Uno de los grandes problemas que tuvieron que afrontar los sucesivos gobiernos nacionales a lo largo del siglo XIX fue el de la educación. Tanto liberales como conservadores tuvieron que lidiar con los problemas de un país en el que las tasas de analfabetismo estaban muy por encima de la media europea, por lo que unos y otros trataron, a su manera, de revertir la situación.
Para que nos hagamos una idea, a principios de siglo, el porcentaje de analfabetos rozaba el 94%, y no fue hasta 1900 cuando se consiguió reducir al 64%. Un esfuerzo encomiable, pero sin embargo insuficiente, si tenemos en cuenta que muchos países europeos presentaban un 50% de población alfabetizada a finales del XIX. Esta dificultad para emprender el proyecto de reforma educativa se debió, en gran medida, al convulso clima político y social de la España del momento. En ella, la lucha del incipiente liberalismo por acabar con los últimos reductos del Antiguo Régimen se prolongó más de lo que ocurrió en otros lugares. E incluso cuando el sistema liberal se impuso definitivamente, los gobiernos de corte más progresista optaron por entregar un papel más relevante al Estado en cuestiones educativas, mientras que los más conservadores atribuían este papel a la Iglesia.
No resultó fácil reducir estos niveles de analfabetismo, especialmente en zonas rurales y en comunidades como Aragón, Cataluña, las islas Baleares, Canarias, la zona del Levante, Andalucía, Extremadura o lo que por entonces era Castilla la Nueva. Sin embargo, no faltaron iniciativas destinadas a ello, como pone de relieve la legislación de las Cortes de Cádiz, que establecía la gratuidad y obligatoriedad de la enseñanza primaria. El problema es que, por una u otra razón, esta medida no llegó a ser aplicada durante todo el siglo XIX. Lo único que se logró, y no es poco, fue la imposición de su carácter obligatorio gracias a la Ley Moyano de 1857.
En línea con la Ley Pidal de 1845, esta reforma seguía el modelo francés de educación centralizada y secularizada, lo que hizo que se topara con importantes contratiempos. Uno de ellos fue la escasez de recursos económicos de las diferentes regiones. A ello hay que añadir el rechazo de los emergentes nacionalismos periféricos hacia un sistema educativo en el que el castellano ocupaba una posición central. A todo ello debemos añadir la oposición de gran parte de la población a que sus hijos fuesen escolarizados, ya fuera porque consideraban la educación como un privilegio de las clases más pudiente, o porque simplemente no podían permitirse renunciar a la mano de obra que éstos suponían.
En cualquier caso, y a pesar de los problemas financieros, la Ley Moyano promovió la creación de al menos un centro de educación primaria en cada pueblo o ciudad con los fondos del ayuntamiento correspondiente. Al mismo tiempo, ordenaba la creación de un instituto de secundaria en cada provincia, y dos en Madrid, con la intención de hacer llegar la escuela a cada rincón del país. Estas medidas, junto con las iniciativas privadas, en las que las instituciones y congregaciones religiosas desempeñaron un papel muy importante, permitieron un cierto avance en la lucha contra el analfabetismo.
En cuanto a la educación universitaria, al igual que la primaria y la secundaria, se caracterizó por su baja calidad, y sólo determinadas iniciativas privadas como la Institución Libre de Enseñanza, fundada en 1876 por Giner de los Ríos y Gumersindo Azcárate, proponía una renovación pedagógica tan necesaria como la propia escolarización de la población española. Pese a los grandes avances, la educación de nuestro país necesitaba de una profunda transformación, y ésta habría de llegar mucho después, con la entrada del siglo XX. En los primeros compases de la nueva centuria, con la creación del Ministerio de Instrucción Pública, el Estado se implicó de lleno en la cuestión educativa y comenzó a considerarla un asunto fundamental de su política. En la década de los 30, el gobierno republicano dio un paso de gigante en este sentido con su reforma educativa, aunque una vez más la guerra y el brusco cambio político que supuso la implantación de la dictadura infringieron un duro revés a este proyecto.
Hoy en día, somos conscientes de la necesidad de acometer importantes cambios en materia educativa. Afortunadamente, la educación es ya un derecho irrenunciable de todo ciudadano, y su carácter obligatorio y gratuito son, al menos de momento, una realidad. Pero precisamente por ello, es nuestro deber concienciarnos y luchar porque no nos arrebaten este gran logro que tanto tiempo y esfuerzo ha llevado, al tiempo que desde las aulas y los hogares emprendemos la renovación pedagógica que aún hoy se mantiene como nuestra gran asignatura pendiente.
Para saber másCALVO CABALLERO, P. (2002) Política, sociedad y cultura en el siglo XIX. Madrid: Actas Editorial. Cuadernos de cultura y civilización hispánicas, nº 12.
CALVO CABALLERO, P. (2002) Política, sociedad y cultura en el siglo XIX. Madrid: Actas Editorial. Cuadernos de cultura y civilización hispánicas, nº 12.
Miguel Vega Carrasco
Licenciado en Historia y Máster en Historia del Mundo. Profesor de Geografía e Historia en Educación Secundaria.