. Esto dio lugar a amplias discusiones, ya que el grupo de los absolutistas que se encontraba cercano al rey veía en Carlos la persona idónea para regresar al Antiguo Régimen. Además, en 1832 Fernando VII enfermó, llegando a pensar los médicos que iba a perecer. Así, tras las amenazas de un gran derramamiento de sangre al no aceptar Carlos la Pragmática Sanción, se preparó un documento mediante el que el rey lo derogaba. Pero el rey se repuso y se realizaron diferentes maniobras que buscaban aliados entre los enemigos del carlismo, entre los que se encontraban los liberales.
Tras la muerte de Fernando VII comenzó la regencia de María Cristina, durante la minoría de edad de Isabel II. Esta regencia se prolongó hasta 1840. Durante estos años, la inestabilidad vino marcada por el enfrentamiento con don Carlos, que se había proclamado rey como Carlos V. Pero, en parte debido a esta guerra civil, pero también a una acumulación de problemas, la Hacienda española vivió una situación grave, con una deuda que aumentó considerablemente. Durante los años de reinado de Isabel II, cambiaron las tendencias de los gobiernos que, en principio fueron de carácter absolutista —de hecho, Cea Bermúdez fue destituido por no aceptar el liberalismo—, luego progresista —con Espartero a la cabeza—, después moderado —Narváez—, de nuevo progresista —su principal aportación fue la no promulgada Constitución de 1856— y, por último, moderado —fue O′Donnell el máximo representante—. Esta visión cronológica y simple oculta una serie de cambios que se produjeron de manera rápida, puesto que en sólo 35 años hubo dos constituciones diferentes —la de 1837 y la de 1845—, además de la conocida como non nata de 1856; auténticos quebraderos de cabeza con los carlistas, dos regencias —la de María Cristina y la de Espartero—, el adelantamiento de la mayoría de edad para evitar una tercera regencia y multitud de reformas que, muchas veces, iban en direcciones diferentes.
El reinado de Isabel II no terminó con su muerte, puesto que tenía sólo 38 años y falleció mucho después. Le sobrevino la revolución de 1868, también conocida como La Gloriosa, que la llevó al exilio y, por otra parte, a la instauración de un régimen democrático en España. Dicha revolución también arrancó desde Cádiz, y al grito de «Viva España con honra» se movilizó a todo el territorio nacional. Se procedió a la composición de un gobierno provisional, tal y como se había establecido en el Pacto de Ostende firmado en 1866, que llevó a la convocatoria de Cortes constituyentes y a la promulgación de la Constitución de 1869. Los debates fueron intensos en las sesiones plenarias sobre el proyecto constitucional. Uno de los puntos destacados fue la elección entre monarquía y república, que mantuvieron encendida los republicanos federales. Pero también la cuestión religiosa, ya que por primera vez —aunque ya lo adelantaba la Constitución de 1856— se aprobaba una constitución que permitiera la libertad de culto. Por su parte, la monarquía tenía poderes constitucionales, aunque no tan extensos como los que había gozado previamente.
Embarque del rey Amadeo en el puerto de La Spezia, Luis Álvarez Catalá (Wikimedia).
Ahora bien, se tenía una monarquía, pero no había rey. La búsqueda de un candidato idóneo fue una de las prioridades de los Gobiernos constitucionales. Descartaron la dinastía borbónica, pero no otras opciones como que Espartero —persona sin linaje nobiliario, aunque fue adquiriendo diversos títulos a lo largo de su vida— se convirtiera en el rey. Mientras tanto, el regente fue el general Serrano. Al final, el candidato escogido fue Amadeo de Saboya, coronado como Amadeo I. El comienzo de su reinado estuvo marcado por el asesinato de Prim, presidente del Consejo de Ministros, que vino precedido por un aumento de la inestabilidad política, ya que él había conseguido la cohesión de facciones diversas. Debemos reconocer que Amadeo I fue un rey respetuoso con el orden constitucional, y que vivió unos tiempos convulsos debido a varias razones: la oposición de la aristocracia —defensora de la causa borbónica—, los enfrentamientos de los carlistas y los republicanos federales, pero también de los negreros de las colonias españolas en el Caribe, que se oponían a la abolición de la esclavitud. Así que el rey abdicó, con una frase lapidaria sobre la propia sociedad española:
«Si fueran extranjeros los enemigos de su dicha, entonces, al frente de estos soldados, tan valientes como sufridos, sería el primero en combatirlos; pero todos los que con la espada, con la pluma, con la palabra agravan y perpetúan los males de la Nación son españoles, todos invocan el dulce nombre de la Patria, todos pelean y se agitan por su bien; y entre el fragor del combate, entre el confuso, atronador y contradictorio clamor de los partidos, entre tantas y tan opuestas manifestaciones de la opinión pública, es imposible atinar cuál es la verdadera, y más imposible todavía hallar el remedio para tamaños males».
Tras la renuncia de Amadeo I, se proclamó la República, que hoy conocemos como Primera República. Duró algo menos de dos años, y estuvo marcada por un amplio programa de reformas de índole social pero también por la insistencia de los federales por la configuración de un proyecto constitucional federal —que llegaron a realizar insurrecciones en varias ocasiones, una de las principales en Cartagena— y, por supuesto, la presión y conspiraciones conservadoras monárquicas y el omnipresente carlismo. De esta manera, la constitución de 1873 no llegó a promulgarse, y en 1874 se produjeron dos golpes que terminaron la República. El primero fue el golpe de Estado del general Pavía, que dio paso a una dictadura del general Serrano. El segundo el pronunciamiento de Martínez Campos en Sagunto que supuso la restauración borbónica en la figura de Alfonso XII, ya que Isabel II había cedido sus derechos dinásticos a su hijo Alfonso.
Retrato de Cánovas del Castillo
(Wikimedia).
El creador del sistema político que se inauguraría con la Restauración fue Antonio Cánovas del Castillo. Quiso evitar que este nuevo periodo monárquico encabezado de nuevo por los Borbones se iniciara con un pronunciamiento, puesto que ésta había sido la tónica de tiempos precedentes para los cambios en la política estatal. Sin embargo, finalmente, fue el método por el que se llegó a la Restauración. Algunas de las características del también conocido como sistema canovista fueron: posicionar al rey como jefe supremo del ejército para evitar nuevos pronunciamientos militares, construir una monarquía constitucional y parlamentaria con el rey como núcleo del sistema y con la soberanía compartida con las Cortes, la elaboración de una nueva Constitución, la creación de un parlamento diverso donde cupieran todas las fuerzas políticas que respetaran el sistema y que representantes políticos se turnaran en el poder. Esta es, quizá, la principal aportación de Cánovas que dio estabilidad al sistema político durante estos años. El uso de la manipulación de los resultados electorales mediante el conocido caciquismo alternó a los dos principales partidos en el poder: el conservador de Cánovas y el liberal de Sagasta. La Constitución que rigió este periodo fue la de 1876, la más duradera del siglo XIX.
Como decía, se logró con esto cierta estabilidad. Ni siquiera la prematura muerte de Alfonso XII, la regencia de su esposa María Cristina durante casi 17 años —hasta que su hijo Alfonso XIII alcanzó la mayoría de edad— o el Desastre del 98, en el que se perdieron las colonias de ultramar americanas y filipinas, lograron hacerlo caer. Sin embargo, este periodo no estuvo exento de conflictividad social y política. Durante los años de reinado de Alfonso XII, los recursos del Estado se dedicaron a consolidar el sistema de la Restauración y se enfrentó la tercera guerra carlista. Por otra parte, el problema que persistió hasta los años finales del siglo fue el de las colonias. Se constituyó un auténtico grupo de presión esclavista que trataba de impedir cualquier reforma que avanzara hacia el abolicionismo, al tiempo que aumentaba la conflictividad social por parte de la población autóctona. La regencia de María Cristina tuvo que afrontar todavía más dificultades, debido al auge del movimiento obrero, los diferentes nacionalismos peninsulares y los debates económicos para la mejora de la situación tras la depresión agraria europea.
Todo este recorrido por el siglo XIX nos sirve sólo para ofrecer una visión global de un periodo en el que se puede extraer como principal conclusión que fue el de la transición del Antiguo Régimen al liberalismo y, finalmente, hacia la democracia, más real desde la revolución de 1868 hasta la Restauración, que en el periodo posterior. Sin embargo, se produjeron avances y retrocesos, que indican que las élites políticas e intelectuales estaban divididas en sus planteamientos. Se mezclaban los defensores del Antiguo Régimen y los liberales, pero luego los liberales quedaban escindidos en diferentes grupos, moderados y progresistas que, a su vez, se agrupaban en fuerzas más o menos radicales.
Para saber más
Álvarez Alonso, C. (2000). «Un Rey, una Ley, una Religión (Goticismo y Constitución histórica en el debate constitucional gaditano)». En Historia constitucional: Revista Electrónica de Historia Constitucional, 1.
Buldain Jaca, B. (coord.) (2011). Historia contemporánea de España (1808-1923). Madrid: Akal.
Lario, Á. (coord.) (2010). Historia contemporánea universal. Del surgimiento del Estado contemporáneo a la Primera Guerra Mundial. Madrid: Alianza Editorial, p. 124.
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